ESPAÑA Y LA UE EN EL PUNTO DE MIRA POR EL EXPOLIO DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Fiscales y jueces instan a negociar con el Polisario tras la sentencia del TJUE
El conflicto del Sáhara Occidental vuelve a estar en el centro del debate internacional después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos que incluían recursos extraídos del Sáhara.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El conflicto del Sáhara Occidental vuelve a estar en el centro del debate internacional después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos que incluían los recursos extraídos del Sáhara.
Esta decisión, celebrada por el Frente Polisario, ha venido a poner en evidencia, una vez más, el papel de España y otras potencias europeas en la explotación ilegal de los recursos saharauis.
La sentencia del TJUE exige que cualquier acuerdo que involucre al Sáhara Occidental cuente con el consentimiento del pueblo saharaui, lo que Marruecos y la UE han ignorado durante años.
El veredicto del TJUE: un golpe al expolio del Sáhara
El fallo del TJUE, emitido en septiembre de 2023, anula definitivamente los acuerdos pesqueros y comerciales entre Marruecos y la UE que involucraban recursos del Sáhara Occidental, al no contar con el consentimiento del Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui según la ONU.
Esta sentencia llega tras varios años de batalla judicial liderada por el Polisario, que ha denunciado constantemente el expolio de los recursos naturales de su territorio bajo ocupación marroquí.
El tribunal dictaminó que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios separados, lo que implica que cualquier recurso extraído de aguas o tierras saharauis no puede ser comercializado ni explotado bajo acuerdos bilaterales entre Marruecos y otros actores internacionales, a menos que el pueblo saharaui lo consienta explícitamente. Esta sentencia sigue una serie de decisiones anteriores que ya habían advertido sobre la ilegalidad de estos acuerdos.
Explotación económica y complicidad europea
Uno de los aspectos más críticos de este conflicto es cómo Marruecos, con el respaldo de la UE, viene explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental, particularmente en los sectores de la pesca, los fosfatos y los hidrocarburos. Las costas del Sáhara son ricas en recursos pesqueros, y su pulpo y sardinas son altamente demandados por las flotas europeas, especialmente las españolas, que han sido las más beneficiadas por estos acuerdos.
De hecho, empresas pesqueras españolas, en su mayoría con sede en Galicia, como Discefa, Profand, Salgado Congelados S.L., Fesba Seafood y Gilmar Mariscos, han sido señaladas por operar en las aguas del Sáhara Occidental ocupadas por Marruecos. Estas empresas exportan productos como el pulpo de Dakhla, un puerto en el Sáhara Occidental, mientras ignoran la disputa sobre la soberanía de ese territorio.
Estas compañías han eludido responder preguntas sobre su papel en la explotación de recursos de un territorio que, según el Derecho Internacional, está pendiente de descolonización.
Además, la empresa de fosfatos más grande del mundo, OCP (Office Chérifien des Phosphates), que gestiona las minas de Bu Craa, sigue siendo una fuente de ingresos clave para Marruecos, mientras los saharauis ven cómo se extraen millones de toneladas de su tierra sin recibir beneficios. Los recursos fosfateros del Sáhara son una parte vital del comercio global de fertilizantes, y empresas europeas, incluidas algunas españolas, se benefician indirectamente de esta extracción.
El papel de España: de potencia administradora a cómplice
España, a pesar de haber abandonado su papel como potencia administradora del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde de 1975, sigue teniendo una responsabilidad histórica sobre la región, según el Derecho Internacional. Sin embargo, en lugar de asumir un papel activo en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, los sucesivos gobiernos españoles han optado por apoyar tácitamente las políticas de Marruecos.
El Gobierno español, tanto bajo gobiernos de supuesta "izquierda" como de derecha, ha mantenido una posición cómplice con Marruecos en el conflicto con del Sáhara.
A pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, España ha priorizado sus relaciones diplomáticas y económicas con Marruecos, uno de sus principales socios en temas migratorios, de seguridad y económicos.
Esta política ha sido duramente criticada tanto por activistas como por miembros de la propia judicatura española, como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), quienes, tras la sentencia del TJUE, han instado al Gobierno español a que cumpla con el Derecho Internacional y se siente a negociar con el Frente Polisario.
Hipocresía europea: el doble rasero de la UE
La sentencia del TJUE también expone la hipocresía de la Unión Europea en su política exterior. Mientras Bruselas ha condenado repetidamente la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, ha mantenido durante décadas acuerdos comerciales con Marruecos que explotan los recursos de un territorio que, según la ONU, está pendiente de descolonización.
Esta política de doble rasero ha sido duramente criticada por activistas saharauis y por organizaciones internacionales de derechos humanos. Según el periodista saharaui Jalil Mohamed Abdelaziz, la UE sigue sin cumplir con las resoluciones internacionales que reconocen al pueblo saharaui como el único con derecho a explotar los recursos de su territorio.
La reciente sentencia del TJUE refuerza esta postura, y el bufete de abogados Gilles Devers, que ha liderado la batalla legal del Polisario, ya ha anunciado nuevas acciones judiciales contra la UE para que Marruecos devuelva las cantidades cobradas por permitir a la flota europea faenar en aguas saharauis.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El conflicto del Sáhara Occidental vuelve a estar en el centro del debate internacional después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos que incluían los recursos extraídos del Sáhara.
Esta decisión, celebrada por el Frente Polisario, ha venido a poner en evidencia, una vez más, el papel de España y otras potencias europeas en la explotación ilegal de los recursos saharauis.
La sentencia del TJUE exige que cualquier acuerdo que involucre al Sáhara Occidental cuente con el consentimiento del pueblo saharaui, lo que Marruecos y la UE han ignorado durante años.
El veredicto del TJUE: un golpe al expolio del Sáhara
El fallo del TJUE, emitido en septiembre de 2023, anula definitivamente los acuerdos pesqueros y comerciales entre Marruecos y la UE que involucraban recursos del Sáhara Occidental, al no contar con el consentimiento del Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui según la ONU.
Esta sentencia llega tras varios años de batalla judicial liderada por el Polisario, que ha denunciado constantemente el expolio de los recursos naturales de su territorio bajo ocupación marroquí.
El tribunal dictaminó que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios separados, lo que implica que cualquier recurso extraído de aguas o tierras saharauis no puede ser comercializado ni explotado bajo acuerdos bilaterales entre Marruecos y otros actores internacionales, a menos que el pueblo saharaui lo consienta explícitamente. Esta sentencia sigue una serie de decisiones anteriores que ya habían advertido sobre la ilegalidad de estos acuerdos.
Explotación económica y complicidad europea
Uno de los aspectos más críticos de este conflicto es cómo Marruecos, con el respaldo de la UE, viene explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental, particularmente en los sectores de la pesca, los fosfatos y los hidrocarburos. Las costas del Sáhara son ricas en recursos pesqueros, y su pulpo y sardinas son altamente demandados por las flotas europeas, especialmente las españolas, que han sido las más beneficiadas por estos acuerdos.
De hecho, empresas pesqueras españolas, en su mayoría con sede en Galicia, como Discefa, Profand, Salgado Congelados S.L., Fesba Seafood y Gilmar Mariscos, han sido señaladas por operar en las aguas del Sáhara Occidental ocupadas por Marruecos. Estas empresas exportan productos como el pulpo de Dakhla, un puerto en el Sáhara Occidental, mientras ignoran la disputa sobre la soberanía de ese territorio.
Estas compañías han eludido responder preguntas sobre su papel en la explotación de recursos de un territorio que, según el Derecho Internacional, está pendiente de descolonización.
Además, la empresa de fosfatos más grande del mundo, OCP (Office Chérifien des Phosphates), que gestiona las minas de Bu Craa, sigue siendo una fuente de ingresos clave para Marruecos, mientras los saharauis ven cómo se extraen millones de toneladas de su tierra sin recibir beneficios. Los recursos fosfateros del Sáhara son una parte vital del comercio global de fertilizantes, y empresas europeas, incluidas algunas españolas, se benefician indirectamente de esta extracción.
El papel de España: de potencia administradora a cómplice
España, a pesar de haber abandonado su papel como potencia administradora del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde de 1975, sigue teniendo una responsabilidad histórica sobre la región, según el Derecho Internacional. Sin embargo, en lugar de asumir un papel activo en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, los sucesivos gobiernos españoles han optado por apoyar tácitamente las políticas de Marruecos.
El Gobierno español, tanto bajo gobiernos de supuesta "izquierda" como de derecha, ha mantenido una posición cómplice con Marruecos en el conflicto con del Sáhara.
A pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, España ha priorizado sus relaciones diplomáticas y económicas con Marruecos, uno de sus principales socios en temas migratorios, de seguridad y económicos.
Esta política ha sido duramente criticada tanto por activistas como por miembros de la propia judicatura española, como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), quienes, tras la sentencia del TJUE, han instado al Gobierno español a que cumpla con el Derecho Internacional y se siente a negociar con el Frente Polisario.
Hipocresía europea: el doble rasero de la UE
La sentencia del TJUE también expone la hipocresía de la Unión Europea en su política exterior. Mientras Bruselas ha condenado repetidamente la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, ha mantenido durante décadas acuerdos comerciales con Marruecos que explotan los recursos de un territorio que, según la ONU, está pendiente de descolonización.
Esta política de doble rasero ha sido duramente criticada por activistas saharauis y por organizaciones internacionales de derechos humanos. Según el periodista saharaui Jalil Mohamed Abdelaziz, la UE sigue sin cumplir con las resoluciones internacionales que reconocen al pueblo saharaui como el único con derecho a explotar los recursos de su territorio.
La reciente sentencia del TJUE refuerza esta postura, y el bufete de abogados Gilles Devers, que ha liderado la batalla legal del Polisario, ya ha anunciado nuevas acciones judiciales contra la UE para que Marruecos devuelva las cantidades cobradas por permitir a la flota europea faenar en aguas saharauis.
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