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Martes, 01 de Octubre de 2019 Tiempo de lectura:

DESPIDEN A UNA RECEPCIONISTA DEL AEROPUERTO DE MADRID POR SER "IDEOLÓGICAMENTE SOSPECHOSA"

Una trabajadora del Aeropuerto Madrid-Barajas despedida por sus opiniones y su militancia política

Quizás usted no haya llegado a saber todavía que si la Guardia civil lo considerara "ideológicamente sospechoso", podría perder su trabajo, aunque este estuviera precedido por décadas de un impoluto historial laboral. Eso es lo que le ha sucedido, precisamente, a Victoria Taibo, una recepcionista de las Salas VIP del aeropuerto de Madrid.

 

 

DE "SINDICALISTAS DE IZQUIERDAS"

 

 

    El pasado mes de agosto  Victoria Taibo fue despedida como recepcionista de las Salas VIP ("very important people") del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la empresa Gestio i Serveis Trade Center. La razón que se esgrimía fue que AENA le había anulado su acreditación de acceso a la Zona Restringida de Seguridad, sin la cual no podía acceder a las instalaciones del aeropuerto donde trabajaba. Y sin más, de patitas a la calle
 

 

      La División de Seguridad Aeroportuaria, dependiente de AENA, procedió a inhabilitar dicha acreditación debido a que

 

    «una vez realizadas las comprobaciones oportunas de identidad y de antecedentes personales por parte de los CCFFSE recogidas en la Instrucción SA-20 del texto anteriormente citado, la trabajadora de su empresa, Dña. VICTORIA TAIBO[…] ha sido declarada NO IDONEA para que sea expedida una acreditación aeroportuaria con acceso a Zona Restringida de Seguridad por parte de las citadas instituciones.»,

 

 

     Hasta la fecha de hoy no se ha dado a conocer  ningún motivo concreto  por el que se  ha declarado NO IDONEA a Victoria Taibo
 

 

El CNI y la Guardia Civil deciden quién trabaja o no en los aeropuertos

 

     Pero sí que hay una explicación ante esta grave actuación  arbitraria y abusiva por parte de la Administración, y es que se ha establecido un procedimiento de cara a acceder a dicha acreditación donde se valora tanto la militancia política y sindical, como la ideología y opiniones políticas de trabajadoras y trabajadores, tal y como se hacía durante la  pasada dictadura franquista.
 

 

    Actualmente, tras una reforma reciente del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, llevada adelante por el Gobierno del PSOE en febrero de este año, toda trabajadora o trabajador contratado por primera vez, debe someterse a una comprobación reforzada de cara a obtener dicha acreditación, que incluirá información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

 

     ¿Y cuál es esta información? ¿Qué información tiene el CNI de una persona que ni siquiera tiene antecedentes policiales? ¿Está el CNI espiando a todas y todos los ciudadanos? Y si es así, ¿en base a qué?, ¿con qué justificación?

 

 

     Estamos frente una legislación y una actuación gravísima, propia de una dictadura autoritaria, donde existen listas negras y caza de brujas. Una actuación que ya tiene precedentes, el de Patxi Zamora, un auxiliar de vuelo de Iberia despedido tras 32 años de trabajo al negársele la acreditación por parte de AENA y la Guardia Civil. La razón que dieron - tras requerírselo los tribunales, ya que inicialmente no dijeron nada de nada - fue que era una persona «próxima a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad aérea», por ir en una lista electoral avalada por partidos políticos completamente legales como Podemos, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra y por denunciar diversos casos de corrupción. Tampoco tenía antecedentes de ningún tipo, ni penales, ni policiales.

 

      Topamos de nuevo con las cloacas del Estado, pero en este caso nos encontramos ante una grave amenaza para los derechos de todas y todos los trabajadores aeroportuarios que necesiten dicha acreditación. Si se puede actuar con tal arbitrariedad en estos casos, ¿por qué no cuando se trata de un sindicalista que promueve una huelga en las instalaciones del aeropuerto? ¿Por qué no contra un trabajador o trabajadora que manifieste discrepancias con AENA o cualquier empresa para la que trabaje, o que tenga opiniones políticas que se califiquen de «amenaza» por el CNI? ¿Cuáles son los criterios que se siguen? ¿Cómo se controla que no haya una actuación arbitraria de la Administración? ¿Se monitorean las redes sociales de trabajadores y trabajadoras de cara a decidir si es o no idónea? ¿Cómo se garantiza que no se retira una acreditación simplemente para deshacerse de un trabajador o trabajadora que exija sus derechos o reclame sus salarios?

 

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