LA EMIGRACIÓN MASIVA SÍ ES UN PROBLEMA: PARA LOS PAÍSES EMISORES Y RECEPTORES

Occidente saquea las riquezas de África, destruye sus medios de vida y se escandaliza cuando sus víctimas llegan a Europa

La llegada de miles de inmigrantes africanos a Canarias en los primeros días de noviembre ha desatado una nueva tormenta política. La derecha criminaliza a quienes huyen de la miseria; la «izquierda» institucional dice «solidarizarse» con las víctimas, pero evita enfrentarse a quienes saquean sus países. Unos señalan a los despojados y tratan de sacar rédito político del fenómeno migratorio; otros pretenden negar el problema de la migración masiva forzada para no tener que señalar a quienes se enriquecen despojando de sus riquezas a los pueblos de África.

Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La llegada de miles de inmigrantes africanos a las costas canarias durante los primeros días de noviembre ha vuelto a desencadenar una disputa política tan previsible como superficial. Desde la derecha se presenta a los recién llegados como una “amenaza para la seguridad, los servicios públicos y la convivencia”. La “izquierda” institucional, por su parte, se limita a responder con apelaciones genéricas y abstractas a la solidaridad y los derechos humanos. Aunque enfrentados políticamente, ambos discursos tienen en común algo fundamental: ocultan deliberadamente, o dejan en un segundo plano, el expolio de los recursos africanos por las grandes multinacionales, la complicidad de las élites gobernantes locales y las intervenciones militares de las potencias extranjeras que contribuyen a perpetuar la dependencia y el empobrecimiento de esos países, empujando a millones de personas a emigrar.

Durante los ocho primeros días de noviembre de 2026, más de 5.300 inmigrantes llegaron a Canarias, de los cuales alrededor de 4.650 desembarcaron en El Hierro. Una cifra que equivale, en apenas ocho días, a casi el 39% de los 12.040 habitantes de esta pequeña isla. El 6 de noviembre, su Cabildo declaró la emergencia social, tras recibir más de 8.000 personas en aproximadamente cinco semanas. La magnitud de estos desembarcos ha sometido a una extraordinaria presión a los equipos de rescate, los servicios sanitarios y los dispositivos de acogida. Restar importancia a situaciones de esta naturaleza por temor a proporcionar «argumentos a la derecha» es una muestra del tipo de discurso que, al eludir los problemas reales, termina dejando el terreno libre a la extrema derecha para explotar el malestar social y presentar sus propuestas xenófobas y represivas como la única salida posible.

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Por razones diferentes a las que esgrime la derecha, pero contrariamente a lo que sostiene la mayor parte de la "izquierda" institucional, la emigración forzada y masiva sí constituye un problema real, que comienza mucho antes de que los cayucos alcancen las costas europeas o de Canarias.

Constituye un grave problema, en primer término, para las sociedades africanas que pierden población joven y trabajadora, para quienes arriesgan la vida en el océano y para las familias que quedan separadas. Y también para las sociedades receptoras, que necesitarían proporcionar recursos materiales, viviendas, servicios públicos y políticas de integración adecuadas a decenas de miles de inmigrantes, precisamente cuando el capitalismo occidental atraviesa un gran reajuste económico, caracterizada por el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos y el recorte de los derechos y conquistas sociales que todavía habían sobrevivido a las anteriores décadas de políticas neoliberales.

Reconocer este hecho objetivo no implica responsabilizar a los inmigrantes, como hace el populismo ultraderechista para obtener réditos políticos de este fenómeno. Debería ser el punto de partida para identificar y denunciar sus causas profundas, en lugar de alimentar la cómoda ficción de que es posible gestionarlo "humanitariamente" sin cuestionar el sistema económico y político que lo provoca.

LA RIQUEZA AFRICANA QUE ALIMENTA LA ACUMULACIÓN EXTRANJERA

Durante siglos, las potencias europeas organizaron buena parte de las economías africanas en función de sus propios intereses. La dominación colonial favoreció la extracción de materias primas y la subordinación de las actividades productivas locales a los mercados metropolitanos.

Las independencias políticas del siglo XX modificaron esas relaciones, pero no eliminaron la dependencia económica. Muchos países continuaron especializados en exportar minerales, productos agrícolas, hidrocarburos y recursos pesqueros, mientras importaban maquinaria, tecnología y productos industriales de mayor valor añadido.

Esta división internacional del trabajo favorece mecanismos neocoloniales de intercambio desigual entre países crecientemente empobrecidos y países ricos, concentrando una parte importante de los beneficios en las empresas extranjeras que controlan la financiación, la tecnología, el transporte y la comercialización.

Actualmente, las antiguas potencias coloniales compiten con otros capitales internacionales, especialmente los chinos, que han adquirido posiciones relevantes en la minería, las infraestructuras y la explotación de recursos africanos. La nacionalidad del inversor, sin embargo, no modifica la naturaleza de estas relaciones. Una empresa que obtiene beneficios de la extracción de materias primas mediante la explotación del trabajo asalariado local responde, en lo esencial, a la misma lógica de acumulación capitalista, sea cual sea su nacionalidad.

Su renuncia a combatir las intervenciones de sus propios gobiernos en África convierte a la "izquierda" institucional en cómplice de unas relaciones de explotación cuyas consecuencias denuncia después con discursos de "solidaridad humanitaria"

CUATRO PAÍSES AFRICANOS, DECENAS DE MULTINACIONALES Y UNA MISMA LÓGICA DE EXPLOTACIÓN

Los países de origen de muchos de los inmigrantes llegados recientemente a Canarias ofrecen ejemplos concretos de estas relaciones de dominación.

Senegal, uno de los principales puntos de partida de los cayucos, ha registrado un importante crecimiento económico gracias a la explotación de nuevos yacimientos energéticos. Sin embargo, ese crecimiento convive con el desempleo masivo, el endeudamiento y la desigualdad. El proyecto gasístico Greater Tortue Ahmeyim, situado entre Senegal y Mauritania, está controlado por la británica BP, con el 56 % de participación, y la estadounidense Kosmos Energy, con el 27 %. Las empresas públicas africanas disponen conjuntamente del 17% restante. Aunque ambos Estados reciben también ingresos fiscales, el control empresarial del proyecto permanece mayoritariamente en manos extranjeras.

Al mismo tiempo, la pesca artesanal, de la que dependen numerosas comunidades costeras, ha sufrido las consecuencias de la competencia y el expolio al que las flotas industriales someten los recursos locales. Asociaciones de pescadores senegaleses han denunciado, además, perjuicios relacionados con las actividades del proyecto gasístico.

En Gambia, la explotación de los recursos marinos presenta una contradicción todavía más evidente. Empresas como Golden Lead, de capital chino; JXYG Aquatic Products, participada en un 92% por capital chino y en un 8% por capital mauritano; y Nessim, de propiedad mauritana, transforman pescado destinado potencialmente al consumo humano en harina y aceite para mercados internacionales.

Una investigación publicada por FactCheck Gambia en 2024 documentó que se necesitan entre cuatro y cinco toneladas de pescado para producir una tonelada de harina. Estas instalaciones, beneficiarias de exenciones fiscales concedidas por las autoridades gambianas, compiten por especies utilizadas tradicionalmente en la alimentación local. Así, mientras los recursos pesqueros africanos se destinan a producir piensos para mercados extranjeros, las comunidades costeras son privadas de sus tradicionales medios de subsistencia.

Guinea-Conakri constituye otro ejemplo del saqueo de los recursos locales. Posee enormes reservas de bauxita, indispensable para fabricar aluminio, y su producción minera está dominada por grandes consorcios internacionales. Entre ellos figura Compagnie des Bauxites de Guinée, participada por el Estado guineano y compañías como la estadounidense Alcoa y el grupo anglo-australiano Rio Tinto. También opera Société Minière de Boké, vinculada a importantes intereses empresariales chinos.

En 2018, Human Rights Watch documentó cómo las explotaciones mineras habían provocado la pérdida de terrenos agrícolas, problemas de acceso al agua y contaminación en las tierras de comunidades campesinas. El mineral incrementa las exportaciones nacionales, pero las familias que pierden sus medios tradicionales de subsistencia no participan de esa riqueza.

Finalmente, Mali combina la explotación de sus recursos minerales con una prolongada guerra que ha destruido actividades productivas y provocado importantes desplazamientos de población. El complejo aurífero Loulo-Gounkoto, explotado por la multinacional canadiense Barrick, ha sido escenario de una dura disputa con el Estado maliense por el control de la producción y el reparto de los ingresos. A ello se añaden las consecuencias de las intervenciones militares extranjeras y de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y distintos grupos armados.

En los cuatro casos encontramos una característica común: economías que exportan recursos naturales de considerable valor mientras amplios sectores de sus poblaciones carecen de oportunidades suficientes para vivir dignamente de su trabajo. Las multinacionales occidentales y chinas son las beneficiarias directas de esta estructura económica, con la colaboración de gobiernos y élites locales que facilitan las condiciones de explotación.

Estas relaciones de propiedad, la destrucción de los medios de subsistencia de las poblaciones africanas y la ausencia de alternativas laborales conforman las condiciones materiales que alimentan los grandes movimientos migratorios.

"Ninguna de las organizaciones, ni las "personalidades" que respaldaron la intervención militar contra Libia parecen dispuestas a admitir la relación entre la destrucción de ese país y el aumento de los desplazamientos de población hacia Europa"

LAS INTERVENCIONES OCCIDENTALES EN ÁFRICA Y LA COMPLICIDAD DE LOS SILENTES

La explotación económica y las intervenciones militares de las potencias occidentales en África constituyen dos caras de una misma política de dominación. Cuando los mecanismos comerciales, financieros y diplomáticos resultan insuficientes para garantizar sus intereses, las grandes potencias recurren también a la fuerza militar. Estas intervenciones se presentan oficialmente como operaciones contra el terrorismo, de protección de civiles o de restablecimiento de la «estabilidad», mientras los intereses económicos y estratégicos que las motivan quedan relegados a un segundo plano.

Francia ha desempeñado un papel especialmente importante en el Sahel, donde ha mantenido durante décadas una considerable influencia económica, política y militar. En 2013 desplegó tropas en Mali mediante la operación Serval, oficialmente destinada a "detener el avance de organizaciones yihadistas". En 2014 puso en marcha la operación Barkhane, extendiendo su presencia militar a varios países de la región. Lejos de desaparecer, la violencia se extendió a nuevos territorios y el creciente rechazo a la presencia francesa acabó precipitando la retirada de sus tropas de Mali en 2022, Burkina Faso en 2023 y Níger ese mismo año.

España no permaneció al margen de estas intervenciones. Desde 2013 participó en la misión europea de entrenamiento militar en Mali y proporcionó apoyo logístico a las operaciones francesas desde Senegal. Según el Ministerio de Defensa, más de 8.300 militares españoles participaron en aquella misión europea, finalizada en mayo de 2024.

Estas operaciones se desarrollaron en una región donde las potencias occidentales mantienen importantes intereses relacionados con el acceso a materias primas y el control de recursos e infraestructuras estratégicas. La explotación del uranio de Níger por la compañía francesa Orano ilustra la importancia económica de estos territorios para las antiguas potencias coloniales.

Resulta imposible comprender la desestabilización del Sahel, y los movimientos migratorios que parten de esta región africana, sin examinar las consecuencias de una década de intervenciones militares occidentales.

Una izquierda europea que pretendiera combatir realmente el neocolonialismo debería denunciar esos intereses, explicar a sus respectivas poblaciones el papel de estas guerras y promover la movilización social contra ellas. Sin embargo, en buena parte de su actividad institucional las intervenciones europeas en África aparecen tratadas como cuestiones de seguridad internacional, mientras sus vínculos con el sometimiento económico de esos países quedan ocultos. Su renuncia a combatir de forma efectiva las políticas de intervención de sus propios gobiernos en África convierte a esta "izquierda" institucional en cómplice de unas relaciones de explotación cuyas consecuencias denuncia después con discursos de "solidaridad humanitaria".

LIBIA: UNA DESTRUCCIÓN QUE CONTÓ CON APOYOS EN LA "IZQUIERDA" ESPAÑOLA

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Uno de los casos que mejor ejemplifica esta complicidad es el de la intervención militar contra Libia en 2011. Antes de la agresión occidental, ese país disfrutaba de unos indicadores de desarrollo humano excepcionalmente elevados para el contexto africano, sostenidos en buena medida por sus ingresos petroleros. Disponía de importantes servicios públicos e incluso era receptor de trabajadores inmigrantes procedentes de otros países africanos.

La intervención encabezada por Francia, Reino Unido y Estados Unidos, posteriormente asumida por la OTAN, no logró solamente el derrocamiento y posterior asesinato de Muamar Gadafi, sino también el derrumbe total de las instituciones estatales, la proliferación de grupos de mercenarios, terroristas y criminales comunes y una prolongada sucesión de enfrentamientos.

La desintegración libia favoreció también la circulación de armas y combatientes por el Sahel, agravando conflictos regionales y contribuyendo a generar nuevos desplazamientos masivos de población.

Pero aquella guerra tuvo una particularidad que merece recordarse: contó con el respaldo de una parte significativa de la "izquierda" política, sindical y cultural española.

El Gobierno del PSOE, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, incorporó a España a aquella operación militar. La participación recibió también el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds.

Las direcciones de Comisiones Obreras y UGT, encabezadas entonces por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respaldaron públicamente la intervención. También la justificaron conocidas personalidades de la cultura española, entre ellas el poeta y destacado militante de IU Luis García Montero, la escritora Almudena Grandes, el cantante Miguel Ríos o el actor Juan Diego.

Especialmente significativo resulta el caso del general José Julio Rodríguez, quien, como Jefe del Estado Mayor de la Defensa en aquellos dias, fue la máxima autoridad militar profesional española durante la intervención contra Libia. Cuatro años después, el propio Pablo Iglesias se convertiría en su principal valedor político, incorporándolo a Podemos, promoviendo sucesivamente sus candidaturas al Congreso por Zaragoza y Almería y proponiéndolo incluso como futuro ministro de Defensa. Aunque no consiguió escaño, Rodríguez fue nombrado secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid y, posteriormente, jefe de gabinete de Iglesias durante su etapa como vicepresidente del Gobierno. La incorporación del militar a Podemos coincidió con el giro "pragmático" de la formación morada respecto a la Coalición Bélica, que el propio general expresó sin ambigüedades al declarar: «La OTAN es necesaria y Podemos respetará los compromisos con la Alianza».

La gravedad de la destrucción provocada en Libia fue reconocida, incluso, por una comisión parlamentaria británica que, en 2016, concluyó que la operación inicialmente presentada como protección de civiles había derivado hacia una política de "cambio de régimen, sin una estrategia adecuada para evitar el posterior desmoronamiento del país".

Huelga decir que ninguna de las organizaciones, ni las "personalidades" que respaldaron aquella intervención de la OTAN ha realizado públicamente una autocrítica sobre su posición, ni ha asumido responsabilidad política alguna por sus consecuencias. Tampoco parecen dispuestas a admitir la relación existente entre la destrucción del Estado libio, la posterior desestabilización del Sahel y el aumento de los desplazamientos de población hacia el continente europeo.

Su práctica refleja la evolución de buena parte de una "izquierda" que, aun proclamándose socialista, anticapitalista, o incluso comunista, ha terminado integrándose en la gestión del sistema que afirmaba querer transformar. Para enfrentarse realmente al expolio africano deberían cuestionar los intereses de las grandes multinacionales, las relaciones de propiedad que les permiten apropiarse de sus recursos y las intervenciones militares que contribuyen a preservar ese dominio. Pero esta «izquierda» ha encontrado en las instituciones de ese orden social y económico una posición privilegiada, de la que dependen sus carreras políticas y sus generosos emolumentos. De ahí que su discurso sobre la inmigración termine reducido al humanitarismo propio de una ONG: reclaman solidaridad con quienes llegan a nuestras costas, pero renuncian a enfrentarse con los intereses económicos y políticos que los expulsan de las suyas.