VUELVE EL 'PLAN COLOMBIA' COMO ARMA DE GUERRA

   Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Según el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, el ejército debe salvaguardar a la población del país y para ello se están usando todas las armas disponibles. Lo que no explicó es cómo va a proteger a la población fumigándola con un conocido cancerígeno.

   La noticia del renacimiento del Plan Colombia fue celebrada en Washington D.C. En un informe del Departamento de Estado se dice que es “el paso más bienvenido”. La nueva administración Biden considera a Colombia como un “bright spot” (lugar luminoso) en la guerra regional contra los narcóticos, a pesar de que también sabe que la producción de cocaína en el país ha experimentado un “crecimiento explosivo” en los últimos años, situándolo en el puesto número uno de países productores y exportadores.

   El informe también destaca a Venezuela y Bolivia como casos problemáticos y que se niegan a cooperar en la guerra contra las drogas.

   El paso dado por Colombia es una vuelta a las políticas asociadas al controvertido Plan Colombia (2000-2015) y al presidente Álvaro Uribe. Lo que el ex-presidente Andrés Pastrana inició en 1999 como propuesta de reconciliación y desarrollo, las administraciones de Clinton y Bush lo tornaron en un infierno bélico.

   Washington suministró armas, dinero y apoyo político al gobierno y sus aliados paramilitares para perseguir a las guerrillas de las FARC, que controlaban gran parte de los fértiles campos del país. El resultado fue una catástrofe ecológica que obligó a enormes cantidades de campesinos a emigrar a los superpoblados suburbios urbanos.

   Bajo el Plan Colombia se dio rienda suelta al ejército y bandas paramilitares para que mataran a placer, diciendo después que sus víctimas eran guerrilleros de las FARC (los llamados “falsos positivos”). Bajo el mandato de Uribe, asesinaron a más de 10.000 personas inocentes -muchos de ellos líderes de sindicatos campesinos y de grupos indígenas-. Sólo más tarde el gobierno admitiría que esas víctimas no tenían conexión con las FARC.

   Estados Unidos financió directamente esta masacre, ya que cuantos más “narco-terroristas” muertos se reportaran, más dinero y armas suministraría.

   Mientras el Plan Colombia, apadrinado por Washington, convertía al país en el lugar más peligroso del mundo para un sindicalista, documentos estadounidenses clasificados identificaban a Uribe como uno de los más importantes traficantes de drogas de la nación, asociado al infame Cartel de Medellín y amigo personal de Pablo Escobar. Los beneficios del tráfico de drogas financiaron la campaña electoral de Uribe en 2002 y 2006.

   La facilidad con que se fabrica y transporta la cocaína -y el cruce de los traficantes por unas fronteras poco vigiladas- evitaron que este tráfico resultase afectado por más de una década de bombardeos, fumigaciones y violencia. Lo que se logró, sin embargo, fue que la “tierra quemada” quedase a disposición del gran agro-negocio y las empresas mineras.

   Joe Biden dijo que fue él “el tipo que armó el Plan Colombia … poniendo en orden a ese gobierno durante mucho tiempo”.

   Cuando el debate sobre el Plan llegó al Senado, Biden se unió a los republicanos en su apuesta por una estrategia dura, declarando que “Lo que está en juego es si Colombia se convertirá o no en un narco-estado”, y advirtiendo que, si no se aprobaba, el hemisferio se volvería un paraíso para los terroristas y los traficantes de drogas.

   El Plan Colombia fue abandonado por el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) en 2015 como parte de un plan más amplio de negociación con las FARC. Al año siguiente, su administración firmaba el “acuerdo de paz” con el grupo guerrillero, que entregó las armas; y a Santos se le otorgó el Premio Nobel de la Paz.

   Nadie sabe aún cómo la jefatura de las FARC pudo incurrir en tal engaño, ya que, con la elección del protegido de Uribe, Iván Duque, en 2018, volvió la violencia. El gobierno, estrechamente vinculado a los paramilitares de extrema derecha, tiraron de la lista de los ex-miembros de las FARC que firmaron los acuerdos y comenzó la cacería.

   Según el grupo colombiano de derechos humanos Indepaz, ha habido al menos 259 asesinatos. Sólo en 2021 hubo 17 masacres, muchas de cuyas víctimas eran líderes sociales. Y en los últimos tres meses 10 ex-guerrilleros de las FARC han sido asesinados.

   La administración Duque sigue usando a la guerrilla de las FARC como excusa para ejercer violencia contra su propia población. En este mes, bombardeó el puesto de un grupo escindido de las FARC en la provincia sureña de Guaviare. Se teme que hubo 12 niños muertos como resultado del ataque; pero el ministro de Defensa dijo que esos niños son forzados a ser soldados como parte de una “maquinaria de guerra que planeaba ataques terroristas”.

   La noticia de una vuelta a las fumigaciones resulta especialmente chocante, ya que Bayer, compañía socia de Monsanto, declaró el año pasado que lleva gastados 10.000 millones de dólares en demandas de los pacientes que han contraído cáncer, lo que demuestra que sabía de los efectos negativos de su producto. Los tribunales estadounidenses han llegado a la misma conclusión.

   Por eso, la decisión de expandir el glifosato en Colombia es otra prueba de que se pretende volver a la guerra química, cuyas víctimas serán principalmente los campesinos colombianos.