EL MACHISMO MATA: MEDIO CENTENAR DE MUJERES Y NIÑOS NO VERÁN EL AÑO NUEVO (VÍDEO)

   Por TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Año tras año, desde que contamos con datos -gracias a la iniciativa Feminicidio.net-, las cifras se mantienen. Más de medio centenar de mujeres mueren anualmente a manos de sus parejas o ex-parejas en el Estado español, dejando en muchos casos a criaturas huérfanas y traumatizadas (violencia vicaria), cuando no también maltratadas o asesinadas. Esto sin contar los asesinatos de mujeres cometidos por hombres fuera del ámbito de las relaciones personales, incluida la prostitución, que también contabiliza el portal referido.

   Del 13 al 19 de este mes de diciembre ha sido una semana especialmente trágica. Tres mujeres y una bebé de 11 meses han sido asesinadas, otra mujer más está en cuidados intensivos y un hombre, su actual pareja, resultó muerto en el ataque del agresor (ex-pareja de la mujer gravemente herida). Pero no ha habido convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio -como la hubo en septiembre pasado tras una agresión homófoba que resultó ser falsa. Todo ha quedado en los estereotipados mensajes de condolencia por parte del Ejecutivo.

   Tampoco estos casos reiterados de violencia machista con resultado de muerte han merecido un tratamiento especial en los medios de comunicación. El hecho ya se toma como simple rutina. Nos preguntamos si de haber sido políticos, agentes de policía o guardias civiles los asesinados, la respuesta mediática y gubernamental habría sido la misma.

   El 10 de diciembre, en Granada, Lorena Requena, de 39 años, fue repetidamente acuchillada hasta la muerte por su su ex-pareja, del que se había separado recientemente. Este no podía asumir que “su” mujer lo abandonara. Esta es la primera y ancestral regla del machismo asesino: “la maté porque era mía”.

   Es la indeseable y profunda estela que han dejado siglos de sociedades donde el patriarcado fue hegemónico, anclado en las leyes y reforzado por una superestructura religiosa que considera a la mujer un ser de segundo orden que debe estar sometido al varón. Un discurso que ya no se atreven a dar, en general, los sacerdotes católicos en sus homilías (a fin de cuentas viven del dinero del Estado), pero perdura en las sectas fundamentalistas tanto cristianas como musulmanas y judías.

   La sociedad capitalista, basada en la violencia inherente a la explotación del trabajo, la guerra y el expolio del planeta, genera muchos niveles de violencia: suicidios por desesperación, muertes por accidentes laborales, desahucios, pobreza extrema, represión..., violencias que administran los Estados y recaen fundamentalmente sobre una sola clase, la desposeída de medios de producción y de vida. Es por ello una violencia de clase.

   Pero el capitalismo también heredó esa violencia por razón de sexo o sexista, que algunos varones -demasiados en cualquier caso- ejercen sobre las mujeres en diversas formas: agresiones sexuales de distinto tipo además de maltrato dentro de las relaciones de pareja que acaba a veces en asesinatos (feminicidios).

   Gran parte de los grupos feministas piden respuestas al Estado, que se implique en la erradicación de esta lacra social. Se han puesto mecanismos legales, como la mal llamada -en nuestra opinión- Ley Integral contra la Violencia de Género, de 2004 -que ahora el gobierno quiere revisar y ampliar. También se han creado mecanismos de atención a mujeres maltratadas, que no son suficientes ni funcionan como deberían. Se han hecho campañas de concienciación, se ha intentado introducir la “perspectiva de género” en los cursos de formación del personal funcionario, especialmente jueces y fuerzas de seguridad; pero todo ello sin resultados visibles.

   Recordemos que uno de los violadores de la “manada” de Pamplona (2016) era un guardia civil que atendía a víctimas de "violencia de género". Pero hay otra “manada”, la judicial, por la que siguen pasando los casos de violencia machista, que parece tener por norma poner palos en las ruedas de las víctimas. Y no es extraño si tenemos en cuenta que, en España -por obra y gracia de la llamada Transición-, el poder judicial está repleto de herederos del franquismo. Muchos jueces -hombres y mujeres- pertenecen a sectas fundamentalistas como el Opus Dei y profesan una ideología de extrema derecha, profundamente machista.

   Un ejemplo reciente los hemos visto en el juez Manuel Piñar, que ha denegado la libertad a Juana Rivas, indultada parcialmente por el gobierno. Este sujeto, emparentado con el difunto Blas Piñar (fundador del partido fascista Fuerza Nueva) y conocido por sus posiciones antifeministas, no se ha inhibido de verter su baba misógina en redes sociales.

   Lo lamentable es que no es excepción. Incluso en instancias de maltrato denunciado donde se prueba la culpabilidad del agresor, los jueces dictan órdenes de alejamiento pero sin la complementaria orden de instalar en el maltratador los dispositivos de control y seguimiento telemático -los llamados COMETA- para asegurar que el alejamiento se cumple y la mujer puede al menos intentar rehacer su vida sin miedo.

   Este ha sido el caso de Eva Jaular, asesinada junto a su hija de 11 meses en una localidad de Cantabria el 17 de diciembre. Su asesino tenía una orden de alejamiento que se saltó fácilmente al no haber dispuesto la judicatura su control telemático.

   Cuando vio que su agresor se aproximaba a su vivienda, Eva avisó a la guardia civil, que se personó en el lugar. No sabemos lo que pasó, porque ella ya no puede testificar y la guardia civil ha abierto una investigación interna, que a saber el resultado que arrojará. Lo cierto es que tanto el magistrado o magistrada como las fuerzas que se supone están para protegernos, fallaron, no evitaron unas muertes que podrían haber sido perfectamente evitables.

   Los magistrados y las magistradas también se ceban especialmente con las mujeres víctimas de maltrato arrebatándoles la custodia de sus hijos o permitiendo el régimen de visitas incluso cuando el padre ha ejercido abusos sobre los menores. No entienden que un maltratador no puede ser un buen padre (como ninguna mujer que maltrate a sus hijos puede ser una buena madre, aunque en esto también hay notables desequilibrios por sexo).

   Lo que entienden estos jueces machistas es que el derecho del padre, por muy abusador y maltratador que sea, está por encima de los derechos y la seguridad de los menores y, por supuesto, de los de sus madres, los últimos a proteger. La propia relatora de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres ha dado un toque al gobierno español al respecto.

   En estas circunstancias de ayudas estatales insuficientes, jueces parciales que intentan convertir a la víctima en victimaria, y fuerzas de seguridad indiferentes, que frecuentemente, en avisos de socorro por parte de las víctimas, se limitan a dar una palmadita en la espalda del agresor, no es de extrañar que más del 70% de los casos de maltrato no se denuncien. El miedo a perder a los hijos o que sean víctimas y la falta de recursos propios son, entre otros, factores que retraen a muchas mujeres maltratadas por sus parejas o ex-parejas de denunciar, aunque con la actualización de la ley ya no es requisito la denuncia para poder acceder a los servicios de atención.

   Sin embargo, no son solo las instituciones del Estado las que fallan. Los maltratadores y feminicidas cuentan con un club de admiradores que, desde las redes sociales y otros foros, justifican estas agresiones. Su machismo les cala tan hondo que raya en la demencia de hacer pasar a los agresores como las pobres víctimas de las malvadas mujeres, y a la ceguera de creer que todo son “denuncias falsas”, cuando los datos de la propia Fiscalía General del Estado demuestran que éstas no llegan ni al 0,1%.

   Es este club misógino jaleador de la violencia machista el que, en el trágico caso de la joven que fue violada en Igualada y ha permanecido un mes en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, culpó del hecho a la madre, por haber permitido a su hija salir en la noche de Halloween, e incluso hubo quien tachó a la víctima de “putón verbenero”. Es la violencia sobre la violencia, ese echar sal a la herida por parte de quienes una llega a lamentar que sus madres no los abortaran.

   Convertir a la mujer víctima de violación en culpable de la misma es otro de los principios fundamentales del machismo enfermizo que, lamentablemente, aún persiste. La muchacha de Igualada ya se encuentra en casa, ha perdido el 90% de audición y mucho más. Aún no se ha detenido al malparido o malparidos que han arruinado su vida. Solo podemos desear que los identifiquen pronto y enviar nuestro cariño y solidaridad a ella y su familia.

   Hay mujeres cómplices en violaciones, las hay en el proxenetismo y no vamos a negar que las haya que maltraten a sus parejas -de palabra u obra. A fin de cuentas hombres y mujeres pertenecemos a la misma especie y estamos imbricadas en las mismas relaciones sociales, en buena medida insanas, que el sistema socio-económico en el que estamos inmersas determina. Pero también sucede ocasionalmente que una mujer mata a su agresor en legítima defensa, lo cual no suele eximirla de ser sentenciada a penas mayores que las que recaen sobre maltratadores asesinos.

   En cualquiera de los casos, las cifras hablan por sí solas: la abrumadora mayoría de las víctimas mortales son mujeres, niños y niñas, y la abrumadora mayoría de los perpetradores son varones. En este caso no estamos solo ante una diferencia cuantitativa, sino ante una diferencia cualitativa que exige explicación y lucha organizada para erradicarla.

   Esta es una lucha que no debe confiarse enteramente a las instituciones del Estado. No olvidemos, además, que los recortes en servicios públicos, acelerados con la excusa de la pandemia, también pueden matar, son violencia sobre la clase trabajadora más desprotegida, especialmente las mujeres.

   Sólo la acción militante de las mujeres y los hombres que aspiramos a una sociedad donde la opresión por sexo y otras opresiones desaparezcan puede abrir vías emancipadoras. Hombres, por cierto, concienciados contra la violencia machista, cuya voz de denuncia debería oírse mucho más, de manera sistemática y organizada.

   Pero esta implicación social no debe ser como la que ahora pide la ministra de Igualdad, Irene Montero, según la cual es "un asunto de todas y todos denunciar y ayudar a las víctimas de violencia machista" (1); porque aquí estamos ante la misma estrategia que trata de repartir la responsabilidad por el cambio climático o la persistencia de la pandemia de Covid-19 a toda la sociedad; sino la concienciación desde nuestros ámbitos de actuación (familia, lugar de trabajo, sindicato, partido, asociación, escuela...) contra el machismo y lo que lo favorece.

   Sabemos que, con todo, no será suficiente. Mientras persista la división del trabajo que relega a muchas mujeres a dedicarse enteramente al cuidado de sus familias, privándolas de medios de vida independientes; mientras siga habiendo industrias que se lucran con la explotación sexual y reproductiva de las las mujeres, con su imagen hipersexualizada a través de la publicidad y los medios de comunicación; mientras se intente hacer desaparecer el sexo como realidad -y justificación de nuestra opresión específica-, en favor de una quimera llamada “identidad de género”, como hace la ideología transgenerista con sanción gubernamental, la violencia machista en todas sus formas no desaparecerá: el propio sistema capitalista la fomenta.

   Es por este motivo que solo un feminismo anti-capitalista y unas organizaciones anti-capitalistas con conciencia de la opresión que sufrimos muy especialmente las mujeres de clase trabajadora podrá hacer avances efectivos hacia unas relaciones sociales igualitarias y auténticamente libres.

(1) Véase la reciente rueda de prensa dada por la Ministra de Igualdad, Irene Montero; la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en la que hacen balance de lo realizado sobre la materia en este año que acaba, informan sobre el número de feminicidios en el mismo período y anuncian, como novedad, que a partir del próximo año el Ministerio de Igualdad llevará el cómputo de feminicidios (algo que hasta ahora ha sido de iniciativa no gubernamental). Montero ha prometido asimismo aligerar la carga burocrática en las solicitudes de ayudas a mujeres maltratadas. Veremos si se cumple, aunque lo que ya es evidente es que hay mucha gente en organismos sobre "violencia de género" cobrando del erario público, y muy pocos resultados. 

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