NI LA PANDEMIA DETIENE LA OLA DE CRÍMENES DEL EJÉRCITO COLOMBIANO

Por JOSÉ MELQUIADES PARA CANARIAS SEMANAL. ORG.-

    Dos nuevas víctimas se suman a la ya larga lista de activistas y líderes sociales asesinados por efectivos del Ejercito de Colombia y grupos paramilitares.

    De acuerdo con la denuncia realizada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) del pasado sábado 27 de junio, el joven campesino, Salvador Jaime Durán, resultó asesinado por disparos realizados por efectivos del ejército. Los hechos ocurrieron en el caserío de Filo Guamo del municipio de Teorama, en el departamento de Norte de Santander.

    La información da cuenta de la versión de varias personas de la comunidad quienes confirman que la víctima -de 22 años de edad- se encontraba esperando a su padre “cuando fue alcanzado por varios disparos de arma de fuego”.

    Los testimonios coinciden en afirmar que al escuchar disparos, una parte de la comunidad se presentó en el lugar de los hechos y tras “varios minutos de persecución a los autores de los disparos lograron establecer que se trataba de seis miembros del Ejército Nacional”.

    La versión del ejército la ofreció el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el brigadier general, Olveiro Pérez, quien afirmó el pasado domingo que tropas del Comando Operativo Energético No.1 desarrollaban labores de registro y control en esa zona cuando “fueron atacadas” y se vieron obligados a efectuar un "intercambio de disparos” en defensa propia. Por tal motivo, asegura el alto oficial, los hechos fueron reportados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que dichas entidades investiguen el caso.

    En cualquier caso, es preciso recordar el contexto en el que producen los asesinatos. La región del Catatumbo -fronteriza con Venezuela- es el escenario en el que tienen lugar los enfrentamientos entre las principales bandas paramilitares, narcotraficantes vinculadas al sicariato, la extorsión y secuestros contra los frentes guerrilleros que defienden parte del territorio campesino colombiano y sus derechos civiles: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP).

    El segundo caso, es el asesinato de también joven, Ovidio Baena, miembro la Unión Sindical Obrera (USO), de la petrolera estatal Ecopetrol, perpetrado igualmente el pasado sábado pero en el caribeño departamento de Bolívar.

    Según las fuentes consultadas, Baena, también miembro del movimiento de oposición Colombia Humana, que lidera el senador y ex candidato presidencial, Gustavo Petro, resultó muerto a manos de desconocidos cuando se encontraba en una finca del municipio de Carmen, estado Bolívar.

    De acuerdo con las fuentes, así lo denunció el senador Petro a través de su cuenta de Twitter: “Ovidio Baena, dirigente de los trabajadores petroleros, fue asesinado en Macayepo, Montes de María”.

    Como es evidente, la impunidad sigue teniendo buenas bases para los asesinos políticos en Colombia. Como se conoce, las fuerzas paramilitares no solo aportan fuerza adicional al ejército para asesinar, sino que le ofrecen modos de evadir la responsabilidad. Teóricamente, se dice, que los paramilitares constituyen un "fantasma" que el ejército no puede ni identificar, ni localizar.

    Pero no solo eso, el obstáculo principal de la impunidad es la imposibilidad real de procesar a los militares y sus oficiales involucrados directamente en ejecuciones o asociados con paramilitares. Todo ello ha contribuido a que se consoliden los vínculos entre militares y paramilitares, lo cual se traduce en una garantía para que dicha actividad asesina siga siendo tolerada.