SINDICATOS DE INQUILINAS CONVOCAN MOVILIZACIONES EN EUROPA CONTRA EL NEGOCIO DE LA VIVIENDA
Convocadas bajo el lema «La vida por encima del beneficio»
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha anunciado su incorporación a las movilizaciones que se celebrarán en distintos países europeos entre el 20 y el 22 de noviembre.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha anunciado su incorporación a las movilizaciones que se celebrarán en distintos países europeos entre el 20 y el 22 de noviembre. Las protestas, convocadas bajo el lema «La vida por encima del beneficio», reclaman cambios en las políticas de vivienda y denuncian la represión policial y judicial sufrida por participantes en la huelga general del pasado 11 de noviembre.
Según informa la organización, sindicatos y movimientos sociales de España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica y Reino Unido participarán en una convocatoria que reúne, de acuerdo con sus promotores, más de 600 movilizaciones coordinadas.
UNA RESPUESTA EUROPEA AL NEGOCIO INMOBILIARIO
La iniciativa nació el 3 de noviembre en París, durante un encuentro impulsado por la CSI. Su propósito consiste en coordinar las reivindicaciones sociales de distintos países frente a unas políticas económicas que, según los convocantes, subordinan necesidades básicas como la vivienda a los intereses empresariales.
Para los sindicatos de inquilinas, el problema inmobiliario tiene una dimensión internacional. Los fondos de inversión y las grandes empresas del sector operan más allá de las fronteras nacionales, mientras millones de trabajadores encuentran crecientes dificultades para pagar sus alquileres.
Aldo Reverte, portavoz citado en el comunicado, considera que esta coordinación demuestra la voluntad de responder colectivamente a lo que denomina «la Europa del capital y el rearme».
La convocatoria pretende relacionar el encarecimiento de la vivienda con las prioridades económicas de los gobiernos europeos y con un modelo que permite convertir una necesidad social en fuente de rentabilidad privada.
LA DENUNCIA DE REPRESIÓN TRAS LA HUELGA DEL 11 DE NOVIEMBRE
Las movilizaciones se celebrarán apenas nueve días después de la huelga general del 11 de noviembre, presentada por sus convocantes como la primera huelga general estatal en catorce años y la primera organizada específicamente por el derecho a la vivienda.
De acuerdo con la Confederación, aquella jornada estuvo acompañada de cargas policiales contra piquetes informativos y utilización de gas pimienta contra manifestantes.
El comunicado atribuye al Ministerio del Interior una cifra de al menos 75 personas detenidas en el conjunto del Estado. Añade que cuatro de ellas, tres en Barcelona y una en Castelló, permanecen en prisión provisional comunicada y sin fianza, pendientes de juicio.
La CSI interpreta estas medidas como una tentativa de desalentar futuras movilizaciones. Aunque la prisión provisional constituye legalmente una medida cautelar que debe justificarse mediante circunstancias concretas, la organización sostiene que en estos casos se está utilizando con una finalidad intimidatoria.
«La prisión provisional debería ser excepcional y se está usando de forma indiscriminada para mandar un mensaje a quien se organiza», denuncia Aldo Reverte.
La Confederación reclama, asimismo, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que considera un instrumento restrictivo para el ejercicio del derecho de protesta.
Según argumenta, las conquistas obtenidas por el movimiento de inquilinas, desde la paralización de desahucios hasta las negociaciones con grandes propietarios, han dependido fundamentalmente de la movilización colectiva.
«CASAS PARA VIVIR»: UNA REFORMA DEL MODELO INMOBILIARIO
Junto a las protestas, la Confederación quiere impulsar su propuesta «Casas para vivir. Una reforma integral para cambiar el modelo de vivienda», presentada el pasado 9 de noviembre.
El programa plantea una modificación de considerable alcance: reformar la Constitución para que el derecho efectivo a una vivienda prevalezca sobre los intereses derivados de la propiedad privada y la libertad de empresa cuando entren en conflicto.
La propuesta incluye ampliar el parque público de viviendas, establecer mecanismos para impedir desahucios y limitar la utilización especulativa de los inmuebles, especialmente cuando se concentran en manos de grandes propietarios.
Detrás de estas reivindicaciones existe una contradicción económica fácilmente reconocible. Para una familia trabajadora, la vivienda constituye una necesidad imprescindible; para una empresa inmobiliaria o un fondo de inversión, puede representar un activo del que obtener beneficios mediante alquileres, compraventas o revalorizaciones.
Cuando predomina esta segunda función, el acceso a una casa queda condicionado por la capacidad económica de cada persona. Por eso, los sindicatos sostienen que las políticas públicas deben intervenir sobre la propiedad y el funcionamiento del mercado, en lugar de limitarse a facilitar ayudas que pueden terminar alimentando los precios.
«El mercado ha fracasado a la hora de garantizar el derecho a la vivienda», afirma Reverte, quien defiende sustituir la lógica especulativa por un sistema destinado prioritariamente a satisfacer las necesidades residenciales.
MANIFESTACIONES EN SEIS CIUDADES DEL ESTADO
El calendario anunciado comienza el viernes 20 de noviembre en Zaragoza, con una concentración a las 19:30 horas en la plaza de Antonio Beltrán, convocada por la coordinadora antifascista, a la que se incorpora el Sindicato de Inquilinas.
El sábado 21, Madrid acogerá una manifestación a las 12:00 horas, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, coincidiendo con la movilización de Marea Residencias en defensa de las residencias públicas. A esa misma hora, en Barcelona, el Sindicat de Llogateres participará en la manifestación por la educación, desde el cruce de Casp con Pau Claris.
En Alicante, el sindicato local se incorporará a las 19:00 horas a la Marcha de Antorchas contra la violencia machista, desde la plaza Calvo Sotelo.
El domingo 22, València celebrará una concentración a las 18:00 horas en la plaza de la Virgen. El comunicado también menciona Castelló entre las ciudades movilizadas, aunque no precisa su convocatoria.
La CSI insiste en que estas protestas forman parte de una lucha más amplia contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha anunciado su incorporación a las movilizaciones que se celebrarán en distintos países europeos entre el 20 y el 22 de noviembre. Las protestas, convocadas bajo el lema «La vida por encima del beneficio», reclaman cambios en las políticas de vivienda y denuncian la represión policial y judicial sufrida por participantes en la huelga general del pasado 11 de noviembre.
Según informa la organización, sindicatos y movimientos sociales de España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica y Reino Unido participarán en una convocatoria que reúne, de acuerdo con sus promotores, más de 600 movilizaciones coordinadas.
UNA RESPUESTA EUROPEA AL NEGOCIO INMOBILIARIO
La iniciativa nació el 3 de noviembre en París, durante un encuentro impulsado por la CSI. Su propósito consiste en coordinar las reivindicaciones sociales de distintos países frente a unas políticas económicas que, según los convocantes, subordinan necesidades básicas como la vivienda a los intereses empresariales.
Para los sindicatos de inquilinas, el problema inmobiliario tiene una dimensión internacional. Los fondos de inversión y las grandes empresas del sector operan más allá de las fronteras nacionales, mientras millones de trabajadores encuentran crecientes dificultades para pagar sus alquileres.
Aldo Reverte, portavoz citado en el comunicado, considera que esta coordinación demuestra la voluntad de responder colectivamente a lo que denomina «la Europa del capital y el rearme».
La convocatoria pretende relacionar el encarecimiento de la vivienda con las prioridades económicas de los gobiernos europeos y con un modelo que permite convertir una necesidad social en fuente de rentabilidad privada.
LA DENUNCIA DE REPRESIÓN TRAS LA HUELGA DEL 11 DE NOVIEMBRE
Las movilizaciones se celebrarán apenas nueve días después de la huelga general del 11 de noviembre, presentada por sus convocantes como la primera huelga general estatal en catorce años y la primera organizada específicamente por el derecho a la vivienda.
De acuerdo con la Confederación, aquella jornada estuvo acompañada de cargas policiales contra piquetes informativos y utilización de gas pimienta contra manifestantes.
El comunicado atribuye al Ministerio del Interior una cifra de al menos 75 personas detenidas en el conjunto del Estado. Añade que cuatro de ellas, tres en Barcelona y una en Castelló, permanecen en prisión provisional comunicada y sin fianza, pendientes de juicio.
La CSI interpreta estas medidas como una tentativa de desalentar futuras movilizaciones. Aunque la prisión provisional constituye legalmente una medida cautelar que debe justificarse mediante circunstancias concretas, la organización sostiene que en estos casos se está utilizando con una finalidad intimidatoria.
«La prisión provisional debería ser excepcional y se está usando de forma indiscriminada para mandar un mensaje a quien se organiza», denuncia Aldo Reverte.
La Confederación reclama, asimismo, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que considera un instrumento restrictivo para el ejercicio del derecho de protesta.
Según argumenta, las conquistas obtenidas por el movimiento de inquilinas, desde la paralización de desahucios hasta las negociaciones con grandes propietarios, han dependido fundamentalmente de la movilización colectiva.
«CASAS PARA VIVIR»: UNA REFORMA DEL MODELO INMOBILIARIO
Junto a las protestas, la Confederación quiere impulsar su propuesta «Casas para vivir. Una reforma integral para cambiar el modelo de vivienda», presentada el pasado 9 de noviembre.
El programa plantea una modificación de considerable alcance: reformar la Constitución para que el derecho efectivo a una vivienda prevalezca sobre los intereses derivados de la propiedad privada y la libertad de empresa cuando entren en conflicto.
La propuesta incluye ampliar el parque público de viviendas, establecer mecanismos para impedir desahucios y limitar la utilización especulativa de los inmuebles, especialmente cuando se concentran en manos de grandes propietarios.
Detrás de estas reivindicaciones existe una contradicción económica fácilmente reconocible. Para una familia trabajadora, la vivienda constituye una necesidad imprescindible; para una empresa inmobiliaria o un fondo de inversión, puede representar un activo del que obtener beneficios mediante alquileres, compraventas o revalorizaciones.
Cuando predomina esta segunda función, el acceso a una casa queda condicionado por la capacidad económica de cada persona. Por eso, los sindicatos sostienen que las políticas públicas deben intervenir sobre la propiedad y el funcionamiento del mercado, en lugar de limitarse a facilitar ayudas que pueden terminar alimentando los precios.
«El mercado ha fracasado a la hora de garantizar el derecho a la vivienda», afirma Reverte, quien defiende sustituir la lógica especulativa por un sistema destinado prioritariamente a satisfacer las necesidades residenciales.
MANIFESTACIONES EN SEIS CIUDADES DEL ESTADO
El calendario anunciado comienza el viernes 20 de noviembre en Zaragoza, con una concentración a las 19:30 horas en la plaza de Antonio Beltrán, convocada por la coordinadora antifascista, a la que se incorpora el Sindicato de Inquilinas.
El sábado 21, Madrid acogerá una manifestación a las 12:00 horas, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, coincidiendo con la movilización de Marea Residencias en defensa de las residencias públicas. A esa misma hora, en Barcelona, el Sindicat de Llogateres participará en la manifestación por la educación, desde el cruce de Casp con Pau Claris.
En Alicante, el sindicato local se incorporará a las 19:00 horas a la Marcha de Antorchas contra la violencia machista, desde la plaza Calvo Sotelo.
El domingo 22, València celebrará una concentración a las 18:00 horas en la plaza de la Virgen. El comunicado también menciona Castelló entre las ciudades movilizadas, aunque no precisa su convocatoria.
La CSI insiste en que estas protestas forman parte de una lucha más amplia contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

































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