LOS FONDOS BUITRES "TIEMBLAN": ADA COLAU AMENAZA ACABAR CON ELLOS
Colau promete acabar con los fondos buitre… en cuanto Pedro Sánchez le dé permiso
La candidata de Frente Amplio anuncia expropiaciones, alquileres indefinidos y una ofensiva contra la especulación inmobiliaria. Solo necesita un pequeño detalle: entrar en un Gobierno presidido por el mismo PSOE al que ha acusado de "proteger los intereses inmobiliarios".
POR ALFIL PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Hay noticias que parecen escritas por un humorista particularmente cruel, pero que proceden de una rueda de
prensa perfectamente seria. Ada Colau, candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha anunciado que exigirá al PSOE acabar con los abusos del mercado inmobiliario como condición para entrar en un futuro Gobierno de coalición.
Los grandes fondos de inversión tienen muchisimos motivos para inquietarse. O, por lo menos, para revisar sus agendas: después de años de convivencia con gobiernos progres, ahora resulta que la verdadera batalla contra la especulación comenzará justamente en el próximo Consejo de Ministros.
La exalcaldesa de Barcelona explicó este lunes 16 de noviembre, durante un acto en Madrid, que su formación exigirá que el primer decreto del futuro Ejecutivo estabilice los contratos de alquiler y reduzca sus precios.
También defendió la expropiación de viviendas a los grandes fondos y la prohibición de determinadas operaciones especulativas. Todo ello, naturalmente, dentro de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, cuyo partido acaba de recibir de la propia Colau un suspenso en materia de vivienda.
Hay que reconocer la elegancia de la operación. Primero se denuncia que el PSOE mantiene una relación excesivamente amistosa con los intereses inmobiliarios. Después se anuncia que la solución consiste en gobernar con él. Es una estrategia que exige una considerable confianza en la capacidad transformadora de las reuniones ministeriales.
LA REVOLUCIÓN COMIENZA A LAS NUEVE, DESPUÉS DEL CONSEJO DE MINISTROS
Colau asegura que el primer decreto del futuro Gobierno tendrá que abordar inmediatamente el problema de los alquileres. Ni siquiera habrá que esperar los cien días preceptivos. Los fondos buitre, acostumbrados a operar con horizontes financieros de décadas, deberán prepararse para un acontecimiento verdaderamente extraordinario: una revolución inmobiliaria por procedimiento administrativo.
La propuesta merece ser examinada con mucha seriedad. Los contratos de alquiler indefinidos, la limitación de precios y la ampliación del parque público podrían modificar las condiciones de acceso a la vivienda. La cuestión es qué correlación de fuerzas permitiría aprobarlas, desarrollarlas y aplicarlas frente a los intereses económicos afectados.
Porque los fondos de inversión no acostumbran a entregar sus activos cuando un ministro pronuncia un discurso particularmente convincente. Cuentan con departamentos jurídicos, capacidad financiera, organizaciones empresariales y abundantes instrumentos para defender sus sustanciosos beneficios. Algunos incluso disponen de la virtud de ser escuchados por los gobiernos sin que para ello tengan necesidad de organizar manifestaciones.
Pero tranquilos: el nuevo Frente Amplio promete llevar una enorme determinación al Consejo de Ministros. Es posible que hasta consiga que la patronal inmobiliaria tenga que soportar una rueda de prensa especialmente severa.
LOS FONDOS BUITRE "TIENEN LOS DÍAS CONTADOS". OTRA VEZ.
La candidata ha ido bastante más lejos que una simple regulación de alquileres. El 6 de noviembre anunció una ley que permitiría expropiar progresivamente viviendas a grandes fondos de inversión, comenzando por las empresas con más de mil inmuebles. Según las cifras que maneja su formación, trece fondos acumulan alrededor de 100.000 viviendas en España. La propuesta contempla incorporarlas al parque público mediante compensaciones inferiores al precio de mercado.
Conviene no confundir la contundencia de una promesa electoral con su ejecución. En el marco de sociedad en la que vivimos, los intereses de los poderosos están superblindados. Expropiar viviendas requeriría leyes, financiación, procedimientos administrativos y, previsiblemente, afrontar recursos judiciales. También exige que los socios gubernamentales acepten alterar intereses patrimoniales considerables.
Y es justito en este punto es donde aparece nuestro viejo conocido, el PSOE. Ese partido extraordinario, que lleva la friolera de décadas participando en la gestión del capitalismo español, ahora, según anuncia el nuevo libreto electoral, por arte de pura magia podría convertirse en una herramienta formidable contra la especulación inmobiliaria. Bastaría con que sus futuros socios le explicaran las cosas con suficiente energía.
Tal vez el problema haya sido siempre de comunicación. Quizá los grandes propietarios han conservado hasta ahora sus privilegios porque nadie ha encontrado todavía la manera apropiada de explicarle a Pedro Sánchez que la vivienda debe servir para vivir. Hay quienes no descartan la posibilidad de que una presentación persuasiva en PowerPoint que consiga finalmente el milagro.
LA IZQUIERDA QUE AMENAZA AL PSOE MIENTRAS LE RESERVA UN SILLÓN
El elemento más pintoresco de toda esta operación es su envoltorio político. Colau sostiene que hay que impedir un Gobierno de PP y Vox y, simultáneamente, evitar que el PSOE continúe siendo complaciente con la especulación inmobiliaria. Dos objetivos que desembocan en una solución verdaderamente original: volver a formar un Gobierno progresista, pero esta vez con la promesa de que será mucho más progresista que el anterior.
La experiencia acumulada por la izquierda institucional española ofrece abundante material para estudiar semejante fenómeno. Cada nueva coalición se presenta como la oportunidad definitiva para superar las limitaciones de la precedente. Cuando aparecen los obstáculos presupuestarios, los desacuerdos ministeriales o las resistencias empresariales, las promesas empiezan a reducirse. Lo que durante la campaña electoral parecía una transformación histórica termina convertido en una negociación sobre los márgenes de un decreto.
Por supuesto, siempre existe una explicación para todo. Hay que ser responsables. Hay que evitar que gobierne la derecha. Hay que respetar los compromisos europeos. Hay que garantizar la estabilidad institucional. Y, naturalmente, hay que permanecer en el Gobierno para seguir luchando "desde dentro" y repollinados en la poltrona. Una posición bastante cómoda, especialmente cuando la auténtica alternativa consiste en luchar desde fuera.
EL CAPITALISMO INMOBILIARIO ESPERA INSTRUCCIONES
El problema de fondo tiene bastante menos gracia que sus protagonistas. La vivienda se ha convertido en un activo financiero del que grandes propietarios e inversores esperan obtener rentabilidades crecientes. Su valor económico depende, entre otros factores, de la capacidad de apropiarse de una parte cada vez mayor de los ingresos de quienes necesitan un techo.
Modificar sustancialmente esa situación exigiría enfrentarse a intereses patrimoniales poderosos, ampliar el parque público de vivienda y limitar la capacidad del mercado para determinar un derecho básico. Las propuestas de Colau apuntan, -no podía ser de otra manera-, hacia algunos de esos problemas, pero dejan pendiente la pregunta decisiva: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un futuro Gobierno cuando sus medidas entren en conflicto con los intereses del capital inmobiliario?.
La flamante recandidata asegura que "esta vez la vivienda será el gran caballo de batalla de los progres . Algunos, -muchos-, ingenuos aseguran que pudiera ser. Aunque los inquilinos españoles tienen razones para preguntarse cuántas veces más deberán escuchar semejante anuncio antes de comprobar sus resultados.
Porque la política española ha desarrollado una curiosa especialidad: convertir cada derecho social pendiente en la principal prioridad del próximo Gobierno. El actual, por lo visto, siempre llega demasiado pronto.
Y así, mientras los propietarios cobran puntualmente y los inquilinos hacen números para sobrevivir, la izquierda institucional prepara otra ofensiva histórica contra la especulación.
Ya tenemos candidata, programa electoral y condiciones irrenunciables. Solo queda negociar con el PSOE, superar las resistencias empresariales, encontrar financiación, aprobar las leyes y conseguir que se apliquen. Nada, una insignificancia. Entretanto, los fondos buitre pueden continuar tranquilamente con sus negocios. La amenaza es terrible, pero no hay razones para preocuparse; recordemos que todavía nos encontramos en plena campaña electoral.
POR ALFIL PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Hay noticias que parecen escritas por un humorista particularmente cruel, pero que proceden de una rueda de
prensa perfectamente seria. Ada Colau, candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha anunciado que exigirá al PSOE acabar con los abusos del mercado inmobiliario como condición para entrar en un futuro Gobierno de coalición.
Los grandes fondos de inversión tienen muchisimos motivos para inquietarse. O, por lo menos, para revisar sus agendas: después de años de convivencia con gobiernos progres, ahora resulta que la verdadera batalla contra la especulación comenzará justamente en el próximo Consejo de Ministros.
La exalcaldesa de Barcelona explicó este lunes 16 de noviembre, durante un acto en Madrid, que su formación exigirá que el primer decreto del futuro Ejecutivo estabilice los contratos de alquiler y reduzca sus precios.
También defendió la expropiación de viviendas a los grandes fondos y la prohibición de determinadas operaciones especulativas. Todo ello, naturalmente, dentro de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, cuyo partido acaba de recibir de la propia Colau un suspenso en materia de vivienda.
Hay que reconocer la elegancia de la operación. Primero se denuncia que el PSOE mantiene una relación excesivamente amistosa con los intereses inmobiliarios. Después se anuncia que la solución consiste en gobernar con él. Es una estrategia que exige una considerable confianza en la capacidad transformadora de las reuniones ministeriales.
LA REVOLUCIÓN COMIENZA A LAS NUEVE, DESPUÉS DEL CONSEJO DE MINISTROS
Colau asegura que el primer decreto del futuro Gobierno tendrá que abordar inmediatamente el problema de los alquileres. Ni siquiera habrá que esperar los cien días preceptivos. Los fondos buitre, acostumbrados a operar con horizontes financieros de décadas, deberán prepararse para un acontecimiento verdaderamente extraordinario: una revolución inmobiliaria por procedimiento administrativo.
La propuesta merece ser examinada con mucha seriedad. Los contratos de alquiler indefinidos, la limitación de precios y la ampliación del parque público podrían modificar las condiciones de acceso a la vivienda. La cuestión es qué correlación de fuerzas permitiría aprobarlas, desarrollarlas y aplicarlas frente a los intereses económicos afectados.
Porque los fondos de inversión no acostumbran a entregar sus activos cuando un ministro pronuncia un discurso particularmente convincente. Cuentan con departamentos jurídicos, capacidad financiera, organizaciones empresariales y abundantes instrumentos para defender sus sustanciosos beneficios. Algunos incluso disponen de la virtud de ser escuchados por los gobiernos sin que para ello tengan necesidad de organizar manifestaciones.
Pero tranquilos: el nuevo Frente Amplio promete llevar una enorme determinación al Consejo de Ministros. Es posible que hasta consiga que la patronal inmobiliaria tenga que soportar una rueda de prensa especialmente severa.
LOS FONDOS BUITRE "TIENEN LOS DÍAS CONTADOS". OTRA VEZ.
La candidata ha ido bastante más lejos que una simple regulación de alquileres. El 6 de noviembre anunció una ley que permitiría expropiar progresivamente viviendas a grandes fondos de inversión, comenzando por las empresas con más de mil inmuebles. Según las cifras que maneja su formación, trece fondos acumulan alrededor de 100.000 viviendas en España. La propuesta contempla incorporarlas al parque público mediante compensaciones inferiores al precio de mercado.
Conviene no confundir la contundencia de una promesa electoral con su ejecución. En el marco de sociedad en la que vivimos, los intereses de los poderosos están superblindados. Expropiar viviendas requeriría leyes, financiación, procedimientos administrativos y, previsiblemente, afrontar recursos judiciales. También exige que los socios gubernamentales acepten alterar intereses patrimoniales considerables.
Y es justito en este punto es donde aparece nuestro viejo conocido, el PSOE. Ese partido extraordinario, que lleva la friolera de décadas participando en la gestión del capitalismo español, ahora, según anuncia el nuevo libreto electoral, por arte de pura magia podría convertirse en una herramienta formidable contra la especulación inmobiliaria. Bastaría con que sus futuros socios le explicaran las cosas con suficiente energía.
Tal vez el problema haya sido siempre de comunicación. Quizá los grandes propietarios han conservado hasta ahora sus privilegios porque nadie ha encontrado todavía la manera apropiada de explicarle a Pedro Sánchez que la vivienda debe servir para vivir. Hay quienes no descartan la posibilidad de que una presentación persuasiva en PowerPoint que consiga finalmente el milagro.
LA IZQUIERDA QUE AMENAZA AL PSOE MIENTRAS LE RESERVA UN SILLÓN
El elemento más pintoresco de toda esta operación es su envoltorio político. Colau sostiene que hay que impedir un Gobierno de PP y Vox y, simultáneamente, evitar que el PSOE continúe siendo complaciente con la especulación inmobiliaria. Dos objetivos que desembocan en una solución verdaderamente original: volver a formar un Gobierno progresista, pero esta vez con la promesa de que será mucho más progresista que el anterior.
La experiencia acumulada por la izquierda institucional española ofrece abundante material para estudiar semejante fenómeno. Cada nueva coalición se presenta como la oportunidad definitiva para superar las limitaciones de la precedente. Cuando aparecen los obstáculos presupuestarios, los desacuerdos ministeriales o las resistencias empresariales, las promesas empiezan a reducirse. Lo que durante la campaña electoral parecía una transformación histórica termina convertido en una negociación sobre los márgenes de un decreto.
Por supuesto, siempre existe una explicación para todo. Hay que ser responsables. Hay que evitar que gobierne la derecha. Hay que respetar los compromisos europeos. Hay que garantizar la estabilidad institucional. Y, naturalmente, hay que permanecer en el Gobierno para seguir luchando "desde dentro" y repollinados en la poltrona. Una posición bastante cómoda, especialmente cuando la auténtica alternativa consiste en luchar desde fuera.
EL CAPITALISMO INMOBILIARIO ESPERA INSTRUCCIONES
El problema de fondo tiene bastante menos gracia que sus protagonistas. La vivienda se ha convertido en un activo financiero del que grandes propietarios e inversores esperan obtener rentabilidades crecientes. Su valor económico depende, entre otros factores, de la capacidad de apropiarse de una parte cada vez mayor de los ingresos de quienes necesitan un techo.
Modificar sustancialmente esa situación exigiría enfrentarse a intereses patrimoniales poderosos, ampliar el parque público de vivienda y limitar la capacidad del mercado para determinar un derecho básico. Las propuestas de Colau apuntan, -no podía ser de otra manera-, hacia algunos de esos problemas, pero dejan pendiente la pregunta decisiva: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un futuro Gobierno cuando sus medidas entren en conflicto con los intereses del capital inmobiliario?.
La flamante recandidata asegura que "esta vez la vivienda será el gran caballo de batalla de los progres . Algunos, -muchos-, ingenuos aseguran que pudiera ser. Aunque los inquilinos españoles tienen razones para preguntarse cuántas veces más deberán escuchar semejante anuncio antes de comprobar sus resultados.
Porque la política española ha desarrollado una curiosa especialidad: convertir cada derecho social pendiente en la principal prioridad del próximo Gobierno. El actual, por lo visto, siempre llega demasiado pronto.
Y así, mientras los propietarios cobran puntualmente y los inquilinos hacen números para sobrevivir, la izquierda institucional prepara otra ofensiva histórica contra la especulación.
Ya tenemos candidata, programa electoral y condiciones irrenunciables. Solo queda negociar con el PSOE, superar las resistencias empresariales, encontrar financiación, aprobar las leyes y conseguir que se apliquen. Nada, una insignificancia. Entretanto, los fondos buitre pueden continuar tranquilamente con sus negocios. La amenaza es terrible, pero no hay razones para preocuparse; recordemos que todavía nos encontramos en plena campaña electoral.


































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