CENTENARES DE EMPRESAS EUROPEAS IMPLICADAS EN LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES DE ISRAEL EN PALESTINA
Los asentamientos son ilegales, pero el negocio es el negocio
Un reciente informe de la coalición europeo-palestina “No Compres en la Ocupación” revela que más de 600 entidades empresariales y financieras de Europa negocian con empresas que operan en los asentamientos ilegales de Israel en la Palestina Ocupada. Mientras la Unión Europea reconoce la ilegalidad de estos asentamientos, hace la vista gorda a que empresarios y banqueros les den un balón de oxígeno económico.
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La coalición Don't Buy Into Occupation (No Compres en la Ocupación – en adelante DBIO por sus siglas en inglés) es un proyecto unitario de 25 organizaciones no gubernamentales europeas y palestinas, que investigan los vínculos entre las empresas que operan en los asentamientos ilegales de Israel dentro de la Palestina Ocupada y las instituciones financieras europeas.
La última investigación llevada a cabo halló que 672 de estas instituciones entablaron relaciones con 50 empresas de los asentamientos ilegales. Entre 2018 y mayo de 2021, diversas firmas europeas les dieron préstamos y garantías por un total de $114.000 millones e invirtieron en ellas $141.000 millones.
La coalición DBIO descubrió asimismo que las 10 mayores entidades de crédito canalizaron $77.000,81 millones. Se trata de BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Société Générale, Santander, ING Group, Commerzbank, UniCredit y Crédit Agricole.
Y los 10 mayores inversores -Deutsche Bank, Crédit Agricole, Government Pension Fund Global (GPFG), Investor AB, BPCE Group, Allianz, Swedbank, Legal & General, AB Industrivärden y Alecta- aportaron $67.000,22 millones.
La campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) está desincentivando a muchas empresas a colaborar en la economía de los asentamientos ilegales. Por ejemplo, en julio pasado el mayor fondo de pensiones de Noruega -Kommunal Landspensjonskasse (KLP), dejó de invertir en 16 empresas que operan en los asentamientos. No obstante, mantiene aún inversiones en ocho de ellas. Y el otro fondo de pensiones noruego, GPFG, sigue asimismo con tratos en 34 empresas vinculadas a los asentamientos ilegales, entre las cuales se halla la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
Los asentamientos ilegales destruyen la economía palestina
En los Territorios Palestinos Ocupados viven más de 600.000 israelíes, 42% en Cisjordania bajo control de los asentamientos. El Área C de Cisjordania es rico en recursos naturales, pero el 68% de esta región se reserva a los asentamientos israelíes mientras que solo un 1% se destina a uso palestino.
La continua ocupación de la tierra palestina ha impedido al pueblo palestino desarrollar y utilizar sus recursos y por tanto ha diezmado significativamente su economía. El acceso restringido al Mar Muerto, a las canteras y minas, ha provocado pérdidas de más de $1.000 millones anuales a la población palestina, según un informe de 2015 del think tank palestino Al-Shabaka. Y la explotación de las canteras de Cisjordania por parte de las empresas se estima en $900 millones anuales.
Como señala DBIO, “La explotación de los recursos naturales significa que se niega al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y soberanía permanente sobre esos recursos. Al extraer beneficios de las canteras palestinas, se puede acusar a las corporaciones de complicidad en los delitos de apropiación, destrucción medioambiental y pillaje de recursos naturales”.
La hipocresía de la Unión Europea
Este año de 2021, la Unión Europea ha aportado más de $40 millones de ayuda humanitaria a Palestina. Respeta la legalidad internacional al declarar ilegales los asentamientos israelíes. Sin embargo, la UE es el mayor socio económico de Israel, cuyo tráfico comercial se estima por valor de $36.000 millones anuales, aproximadamente.
Se dan conflictos de intereses incluso entre los diferentes organismos de la UE, cada uno con sus propias prioridades. Los objetivos de los dedicados a relaciones internacionales chocan a menudo con las entidades de derechos humanos de la propia UE.
La UE no apoya la base de datos que la ONU mantiene de empresas cómplices con los asentamientos ilegales, y sigue bloqueando la financiación necesaria para poner al día este recurso con la excusa de las restricciones presupuestarias.
Por un lado, la UE guarda una postura coherente sobre la ilegalidad de los asentamientos y todo lo asociado a las violaciones que traen consigo. En 2019, además, reconoció que los consumidores tienen derecho a saber si los productos que se venden en los mercados de la UE fueron fabricados en los asentamientos israelíes. Pero, al mismo tiempo, vemos que las empresas europeas y sus instituciones financieras siguen implicadas, de manera libre y sin consecuencias, en la economía de los asentamientos, lo que las convierte en cómplices de la violenta limpieza étnica que Israel está cometiendo con el pueblo palestino.
Fuente:
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La coalición Don't Buy Into Occupation (No Compres en la Ocupación – en adelante DBIO por sus siglas en inglés) es un proyecto unitario de 25 organizaciones no gubernamentales europeas y palestinas, que investigan los vínculos entre las empresas que operan en los asentamientos ilegales de Israel dentro de la Palestina Ocupada y las instituciones financieras europeas.
La última investigación llevada a cabo halló que 672 de estas instituciones entablaron relaciones con 50 empresas de los asentamientos ilegales. Entre 2018 y mayo de 2021, diversas firmas europeas les dieron préstamos y garantías por un total de $114.000 millones e invirtieron en ellas $141.000 millones.
La coalición DBIO descubrió asimismo que las 10 mayores entidades de crédito canalizaron $77.000,81 millones. Se trata de BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Société Générale, Santander, ING Group, Commerzbank, UniCredit y Crédit Agricole.
Y los 10 mayores inversores -Deutsche Bank, Crédit Agricole, Government Pension Fund Global (GPFG), Investor AB, BPCE Group, Allianz, Swedbank, Legal & General, AB Industrivärden y Alecta- aportaron $67.000,22 millones.
La campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) está desincentivando a muchas empresas a colaborar en la economía de los asentamientos ilegales. Por ejemplo, en julio pasado el mayor fondo de pensiones de Noruega -Kommunal Landspensjonskasse (KLP), dejó de invertir en 16 empresas que operan en los asentamientos. No obstante, mantiene aún inversiones en ocho de ellas. Y el otro fondo de pensiones noruego, GPFG, sigue asimismo con tratos en 34 empresas vinculadas a los asentamientos ilegales, entre las cuales se halla la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
Los asentamientos ilegales destruyen la economía palestina
En los Territorios Palestinos Ocupados viven más de 600.000 israelíes, 42% en Cisjordania bajo control de los asentamientos. El Área C de Cisjordania es rico en recursos naturales, pero el 68% de esta región se reserva a los asentamientos israelíes mientras que solo un 1% se destina a uso palestino.
La continua ocupación de la tierra palestina ha impedido al pueblo palestino desarrollar y utilizar sus recursos y por tanto ha diezmado significativamente su economía. El acceso restringido al Mar Muerto, a las canteras y minas, ha provocado pérdidas de más de $1.000 millones anuales a la población palestina, según un informe de 2015 del think tank palestino Al-Shabaka. Y la explotación de las canteras de Cisjordania por parte de las empresas se estima en $900 millones anuales.
Como señala DBIO, “La explotación de los recursos naturales significa que se niega al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y soberanía permanente sobre esos recursos. Al extraer beneficios de las canteras palestinas, se puede acusar a las corporaciones de complicidad en los delitos de apropiación, destrucción medioambiental y pillaje de recursos naturales”.
La hipocresía de la Unión Europea
Este año de 2021, la Unión Europea ha aportado más de $40 millones de ayuda humanitaria a Palestina. Respeta la legalidad internacional al declarar ilegales los asentamientos israelíes. Sin embargo, la UE es el mayor socio económico de Israel, cuyo tráfico comercial se estima por valor de $36.000 millones anuales, aproximadamente.
Se dan conflictos de intereses incluso entre los diferentes organismos de la UE, cada uno con sus propias prioridades. Los objetivos de los dedicados a relaciones internacionales chocan a menudo con las entidades de derechos humanos de la propia UE.
La UE no apoya la base de datos que la ONU mantiene de empresas cómplices con los asentamientos ilegales, y sigue bloqueando la financiación necesaria para poner al día este recurso con la excusa de las restricciones presupuestarias.
Por un lado, la UE guarda una postura coherente sobre la ilegalidad de los asentamientos y todo lo asociado a las violaciones que traen consigo. En 2019, además, reconoció que los consumidores tienen derecho a saber si los productos que se venden en los mercados de la UE fueron fabricados en los asentamientos israelíes. Pero, al mismo tiempo, vemos que las empresas europeas y sus instituciones financieras siguen implicadas, de manera libre y sin consecuencias, en la economía de los asentamientos, lo que las convierte en cómplices de la violenta limpieza étnica que Israel está cometiendo con el pueblo palestino.
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