¿UN MAGISTRADO ESPECIALISTA EN PONCIO PILATO "SE LAVA LAS MANOS" CON LA PANDEMIA EN CANARIAS?

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

UN "NO" ROTUNDO A TODAS LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO REGIONAL

   Desde que, a finales del pasado mes de junio, el gobierno central decidió no prorrogar el Estado de alarma y conferir a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad la posibilidad de decidir sobre materia sanitaria en lo que respecta a la pandemia, el TSJC ha tumbado cada uno de los intentos del Ejecutivo canario para aplicar medidas destinadas a contener la expansión del coronavirus.

    Inicialmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Alto Tribunal impidió el cierre de la actividad interior en la hostelería en las islas situadas en nivel tres de alerta, propuesto por el Gobierno autónomo.

   En julio,  volvía a vetar el toque de queda propuesto por el Gobierno de Canarias entre las 00.30 horas y las 06.00 horas, para las islas con peores datos epidemiológicos.

   Por último, el TSJC echó por tierra el postrero intento del Gobierno autónomo de controlar de algún modo la creciente expansión del coronavirus, denegándole la posibilidad de que se controle el acceso a los interiores de determinados comercios, restringiéndolo aquellas con el certificado europeo de vacunación que emite el Servicio Canario de la Salud o que ya hayan pasado la enfermedad.

   El desconcierto provocado por estas decisiones se acrecienta por el hecho de que, como es sabido, en unas comunidades estos altos tribunales han estimado que las medidas propuestas son compatibles con los derechos constitucionales mientras que en otras, como Canarias los jueces, han dictaminado justamente lo contrario.

   Denunciando la politización que caracteriza a estos tribunales, analistas como el abogado grancanario José Manuel Rivero  declaró a Canarias Semanal que tales decisiones podrían estar motivadas por el"interés político de desgastar a  aquellos ejecutivos no afines a las tendencias más ultraconservadoras".

UN MAGISTRADO DEFENSOR DE LA AUTENTICIDAD DEL “SANTO SUDARIO” DE LA CATEDRAL DE OVIEDO... Y DE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS DE REPSOL EN CANARIAS

    No obstante, hasta la fecha poco se había conocido del perfil ideológico de algunos de los magistrados responsables estas polémicas resoluciones.

   La pasada semana conocíamos la de uno de ellos, a través de la publicación del diario digital socialdemócrata Canarias Ahora, que ofrecía una breve semblanza del "presidente del tribunal que trae de cabeza al Gobierno canario".

   Según la información publicada por este diario, que parece orientarse implícitamente en la misma dirección que los citados analistas críticos, se trata de un magistrado cargado de rimbombantes apellidos, Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, autor de un libro sobre el gobernador romano Poncio Pilato, en el que defiende que "habría hecho lo mismo'' que Poncio Pilato: ''salvaguardar el orden público''.

   “Yo hubiera hecho lo mismo. Su responsabilidad fundamental era la salvaguardia del orden público, con una cohorte que sólo constaba de seiscientos hombres, frente a doscientos mil judíos que exigían la condena de Jesús” -apunta el magistrado en esta obra.

   Pero esta suerte de "solidaridad gremial" con los antiguos administradores del Imperio no debe ser interpretada, en ningún caso, con un alejamiento de la doctrina de la Iglesia Católica.

   Por el contrario, el magistrado es considerado un "experto en asuntos cristianos", que ha estudiado Teología, y expone en diversos foros su teoría sobre los hechos que narran los Evangelios sobre los últimos momentos de Jesucristo antes de ser crucificado.

   Además -y según la nota publicada en Canarias Ahora- "es internacionalmente reconocido por sus estudios sobre el llamado “sudario santo” que se custodia en la catedral de Oviedo, su tierra natal, cuya autenticidad y significado cristiano defiende apasionadamente a pesar de las evidencias científicas en su contra".

¿UNAS DECISIONES TAN DIFÍCILES COMO LA DE PONCIO PILATO?

   En cualquier caso, no se puede decir que las decisiones judiciales de Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego contra las medidas propuestas por el Gobierno regional hayan estado motivadas por circunstancias análogas a la decisión de Pilato, según la interpretación del propio magistrado.

   Según la obra dedicada por el juez a este "caso difícil para un prefecto romano del siglo I", el funcionario romano contaba sólo "con una cohorte de seiscientos hombres, frente a 200.000 judíos que exigían la condena de Jesús”.

   Las encuestas realizadas sobre las medidas propuestas para frenar la expansión del coronavirus, sin embargo, mostraron en su momento que contaban con el apoyo de la mayoría de la población, si bien es cierto que también con el rechazo de poderosos sectores económicos, como los aglutinados en la patronal hotelera y de la restauración.

   En este sentido, Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego no carece de precedentes, en cuanto a resoluciones que resultaron favorables a los intereses empresariales.

    En el año 2014, ya fue el ponente del auto del  Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que denegó la suspensión cautelar de las prospecciones petrolíferas que Repsol pretendía realizar, a unos 50 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

    Un proyecto que, como se recordará, concitó un amplísimo rechazo de la población del Archipiélago, por las consecuencias que el mismo habría tenido para el medioambiente, y que el mismo gobierno derechista de Coalición Canaria rechazó, por la afectación que habría supuesto para la industria turística.

   En aquella ocasión, Moreno-Luque Casariego argumentó, contra toda la evidencia que aportaban los especialistas independientes, que "el supuesto daño al turismo que esgrimía en su recurso el gobierno autonómico canario resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe".

    El fallo argüía, asimismo,  que en la zona donde se efectúan los sondeos "no existen espacios protegidos declarados y no se han identificado ningún hábitat de interés comunitario en el estudio de fondo marino", y hacía suyo el argumentario de la multinacional petrolera, afirmando que "las  operaciones seguían los protocolos de seguridad más avanzados del mundo".

   Ahora, y según el artículo publicado por Canarias Ahora, para justificar su negativa a la implantación de medidas como la obligación de presentar el certificado de vacunación, el magistrado asturiano habría "fusilado  un texto del blog del prestigioso catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno Linera, pero apartándose de su tesis principal", para concluir que "sobre el derecho a la salud pública debería prevalecer el de la intimidad de cada persona a la reserva sobre su historial clínico, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, catorce años antes de la pandemia por COVID-19 que asola al mundo".

    En cualquier caso, y sea cual sea la justificación jurídica de las resoluciones que este y otros magistrados están tomando contra los intentos de los gobiernos regionales para intentar frenar las nuevas olas de la pandemia, sólo los más ingenuos pueden creer que los jueces ejercen su función sin estar condicionados al menos, y esto en el mejor de los casos, por sus concepciones ideológicas  y sus prejuicios políticos y económicos.

   Pero, para ser justos, es preciso señalar que si en este caso alguien "se ha lavado las manos como Poncio Pilato" ha sido el propio Ejecutivo central, al decidir inhibirse de su responsabilidad en el control de la pandemia, por un mero cálculo electoralista, otorgando a los magistrados la potestad para decidir sobre la salud de la población, sin formación científica para ello y sin que tengan que rendir cuentas ante nadie por las posibles consecuencias dramáticas de sus actos.