¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA HUELGA DE MÉDICOS QUE EL GOBIERNO CANARIO NO CONSIGUE RESOLVER?
Los médicos denuncian el deterioro de sus condiciones laborales y el bloqueo de las negociaciones
La huelga médica en Canarias reabre el debate sobre el deterioro de la sanidad pública. Mientras los facultativos mantienen sus reivindicaciones, miles de pacientes soportan largas listas de espera y cientos de millones de euros públicos se destinan a financiar servicios sanitarios privados.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La huelga médica en Canarias continúa sin perspectivas inmediatas de solución. Este miércoles, 18 de noviembre, los representantes sindicales han vuelto a dirigirse al presidente autonómico, Fernando Clavijo, para solicitar su intervención.
El conflicto plantea una cuestión que trasciende las reivindicaciones de un colectivo profesional: cómo se distribuyen los recursos sanitarios y qué consecuencias tiene la organización del trabajo sobre la calidad de la asistencia pública.
UNA HUELGA QUE EL GOBIERNO INTENTA REDUCIR A CIFRAS
Según la Consejería de Sanidad, durante la jornada del martes 17 secundaron la huelga 181 facultativos de los 4.154 considerados afectados por la convocatoria, aunque el número total de profesionales convocados ascendía a 7.219. La Administración también comunicó que 1.413 profesionales estaban asignados a servicios mínimos durante la mañana y aseguró que la actividad sanitaria transcurrió sin incidencias destacables. Las cifras, sin embargo, constituyen otro motivo de enfrentamiento. El pasado 4 de noviembre, los sindicatos situaron el seguimiento de aquella jornada en el 45,7%, mientras el SCS lo redujo al 4,8%.
¿QUÉ ESTÁN RECLAMANDO EXACTAMENTE LOS MÉDICOS?
Las organizaciones CESM Canarias y SEMCA mantienen el conflicto iniciado el 16 de octubre y han denunciado que las conversaciones permanecen bloqueadas desde el día 14 de ese mes. Sus representantes aseguran haber presentado dieciocho reivindicaciones, muchas relacionadas con la organización del trabajo y la representación profesional. El presidente de CESM Canarias, Eric Álvarez, sostiene que varias podrían abordarse sin inversiones económicas importantes.
Entre las demandas concretas figuran una mesa específica de negociación para los facultativos, un estatuto profesional propio, mejoras en las retribuciones de las guardias y garantías de descanso después de realizarlas. También reclaman que las horas de guardia comprendidas entre las 15.00 y las 22.00 se remuneren por encima de la hora ordinaria, un día adicional de descanso por determinadas guardias en festivos y fines de semana y medidas laborales para profesionales de mayor edad.
En materia salarial, los sindicatos han planteado incrementar en 200 euros mensuales el complemento fijo de productividad y elevar de 3.700 a 5.800 euros los incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos. Reclaman, asimismo, mejoras para los médicos residentes y la actualización de otros conceptos retributivos. Según sus representantes, solamente dos o tres de los dieciocho bloques reivindicativos son directamente económicos. La plataforma incluye también carrera profesional, estabilidad laboral, traslados, formación y medidas específicas para Atención Primaria y hospitalaria.
La disputa presupuestaria tampoco es menor. Los sindicatos han cifrado sus demandas en aproximadamente 150 millones de euros distribuidos durante tres o cuatro años, mientras la consejera Esther Monzón considera "inasumibles" algunas propuestas. Las organizaciones denuncian, además, que numerosos médicos de Atención Primaria atienden entre 40 y 50 pacientes diarios, una carga que consideran incompatible con una asistencia adecuada.
UNA SANIDAD CON MÁS DE 34.000 PERSONAS ESPERANDO UNA OPERACIÓN
La huelga se desarrolla sobre un sistema sanitario que arrastra problemas anteriores al conflicto. Según los datos oficiales correspondientes a junio de 2026, 34.382 personas aguardaban una intervención quirúrgica, un 7,8% más que un año antes. La demora media se situaba alrededor de 107 días, aunque había descendido respecto a los 153 días registrados en 2023. El Gobierno atribuye parte del último incremento a las movilizaciones médicas, pero las listas de espera constituían un problema estructural mucho antes de estas protestas.
La situación es igualmente preocupante en las consultas especializadas: más de 158.000 personas esperaban ser atendidas por un especialista a mediados de 2026. Estas cifras reflejan la distancia entre las necesidades asistenciales de la población y la capacidad del sistema para responder dentro de plazos razonables.
EL DINERO PÚBLICO QUE TERMINA EN LA SANIDAD PRIVADA
Mientras persisten estas carencias, la financiación de centros privados continúa ocupando una parte significativa del presupuesto sanitario. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) denunció recientemente que 334,8 millones de euros, aproximadamente el 7,3% del gasto sanitario público considerado en su informe, se destinan a conciertos y concesiones privadas. La organización sitúa a Canarias entre las comunidades con mayor presencia del sector privado en la asistencia sanitaria.
La evolución presupuestaria aporta más información. Según documentación parlamentaria publicada el 17 de noviembre, los créditos iniciales para conciertos sanitarios pasaron de 227 millones en 2023 a 254,7 millones en 2026, mientras el proyecto presupuestario para 2027 contempla 259,9 millones. Más significativo resulta que en 2025 se presupuestaran 243 millones para concertación y el gasto indicado en el análisis parlamentario alcanzara aproximadamente 335 millones, unos 92 millones por encima de la previsión inicial.
A ello se suman las irregularidades advertidas por la Audiencia de Cuentas. En 2023, 112,1 de los 224,7 millones destinados a derivaciones hacia centros privados se abonaron mediante procedimientos excepcionales de nulidad, utilizados para regularizar prestaciones realizadas sin contratos válidos. La fiscalización cuestiona, por tanto, los mecanismos de contratación y control administrativo de una parte considerable de estos pagos.
EL DEBILITAMIENTO DE LO PÚBLICO COMO NEGOCIO PRIVADO
Diversas organizaciones sindicales y defensoras de la sanidad pública vienen denunciando que la insuficiencia de medios propios favorece una dependencia creciente de empresas sanitarias privadas. El mecanismo económico resulta identificable: cuando los hospitales públicos carecen de capacidad suficiente para absorber determinadas prestaciones, la Administración puede recurrir a clínicas concertadas, transfiriendo recursos presupuestarios hacia empresas que obtienen ingresos por prestar esos servicios.
Los conciertos pueden atender necesidades inmediatas, pero su utilización continuada plantea una contradicción: los fondos empleados para comprar asistencia externa dejan de estar disponibles para otros destinos presupuestarios, como ampliar plantillas o equipamientos propios. Esto no significa que toda derivación resulte innecesaria, sino que debe examinarse si su financiación contribuye a resolver las carencias estructurales o perpetúa la dependencia del sector privado.
La sanidad pública constituye, además, una parte del salario social de los trabajadores: permite acceder colectivamente a prestaciones que muchas familias no podrían costear individualmente. Cuando su capacidad asistencial se deteriora, quienes disponen de mayores ingresos pueden buscar alternativas privadas, mientras los sectores populares dependen de unas listas de espera que limitan su acceso efectivo a la atención médica.
La huelga médica expresa una parte de estas contradicciones. Sus reivindicaciones profesionales requieren negociación y evaluación, pero la discusión sobre el futuro del Servicio Canario de la Salud exige también esclarecer por qué continúan aumentando determinadas partidas destinadas a empresas privadas mientras persisten graves necesidades asistenciales en la red pública.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La huelga médica en Canarias continúa sin perspectivas inmediatas de solución. Este miércoles, 18 de noviembre, los representantes sindicales han vuelto a dirigirse al presidente autonómico, Fernando Clavijo, para solicitar su intervención.
El conflicto plantea una cuestión que trasciende las reivindicaciones de un colectivo profesional: cómo se distribuyen los recursos sanitarios y qué consecuencias tiene la organización del trabajo sobre la calidad de la asistencia pública.
UNA HUELGA QUE EL GOBIERNO INTENTA REDUCIR A CIFRAS
Según la Consejería de Sanidad, durante la jornada del martes 17 secundaron la huelga 181 facultativos de los 4.154 considerados afectados por la convocatoria, aunque el número total de profesionales convocados ascendía a 7.219. La Administración también comunicó que 1.413 profesionales estaban asignados a servicios mínimos durante la mañana y aseguró que la actividad sanitaria transcurrió sin incidencias destacables. Las cifras, sin embargo, constituyen otro motivo de enfrentamiento. El pasado 4 de noviembre, los sindicatos situaron el seguimiento de aquella jornada en el 45,7%, mientras el SCS lo redujo al 4,8%.
¿QUÉ ESTÁN RECLAMANDO EXACTAMENTE LOS MÉDICOS?
Las organizaciones CESM Canarias y SEMCA mantienen el conflicto iniciado el 16 de octubre y han denunciado que las conversaciones permanecen bloqueadas desde el día 14 de ese mes. Sus representantes aseguran haber presentado dieciocho reivindicaciones, muchas relacionadas con la organización del trabajo y la representación profesional. El presidente de CESM Canarias, Eric Álvarez, sostiene que varias podrían abordarse sin inversiones económicas importantes.
Entre las demandas concretas figuran una mesa específica de negociación para los facultativos, un estatuto profesional propio, mejoras en las retribuciones de las guardias y garantías de descanso después de realizarlas. También reclaman que las horas de guardia comprendidas entre las 15.00 y las 22.00 se remuneren por encima de la hora ordinaria, un día adicional de descanso por determinadas guardias en festivos y fines de semana y medidas laborales para profesionales de mayor edad.
En materia salarial, los sindicatos han planteado incrementar en 200 euros mensuales el complemento fijo de productividad y elevar de 3.700 a 5.800 euros los incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos. Reclaman, asimismo, mejoras para los médicos residentes y la actualización de otros conceptos retributivos. Según sus representantes, solamente dos o tres de los dieciocho bloques reivindicativos son directamente económicos. La plataforma incluye también carrera profesional, estabilidad laboral, traslados, formación y medidas específicas para Atención Primaria y hospitalaria.
La disputa presupuestaria tampoco es menor. Los sindicatos han cifrado sus demandas en aproximadamente 150 millones de euros distribuidos durante tres o cuatro años, mientras la consejera Esther Monzón considera "inasumibles" algunas propuestas. Las organizaciones denuncian, además, que numerosos médicos de Atención Primaria atienden entre 40 y 50 pacientes diarios, una carga que consideran incompatible con una asistencia adecuada.
UNA SANIDAD CON MÁS DE 34.000 PERSONAS ESPERANDO UNA OPERACIÓN
La huelga se desarrolla sobre un sistema sanitario que arrastra problemas anteriores al conflicto. Según los datos oficiales correspondientes a junio de 2026, 34.382 personas aguardaban una intervención quirúrgica, un 7,8% más que un año antes. La demora media se situaba alrededor de 107 días, aunque había descendido respecto a los 153 días registrados en 2023. El Gobierno atribuye parte del último incremento a las movilizaciones médicas, pero las listas de espera constituían un problema estructural mucho antes de estas protestas.
La situación es igualmente preocupante en las consultas especializadas: más de 158.000 personas esperaban ser atendidas por un especialista a mediados de 2026. Estas cifras reflejan la distancia entre las necesidades asistenciales de la población y la capacidad del sistema para responder dentro de plazos razonables.
EL DINERO PÚBLICO QUE TERMINA EN LA SANIDAD PRIVADA
Mientras persisten estas carencias, la financiación de centros privados continúa ocupando una parte significativa del presupuesto sanitario. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) denunció recientemente que 334,8 millones de euros, aproximadamente el 7,3% del gasto sanitario público considerado en su informe, se destinan a conciertos y concesiones privadas. La organización sitúa a Canarias entre las comunidades con mayor presencia del sector privado en la asistencia sanitaria.
La evolución presupuestaria aporta más información. Según documentación parlamentaria publicada el 17 de noviembre, los créditos iniciales para conciertos sanitarios pasaron de 227 millones en 2023 a 254,7 millones en 2026, mientras el proyecto presupuestario para 2027 contempla 259,9 millones. Más significativo resulta que en 2025 se presupuestaran 243 millones para concertación y el gasto indicado en el análisis parlamentario alcanzara aproximadamente 335 millones, unos 92 millones por encima de la previsión inicial.
A ello se suman las irregularidades advertidas por la Audiencia de Cuentas. En 2023, 112,1 de los 224,7 millones destinados a derivaciones hacia centros privados se abonaron mediante procedimientos excepcionales de nulidad, utilizados para regularizar prestaciones realizadas sin contratos válidos. La fiscalización cuestiona, por tanto, los mecanismos de contratación y control administrativo de una parte considerable de estos pagos.
EL DEBILITAMIENTO DE LO PÚBLICO COMO NEGOCIO PRIVADO
Diversas organizaciones sindicales y defensoras de la sanidad pública vienen denunciando que la insuficiencia de medios propios favorece una dependencia creciente de empresas sanitarias privadas. El mecanismo económico resulta identificable: cuando los hospitales públicos carecen de capacidad suficiente para absorber determinadas prestaciones, la Administración puede recurrir a clínicas concertadas, transfiriendo recursos presupuestarios hacia empresas que obtienen ingresos por prestar esos servicios.
Los conciertos pueden atender necesidades inmediatas, pero su utilización continuada plantea una contradicción: los fondos empleados para comprar asistencia externa dejan de estar disponibles para otros destinos presupuestarios, como ampliar plantillas o equipamientos propios. Esto no significa que toda derivación resulte innecesaria, sino que debe examinarse si su financiación contribuye a resolver las carencias estructurales o perpetúa la dependencia del sector privado.
La sanidad pública constituye, además, una parte del salario social de los trabajadores: permite acceder colectivamente a prestaciones que muchas familias no podrían costear individualmente. Cuando su capacidad asistencial se deteriora, quienes disponen de mayores ingresos pueden buscar alternativas privadas, mientras los sectores populares dependen de unas listas de espera que limitan su acceso efectivo a la atención médica.
La huelga médica expresa una parte de estas contradicciones. Sus reivindicaciones profesionales requieren negociación y evaluación, pero la discusión sobre el futuro del Servicio Canario de la Salud exige también esclarecer por qué continúan aumentando determinadas partidas destinadas a empresas privadas mientras persisten graves necesidades asistenciales en la red pública.


































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