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Martes, 17 de Noviembre de 2026 Tiempo de lectura:

PESCADORES ECUATORIANOS SOBREVIVIENTES LLEVAN A TRUMP ANTE LOS TRIBUNALES

¿Quién responderá por los centenares de pescadores muertos en la campaña militar trumpista que Naciones Unidas ha dencunciado como "una sucesión de ejecuciones extrajudiciales"?

Dieciséis pescadores ecuatorianos han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump tras sobrevivir al ataque de drones estadounidenses contra su embarcación en el Pacífico. Denuncian que fueron bombardeados mientras trabajaban, que su pesquero quedó destruido y que posteriormente sufrieron detenciones ilegales. Su iniciativa judicial abre un nuevo frente contra una campaña militar que, desde septiembre de 2025, ha causado al menos 243 muertos o desaparecidos presumiblemente fallecidos,

  REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

 

     Dieciséis pescadores ecuatorianos sobrevivientes de las incursiones militares norteamericanas han decidido enfrentarse judicialmente al Gobierno de Estados Unidos.

 

   Este lunes 16 de noviembre presentaron una demanda ante un tribunal federal de Pensilvania en la que acusan a la Administración de Donald Trump de ser responsable del bombardeo de su embarcación en aguas del Pacífico, así como de las detenciones y malos tratos que aseguran haber sufrido posteriormente.

 

  Los demandantes eran tripulantes del pesquero La Negra Francisca Duarte II. Según su relato, el 17 de marzo de 2026, mientras regresaban de sus faenas, fueron atacados por dos drones armados. Las explosiones provocaron un incendio, destruyeron la embarcación y causaron quemaduras graves a dos trabajadores.

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     Lo ocurrido antes del bombardeo constituye uno de los elementos más comprometedores de la denuncia. De acuerdo con los testimonios recogidos por Human Rights Watch, una patrullera ecuatoriana había inspeccionado previamente el pesquero sin encontrar indicios de tráfico de drogas ni de otras actividades ilícitas.

 

  Pero la inspección no evitó que los pescadores terminaran bajo el fuego de una operación militar. Los supervivientes aseguran que fueron capturados por hombres armados, trasladados a El Salvador y mantenidos privados de libertad durante varias semanas.

 

   El capitán Hernán Flores explicó a Reuters que la embarcación era prácticamente todo su patrimonio. Su destrucción significó, además del peligro para sus vidas, la pérdida del instrumento con el que él y sus compañeros obtenían su sustento.

 

   Los pescadores reclaman una indemnización y una orden judicial que ponga fin a estas operaciones. El Gobierno estadounidense no ha reconocido su responsabilidad en este ataque concreto, por lo que las acusaciones deberán ser examinadas judicialmente.

 

    La demanda tiene un significado que desborda la tragedia de sus protagonistas: por primera vez, estos supervivientes intentan obligar a las autoridades estadounidenses a responder ante un tribunal por una operación que forma parte de una campaña militar mucho más extensa.

 

   DE UNA EMBARCACIÓN DESTRUIDA A CENTENARES DE VÍCTIMAS

    Para comprender la dimensión del caso ecuatoriano hay que retroceder al 2 de septiembre de 2025. Aquel día, las fuerzas militares estadounidenses atacaron una embarcación en el Caribe y mataron a once personas. Donald Trump anunció que se trataba de presuntos narcotraficantes relacionados con organizaciones terroristas. Sin embargo, las autoridades no hicieron públicas pruebas individualizadas que permitieran verificar las acusaciones contra los fallecidos.

 

   Aquella operación inauguró una sucesión de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y, posteriormente, en el Pacífico oriental.

 

    Según el seguimiento realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), hasta el 27 de octubre de 2026 se habían registrado 69 ataques con un balance de 243 muertos o desaparecidos presumiblemente fallecidos.

 

   La organización advierte que el carácter secreto de numerosas operaciones dificulta establecer una contabilidad definitiva. Los registros disponibles tampoco permiten identificar a todas las víctimas ni determinar cuáles estaban realmente involucradas en actividades delictivas.

 

    La evolución de los ataques muestra que no estamos ante incidentes aislados. Octubre de 2025 dejó 45 víctimas y diciembre otras 40, según el registro de WOLA. En febrero de 2026, el balance acumulado ya había alcanzado las 150 personas.

 

    Las cifras revelan la dimensión humana de una operación militar desarrollada durante más de un año. Su característica más controvertida es que las personas atacadas no fueron detenidas para comparecer ante los tribunales. En muchos casos, las autoridades estadounidenses ni siquiera han proporcionado públicamente sus identidades.

 

 EL NARCOTERRORISMO COMO JUSTIFICACIÓN DE LOS BOMBARDEOS

    La Administración Trump ha defendido sus actuaciones presentándolas como una guerra contra el narcotráfico internacional.

 

   Según Washington, las embarcaciones destruidas transportaban drogas destinadas a Estados Unidos y sus tripulantes mantenían vínculos con organizaciones designadas como terroristas.

 

  El Gobierno estadounidense sostiene además que se encuentra inmerso en un conflicto armado contra esas organizaciones y que sus operaciones responden al ejercicio de su derecho a la defensa.

 

   La argumentación entraña una transformación jurídica de enorme alcance. Una actividad considerada delictiva, como el transporte de estupefacientes, pasa a tratarse como una amenaza militar susceptible de recibir una respuesta letal inmediata.

 

   Sin embargo, la designación de una organización como terrorista no convierte automáticamente a todos sus integrantes en combatientes ni autoriza a ejecutarlos sin procedimiento judicial.

 

   En circunstancias ordinarias, la persecución del narcotráfico corresponde a las autoridades policiales y judiciales. La interceptación de una embarcación sospechosa puede conducir a la detención de sus ocupantes, la incautación de la mercancía y la apertura de una investigación penal. La destrucción deliberada de la embarcación con sus tripulantes a bordo constituye una actuación de naturaleza completamente distinta.

 

  Los expertos independientes de Naciones Unidas han rechazado la existencia de un conflicto armado que permita justificar jurídicamente estos ataques.

 

   Uno de los episodios más graves se produjo durante el primer bombardeo de septiembre de 2025. Investigaciones periodísticas revelaron que dos supervivientes se encontraban agarrados a los restos de la embarcación cuando fueron alcanzados por un segundo ataque.

 

   La circunstancia provocó acusaciones sobre posibles crímenes de guerra y exigencias de investigar la cadena de mando responsable de las operaciones.

 

COLOMBIA, BRASIL Y MÉXICO: LAS PROTESTAS LATINOAMERICANAS

    La campaña estadounidense ha provocado respuestas de distintos gobiernos latinoamericanos, aunque las protestas han tenido intensidades muy diferentes.

 

   Una de las posiciones más contundentes fue la del presidente colombiano Gustavo Petro, quien solicitó investigar penalmente a los responsables de los bombardeos, incluido Donald Trump.

   Petro denunció especialmente la muerte del pescador colombiano Alejandro Carranza y cuestionó que todas las embarcaciones destruidas estuvieran necesariamente vinculadas al narcotráfico. La tensión entre Bogotá y Washington alcanzó tal intensidad que Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos.

 

   El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también cuestionó la utilización de fuerza letal contra personas sospechosas de delitos que podían ser detenidas. Durante su intervención ante Naciones Unidas criticó las ejecuciones sin juicio fuera de situaciones de conflicto armado.

 

   La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó públicamente su desacuerdo con los ataques el 23 de octubre de 2025. Recordó que existen procedimientos internacionales para interceptar embarcaciones sospechosas sin recurrir automáticamente a su destrucción.

 

   Cuba, Nicaragua y Bolivia también denunciaron las operaciones estadounidenses. Venezuela lo hizo justo  hasta el momento en el que asumió la presidencia del país, después del secuestro de Maduro. En el Caribe, varios gobiernos expresaron su preocupación por las consecuencias de la militarización de las aguas regionales, aunque no se produjo una posición uniforme entre ellos.

 

  La respuesta ahora de Ecuador resulta especialmente contradictoria. El Gobierno de Daniel Noboa ha profundizado hasta límites indecibles su cooperación militar con Washington, mientras ahora son los  ciudadanos ecuatorianos los que  denuncian haber sido víctimas de operaciones estadounidenses.

   La demanda de los dieciséis pescadores coloca esa contradicción en primer plano: ¿hasta dónde llega la cooperación de un Estado latinoamericano cuando sus propios trabajadores afirman haber sido atacados por las fuerzas de su principal aliado militar?

 

LA ONU DENUNCIA EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

   Las operaciones estadounidenses han suscitado pronunciamientos particularmente severos de organismos internacionales.  El 31 de octubre de 2025, Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que los ataques violaban el derecho internacional y reclamó investigaciones independientes.

   Su posición partía de un principio elemental: incluso cuando existan sospechas fundadas de narcotráfico, los Estados no pueden privar arbitrariamente de la vida a las personas acusadas.

 

  Ben Saul, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha antiterrorista, formuló una acusación todavía más grave. En septiembre de 2026 sostuvo que existían fundamentos razonables para considerar que la campaña podía constituir crímenes contra la humanidad por asesinato.

    La declaración no equivale a una sentencia judicial, pero muestra hasta qué punto la conducta de Washington ha despertado preocupación entre expertos internacionales.

 

   Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, participó junto a otros expertos de Naciones Unidas en una declaración que reclamaba responsabilidades a lo largo de toda la cadena de mando.

 

    Amnistía Internacional también denunció la ilegalidad de la campaña. Sus representantes solicitaron que los gobiernos dejaran de proporcionar información de inteligencia susceptible de facilitar nuevos bombardeos contrarios al derecho internacional.

 

    Las organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden en una cuestión central: la lucha contra el narcotráfico no elimina las obligaciones jurídicas de los Estados ni concede a sus fuerzas armadas un derecho ilimitado a matar.

 

LA GUERRA CONTRA LOS MÁS DÉBILES DEL MAR

    El caso de los pescadores ecuatorianos permite examinar estas operaciones desde una perspectiva que rara vez ocupa el centro de las explicaciones oficiales: la condición social de quienes reciben los ataques.

 

   Las embarcaciones destruidas no son unidades militares de una potencia enemiga. Son pequeñas naves cuyos ocupantes, cuando se conocen sus identidades, pertenecen frecuentemente a comunidades costeras latinoamericanas.

 

   En estas supuestas operaciones contra el narcotráfico pueden existir traficantes, trabajadores utilizados por redes criminales y personas ajenas a esas actividades. Precisamente por eso resultan indispensables las investigaciones y las garantías judiciales.

 

   Sin embargo, la estrategia estadounidense ha sustituido  la detención y el procesamiento penal por la destrucción de las embarcaciones.

 

     Este tipo de relaciones internacionales, aparecen marcadas por  una desigualdad difícil de ignorar. En un extremo se encuentra la mayor potencia militar del planeta, dotada de sistemas de vigilancia, drones armados y estructuras de inteligencia capaces de actuar a miles de kilómetros de sus fronteras.

   En el otro, trabajadores de la pesca y habitantes de comunidades costeras que, incluso cuando sobreviven, carecen normalmente de recursos materiales para enfrentarse judicialmente a semejante aparato de poder.

 

   Las sospechas formuladas por las autoridades estadounidenses bastan, en la práctica de estas operaciones, para desencadenar ataques letales. Las familias de las víctimas, entretanto, deben reclamar pruebas, identificaciones y explicaciones que el Gobierno norteamericano no siempre proporciona.

 

 

DIECISÉIS SUPERVIVIENTES FRENTE A LA IMPUNIDAD

     La iniciativa judicial de los pescadores ecuatorianos introduce una novedad en este escenario. Hasta ahora, buena parte de las denuncias contra los bombardeos procedían de organizaciones de derechos humanos, expertos internacionales y gobiernos críticos con Washington. Ahora son los propios supervivientes quienes reclaman que un tribunal estadounidense examine lo ocurrido.

 

  Su demanda puede obligar a discutir cuestiones que la Administración Trump ha evitado aclarar públicamente: quién ordenó las operaciones, qué información justificó los ataques, cómo se verificó la identidad de las víctimas y qué normas autorizaban el empleo de fuerza letal.

 

  El procedimiento no garantiza que los demandantes obtengan una resolución favorable. La responsabilidad estadounidense en el episodio ecuatoriano deberá probarse y el caso puede enfrentarse a importantes obstáculos jurídicos.

 

   Pero su existencia modifica el terreno del conflicto. Frente a una campaña presentada oficialmente como una sucesión de operaciones contra narcoterroristas, dieciséis trabajadores sostienen que fueron bombardeados pese a no haber cometido delito alguno.

 

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