"ÁNGEL VÍCTOR TORRES ES CÓMPLICE EN LA CONVERSIÓN DE CANARIAS EN UNA CÁRCEL PARA INMIGRANTES"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Ante la inminente reapertura del Centro de Internamiento para Extranjeros de El Matorral, la  Asamblea Popular de Fuerteventura se ha pronunciado mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias semanal.

    La asamblea denuncia, en primer término, que "el origen de la actual situación de bloqueo y encierro de los inmigrantes en Canarias se encuentra en las políticas racistas del gobierno del Estado español y de la Unión Europea".

   "El hacinamiento y el encarcelamiento de las personas inmigrantes que estamos viviendo en nuestro territorio son fruto de una decisión política del actual gobierno español, con la connivencia de la Unión Europea y la permisividad del gobierno autonómico canario y administraciones insulares y locales, que se niegan reiteradamente a permitirles a los inmigrantes continuar su ruta migratoria hacia Europa".

  "Además -añaden- el actual ministro de Interior es responsable de la reactivación de la ruta canaria tras militarizar en el 2019 el Estrecho y el Alborán y por ello les señalamos como el responsable político de la muerte de más de 1.800 personas que a lo largo del año 2020 trataron de llegar a nuestras costas pues la ruta canaria presentó el 85% de las muertes de inmigrantes africanos".

   La  Asamblea Popular de Fuerteventura denuncia, igualmente, "la complicidad y silencio de las instituciones insulares, locales y del gobierno de Canarias, que no están oponiéndose a que el Archipiélago se convierta en una cárcel de inmigrantes, la más grande de la historia de España".

   "De hecho -dicen-  llevamos una semana oyendo al presidente canario, que presume de ser parte de una coalición progresista, amenazando al gobierno español con revelarse contra esta política migratoria, sin embargo no vemos actos en este sentido. Es más, lo que vemos es que ha rebajado mucho el tono, y ahora ya ni se plantea una oposición real y efectiva a estas criminales políticas racistas. Y, por si fuera poco, el gobierno de Canarias ha dejado a muchas personas migrantes sin ningún asesoramiento jurídico, como denunciaron algunas abogadas en Tenerife, impidiéndoles conocer y ejercer sus derechos".

CONTRA LA POLÍTICA IMPERIALISTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL

    La  Asamblea Popular de Fuerteventura rechaza, asimismo, "la política imperialista del gobierno español, que presiona y extorsiona a países africanos para arrancarles acuerdos de deportación de inmigrantes".

  "En la actualidad -recuerdan- España tiene acuerdos de devolución con Gambia, Marruecos, Mauritania y Senegal, y algunos permiten a España expulsar migrantes a algunos de estos países aunque no sean nacionales de dichos países, basándose solo en que durante la ruta migratoria hayan pasado por éstos, dejándolos en multitud de casos en una situación de gran indefensión".

  "Además -añaden- el gobierno español está incrementando la presencia policial y militar en los países con los que firman acuerdos migratorios, y no debe de olvidarse que la participación militar española en la guerra de Mali no ha dejado de crecer desde el año 2012, país del que provienen muchas de estas personas en calidad de desplazados y refugiados a causa del conflicto bélico".

   La  Asamblea Popular rechaza que "se haya normalizado la implementación de campamentos vergonzosos e inhumanos, en los que se hacinan a los inmigrantes en condiciones infrahumanas, así como la impunidad de la que goza el Régimen español, que puede llevar a cabo estas políticas sin que nadie sea responsabilizado y juzgado por ello".

   "El caso de El Tarajal se archivó con la excusa de que faltaban pruebas, sin embargo, en Canarias hay pruebas de sobra que certifican y demuestran la violación sistemática de derechos humanos, desde las presentadas por el juez Díaz Tejera, quien judicializó la cuestión, hasta de Human Rights Watch, sin embargo la jueza Yanira del Carmen González archivó el caso y rechazó que haya delito en el trato deplorable que están recibiendo los inmigrantes hacinados".

   "Se ve -sostiene- que en la España "democrática" se pueden violar Derechos Humanos sistemáticamente durante meses a la vista de todos impunemente".

   Finalmente, la Asamblea Popular de Fuerteventura manifiesta su posición "a que Fuerteventura se convierta también en isla-prisión de migrantes y por esto rechazamos la reapertura de un espacio tan indigno como lo es el CIE de El Matorral, ya que eso significa aislar a los migrantes sin haber cometido delito alguno, lo cual atenta contra sus derechos".

   "Creemos -concluyen- que el cabildo y los ayuntamientos deben de oponerse a esta política migratoria y contribuir a una solución democrática que, innegablemente, pasa por permitirles continuar su ruta migratoria".