Los medios de la provincia oriental ponen de manifiesto que "quién paga, manda"
LA PRENSA CORPORATIVA DE LAS PALMAS AL AUXILIO DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ
Sugieren que la nueva querella de la fiscalía contra el empresario podría deberse a una "persecución"
A finales de la pasada semana, diversos medios de comunicación de ámbito estatal se hacían eco de la última querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario grancanario, y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A finales de la pasada semana, diversos medios de comunicación de ámbito estatal se hacían eco de la última querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario grancanario, y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Ramírez, que tiene abiertos otros procedimientos penales por presuntos fraudes multimillonarios a la Seguridad Social, tendrá que enfrentarse ahora a la acusación realizada por la Fiscalía de descapitalizar de forma fraudulenta Seguridad Integral Canaria (SIC), transfiriendo sus bienes a otras empresas o personas supuestamente controladas por él.
En los procesos ya abiertos contra el empresario se le acusa de presentar sistemáticamente las horas extras que cobraban los vigilantes de SIC como si fueran dietas, para no abonarlas a la Seguridad Social, y se le reclaman las cotizaciones que también dejó de aportar al pagar a sus trabajadores un convenio de empresa con sueldos muy inferiores los pactados en el sector a nivel estatal.
Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia a un lugar secundario
Ramírez, en efecto, fue conocido durante años como "el rey de la seguridad low cost", por los numerosos contratos públicos que SIC consiguió, tanto en Canarias como en la península, al ofertar tarifas mucho más bajas de la competencia. Una estrategia que pudo implementar gracias a los millones que dejó de pagar a sus empleados y que que se vino abajo cuando el Supremo obligó a la empresa a ingresar los salarios pactados en el convenio sectorial.
El Ministerio Público le acusa ahora -a él y a otras ocho personas, entre ellas a Héctor de Armas, actual administrador de Seguridad Integral Canaria- de insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores, porque considera que vació de bienes la compañía de seguridad para eludir el pago de sus deudas, mediante operaciones financieras que los pusieron a nombre de terceras personas, empresas o fundaciones tras las cuales ve la mano del propio Miguel Ángel Ramírez.
Al sostener esa tesis, la Fiscalía da la razón a los sindicatos del sector, que llevan años denunciando que las empresas que estaban tomando el relevo de SIC tras declararse esta en concurso de acreedores, como Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) o Novosegur, son compañías controladas por el propio Ramírez a través de personas interpuestas. Algo que él siempre ha negado.
Mención aparte merece el caso del medio CanariasenHora que, según información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez.
LA SIGNIFICATIVA "DISCRECIÓN" DE LOS MEDIOS DE LAS PALMAS
La relevancia social del polémico empresario, y la importancia de la nueva denuncia a la que debe enfrentarse, justificarían sobradamente un amplio tratamiento de la misma por parte de los medios de comunicación de la provincia de Las Palmas. Dicho tratamiento, sin embargo, ha vuelto a poner de manifiesto la nula credibilidad que puede atribuirse a la prensa corporativa cuando los intereses económicos que los sostienen se encuentran en juego.
Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia sobre este importante suministrador de fondos a través de la publicidad de sus empresas del Grupo RALONS, a un segundo plano; llegando incluso a "desaparecerla" de sus ediciones digitales.
No ha sido Pedro Guerra, en cualquier caso, el único en sugerir supuestas causas espurias para justificar los crecientes problemas con la justicia de Miguel Ángel Ramírez.
Con significativa discreción la trataban, por ejemplo, tanto el diario La Provincia como el Canarias 7, en el que, de inmediato, cobraba relevancia la versión del empresario, que "dice sentirse acosado por la Fiscalía" y ser objeto de una suerte de persecución construida mediante "interpretaciones maliciosas".
El contrapunto informativo en la prensa digital corporativa lo ponía el diario socialdemócrata CanariasAhora, cuyo propietario Carlos Sosa, si bien fue igualmente financiado por Ramírez en el pasado, mantiene en la actualidad un conocido enfrentamiento con el empresario por su presunta participación en un plan para perjudicar a la jueza y pareja del periodista, Mª Victoria Rosell.
LOS "OPINADORES" EN DEFENSA DEL PATRÓN
Mención aparte en cuanto al tratamiento de este proceso merece el caso del medio CanariasenHora que, según información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez. Difícil sería, en cualquier caso, encontrar otra explicación más plausible para la defensa lacayuna que, de manera sistemática, realiza el director de este diario, Pedro Guerra, de todas y cada una de las actuaciones del empresario multiimputado.
El pasado viernes, en el marco del programa La Canallesca, de la Cadena SER, Guerra se esforzaba una vez más en presentar la denuncia interpuesta por la fiscal Evangelina Ríos como una suerte de "vendetta personal" contra su jefe, asegurando que "otra querella por motivos similares contra Miguel Ángel Ramírez ya había sido archivada en el pasado".
Huelga decir, suponemos, que sería inútil buscar la más mínima alusión a este proceso en la web dirigida por Pedro Guerra. Un "paraperiodista" especializado en medrar a la sombra del poder, cuyas prácticas macartistas ya fueron denunciadas en el pasado por militantes de la izquierda canaria, a los que criminalizó desde las páginas de La Provincia, por acudir a una conferencia celebrada con miembros de la organización vasca Askapena en Las Palmas, que había sido organizada por Intersindical Canaria.
Francisco Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias
No ha sido Pedro Guerra, en cualquier caso, el único en sugerir supuestas causas espurias para justificar los crecientes problemas con la justicia de Miguel Ángel Ramírez.
Entre otras columnas de opinión "exculpatorias", en el citado programa de la Cadena SER en Las Palmas, el también periodista y editor Francisco Pomares dejaba caer, sibilinamente, que "el gran error de Ramírez había sido dar el salto a la Península en el negocio de la Seguridad, creyendo ingenuamente que las grandes compañías del sector no iban a reaccionar ante esta competencia".
Con la misma cuidada ambigüedad, Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias.
Ni uno solo de los contertulios de la emisora "progresista" tuvo a bien recordar que, si por algo es conocido en la sociedad canaria Miguel Ángel Ramírez, además de por su presidencia de la UD Las Palmas, es por haber dejado sin cobrar sus sueldos durante meses a miles de trabajadores, por pagarles por debajo de lo establecido por la Ley y por llevar a cabo en sus empresas prácticas calificadas por los sindicatos como auténticamente "mafiosas".
Pero ya se sabe que, en nuestra sociedad, quién paga, manda.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A finales de la pasada semana, diversos medios de comunicación de ámbito estatal se hacían eco de la última querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario grancanario, y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Ramírez, que tiene abiertos otros procedimientos penales por presuntos fraudes multimillonarios a la Seguridad Social, tendrá que enfrentarse ahora a la acusación realizada por la Fiscalía de descapitalizar de forma fraudulenta Seguridad Integral Canaria (SIC), transfiriendo sus bienes a otras empresas o personas supuestamente controladas por él.
En los procesos ya abiertos contra el empresario se le acusa de presentar sistemáticamente las horas extras que cobraban los vigilantes de SIC como si fueran dietas, para no abonarlas a la Seguridad Social, y se le reclaman las cotizaciones que también dejó de aportar al pagar a sus trabajadores un convenio de empresa con sueldos muy inferiores los pactados en el sector a nivel estatal.
Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia a un lugar secundario
Ramírez, en efecto, fue conocido durante años como "el rey de la seguridad low cost", por los numerosos contratos públicos que SIC consiguió, tanto en Canarias como en la península, al ofertar tarifas mucho más bajas de la competencia. Una estrategia que pudo implementar gracias a los millones que dejó de pagar a sus empleados y que que se vino abajo cuando el Supremo obligó a la empresa a ingresar los salarios pactados en el convenio sectorial.
El Ministerio Público le acusa ahora -a él y a otras ocho personas, entre ellas a Héctor de Armas, actual administrador de Seguridad Integral Canaria- de insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores, porque considera que vació de bienes la compañía de seguridad para eludir el pago de sus deudas, mediante operaciones financieras que los pusieron a nombre de terceras personas, empresas o fundaciones tras las cuales ve la mano del propio Miguel Ángel Ramírez.
Al sostener esa tesis, la Fiscalía da la razón a los sindicatos del sector, que llevan años denunciando que las empresas que estaban tomando el relevo de SIC tras declararse esta en concurso de acreedores, como Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) o Novosegur, son compañías controladas por el propio Ramírez a través de personas interpuestas. Algo que él siempre ha negado.
Mención aparte merece el caso del medio CanariasenHora que, según información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez.
LA SIGNIFICATIVA "DISCRECIÓN" DE LOS MEDIOS DE LAS PALMAS
La relevancia social del polémico empresario, y la importancia de la nueva denuncia a la que debe enfrentarse, justificarían sobradamente un amplio tratamiento de la misma por parte de los medios de comunicación de la provincia de Las Palmas. Dicho tratamiento, sin embargo, ha vuelto a poner de manifiesto la nula credibilidad que puede atribuirse a la prensa corporativa cuando los intereses económicos que los sostienen se encuentran en juego.
Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia sobre este importante suministrador de fondos a través de la publicidad de sus empresas del Grupo RALONS, a un segundo plano; llegando incluso a "desaparecerla" de sus ediciones digitales.
No ha sido Pedro Guerra, en cualquier caso, el único en sugerir supuestas causas espurias para justificar los crecientes problemas con la justicia de Miguel Ángel Ramírez.
Con significativa discreción la trataban, por ejemplo, tanto el diario La Provincia como el Canarias 7, en el que, de inmediato, cobraba relevancia la versión del empresario, que "dice sentirse acosado por la Fiscalía" y ser objeto de una suerte de persecución construida mediante "interpretaciones maliciosas".
El contrapunto informativo en la prensa digital corporativa lo ponía el diario socialdemócrata CanariasAhora, cuyo propietario Carlos Sosa, si bien fue igualmente financiado por Ramírez en el pasado, mantiene en la actualidad un conocido enfrentamiento con el empresario por su presunta participación en un plan para perjudicar a la jueza y pareja del periodista, Mª Victoria Rosell.
LOS "OPINADORES" EN DEFENSA DEL PATRÓN
Mención aparte en cuanto al tratamiento de este proceso merece el caso del medio CanariasenHora que, según información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez. Difícil sería, en cualquier caso, encontrar otra explicación más plausible para la defensa lacayuna que, de manera sistemática, realiza el director de este diario, Pedro Guerra, de todas y cada una de las actuaciones del empresario multiimputado.
El pasado viernes, en el marco del programa La Canallesca, de la Cadena SER, Guerra se esforzaba una vez más en presentar la denuncia interpuesta por la fiscal Evangelina Ríos como una suerte de "vendetta personal" contra su jefe, asegurando que "otra querella por motivos similares contra Miguel Ángel Ramírez ya había sido archivada en el pasado".
Huelga decir, suponemos, que sería inútil buscar la más mínima alusión a este proceso en la web dirigida por Pedro Guerra. Un "paraperiodista" especializado en medrar a la sombra del poder, cuyas prácticas macartistas ya fueron denunciadas en el pasado por militantes de la izquierda canaria, a los que criminalizó desde las páginas de La Provincia, por acudir a una conferencia celebrada con miembros de la organización vasca Askapena en Las Palmas, que había sido organizada por Intersindical Canaria.
Francisco Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias
No ha sido Pedro Guerra, en cualquier caso, el único en sugerir supuestas causas espurias para justificar los crecientes problemas con la justicia de Miguel Ángel Ramírez.
Entre otras columnas de opinión "exculpatorias", en el citado programa de la Cadena SER en Las Palmas, el también periodista y editor Francisco Pomares dejaba caer, sibilinamente, que "el gran error de Ramírez había sido dar el salto a la Península en el negocio de la Seguridad, creyendo ingenuamente que las grandes compañías del sector no iban a reaccionar ante esta competencia".
Con la misma cuidada ambigüedad, Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias.
Ni uno solo de los contertulios de la emisora "progresista" tuvo a bien recordar que, si por algo es conocido en la sociedad canaria Miguel Ángel Ramírez, además de por su presidencia de la UD Las Palmas, es por haber dejado sin cobrar sus sueldos durante meses a miles de trabajadores, por pagarles por debajo de lo establecido por la Ley y por llevar a cabo en sus empresas prácticas calificadas por los sindicatos como auténticamente "mafiosas".
Pero ya se sabe que, en nuestra sociedad, quién paga, manda.
P.R.Urcelay | Jueves, 21 de Marzo de 2019 a las 21:51:20 horas
En primer lugar, gracias por informar de una forma bastante objetiva del "apagón" mediático de los medios -clientes que sobreviven gracias a la publicidad pagada por empresarios y empresas que lavan su imagen a costa del dinero de sus propios trabajadores.
No voy a defender, en ningún caso, a Miguel Ángel Ramírez, un cacique provinciano ( no es peyorativo) que utiliza prácticas clientelares decimonónicas apoyadas en tecnologías del siglo XXI. Seguridad Integral Canaria (SIC) se ha mantenido desde su fundación hasta su debacle, apoyada en prácticas fraudulentas actuálmente investigadas o sub-judice que permitían al empresario acaparar contratos con la administración. De todos es conocido el juicio sobre el pago de horas extraordinarias escondidas en supuestos pagos de dietas y kilometraje. Aquí un inciso. De esto es tan responsable, el empresario como el trabajador que admite dichas prácticas con el claro propósito de engañar a la Hacienda Pública, deporte nacional por excelencia.
Estas prácticas fueron denunciadas múltiples veces en la Hacienda Canaria. Por desgracia, ninguna de las denuncias fue tenida en cuenta NUNCA. Retomaré el hilo de estas denuncias más adelante.
Conseguido el dominio territorial en Canarias respecto a los contratos de seguridad en la Administración Pública, faltaba el salto a la península, ya que el techo provincial estaba superado. De la mano de políticos con escasos escrúpulos ( todo el mundo sabe a quien me refiero) empieza a conseguir contratos públicos en Península y....... empezó el desastre. Al pretender usar las mismas armas que le habían servido en nuestra comunidad, es decir, apoyarse en pagos fraudulentos, rebajas de salarios amparadas por la reforma laboral y, sobre todo, en adjudicaciones de contratos públicos que pasaron de estar regulados por una normas estrictas, a ser meras subastas que se concedían a quien más barato ofertaba, por supuesto en detrimento de la calidad en los servicios y de salarios que pasaron de regulados por convenio estatal a la precariedad de convenios de empresa ad-hoc para tirar precios.
Evidentemente, los trabajadores afectados por rebajas salariales de hasta el 40%, amparados en la ley de subrrogación, denunciaron masívamente dichas irregularidades y la justicia les dio la razón. No porque esa justicia ampare a los trabajadores, si no porque al entrar en península como elefante en cacharrería, se pisaron callos demasiado grandes, también amparados por políticos con mando en plaza. Ahí volvemos a las anteriores denuncias sobre pagos fraudulentos en Canarias. Si hasta ese momento no se habían tenido en cuenta ( ¿intereses espúreos?) de pronto, con la primera denuncia en Madrid, Hacienda, Seguridad Social y fiscalía entran a saco en SIC.
Ante el acoso y derribo judicial, sentencias favorables a trabajadores, beneficios no obtenidos en península, etc... SIC se desmorona y Miguel Ángel Ramírez desmonta la empresa traspasando los contratos a otra empresa de su propiedad, en la que no figura nominalmente ( última actuación de la fiscalía) y que continúa trabajando con las mismas prácticas que SIC, en tanto la justicia lo permita.
Mis disculpas por haberme extendido mucho más allá de un simple comentario sobre una noticia, pero aunque parezca mentira me duele enórmemente la desaparición de una empresa, que bien gestionada podría haber sido el buque insignia de la mayor empresa de servicios en nuestra comunidad y ha acabado convertida en una patera en la que sólo sobreviven por unos días unos pocos náufragos.
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