316 MILLONES DE FONDOS PÚBLICOS PARA PROTEGER EL NEGOCIO TURÍSTICO PRIVADO

     El Gobierno de Canarias ha comprometido 316 millones de euros para indemnizar a propietarios de terrenos turísticos afectados por la "moratoria", una serie de medidas aprobadas a partir de 2001 para frenar la construcción de nuevos hoteles y apartamentos ante el crecimiento descontrolado de las plazas alojativas y la presión que esta actividad generaba en el territorio.

   Además de cobrar las indemnizaciones, os beneficiarios podrán conservar sus terrenos y derechos urbanísticos. El caso plantea una cuestión política de fondo: ¿por qué una decisión destinada a limitar la expansión del negocio turístico ha terminado obligando a destinar cientos de millones de euros públicos a compensar a propietarios privados?

EL ORIGEN POLÍTICO DE UNA FACTURA MILLONARIA

   El Gobierno autonómico ha desembolsado ya 275,1 millones de euros mediante 27 acuerdos con promotores turísticos, según reconoció el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, el pasado 12 de noviembre.

  En total, el Ejecutivo ha alcanzado 36 acuerdos por un principal de 316 millones, al que deben añadirse los intereses correspondientes. La Administración autonómica defiende esta operación alegando que con ella "ha evitado reclamaciones empresariales mucho más elevadas".

    Sin embargo, para entender cómo se ha llegado hasta aquí es necesario examinar la legislación que hizo posibles esas indemnizaciones y preguntarse por qué los costes de limitar un modelo de crecimiento turístico basado en la explotación privada del territorio deben recaer sobre el conjunto de la población canaria.

  Para comprender lo sucedido hay que retroceder a 2009, cuando Coalición Canaria y el Partido Popular gobernaban conjuntamente el Archipiélago. Aquel Ejecutivo, presidido por Paulino Rivero, aprobó la Ley 6/2009, cuyo artículo 17.1 abrió una vía indemnizatoria para los propietarios de terrenos turísticos afectados por la moratoria.

    La disposición permitía solicitar la reclasificación del suelo y reclamar compensaciones por derechos urbanísticos consolidados. Aunque fue derogada en 2013, las reclamaciones surgidas durante su vigencia continuaron su recorrido administrativo y judicial. El actual Gobierno, nuevamente integrado por CC y PP, ha decidido resolverlas mediante acuerdos millonarios que tendrán que pagarse con cargo al erario público.  La factura actual no constituye, por tanto, una consecuencia inevitable de limitar la construcción turística, sino que responde a cómo se protegieron legislativamente los intereses patrimoniales afectados.

EL NEGOCIO PRIVADO Y LA SOCIALIZACIÓN DE SUS COSTES

   Para justificar que los propietarios indemnizados puedan conservar sus terrenos y aprovechamientos urbanísticos, el Ejecutivo canario aduce que "no está comprando esos derechos, sino compensando una denominada pérdida de oportunidad".

  Para calcularla ha aplicado el interés legal del dinero al valor de los aprovechamientos durante un periodo determinado. En otras palabras, se indemniza una rentabilidad alternativa que los propietarios habrían podido obtener mientras permanecían limitadas sus posibilidades de explotación.

   En este punto se manifiesta un privilegio característico de las relaciones capitalistas de propiedad. El propietario del suelo puede apropiarse de una renta derivada de su control exclusivo sobre un recurso natural limitado.

  Buena parte del valor económico de ese terreno depende de decisiones públicas: la clasificación urbanística, las infraestructuras financiadas colectivamente y la autorización para desarrollar actividades lucrativas. Cuand esas decisiones incrementan el valor del suelo, la ganancia patrimonial queda fundamentalmente en manos privadas. Sin embargo, cuando determinadas restricciones afectan a "derechos protegidos", el ordenamiento puede convertir el perjuicio reconocido en una obligación económica para la sociedad.  Esta relación permite comprender cómo la propiedad territorial funciona como un título para apropiarse de una parte de la riqueza social. El propietario puede obtener ingresos por controlar un espacio indispensable para determinadas actividades económicas, aunque no participe directamente en la producción.

    En Canarias, donde el territorio aprovechable es escaso y el negocio turístico depende extraordinariamente de su localización, ese monopolio adquiere especial relevancia. La posibilidad de edificar establecimientos turísticos se transforma en un activo patrimonial susceptible de valoración, negociación y protección jurídica. El resultado es una profunda asimetría. Durante las etapas expansivas, promotores, propietarios y operadores turísticos pueden apropiarse de importantes beneficios, mientras buena parte de las infraestructuras necesarias se financian mediante presupuestos públicos. Cuando aparecen los límites ecológicos, territoriales o sociales de esa expansión, corregirla puede generar nuevas obligaciones para la Hacienda autonómica. Es decir, estos costos son pagados con los fondos públicos. El capital conserva así una posición privilegiada frente a decisiones colectivas que puedan restringir, aunque sea mínimamente, sus posibilidades de acumulación. La propiedad privada adquiere así una capacidad de condicionamiento que alcanza incluso a las políticas públicas futuras.

¿QUIÉN HA DECIDIDO CUÁNTO DEBEMOS PAGAR?

   La controversia resulta todavía más grave por las discrepancias en las valoraciones. La diputada de Nueva Canarias Esther González sostiene que los acuerdos duplican las estimaciones más elevadas de 36 informes técnicos elaborados entre 2020 y 2021. Si se confirma esta denuncia, la diferencia podría superar los cien millones de euros.Por su parte, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, de Coalición Canaria, insiste en que los promotores reclamaban 652 millones de principal y que "negociar ha evitado mayores desembolsos e intereses". Pero una reclamación empresarial no equivale a una cantidad judicialmente reconocida. Tampoco la homologación judicial de un acuerdo demuestra necesariamente que su valoración económica sea la más favorable al interés público.

   La oposición ha denunciado, igualmente, dificultades para acceder a los expedientes completos. La exigencia de transparencia que, sin embargo, es muy improbable que se vaya a satisfacer, es particularmente necesaria porque estamos ante una entrega extraordinaria de dinero público entre propietarios privados. Debería conocerse quién cobra, cuánto recibe, qué perjuicio se reconoce y qué derechos conserva. La legalidad de los acuerdos tampoco puede sustituir al examen político de las normas que hicieron posibles estas obligaciones.

   El problema, finalmente, afecta a la propia capacidad de decidir sobre el territorio. Si las posibilidades de beneficio reconocidas históricamente al capital inmobiliario terminan convirtiéndose en obstáculos económicos para modificar el modelo turístico, la planificación pública queda subordinada a derechos patrimoniales previamente establecidos. La sociedad soporta entonces los costes de una expansión que no decidió en condiciones de igualdad y también los de intentar contenerla. Los 316 millones comprometidos representan una manifestación concreta de la profunda injusticia que caracteriza a un sistema económico, en el que la defensa de la propiedad privada prevalece siempre sobre las necesidades colectivas de la población.