BLAS TRUJILLO Y CONRADO DOMÍNGUEZ: ¿VENDIENDO "CRECEPELOS" EN FAVOR DE LA SANIDAD PRIVADA?

Por A. RAMÍREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Como "auténticos vendedores de crecepelos" ha calificado la  Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) al consejero Blas Trujillo - del PSOE -y  Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud (SCS) que ya ejerció ese cargo durante la pasada legislatura, con José Manuel Baltar como consejero de Sanidad.

   Y es que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que el "nuevo plan" para abordar las listas de espera anunciado por los máximos responsables de la Consejería se va a fundamentar, una vez más, en un incremento del peso concedido a los conciertos con las empresas privadas del sector. 

   "Ahora -advierten - han decidido llamarlo "autoconcertación", que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como "peonadas"".

"LA CONCERTACIÓN CON LA SANIDAD PRIVADA HA SUPUESTO UNA CONGELACIÓN DE LOS RECURSOS DEDICADOS A LA PÚBLICA"

  En este sentido desde la ADSPC denuncia la "artimaña" utilizada por la Consejería de Sanidad, consistente en anunciar que sólo se recurrirá a las empresas privadas con ánimo de lucro, una vez activado el 100% de la sanidad pública; cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas)".

   "Es evidente  -explican - que no es lo mismo "utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%" que "utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%" y Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo estos requisitos legales".

  "Ha sido evidente -añaden -   la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas y  por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible".

   "Del mismo modo -continúan exponiendo - también con la Ley 15/97 cuya derogación reclamamos igualmente, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español".

    En términos generales, la  ADSPC denuncia que "la concertación con la sanidad privada ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos".

  "El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen".

  "Debido a esto -apuntan- ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente".

LA "AUTOCONCERTACIÓN", UN INSTRUMENTO PERVERSO

   La Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) critica, asimismo, que ahora la Consejería "hable pomposamente de establecer un "distrito único"", por tratarse -dicen - "de una idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas".

   "¿No será  -se preguntan - que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y "de utilización pública" según la normativa son para el Consejero "parte de la Sanidad Pública", haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado?".

   "Por otro lado, la ADSPCE considera que "aunque la "autoconcertación" es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: - Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación".

- Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales.

 - Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa).

 -Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos.

 - La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas).

 - Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.

    "La guinda del plan - afirman - la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato sería por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial, lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las "peonadas"".

   "También cabe señalar  -concluyen - que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia".

    "A la ciudadanía y los profesionales solo nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso - concluyen - saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo".