"LAS ADMINISTRACIONES CANARIAS DEBEN RESCINDIR LOS CONTRATOS A LAS EMPRESAS ESCLAVISTAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD"

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La organización Intersindical Canaria ha manifestado "su satisfacción ante la decisión de la Consejería de sanidad del Gobierno de Canarias de dejar en suspenso el contrato con el Grupo Ralons", propiedad del empresario multimputado Miguel Ángel Ramírez, que actualmente es adjudicatario del servicio de Limpieza en el Hospital de la Gomera.

   El sindicato, no obstante, reclama al Ejecutivo regional, y al conjunto de las instituciones públicas de las Islas que  "amplié tal medida al conjunto de contratos que mantiene esa mismo empresario en otras áreas laborales públicas, así como como con el conjunto de empresas esclavistas con las que conserva relación contractual en los diferentes servicios públicos de la islas, como Sinergias de Vigilancia y Novosegur, en las que al igual que Ralons, se impone a las personas el impago de salarios y unas condiciones laborales abusivas".

   "Lógicamente -especifican desde IC -  el rescate de los servicios debe incluir la subrogación del conjunto de los trabajadores de la empresa cesante tal como está establecido en los respectivos convenios de los sectores de Limpieza y Seguridad".

   Para Intersindical, "no resulta admisible que el Ejecutivo autonómico ni el resto de administraciones pública, como la Universidad de Las Palmas, los cabildos o los ayuntamientos, no sigan mirando hacia otro lado cuando el dinero público que entregan a las empresas adjudicatarias de servicios, es malversado por éstas mediante el fraude de la sobreexplotación y la retención del abono de los salarios que corresponden a los trabajadores, prácticas estas que han merecido diferentes sentencias condenatorias de los tribunales de Justicia".

   "El mantenimiento de relaciones de prestación de servicios con los empresarios infractores convierte a las diferentes instituciones públicas - afirman - en cómplices directos del delito y supone un incentivo para las empresas a continuar cometiendo fraude laboral. Ello, aparte de los demostrados perjuicios que estas empresas crean a los diferentes servicios a la ciudadanía  mediante el fomento de la conflictividad laboral".