LOS DESAHUCIOS LLEGAN AL MÁXIMO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN ESPAÑA
¿Qué pasó con el "escudo social" prometido por el Gobierno?
Aunque la noticia apenas ha sido difundida en los medios de comunicación, ejecuciones hipotecarias o embargos de viviendas habituales de personas físicas crecieron en el segundo trimestre un 253,2% más que en el mismo periodo del año anterior (...).
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Aunque la noticia apenas ha sido difundida en los medios de comunicación, ejecuciones hipotecarias o embargos de viviendas habituales de personas físicas crecieron en el segundo trimestre un 253,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el segundo trimestre del año se iniciaron 9.753 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el trimestre anterior y un 79,3% por encima del dato del segundo trimestre de 2020. De ellas, 9.239 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 514 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,9% en relación al trimestre anterior y un 73,8% respecto al segundo trimestre de 2020.
Dentro de las viviendas de personas físicas, 3.243 ejecuciones se realizaron sobre viviendas habituales de personas físicas y 847 sobre viviendas que no son residencia habitual de los propietarios. Las primeras se dispararon un 253,2% en tasa interanual y subieron un 1,1% en tasa trimestral, mientras que las segundas aumentaron un 208,1% respecto al segundo trimestre de 2020 y un 24,2% en relación al trimestre anterior.
Se trata de las cifras más altas de desahucios en un trimestre desde el año 2017.
Entre abril y junio de 2020 no se produjeron embargos debido a las provisiones del estado alarma. Sin embargo, una vez concluido dicho estado de alarma, miles de familias se han vuelto encontrar con la cruda realidad. Abrumados por los efectos del paro, el caos económico y el cierre de pequeños negocios que ha provocado la pandemia, se ven imposibilitados de pagar las rentas del alquiler de sus viviendas.
Este drama social se reproduce a pesar de que durante las primeras etapas de la pandemia el gobierno de coalición autoproclamado como el "más progresista de la historia" prometió que protegería a la ciudadanía con un "escudo social" para evitar que los sectores económicamente más débiles fueran expulsados de sus viviendas.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Aunque la noticia apenas ha sido difundida en los medios de comunicación, ejecuciones hipotecarias o embargos de viviendas habituales de personas físicas crecieron en el segundo trimestre un 253,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el segundo trimestre del año se iniciaron 9.753 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el trimestre anterior y un 79,3% por encima del dato del segundo trimestre de 2020. De ellas, 9.239 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 514 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,9% en relación al trimestre anterior y un 73,8% respecto al segundo trimestre de 2020.
Dentro de las viviendas de personas físicas, 3.243 ejecuciones se realizaron sobre viviendas habituales de personas físicas y 847 sobre viviendas que no son residencia habitual de los propietarios. Las primeras se dispararon un 253,2% en tasa interanual y subieron un 1,1% en tasa trimestral, mientras que las segundas aumentaron un 208,1% respecto al segundo trimestre de 2020 y un 24,2% en relación al trimestre anterior.
Se trata de las cifras más altas de desahucios en un trimestre desde el año 2017.
Entre abril y junio de 2020 no se produjeron embargos debido a las provisiones del estado alarma. Sin embargo, una vez concluido dicho estado de alarma, miles de familias se han vuelto encontrar con la cruda realidad. Abrumados por los efectos del paro, el caos económico y el cierre de pequeños negocios que ha provocado la pandemia, se ven imposibilitados de pagar las rentas del alquiler de sus viviendas.
Este drama social se reproduce a pesar de que durante las primeras etapas de la pandemia el gobierno de coalición autoproclamado como el "más progresista de la historia" prometió que protegería a la ciudadanía con un "escudo social" para evitar que los sectores económicamente más débiles fueran expulsados de sus viviendas.
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