CONTRA LAS EXPRESIONES DE “ODIO”, ARGUMENTACIÓN. A propósito de la denuncia contra Lidia Falcón

Por TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    En estos días pasados hemos conocido que la Fiscalía contra los Delitos de Odio de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Mar Cambrollé, en representación de la Federación Plataforma Trans, contra Lidia Falcón y el Partido Feminista que esta preside, por ciertos comentarios supuestamente ofensivos y que - según las denunciantes- "incitan a la violencia contra el colectivo trans".

   Vaya por delante que, como feministas y comunistas, no compartimos buena parte del ideario del Partido Feminista de España, ni su pretensión de ser una organización de inspiración marxista, aunque las confusiones ideológicas son harina de otro costal que ahora no viene al caso poner en evidencia.

   Tampoco nos parecen adecuadas las formas que, en general, adopta la señora Lidia Falcón en sus comentarios sobre ciertas personas o grupos, y particularmente el trans. Las generalizaciones, de las que abusa en este caso la señora Falcón, son odiosas. El transexual no es un colectivo homogéneo, ni por clase social, ni por posturas políticas u otras características. Achacar a todo el conjunto lo que haga o diga una parte del mismo no parece serio ni pertinente. Estamos seguras de que si hay transexuales que fomentan la pedofilia, como una vez declaró Doña Lidia Falcón, hay muchos otros y otras que la repudian.

"No nos parecen adecuadas las formas que, en general, adopta doña Lidia Falcón en sus comentarios sobre ciertas personas o grupos, y particularmente el trans. Las generalizaciones, de las que abusa  la señora Falcón, son odiosas"

   ¿DELITOS DE ODIO O DELITOS DE OPINIÓN?

   Por una cuestión de principios, sin embargo, no podemos sino rechazar la iniciativa de la Plataforma Trans de poner en manos de la “Justicia” las supuestas ofensas a su colectivo, con el objeto de buscar un castigo penal para quien las ha pronunciado. Y más aún la de recurrir para ello al llamado “delito de odio”. Una nueva legislación que viene a reforzar la Ley Mordaza y que, por más que se vendiera en su día como un instrumento para la defensa de las “minorías vulnerables”, equivale a un delito de opinión.

   La realidad, que no pocos ingenuos e ingenuas continúan interpretando como una “mala aplicación de la ley”, es que el “odio” hacia los de abajo que escupen públicamente ciertos personajes políticos y mediáticos no mueve jamás a actuar a la fiscalía, más preocupada por interpretar como “odio” expresiones o acciones que vayan dirigidas contra el status quo.

   Un ejemplo muy reciente de ello es el de esos muchachos detenidos en el barrio valenciano de Benimaclet por protestar contra una manifestación fascista, que, al parecer, no fomentaba el odio contra los colectivos que la ley homónima tipifica.

"Por una cuestión de principios no podemos sino rechazar la iniciativa de la Plataforma Trans de poner en manos de la “Justicia” las supuestas ofensas a su colectivo, con el objeto de buscar un castigo penal para quien las ha pronunciado"

   En Madrid, por poner otro ejemplo, tampoco hemos visto a la fiscalía abrir diligencias contra los que se concentraron ante la casa donde se alojan los MENAS (menores extranjeros no acompañados), con insultos, amenazas e incitación a la violencia contra estos menores. Claro, nadie ha interpuesto denuncia. Se nos olvida que la justicia no es gratis en este país y no todos los ofendidos pueden permitirse este recurso.

   La ley dice que el delito de odio consiste en “fomentar públicamente, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

   Nótese que en todas estas características la razón de clase social está ausente. El odio de clase no existe para el legislador y queda oculto por un Derecho que pretende erigirse, falsamente, como árbitro imparcial en la lucha que siempre se da entre estas clases. De esta forma, el que el Estado, los medios a su servicio y determinadas personas fomenten la discriminación y estigmatización de las personas sin casa que ocupan una vacía, y envíen bandas de matones para amedrentarlas, no es denunciable como delito de odio. Como tampoco lo es, al parecer, someter a los jornaleros del campo a condiciones que les provocan la muerte.

"Que personas transexuales que se autodefinen como revolucionarias vean normal defenderse de un ataque puramente verbal con las herramientas legales de nuestro enemigo de clase resulta cuando menos contradictorio"

   No estamos en un Estado de Derecho -como asegura el comunicado en el que la Plataforma Trans defiende el encausamiento de la Sr. Lidia Falcón- aunque lo diga la Constitución, sencillamente porque la separación de poderes no existe de facto, porque el poder judicial es nombrado por los gobiernos, porque estos se saltan la legalidad -el Derecho- cuando les conviene, sin mayores consecuencias y, en última instancia, porque nuestros Estados, aunque su legitimización dependa de negar esta realidad, representan fundamentalmente los intereses de una minoría social.

   Por eso, que personas transexuales que se autodefinen de izquierdas vean normal que “los colectivos trans se defiendan de este ataque”, puramente verbal, "con las herramientas que puedan”, en referencia a la judicial, que es la del amo, resulta cuando menos contradictorio. Como resulta sorprendente que digan que el colectivo trans es uno “fuertemente desfavorecido”, cuando al menos una parte de él demuestra tener recursos para pagar abogados, costas y todo lo que en este país conlleva este tipo de procesos.

   Harían bien en tener mucho cuidado con las leyes burguesas a las que recurren quienes dicen defender los derechos fundamentales, como es el caso de la Plataforma Trans, o al menos aquellas que, dentro de estos colectivos, defiendan una transformación revolucionaria de nuestra sociedad. A tenor de la regresión reaccionaria que hoy vivimos, y con antecedentes como la iniciativa anticomunista recientemente aprobada por la UE, no es descartable que pronto ellas también sean enjuiciadas por un delito de odio, castigado con penas de entre 1 y 4 años de cárcel, por acciones tales como "enaltecer" la figura del Che llevando su imagen en una camiseta.

"Cuando la expresión del odio es sólo verbal, aunque esta venga de la extrema derecha más radical, la mejor y más legítima vía para refutarla es la contra-réplica bien argumentada y la organización popular"

A UN PASO DE PERSEGUIR EL “ODIO DE CLASE”

   Y es que, en cualquier caso, el odio es un sentimiento humano que no se puede suprimir por decreto legal. Otra cosa es que ese odio se exprese en actos violentos contra las personas, o en una incitación a cometerlos, convirtiéndose, entonces sí, en acciones punibles. Pero cuando la expresión del odio es sólo verbal, y aunque esta venga de la extrema derecha más radical, la mejor y más legítima vía para refutarla es la contra-réplica bien argumentada y la organización popular que favorezca la difusión de nuestro mensaje.

   Existe un odio, además, que, contrariamente a lo que pretende inculcar en los oprimidos cierto “pacifismo” cómplice de su opresión, resulta perfectamente legítimo y necesario como primer paso para su emancipación. El odio hacia un sistema económico que mata de hambre o de bala a una buena parte de la población mundial, el odio hacia quienes lo sostienen, el “odio de clase” de las víctimas hacia sus victimarios, es la contraparte imprescindible del amor a la humanidad, para que éste sea algo más que un vago sentimiento y se pueda plasmar en un proyecto realista de transformación social. Y este legítimo “odio de clase” ya ha comenzado a ser perseguido bajo el paraguas de leyes pretendidamente promulgadas para “defender a los colectivos más vulnerables”.

DENTRO DEL COLECTIVO TRANS TAMBIÉN HAY PERSONAS MUY BIEN SITUADAS Y ALEJADAS DE LA VULNERABILIDAD

   Dice el comunicado que la Plataforma Trans ha hecho público, saliendo al paso de las críticas recibidas por supuesto atentado contra la libertad de expresión, que doña Lidia Falcón ha criminalizado “a todo un sector social por su identidad, en este caso a una población muy vulnerable, atribuyéndole prácticas falsas”. Sin embargo, calificar de vulnerable al colectivo trans es, cuando menos, otra generalización sin fundamento.

   Vulnerables son los más de dos millones de personas que en este país hacen cola en los bancos de alimentos, las que se ven obligadas a dormir al raso, las que viven al filo de la indigencia aun trabajando, las mujeres y niñas que son traficadas, los y las sin papeles ni recursos propios, por nombrar unos pocos grupos en los que, por supuesto, puede haber personas trans, y que a la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, sumada a la denuncia, le importan un bledo.

"Tampoco debería obviar la Plataforma Trans los múltiples casos de insultos, vejaciones, amenazas de torturas, violaciones y asesinatos que ciertas personas trans dirigen contra las feministas radicales, demostrando que en esta polémica el odio no se manifiesta en un único bando"

   Pero dentro del colectivo trans hay también personas muy bien situadas, social, política y económicamente, que han ejercido su poder para conseguir en pocos años lo que muchos otros sectores sociales llevan décadas e incluso siglos demandando. ¿Podemos llamarlas vulnerables cuando han hecho posible que los Estados elaboren leyes a su medida, que los medios, los programas escolares e incluso las organizaciones supranacionales como la ONU adopten su particular neolengua y se la impongan al resto del mundo?

   De verdad, ¿cuándo se ha visto que un colectivo vulnerable de los que arriba mencioné haya cumplido estos logros? ¿Hemos conseguido acaso las asalariadas, asalariados y falsas autónomas que las leyes se adapten a nuestras demandas? ¿Han logrado las empleadas de hogar que se las equipare al régimen de otros sectores laborales? Si los y las trans que no necesitan trabajar ni recurrir a los servicios sociales para vivir, como la señora Cambroné, son vulnerables, entonces viva la vulnerabilidad.

   Prosigue el comunicado de la Plataforma Trans diciendo que quieren dejar patente su: “respeto absoluto a quienes, desde argumentos filosóficos y teóricos, tienen ideas o interpretaciones de las realidades trans distintas a las que se hacen desde el activismo trans”.

   Nos parece perfecto. Pero esto no es lo que han practicado y practican sus homónimos en otros lugares, donde se despide a la gente de sus trabajos por decir que el sexo es un hecho biológico, se impide que los científicos investiguen sobre las personas trans que detransicionan, se boicotea e impide la impartición de conferencias y clases cuyo contenido no gusta a los “transactivistas”, a veces empleando la violencia física; y, en definitiva, sí se considera un “delito de odio” – se encuentre tipificado o no de esta manera – cuestionar las “teorías” de ciertos lobbies transgeneristas. Estos son hechos demostrados -se pueden consultar aquí y aquí- que la Plataforma Trans no puede ignorar y que marcan el camino por el que parecen transitar los países de la Unión Europea, a la zaga del mundo anglosajón.

"Hay un odio legítimo, el “odio de clase”, que ya ha comenzado a ser perseguido bajo el paraguas de leyes pretendidamente promulgadas para “defender a los colectivos más vulnerables”

   Tampoco debería obviar la Plataforma Trans los múltiples casos de insultos, vejaciones, amenazas de torturas, violaciones y asesinatos que ciertas personas trans dirigen contra las feministas radicales, despectivamente llamadas TERF. Esto también son hechos constatables, por los que no hemos oído ninguna disculpa y que, aunque en parte achacables a personas con psicopatologías -producto estrella del capitalismo avanzado-, demuestran que el “odio” no se manifiesta en un único bando en esta polémica discusión.

   El comunicado de la Plataforma Trans concluye afirmando que “el feminismo es y ha sido la estrategia fundamental para promover la igualdad de oportunidades para todos los géneros”. Esto no es correcto: el feminismo no ha luchado ni lucha por la igualdad para todos los géneros, sino por la igualdad entre hombres y mujeres y contra los géneros, como estereotipos sociales que no hacen sino reforzar la desigualdad por razón de sexo.

   Personalmente, nos manifestamos en contra de que se discrimine al colectivo trans, así como también reconocemos los errores de contenido y forma que ha cometido la señora Falcón; pero no compartimos que se recurra a una ley burguesa para penalizarla o intentar acallar su voz.

"Nos manifestamos en contra de que se discrimine al colectivo trans, pero no compartimos que se recurra a una ley burguesa para penalizar a la señora Falcón o intentar acallar su voz. Los insultos o las falsedades se combaten con argumentos"

   Una ley que es un arma de doble filo, porque fácilmente se puede volver no sólo contra el antisionismo -tildándolo de "antisemitismo" - el antirracismo u otras "fobias", sino principalmente contra el anti-capitalismo y contra toda disidencia política que ponga en cuestión a la clase capitalista y sus instrumentos de dominación y manipulación.

   Los insultos o las falsedades se combaten con argumentos. Cuando se tienen, claro.

   El debate, el intercambio de opiniones, la confrontación dialéctica, son en estos casos las herramientas que debemos utilizar quienes no queremos apuntalar el sistema de explotación salvaje y la ofensiva de clase que nos ha tocado sufrir.