LA GRAN MENTIRA DEL "INGRESO MÍNIMO VITAL"

   Por CLARA LÓPEZ GONZÁLEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Cuando el pasado mes de junio el gobierno de España aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) el vicepresidente, Pablo Iglesias, calificó la medida como "el mayor avance en derechos sociales en la historia de España desde la aprobación de la ley de dependencia".

   Los millones de españoles que sabemos en lo que ha quedado la Ley de Dependencia, que el gobierno del PSOE presentó también en su día como el mayor logro en la historia de la democracia española, teníamos motivos para sospechar que la IMV podría resultar en un fiasco similar.

   Muchos también sabíamos que el IMV no es ningún derecho social, sino una medida asistencial que, en realidad, recorta derechos sociales a la clase trabajadora, como puso claramente de manifiesto el artículo de Crónica de Clase “Ingreso Mínimo Vital ¿De qué presumís?”.

   Lo que quizás no anticipamos es que el IMV se iba a estrellar nada más despegar.

"Cuando el IMV se aprobó el 29 de mayo, el gobierno dijo que este subsidio beneficiaría a 2,3 millones de personas. A 7 de agosto sólo se habían aprobado 3.966 solicitudes en todo el Estado, de un total de más de 600.000"

   Cuando el IMV se aprobó el 29 de mayo, el gobierno dijo que este subsidio beneficiaría a 2,3 millones de personas. Pues bien, desde que se abrió el plazo para solicitarlo el 15 de junio, aparte de los 74.100 que se concedieron de oficio el 26 del mismo mes, a 7 de agosto sólo se habían aprobado 3.966 solicitudes en todo el Estado de un total de más de 600.000 que llegaron a la administración a finales de julio.

   Es decir, no se han concedido ni siquiera el 1% de unas ayudas que se suponía eran una medida de emergencia, en un país que, en 2018, tenía a una media del 26,1% de la población en la pobreza y en riesgo de exclusión social; cifra que, tras la crisis del coronavirus, se ha incrementado considerablamente. Pero, además, de las más del medio millón de solicitudes de IMV que había el 7 de agosto, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales, calcula que la mitad serán denegadas.

   Estos datos se conocen, no porque los haya hecho públicos el Ministerio, sino porque la Asociación Víctimas del Paro solicitó la información.

"No se han concedido ni siquiera el 1% de unas ayudas que se suponía eran una medida de emergencia"

   Una medida que se calificó de vital, sin embargo, contempla tres meses de plazo para resolverse, tiempo excesivamente largo para muchas familias que están al filo de la desesperación.

   Además, se da la paradoja de que, aunque se dijo que el IMV iba a ser compatible con las prestaciones que ya conceden las Comunidades Autónomas, lo que está ocurriendo es que el IMV está paralizando estas otras prestaciones hasta que la administración resuelva si son o no compatibles. Es decir, están incluso restando recursos a las familias que más los necesitan.

   Lo más grave está sucediendo en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno del derechista Partido Popular -el menos popular de todos los partidos- está aprovechando el IMV para cancelar la prestación que concede la propia Comunidad (Renta Mínima de Inserción – RMI). Según la Plataforma RMI Tu Derecho, la CAM está enviando cartas a los perceptores de la RMI urgiéndoles a que comuniquen en el plazo de 10 días si han solicitado el Ingreso Mínimo Vital, porque, en ese caso, les quitan la prestación, lo cual está poniendo a estas familias en una situación angustiosa.

   ¿A qué se deben estos pobres resultados? Hay al menos dos motivos:

   1) El colapso administrativo. La Administración central no ha previsto dotar a las entidades que tramitan las solicitudes de personal suficiente. Según los sindicatos, el motivo principal del colapso es la merma de la plantilla del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), que ha perdido 2.100 funcionarios en 10 años, y de estos a día de hoy un tercio se halla de vacaciones.

   Para agilizar el servicio, a mediados de julio el ministerio dirigido por Escrivá subcontrató a Tragsatec, filial de la empresa semipública Tragsa, por 7,6 millones de euros, que ha empleado a 500 tramitadores. Tragsatec ya estuvo en el punto de mira del Tribunal de Cuentas cuando fue contratado en 2013 por la entonces ministra de trabajo Fátima Báñez.

   2) Unos requisitos burocráticos que están fuera del alcance de muchas de las personas que necesitan el IMV. La Plataforma RMI Tu Derecho, una de las asociaciones de voluntarios que en todo el Estado están ayudando a las familias con estos trámites, los califican de demenciales. Hay incluso preguntas en los formularios que muchas personas solicitantes se ven imposibilitadas de contestar.

   Los centros administrativos como el INSS, las Juntas de Distrito, el SEPE, etc., están cerrados, pese a la “nueva normalidad” en la crisis del COVID-19. Ello obliga a presentar los documentos requeridos por vía telemática y, además, en archivos de imagen que sólo permiten tres formatos. Para ello, la persona solicitante debe obtener el certificado digital. Sin embargo, la mayoría de solicitantes no tienen para pagar una conexión a Internet, ni conocimientos para presentar la solicitud, por lo que se ven precisados a recurrir a terceras personas, que pueden ser parientes o personas voluntarias que se prestan desinteresadamente.

   Ocurre, sin embargo, según alertan las asociaciones de voluntarios, que están proliferando los locutorios y gestorías que cobran entre 40 y 60 euros por simplemente fotocopiar y presentar telemáticamente la solicitud. También algunas ONG's y los trabajadores sociales se están encargando de estos trámites, porque hasta la atención telefónica del INSS está colapsada.

   Por último, aunque no menos importante, el excesivo período de tramitación de tres meses y un silencio administrativo que equivale a que la solicitud está denegada provocan en las personas solicitantes del Ingreso Mínimo Vital -al parecer el menos vital de todos los ingresos- una angustia y estrés prolongados, que se suman a su desesperada situación material.

   ¿Estaríamos exagerando al calificar esto de violencia institucional?