ÁLVARO URIBE NO FUE DETENIDO POR SUS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha decidido por unanimidad el arresto domiciliario del senador y ex-presidente Álvaro Uribe Vélez.

   Aunque Uribe tiene más de 200 procesos penales en su contra por una larga lista de delitos, ha sido detenido por indicios de soborno y fraude procesal en el caso de “falsos testigos” contra el congresista Iván Cepeda del Polo Democrático.

   El tiro le salió a Uribe por la culata

   En 2012, Uribe acusó a Cepeda ante el máximo tribunal colombiano, encargado de juzgar a parlamentarios, de crear falsos testimonios en su contra. Sin embargo, la Corte no halló elementos contra Cepeda pero sí contra Uribe, quien paradójicamente habría fabricado testimonios sobre Cepeda y, además, sobornado a ex-paramilitares procesados por la justicia para protegerse a sí mismo y a su hermano Santiago, otro delincuente.

   Iván Cepeda investigaba a Álvaro y Santiago Uribe por los hechos de la Hacienda Guacharacas, en Antioquia, propiedad de ambos hermanos, que habría sido el epicentro del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) y los hermanos Uribe sus comandantes, cuando Álvaro era gobernador de Antioquía en los años 90.

   En 2018, la Corte llamó a comparecer a Álvaro Uribe por la manipulación de testigos y, para evitar ser procesado por el máximo tribunal, renunció a su cargo de senador. Dos años después, con un proceso que parecía administrativamente congelado, la Corte ha decidido su arresto domiciliario para ser procesado.

   Ascenso y legado criminal
 

   El historial de Álvaro Uribe puede considerarse monstruoso. Los genocidios del 11 de junio de 1996 en La Granja y del 22 de octubre de 1997 en El Aro, durante su mandato como gobernador de Antioquia y jefe paramilitar, son un punto crítico en la que sería luego una larga carrera hasta los niveles mál altos de la política de Colombia.

   El ascenso ocurrió en los cruentos años 90. El auge del paramilitarismo y el narcotráfico y el recrudecimiento de la guerra contra las guerrillas fue el contexto en el que las viejas oligarquías perdían el control del territorio y el Estado colombiano la facultad de regir la institucionalidad y el país.

   Uribe consolidó su ascenso hasta la presidencia de Colombia siendo parte de un nuevo ala del narcoparamilitarismo. Un ala ascendente del poder que se deslindaba de las oligarquías familiares de origen y que representa todos los sentidos comunes de los aspirantes y nuevas élites emergentes, construidas por los auspicios del narcotráfico, el lavado de capitales, el contrabando e ilícitos fronterizos y una Colombia que no era tan refinada como las zonas acomodadas de Bogotá.

   Lo que fue el paso de Pablo Escobar por la política de Colombia, ganando un escaño como senador, sería perfeccionado por Uribe hasta alcanzar la presidencia e incluso formar un sector político hecho a medida mediante el partido Centro Democrático.

   El uribismo ha alcanzado incluso el sitial de la presidencia nuevamente mediante Iván Duque, pero es el denominador de una estructura mucho más profunda. No es Uribe, no es Duque; es el todo. Es la vieja y la nueva clase. Es la estructura toda.

   La pugna tras bastidores y lo que puede desencadenar

   Una estructura de poder emergente puso en entredicho a la vieja clase y esto se ha conocido en la política de Colombia como una lucha entre élites y una pugna política abierta, que parece una simple disputa entre partidos. Pero es mucho más que eso.

   El hecho de que Uribe sea procesado por sobornar testigos para hundir a Cepeda es una gran señal de que la justicia de Colombia, aunque obra bien en este caso, está también a punto de engullir al líder paramilitar por razones que debemos considerar fuera de la escena penal.

   Dicho de otra manera: pese a las contundentes pruebas que existen de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y vínculos exactos del ex-mandatario con factores del narcoparamilitarismo, Uribe es procesado por una leguleyería, que, aunque bastante grave, recuerda a la de Al Capone siendo juzgado por evasión de impuestos.

   Es indispensable entender la unanimidad en la decisión de la Corte Suprema de Colombia como claramente concertada por la élite conservadora, para finalmente dar al traste con Uribe y el poder y sectores que representa.

   Vale decir que la manipulación de testigos que habría cometido este ex-jefe paramilitar no sería solo para señalar a Cepeda, sino para encubrir su nombre en crímenes de hace más de 20 años, lo cual implica que el resultado de este juicio podría desencadenar nuevos cargos y Uribe podría estar entrando en una espiral judicial.

   Tal vez la judicialización de la política (lawfare), fenómeno cada vez más en alza en América Latina, esté haciéndose un gran lugar en Colombia en un proceso de guerra abierta de una narco-elite contra la otra.

   Para estos sectores, ya no hay zona de distensión. La institucionalidad judicial, que había servido para delinear que el enfrentamiento estaba solo entre los partidos y medios de comunicación, ha sido ahora empleada instrumentalmente sobre el máximo líder del bando emergente.

   En este hito se pone de relieve la probable bendición de la DEA (Agencia estadounidense de la droga) y las autoridades de EE.UU sobre los hechos en Colombia. Son los gendarmes de ambos naco-estados quienes han tenido en Uribe a un vasallo para las operaciones contra Venezuela y la consolidación del andamiaje militar estadounidense en Colombia.

   Podrían estar declarando la inutilidad de Uribe y dándole vuelta de hoja. Podrían estar sacándolo del juego para facilitar un reacomodo.

   Es altamente probable que el uribismo contraataque empleando al ejecutivo bajo su control (gobierno de Iván Duque), pudiendo desatar con ello un episodio de conflicto de poderes que podría dejar a la judicializada política e institucionalidad peruana como unos amateurs, por la magnitud de Colombia, por el tamaño de sus instituciones, e incluso por los ingentes recursos del narco que están en disputa.

   Podría incluso despertar a los no tan viejos pero sí perennes fantasmas de los grandes asesinatos políticos y terrorismo que conmocionaron a ese país en los años 80 y 90, solo que aquellos, que lo fueron en el marco de “la guerra contra el narco”, serían reeditados hoy en una “guerra entre narcos y paramilitares”.

   Los eventos en Colombia seguirán siendo interesantes por su magnitud y hay que observarlos en una dimensión hecha a la medida. La perplejidad de esta acción contra Uribe no debe entenderse entonces como el fin de un ciclo, sino como la cúspide en esta etapa de la disputa por Colombia, que promete estar llena de contradicciones y encrucijadas.

Fuente:

https://medium.com/@misionverdad2012/la-judicializaci%C3%B3n-de-%C3%A1lvaro-uribe-el-inicio-de-una-nueva-narcoguerra-en-colombia-bafd04ce0cd5