EL ESCÁNDALO SOBRE LA DIVISIÓN DE PODERES: ENTRE CHULETAS E HIPÓCRITAS ANDA EL JUEGO

 POR MANUEL MEDINA PARA CANARIAS SEMANAL

 
    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró ayer a Radio Nacional de España que la Fiscalía General del Estado está haciendo en relación con la extradición de Puigdemont, lo que "el gobierno le ha pedido".

       Con la mesurada chulería que suele caracterizar al personaje, Sánchez se comprometió en el debate público que sostuvo con los otros candidatos a la presidencia del gobierno, a  "hacer volver a España a Puigdemond y que pase cuentas ante la justicia española".

     Como fuera preguntado por el locutor acerca de "cómo pensaba hacerlo", Sánchez respondió resuelto "que ya lo está haciendo". Y al precisar el entrevistador de que quien realmente lo está haciendo es la Fiscalía, el presidente del Ejecutivo español, con su típico tono fardón, le espetó  la pregunta, "¿Y la fiscalía de quien depende? "

    En realidad, a lo único que se atrevió Sánchez en la polémica entrevista fue a decir algo que ya sabíamos todos. El  "lapsus" que  ha convertido al presidente en blanco de un ejército de hipócritas, consistió simplemente en poner en evidencia algo que ellos no sólo aceptan sino que, incluso, con su acción, contribuyen a reforzar: que la división de poderes no existe.

    A estas alturas, en España, sólo los  ingenuos de capirote son  capaces de continuar creyendo  en el mantra de la division e independencia de  Poderes en la estructura institucional del Estado. O dicho de forma más directa: que  la alta magistratura que integra el Poder Judicial  no responde, en las cuestiones esenciales a la voz de su amo que, por cierto, no es precisamente el Poder Ejecutivo.  

    Pero  eso no sucede exclusivamente con el  Poder Judicial. El Poder Ejecutivo -o sea, el gobierno- y el Poder legislativo -o sea, el Parlamento- responden igualmente a los mandatos, -o sea, a las presiones, campañas de prensa, chantajes y amenazas - de otros poderes -los económicos-, que  sin que nadie haya procedido a elegirlos, disponen de la capacidad y de los instrumentos para dirigir a todos los demás.

PERO ¿QUÉ ESO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO?

     EstaS afirmaciónes no son una  pirueta especulativa del autor de este artículo. Es la pura  expresión de lo evidente. Deben de ser muy pocos los que no compartan en la actualidad esta perogrullada. Son precisamente aquellos que ahora se rasgan ostensiblemente escandalizados las vestiduras por la transparencia  chulesca  del actual presidente del gobierno, los que mejor conocen cómo es posible doblegar la cerviz de los Poderes del Estado. Por eso, las protestas, aspavientos, sorpresas que expresan tertulianos, fiscales, magistrados, directivos de medios de comunicación, expertos constitucionalistas, empresarios, sindicalistas y líderes de partidos políticos, no son otra cosa que una pura escenificación de la hipocresía.  Todos ellos, con mayor o menor cuota de responsabilidad, forman parte del tinglado estructural que hace posible, precisamente, que esa independencia  sea inexistente.

      Desde la aparición del Estado, y eso tuvo lugar en el momento en el que los hombres y las mujeres se convirtieron en seres productores, esa institución tuvo como función última ser un instrumento de dominio utilizado por  las clases económicamente poderosas, frente al peligro permanente de insubordinación que representaba la gran mayoría subalterna.

   El Estado a lo largo de la Historia no ha sido nunca un ente "neutral", que respondiera por igual a los intereses  del conjunto de la ciudadanía, independientemente de la clase social a la que ésta perteneciera. Ha sido siempre una estructura  al servicio de la clase social  que detentaba el poder económico.

     En la época del esclavismo romano, el Estado y sus leyes respondían  a los intereses de la clase patricia, no al de los esclavos, ni tampoco  a los libertos, pero pobres. Se legislaba para favorecer los intereses de los ricos. Se ordenaba la guerra para hacer crecer las arcas de aquellos a los que todo les sobraba.

     Durante el feudalismo sucedió otro tanto de lo mismo. El Estado o los reinos feudales, así como sus leyes, fueron diseñadas para reforzar  el poder de los señores, que eran una minoría, no el de los siervos de la gleba, que constituían la inmensa mayoría de la sociedad.

      Cuando en el pasado siglo XVIII, la burguesía ascendente, constituida por comerciantes e industriales, empezó a implantar su poder en las sociedades europeas, decía tener como aspiración la libertad para todos los ciudadanos, independientemente de cuál fuera  su origen social. Como respuesta al Estado autoritario anterior, los teóricos del liberalismo pretendieron diseñar un Estado dividido en tres poderes, independientes unos de otros: el ejecutivo el legislativo y el judicial.

      Con ese proyecto teórico e idealista se intentaba responder al poder unipersonal del que habían hecho uso los reyes de las monarquías autoritarias  precedentes. Pero  eso no era posible en una sociedad dividida en clases antagónicas, con intereses también contrapuestos.   Aquella construcción ideada por Montesquieu y los ilustrados franceses, como no podía ser de otra manera, quedó en una mera ilusión. ¿Cómo iba a permitir la nueva clase burguesa dominante que el Poder Legislativo promulgara leyes en contra de sus intereses y a favor de los de la mayoría? ¿O que los jueces permitieran que los campesinos hambrientos se negaran a pagar sus contribuciones?

¿Y QUE OCURRE EN LA ACTUALIDAD?

      Aunque este principio de "separación de poderes" figuró en todas las Constituciones de las democracias formales burguesas, la realidad pronto se encargó de convertir aquella utopía en letra muerta.

    Nos bastaría con estar al corriente de la actualidad diaria, para poder constatar hasta qué punto en la sociedad de nuestros días las cosas siguen sucediendo igual que entonces. Esencialmente nada ha cambiado, porque la  estructura de la sociedad tampoco lo ha hecho.

     ¿Como interpretar, si no, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español, según la cual los asalariados podrán ser despedidos de las empresas,  aún si sus ausencias al trabajo estuvieran plenamente justificadas  por los médicos acreditados de la Seguridad Social? ¿A quiénes perjudica esa sentencia? ¿Y quienes beneficia? La respuesta a estas sencillas preguntas dilucida a quién sirve  verdaderamente el poder judicial.

    ¿Cómo poder entender, si no es desde la perspectiva de la interpretación que hemos hecho en este artículo, que el Tribunal Supremo de España, en una contradictoria sentencia, diera la razón  a  la gran Banca y obligara a que fueran los clientes de esas entidades los que pagaran los impuestos multimillorarios de las hipotecas? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Y quienes los perjudicados? Interrogantes de este talante  podríamos proyectarlas ad infinitum. 

     Y ello no sucede, por cierto, sólo en España, como ahora pretende el converso europeísta Pablo Iglesias Turrión. Ocurre también en París, Berlín, y hasta en Pekín...