DENUNCIAN EN LAS PALMAS LA "RUTA CANARIA DE LA MUERTE"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    El pasado jueves 2 de diciembre, alrededor de unas 50 personas se concentraron ante la Delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, para reclamar "un cambio en la ley de extranjería que suponga el fin definitivo de las políticas de blindaje y bloqueo fronterizo, el fin de las deportaciones, y especialmente las devoluciones forzadas de infancia migrante de Ceuta a Marruecos".

   La concentración, convocada por la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, fue también un "acto de duelo y de memoria, por las personas muertas en la ruta migratoria canaria".

   "Ante el cuestionamiento de si se debe abrir las fronteras a todas las personas  la respuesta -afirman desde esta Red- es clara: "Sí".

   "Todas las vidas importan -defienden - y es  posible imaginar unas políticas de cooperación, que contemplen la soberanía de cada país para la explotación de sus recursos".

   La Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes denuncia, asimismo, que "es en los países europeos en que el poder se acumula y de forma hipócrita defiende un imaginario estado del bienestar, puede redistribuirse la riqueza entre sus propios habitantes, y ofrecer una acogida a las personas que se ven obligadas a huir de la pobreza y la muerte".

   La Red Canaria, advierte, igualmente, que "la crisis económica derivada de las medidas adoptadas para frenar la covid-19 está empujando a los migrantes a tratar de alcanzar las costas españolas en embarcaciones cada vez más precarias, cargadas por encima de su capacidad real. Los principales puntos de salida están en el sur de Marruecos".

  "De Saint Louis y sus alrededores son -informan- las víctimas del naufragio ocurrido el pasado viernes 29 de agosto, con 43 personas desaparecidas, 14 supervivientes y un cadáver recuperado del mar".

   Mientras la ONG Village du Migrant, pide refuerzo de la vigilancia en la costa, esta Red Canaria cuestiona que se priorice la vigilancia en el tratamiento del fenómeno migratorio.

   "Desde el año 2006 -apuntan- efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional española colaboran con las fuerzas del orden senegalesas en el control de las salidas de cayucos desde la costa senegalesa. Sin embargo, no se consigue el objetivo. Esta estrategia sólo sirve de alimento al negocio de las armas, su compra venta entre gobiernos y a la vez se desvía a la población a migrar en rutas cada vez más peligrosas".

   Por esta razón, la Red Canaria considera que se debe hablar de "un doble crimen, al cerrar estas mismas fronteras a las personas".

   "Las grandes potencias aliadas roban los recursos, provocan la pobreza, y empujan a la muerte a las personas en una situación sin salida"- denuncian.

   La Red canaria por los derechos de las personas migrantes vuelve a reclamar las responsabilidades a todas las administraciones públicas, municipales, insulares, autonómicas, estatal y Europea, exigiendo:

    Unas relaciones internacionales de cooperación y restitución, el fin definitivo de las políticas de blindaje y bloqueo fronterizo, la creación de puntos de información para familiares de las personas migrantes, el establecimiento de vías legales y seguras para proteger el ejercicio del derecho a migrar, la aplicación de un protocolo de atención a sucesos de víctimas múltiples, más medios para Salvamento marítimo, acabar con el desvío millonario de fondos públicos hacia Frontex, cuya misión es interrumpir el proceso migratorio y deportar, alimentando el negocio de las armas y por último, una atención legal y sanitaria en condiciones acabando con la violación de los derechos y las condiciones indignas en CIES, CATEs y centros de contención, con la amenaza de las deportaciones, con redadas policiales en función de la raza, y con la criminalización de las personas en movimiento.