"LA JUSTICIA MILITAR EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA ES UN CÁNCER", DICE EL EX TENIENTE GONZALO SEGURA
Por vez primera, un Tribunal Militar español condenó estos dias a un oficial que se masturbaba en presencia de una soldado
Según el ex oficial del ejército español,Luis González Segura, no sólo es escandalosa la impunidad con la que acontecen los acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas, sino también los delitos que tienen que ver con casos de corrupción. Y todo ello sin que ni unos ni otros delitos sean debidamente sancionados por los tribunales militares de justicia.
REDACCION CANARIAS SEMANAL
El ex teniente Luis Gonzalo Segura, que fue expulsado del Ejército español hace unos años por la autoría de un libro en el que se denunciaba la corrupción existente en la cúpula de las Fuerzas Armadas españolas, escribió esta semana un artículo en el que bajo el título "La justicia militar, un cáncer en España (y también en Latinoamérica)" denuncia que la vigencia de la justicia militar en España, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, significa caminar en el sentido contrario a las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas en el año 2006.
Según el ex teniente Gonzalo Segura, en la actualidad el sistema jurídico castrense español se ha mostrado por completo incapaz de cumplir varios de los 20 principios establecidos por el informe de las Naciones Unidas, conocido como "Informe Decaux", pues incumple al menos los siguientes:
Nº 13: Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial.
Nº 14: Publicidad del juicio.
Nº 15: Garantía del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial.
Nº 16: Acceso de las vías a la tutela judicial efectiva.
Nº 17: Interposición de recursos ante tribunales ordinarios
.
De lo contrario, dice Luis Gonzalo, sería impensable los resultados obtenidos en los procedimientos militares más relevantes de los últimos tiempos, de los cuales vamos a realizar un somero repaso.
Para empezar, escribe Gonzalo Segura, se podría exponer la impunidad con la que acontecen los acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas. Hasta el 31 de diciembre de 2015 se produjeron un total de 174 denuncias por acoso o agresión sexual (y también laboral) de las que solo el 12,5% terminaron en condenas (21). Es decir, poco más de una de cada diez denuncias. No solo eso, sino que los tribunales militares permitieron que los condenados siguieran en las Fuerzas Armadas, lo que ocurrió con un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, un teniente coronel o un subteniente por tres o varios oficiales y suboficiales por una, en una situación por completo incompatible con la excelencia que se debe exigir y esperar de las Fuerzas Armadas, las cuales han terminado por convertirse en cobijo de delincuentes sexuales.
Peor aún - agrega en su artículo Luis Gonzalo - es la situación desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, momento en el que se produjeron un total de 90 denuncias de naturaleza sexual de las que ninguna de ellas terminase en condena. La tasa de condenas bajó, por tanto, de forma drástica del exiguo 12,5% al demoledor 0% en un momento en el que las militares españolas decidieron comenzar a denunciar la violencia sexual que sufrían.
Cuando un militar acosa o agrede a otra militar fuera del espacio militar es juzgado por la jurisdicción no militar y si es condenado es expulsado inmediatamente. En el caso de un acoso o agresión sexual de un militar a una persona no militar, civil por tanto, también resulta juzgado por la jurisdicción penal ordinaria y en caso de producirse condena el militar termina siendo expulsado.
LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION MILITAR
Sin embargo, - precisa el ex teniente - la situación no es mucho mejor cuando los delitos tienen que ver con casos de corrupción o fallecimiento de militares.
.
"Baste decir que ningún coronel ni general ha sido expulsado en los últimos 19 años por corrupción de las Fuerzas Armadas, dato cuanto menos cuestionable por cuanto los casos de corrupción se han amontonado en los medios de comunicación, siendo los más destacados la corrupción en el Acart Getafe, las facturas falsas en el Ejército del Aire, la corrupción en el Hospital Gómez Ulla o la corrupción en la adjudicación de contratos del ministerio de Defensa. En ninguno de estos escándalos de corrupción, cuando hubo condenados, los mismos fueron expulsados, por lo que una vez cumplidas las condenas siguieron o seguirán siendo miembros de las fuerzas armadas, convirtiendo a estas nuevamente en hogar de delincuentes."
No obstante, más de lo mismo sucede en los siniestros o accidentes que han terminado con la vida de los militares.
"Desde los explosivos en mal estado que han terminado con la vida de nueve de los últimos diez expertos en explosivos (los explosivos enemigos solo ha conseguido terminar con la vida de un militar) hasta los vehículos en mal estado como BMR o Lince, que han costado la vida a más de 40 personas, o las aeronaves, cuya alta siniestralidad ha causado múltiples siniestros y muertos en los últimos años (siniestros mortales en Eurofighter, F-18, F-5 o helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate). En ninguno de los casos un militar ha resultado condenado ".
La problemática de la justicia militar - se lamenta el exteniente - no solo afecta a España, sino también a América Latina, la cual además padece un alarmante proceso de militarización que está provocando la asignación de materias de seguridad interna a las fuerzas armadas en países como Brasil, Colombia o Argentina. En estos casos, la competencia de la justicia militar puede ser la diferencia entre la impunidad y el Estado de Derecho. Pensemos por ejemplo en el supuesto de que un militar terminase con la vida de una persona, hecho este que sería considerado como un homicidio por la justicia ordinaria, pero como un muerto en combate por la justicia militar. La diferencia es notoria.
UN CASO INSóLITO
No obstante, cuando cerramos la edición de este resumen del artículo del teniente Luis Gonzalo Segura, el Tribunal Militar Territorial Primero condenó a un oficial en la reserva del Ejército del Aire a seis años de cárcel y a pagar a una subordinada —a la que acosó dos años y frente a la que se masturbó en varias ocasiones— una indemnización de más de 106.000 euros. A la víctima, que había sido además expulsada del Ejército (aunque Defensa suspendió esta expulsión a la espera de esta sentencia), no la creyeron sus superiores.
Según declaró la militar, el teniente se masturbaba "hasta 15 veces al mes" en su presencia en ese periodo de tiempo. Sin embargo, su testimonio no sirvió para nada, pues ningún superior la creyó cuando los puso al corriente sobre el acoso a la que estaba siendo sometida. Sólo cuando tuvo la oportunidad de sacarle una fotografía con su móvil mientras procedía masturbarse en su presencia, tuvieron que creerla. Hasta ese momento no se procedió ningún tipo de procedimiento en contra del oficial abusador.
REDACCION CANARIAS SEMANAL
El ex teniente Luis Gonzalo Segura, que fue expulsado del Ejército español hace unos años por la autoría de un libro en el que se denunciaba la corrupción existente en la cúpula de las Fuerzas Armadas españolas, escribió esta semana un artículo en el que bajo el título "La justicia militar, un cáncer en España (y también en Latinoamérica)" denuncia que la vigencia de la justicia militar en España, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, significa caminar en el sentido contrario a las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas en el año 2006.
Según el ex teniente Gonzalo Segura, en la actualidad el sistema jurídico castrense español se ha mostrado por completo incapaz de cumplir varios de los 20 principios establecidos por el informe de las Naciones Unidas, conocido como "Informe Decaux", pues incumple al menos los siguientes:
Nº 13: Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial.
Nº 14: Publicidad del juicio.
Nº 15: Garantía del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial.
Nº 16: Acceso de las vías a la tutela judicial efectiva.
Nº 17: Interposición de recursos ante tribunales ordinarios
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De lo contrario, dice Luis Gonzalo, sería impensable los resultados obtenidos en los procedimientos militares más relevantes de los últimos tiempos, de los cuales vamos a realizar un somero repaso.
Para empezar, escribe Gonzalo Segura, se podría exponer la impunidad con la que acontecen los acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas. Hasta el 31 de diciembre de 2015 se produjeron un total de 174 denuncias por acoso o agresión sexual (y también laboral) de las que solo el 12,5% terminaron en condenas (21). Es decir, poco más de una de cada diez denuncias. No solo eso, sino que los tribunales militares permitieron que los condenados siguieran en las Fuerzas Armadas, lo que ocurrió con un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, un teniente coronel o un subteniente por tres o varios oficiales y suboficiales por una, en una situación por completo incompatible con la excelencia que se debe exigir y esperar de las Fuerzas Armadas, las cuales han terminado por convertirse en cobijo de delincuentes sexuales.
Peor aún - agrega en su artículo Luis Gonzalo - es la situación desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, momento en el que se produjeron un total de 90 denuncias de naturaleza sexual de las que ninguna de ellas terminase en condena. La tasa de condenas bajó, por tanto, de forma drástica del exiguo 12,5% al demoledor 0% en un momento en el que las militares españolas decidieron comenzar a denunciar la violencia sexual que sufrían.
Cuando un militar acosa o agrede a otra militar fuera del espacio militar es juzgado por la jurisdicción no militar y si es condenado es expulsado inmediatamente. En el caso de un acoso o agresión sexual de un militar a una persona no militar, civil por tanto, también resulta juzgado por la jurisdicción penal ordinaria y en caso de producirse condena el militar termina siendo expulsado.
LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION MILITAR
Sin embargo, - precisa el ex teniente - la situación no es mucho mejor cuando los delitos tienen que ver con casos de corrupción o fallecimiento de militares.
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"Baste decir que ningún coronel ni general ha sido expulsado en los últimos 19 años por corrupción de las Fuerzas Armadas, dato cuanto menos cuestionable por cuanto los casos de corrupción se han amontonado en los medios de comunicación, siendo los más destacados la corrupción en el Acart Getafe, las facturas falsas en el Ejército del Aire, la corrupción en el Hospital Gómez Ulla o la corrupción en la adjudicación de contratos del ministerio de Defensa. En ninguno de estos escándalos de corrupción, cuando hubo condenados, los mismos fueron expulsados, por lo que una vez cumplidas las condenas siguieron o seguirán siendo miembros de las fuerzas armadas, convirtiendo a estas nuevamente en hogar de delincuentes."
No obstante, más de lo mismo sucede en los siniestros o accidentes que han terminado con la vida de los militares.
"Desde los explosivos en mal estado que han terminado con la vida de nueve de los últimos diez expertos en explosivos (los explosivos enemigos solo ha conseguido terminar con la vida de un militar) hasta los vehículos en mal estado como BMR o Lince, que han costado la vida a más de 40 personas, o las aeronaves, cuya alta siniestralidad ha causado múltiples siniestros y muertos en los últimos años (siniestros mortales en Eurofighter, F-18, F-5 o helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate). En ninguno de los casos un militar ha resultado condenado ".
La problemática de la justicia militar - se lamenta el exteniente - no solo afecta a España, sino también a América Latina, la cual además padece un alarmante proceso de militarización que está provocando la asignación de materias de seguridad interna a las fuerzas armadas en países como Brasil, Colombia o Argentina. En estos casos, la competencia de la justicia militar puede ser la diferencia entre la impunidad y el Estado de Derecho. Pensemos por ejemplo en el supuesto de que un militar terminase con la vida de una persona, hecho este que sería considerado como un homicidio por la justicia ordinaria, pero como un muerto en combate por la justicia militar. La diferencia es notoria.
UN CASO INSóLITO
No obstante, cuando cerramos la edición de este resumen del artículo del teniente Luis Gonzalo Segura, el Tribunal Militar Territorial Primero condenó a un oficial en la reserva del Ejército del Aire a seis años de cárcel y a pagar a una subordinada —a la que acosó dos años y frente a la que se masturbó en varias ocasiones— una indemnización de más de 106.000 euros. A la víctima, que había sido además expulsada del Ejército (aunque Defensa suspendió esta expulsión a la espera de esta sentencia), no la creyeron sus superiores.
Según declaró la militar, el teniente se masturbaba "hasta 15 veces al mes" en su presencia en ese periodo de tiempo. Sin embargo, su testimonio no sirvió para nada, pues ningún superior la creyó cuando los puso al corriente sobre el acoso a la que estaba siendo sometida. Sólo cuando tuvo la oportunidad de sacarle una fotografía con su móvil mientras procedía masturbarse en su presencia, tuvieron que creerla. Hasta ese momento no se procedió ningún tipo de procedimiento en contra del oficial abusador.
AMEAUXET | Lunes, 01 de Julio de 2019 a las 10:40:09 horas
LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL RÉGIMEN MILITAR FRANQUISTA CONTADA POR UN GENERAL EN JEFE DE ARTILLERIA , LA TORRE ROCA
Pero quizá lo más llamativo de las memorias de Latorre Roca, que acabó con una prebenda en la Confederación Hidrográfica del Duero, son las continuas menciones a una corrupción desbordante como elemento cohesionador del franquismo.
Menciona ejemplos de militares africanistas, como Joaquín Ríos Capapé, que traficaban con bebidas alcohólicas, café y puros habanos desde el Protectorado de Marruecos o a esposas de generales haciendo caja con vales de gasolina con la permisividad y connivencia del Estado.
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