EL ALTO TRIBUNAL DE CANARIAS VUELVE A BLOQUEAR LAS MEDIDAS PARA FRENAR LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS

POR EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   El pasado 29 de junio, el Tribunal  Superior de Justicia Canarias tumbaba la ejecución de las medidas propuestas por el Gobierno regional para frenar los contagios de COVID-19, como el cierre de la actividad interior en la hostelería en las islas situadas en nivel tres de alerta.

  A mediados del pasado mes de julio, Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Alto Tribunal volvía a impedir al Gobierno autónomo la imposición del toque de queda entre las 00.30 horas y las 06.00 horas, en las islas con peores datos epidemiológicos. Aquellas que alcancen los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria; así como el cierre perimetral del Archipiélago.

   La pasada semana, el TSJC echaba por tierra una vez más los intentos del Gobierno de Canarias de controlar de algún modo la creciente expansión del coronavirus, denegándole la posibilidad de que se controle el acceso a los interiores de determinados comercios, restringiéndolo aquellas personas vacunadas o que ya hayan pasado la enfermedad.

   De esta manera, el Tribunal  Superior de Justicia de Canarias dejaba al Ejecutivo autonómico prácticamente sin herramientas para la urgente tarea de efectuar este control de la pandemia. Hecho que era "lamentado" por el propio presidente regional, Ángel Víctor Torres, tras conocer la decisión judicial.

   Como se recordará, la potestad para decidir sobre este tipo de medidas sanitarias le fue otorgada a los Tribunales Superiores de cada comunidad por el propio Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, después de que optara por no prorrogar el Estado de alarma, durante el tiempo necesario para que la vacunación pudiera generar la llamada "inmunidad de grupo".

    Como consecuencia de ello, en este momento son los jueces de estos tribunales los que, en cada comunidad, están tomando las decisiones fundamentales para la salud de las poblaciones, sin contar con el conocimiento científico imprescindible para hacerlo y, según denuncia algunos analistas como el abogado grancanario José Manuel Rivero, presuntamente guiados en algunas ocasiones por intereses políticos.

    Sea como fuere, lo cierto es que la decisión del Gobierno central de inhibirse de su responsabilidad para evitar un posible desgaste político, otorgando los magistrados de estos tribunales la posibilidad de decidir sobre una materia en la que no son competentes, se ha traducido en la existencia de tantos "criterios jurídico-epidemiológicos" como tribunales superiores hay en el Estado español. Mientras en unas comunidades se considera que las medidas propuestas no son compatibles con los derechos constitucionales en otras, con parecidos datos epidemiológicos, los jueces dictaminan justamente los contrarios.

   Una circunstancia que debe sumarse al cúmulo de despropósitos en la gestión de una pandemia, en la que tanto la tardanza en la asunción de las primeras medidas, como las posteriores decisiones adoptadas tanto por el Gobierno central como por los gobiernos autonómicos, han estado determinadas por la preeminencia de los intereses económicos del gran capital por encima de los estrictamente sanitarios.

    Pero, si sería ingenuo suponer que los responsables políticos de esta gestión deban pagar por la misma, aún más los sería pensar en que los magistrados de los altos tribunales autonómicos pudieran llegar a responder ante la población, por más que pudiera argumentarse, fundadamente, que sus decisiones puedan provocar una mayor expansión del coronavirus, multiplicando el número de enfermos y de fallecidos.

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