CUANDO LOS CAMPESINOS CANARIOS SE AMOTINARON PARA DEFENDER SU DERECHO A CULTIVAR LA TIERRA
"La rebelión formó parte de una larga historia de motines y levantamientos populares en Canarias"
En septiembre de 1777, cientos de campesinos de Gran Canaria se levantaron contra las autoridades para defender su derecho a cultivar la tierra. Aquella rebelión, que obligó al representante de la Corona a negociar con los amotinados y abandonar La Aldea de San Nicolás, formaba parte de una larga historia de enfrentamientos populares contra los privilegios de los grandes propietarios y las restricciones impuestas a las comunidades rurales.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 30 de septiembre de 1977, un grupo de vecinos de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, emprendió de noche el camino hacia La Aldea de San Nicolás. No iban a comerciar ni a celebrar ninguna festividad. Marchaban para enfrentarse a la máxima autoridad civil de la isla y exigir la libertad de su alcalde, encarcelado por negarse a colaborar en la persecución de quienes cultivaban tierras de la Corona sin autorización. Aquella expedición terminó convirtiéndose en una rebelión campesina que reunió, según las estimaciones más prudentes de la época, a alrededor de mil personas. Durante varios días, los sublevados mantuvieron cercado al corregidor y consiguieron arrancarle importantes concesiones.
La historia, prácticamente desconocida para buena parte de los canarios, permite comprender cómo funcionaba el poder económico y político en el Archipiélago durante el Antiguo Régimen. Su reconstrucción se encuentra en la investigación del historiador Antonio Manuel Macías Hernández, El motín de 1777. El trabajo, basado en expedientes judiciales y documentación de la época, revela las raíces sociales de una protesta que apenas ha encontrado espacio en los relatos más conocidos de la historia insular.
UNA TIERRA REPARTIDA DESPUÉS DE LA CONQUISTA
Para comprender aquella rebelión debemos retroceder casi tres siglos. La conquista castellana de Gran Canaria, culminada en 1483, abrió un proceso de apropiación y redistribución de tierras y aguas que transformó profundamente la organización económica del territorio.
Las tierras conquistadas fueron distribuidas mediante los llamados "repartimientos". La Corona concedía propiedades y derechos de aprovechamiento a conquistadores, financiadores de las campañas militares, colonos y otras personas favorecidas por las nuevas autoridades. Los repartos no fueron igualitarios y contribuyeron a establecer una sociedad caracterizada por importantes diferencias de riqueza y poder.
El control del agua tenía tanta importancia como el de la tierra. Sin este recurso esencial, las explotaciones agrícolas más rentables resultaban inviables. La expansión de los ingenios azucareros favoreció la aparición de grupos propietarios que acumularon recursos económicos y capacidad de influencia sobre las instituciones locales.
En su investigación La colonización europea y el derecho de aguas. El ejemplo de Canarias, 1480-1525, Antonio Macías Hernández explica cómo los sectores vinculados a la producción azucarera llegaron a controlar instituciones encargadas de administrar los recursos hidráulicos, favoreciendo la consolidación de derechos privados sobre el agua.
Con el paso de las generaciones, una parte importante de la propiedad agraria quedó concentrada en grandes familias. Los matrimonios entre linajes acomodados, las compras de terrenos y los mayorazgos- institución jurídica que permitía mantener unido un patrimonio familiar y transmitirlo de acuerdo con reglas sucesorias que dificultaban su división - contribuyeron a consolidar esas fortunas.
Sin embargo, aquella estructura agraria era más compleja que una simple división entre grandes propietarios y campesinos sin tierras. Junto a los patrimonios nobiliarios y eclesiásticos existían pequeñas propiedades, arrendamientos, explotaciones familiares y extensiones que permanecían bajo titularidad de la Corona, aunque destinadas a aprovechamientos colectivos. Precisamente estas últimas tierras acabarían convirtiéndose en el centro del conflicto de 1777.
UNA LARGA HISTORIA DE REBELIONES POPULARES
El motín de 1777 no fue un episodio aislado. Desde los primeros tiempos posteriores a la conquista, Canarias conoció numerosas protestas contra los abusos señoriales, la apropiación de tierras comunales, las cargas fiscales y las restricciones impuestas a campesinos y pequeños productores. Algunas desembocaron en enfrentamientos abiertos con las autoridades.
En La Orotava (Tenerif), en 1648, grupos de campesinos destruyeron plantaciones establecidas sobre terrenos de aprovechamiento colectivo, un conflicto que volvió a estallar en 1718. En otro municipio de Tenerife, Garachico, en 1666, centenares de personas participaron en el célebre Derrame del Vino, vinculado a las disputas comerciales con mercaderes ingleses. En Agüimes (Gran Canaria), en 1718, los vecinos se movilizaron contra adjudicaciones de tierras que favorecían a grandes propietarios. Durante 1720 también se produjeron levantamientos en Lanzarote y Fuerteventura relacionados con una fiscalidad abusiva y otras tensiones económicas.
La frecuencia de estas movilizaciones resulta especialmente reveladora. Un informe remitido en 1751 al Consejo de Castilla por el corregidor Núñez de Arce recogía diecisiete motines anteriores en distintas localidades de Gran Canaria. Aunque sus causas y protagonistas no fueron idénticos, aquellos acontecimientos muestran que la resistencia colectiva formaba parte de la vida social del archipiélago mucho antes de 1777.
LOS CAMPESINOS NECESITABAN TIERRAS QUE NO PODÍAN CULTIVAR
Durante el siglo XVIII, el crecimiento demográfico aumentó la presión sobre los terrenos agrícolas. En las comarcas montañosas del suroeste de Gran Canaria, numerosas familias dependían de una economía rural limitada por las dificultades del relieve, la disponibilidad de agua y el acceso desigual a la propiedad.
En La Aldea de San Nicolás existía una circunstancia especialmente conflictiva. Buena parte de las tierras cultivadas del valle pertenecía al mayorazgo del marqués de Villanueva del Prado, vinculado a la Casa de Nava. Muchos vecinos trabajaban aquellas propiedades como colonos, obligados a entregar rentas al propietario.
La situación había provocado enfrentamientos desde mucho antes del motín. Ya en 1645, los vecinos emprendieron acciones judiciales para discutir los derechos del mayorazgo. Reclamaban que sus titulares demostraran documentalmente que la Corona les había concedido legítimamente aquellas tierras.
Mientras tanto, en Tejeda, Artenara, Tirajana y La Aldea, numerosos agricultores habían comenzado a desmontar y sembrar terrenos realengos. Tierras que pertenecían jurídicamente a la Corona pero que tradicionalmente habían proporcionado pastos, leña y otros recursos utilizados por los vecinos. Su transformación en parcelas agrícolas enfrentaba intereses diferentes. Los campesinos que necesitaban ampliar sus cultivos encontraban obstáculos en una organización territorial que reservaba grandes superficies para el aprovechamiento ganadero.
Los propietarios de ganado denunciaron las roturaciones porque reducían sus pastos. Las autoridades respondieron aplicando una disposición de 1748 que reforzaba la protección de montes y terrenos baldíos. Para los agricultores acusados de ocuparlos, las consecuencias podían ser graves: multas, gastos judiciales y órdenes para abandonar las superficies cultivadas. El conflicto estaba servido. Solo faltaba el acontecimiento que desencadenara la protesta.
UN ALCALDE ENCARCELADO Y UN PUEBLO QUE DECIDIÓ REBELARSE
En 1777, el corregidor Ignacio Joaquín de Montalvo intensificó las actuaciones contra las roturaciones de tierras consideradas ilegales. En Tejeda encontró la resistencia del alcalde José de la Encarnación Sarmiento, quien se negó a facilitar la comparecencia de los vecinos perseguidos. Montalvo ordenó finalmente su encarcelamiento. La noticia llegó rápidamente a la población. Manuel Araujo y Lomba, sacristán de La Aldea de San Nicolás, comunicó lo ocurrido a los vecinos de Tejeda.
El domingo 28 de septiembre, después de la misa, numerosos habitantes discutieron la situación y acordaron intervenir. Algunos vecinos acomodados intentaron contener los ánimos, pero los partidarios de liberar al alcalde terminaron imponiéndose. Dos días después, los hombres de Tejeda marcharon hacia La Aldea. Los convocaron, entre otros, cabos de las milicias provinciales mediante el toque de caracoles, utilizados tradicionalmente para reunir a la población. La expedición llegó durante la noche del 30 de septiembre. Ante la presión de los manifestantes, Montalvo accedió a liberar a Sarmiento. Pero la protesta no terminó allí.
Antonio Ramírez, yerno del sacristán Araujo, convenció a los vecinos de Tejeda para unir sus fuerzas a las de La Aldea y exigir nuevas concesiones. El corregidor buscó refugio en la casa del mayorazgo, acompañado por autoridades locales y algunos milicianos. Los sublevados rodearon el edificio y vigilaron sus accesos. Las estimaciones sobre la participación difieren. El párroco aldeano habló de más de dos mil personas, mientras que la Real Audiencia y distintos testigos calcularon alrededor de mil. El historiador Macías Hernández considera exagerada la cifra mayor.
Aunque se profirieron amenazas de incendiar el edificio y cortar el suministro de agua, la investigación no documenta agresiones físicas consumadas durante el cerco. La presión colectiva fue suficiente para obligar al representante de la Corona a negociar.
LOS AMOTINADOS IMPUSIERON SUS EXIGENCIAS
La protesta tenía una dirección organizada. Manuel Araujo, sus familiares y el alcalde Sarmiento participaron en la elaboración de un programa de reivindicaciones que posteriormente fue aprobado por los amotinados reunidos en asamblea. Las exigencias incluían la entrega de expedientes judiciales relacionados con las roturaciones y anteriores conflictos, la devolución de treinta pesos cobrados por el escribano del corregidor y, fundamentalmente, el compromiso de no perseguir a los vecinos por cultivar las tierras realengas.
Montalvo terminó aceptando las peticiones bajo la presión de los sublevados. El 2 de octubre, una vez apaciguados los ánimos, abandonó La Aldea por mar. Pretendía dirigirse hacia otros puertos de Gran Canaria, pero las condiciones marítimas lo llevaron hasta Tenerife.
El enfrentamiento tuvo incluso consecuencias sobre las autoridades locales. En Tejeda, los participantes en la protesta sustituyeron a varios cargos municipales y restituyeron a Sarmiento en la alcaldía. La victoria inmediata fue celebrada con repartos de gofio, tabaco y vino. Los dirigentes de aquella movilización no eran necesariamente los campesinos más pobres. Macías Hernández identifica entre ellos a una minoría rural acomodada que controlaba cargos locales y participaba en el cobro de rentas. Sarmiento, por ejemplo, administraba un estanco y actuaba como arrendatario del diezmo. El propio Araujo también pertenecía a los sectores económicamente influyentes de la comunidad. La rebelión reunió, por tanto, a campesinos de distintas posiciones económicas cuyos intereses coincidían parcialmente frente a la actuación del corregidor.
LA JUSTICIA TARDÓ CATORCE AÑOS EN CERRAR EL CASO
Las autoridades no consideraron terminado el asunto con la salida de Montalvo. La Real Audiencia abrió investigaciones, identificó participantes y examinó las responsabilidades de los implicados. En 1779 propuso castigos y, al año siguiente, remitió el expediente al Consejo de Castilla. Sin embargo, la aplicación de las penas quedó paralizada. La complejidad del proceso y el temor a provocar nuevos enfrentamientos aconsejaron prudencia a las autoridades.
Finalmente, el 7 de febrero de 1791, catorce años después de la rebelión, el Consejo ordenó sobreseer y archivar la causa. Había transcurrido demasiado tiempo, algunos acusados habían fallecido y reabrir el conflicto podía alterar nuevamente la tranquilidad de las islas. La decisión, por supuesto, no resolvió la cuestión agraria. En La Aldea, los pleitos sobre las tierras del mayorazgo continuaron durante generaciones. En 1808 los vecinos protagonizaron una apropiación colectiva de aquellos terrenos y la controversia se prolongó hasta el siglo XX.
La rebelión de 1777 permite, en cualquier caso, contemplar una dimensión de la historia canaria que rara vez ocupa el centro de los relatos tradicionales. Detrás de los grandes apellidos, los títulos nobiliarios y las instituciones de la monarquía existía una población que trabajaba la tierra y discutía quién tenía derecho a poseerla. Los campesinos de Tejeda y La Aldea comprobaron que podían organizarse, desafiar a las autoridades y obligarlas a retroceder. Su protesta no eliminó las desigualdades agrarias, pero dejó constancia de un conflicto que atravesó durante siglos la sociedad insular y que, con otras formas, se mantiene hasta la actualidad: la distancia entre entre quienes controlaban la propiedad y quienes dependen de ella para sobrevivir.
Fuentes y bibliografía
- Macías Hernández, Antonio M. (1977). «El motín de 1777. Su significación socioeconómica en la comarca del suroeste de Gran Canaria». Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 23, pp. 263-348. Fuente principal para reconstruir los acontecimientos, sus causas y consecuencias. Consultar PDF.
- Macías Hernández, Antonio M. (2009). «La colonización europea y el derecho de aguas. El ejemplo de Canarias, 1480-1525». Hispania. Revista Española de Historia, vol. 69, n.º 233, pp. 715-738. Consultar PDF.
- Gutiérrez de Armas, Judit, y Núñez Pestano, Juan Ramón (2016). «El comercio atlántico y la formación de la gran propiedad vinculada en el siglo XVII en Canarias. El caso de los Salazar de Frías». Vegueta, n.º 16, pp. 417-436. Consultar PDF.
- Núñez Pestano, Juan Ramón. «Derechos comunales y conflicto social durante la Edad Moderna: las revueltas contra las usurpaciones en las dehesas del Valle de La Orotava». Investigación sobre las movilizaciones campesinas de 1648 y 1718. Consultar estudio.
- Suárez Grimón, Vicente. Tres motines en Gran Canaria en el siglo XVIII. Investigación sobre la conflictividad agraria y los enfrentamientos populares en la isla. Repositorio de la ULPGC.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 30 de septiembre de 1977, un grupo de vecinos de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, emprendió de noche el camino hacia La Aldea de San Nicolás. No iban a comerciar ni a celebrar ninguna festividad. Marchaban para enfrentarse a la máxima autoridad civil de la isla y exigir la libertad de su alcalde, encarcelado por negarse a colaborar en la persecución de quienes cultivaban tierras de la Corona sin autorización. Aquella expedición terminó convirtiéndose en una rebelión campesina que reunió, según las estimaciones más prudentes de la época, a alrededor de mil personas. Durante varios días, los sublevados mantuvieron cercado al corregidor y consiguieron arrancarle importantes concesiones.
La historia, prácticamente desconocida para buena parte de los canarios, permite comprender cómo funcionaba el poder económico y político en el Archipiélago durante el Antiguo Régimen. Su reconstrucción se encuentra en la investigación del historiador Antonio Manuel Macías Hernández, El motín de 1777. El trabajo, basado en expedientes judiciales y documentación de la época, revela las raíces sociales de una protesta que apenas ha encontrado espacio en los relatos más conocidos de la historia insular.
UNA TIERRA REPARTIDA DESPUÉS DE LA CONQUISTA
Para comprender aquella rebelión debemos retroceder casi tres siglos. La conquista castellana de Gran Canaria, culminada en 1483, abrió un proceso de apropiación y redistribución de tierras y aguas que transformó profundamente la organización económica del territorio.
Las tierras conquistadas fueron distribuidas mediante los llamados "repartimientos". La Corona concedía propiedades y derechos de aprovechamiento a conquistadores, financiadores de las campañas militares, colonos y otras personas favorecidas por las nuevas autoridades. Los repartos no fueron igualitarios y contribuyeron a establecer una sociedad caracterizada por importantes diferencias de riqueza y poder.
El control del agua tenía tanta importancia como el de la tierra. Sin este recurso esencial, las explotaciones agrícolas más rentables resultaban inviables. La expansión de los ingenios azucareros favoreció la aparición de grupos propietarios que acumularon recursos económicos y capacidad de influencia sobre las instituciones locales.
En su investigación La colonización europea y el derecho de aguas. El ejemplo de Canarias, 1480-1525, Antonio Macías Hernández explica cómo los sectores vinculados a la producción azucarera llegaron a controlar instituciones encargadas de administrar los recursos hidráulicos, favoreciendo la consolidación de derechos privados sobre el agua.
Con el paso de las generaciones, una parte importante de la propiedad agraria quedó concentrada en grandes familias. Los matrimonios entre linajes acomodados, las compras de terrenos y los mayorazgos- institución jurídica que permitía mantener unido un patrimonio familiar y transmitirlo de acuerdo con reglas sucesorias que dificultaban su división - contribuyeron a consolidar esas fortunas.
Sin embargo, aquella estructura agraria era más compleja que una simple división entre grandes propietarios y campesinos sin tierras. Junto a los patrimonios nobiliarios y eclesiásticos existían pequeñas propiedades, arrendamientos, explotaciones familiares y extensiones que permanecían bajo titularidad de la Corona, aunque destinadas a aprovechamientos colectivos. Precisamente estas últimas tierras acabarían convirtiéndose en el centro del conflicto de 1777.
UNA LARGA HISTORIA DE REBELIONES POPULARES
El motín de 1777 no fue un episodio aislado. Desde los primeros tiempos posteriores a la conquista, Canarias conoció numerosas protestas contra los abusos señoriales, la apropiación de tierras comunales, las cargas fiscales y las restricciones impuestas a campesinos y pequeños productores. Algunas desembocaron en enfrentamientos abiertos con las autoridades.
En La Orotava (Tenerif), en 1648, grupos de campesinos destruyeron plantaciones establecidas sobre terrenos de aprovechamiento colectivo, un conflicto que volvió a estallar en 1718. En otro municipio de Tenerife, Garachico, en 1666, centenares de personas participaron en el célebre Derrame del Vino, vinculado a las disputas comerciales con mercaderes ingleses. En Agüimes (Gran Canaria), en 1718, los vecinos se movilizaron contra adjudicaciones de tierras que favorecían a grandes propietarios. Durante 1720 también se produjeron levantamientos en Lanzarote y Fuerteventura relacionados con una fiscalidad abusiva y otras tensiones económicas.
La frecuencia de estas movilizaciones resulta especialmente reveladora. Un informe remitido en 1751 al Consejo de Castilla por el corregidor Núñez de Arce recogía diecisiete motines anteriores en distintas localidades de Gran Canaria. Aunque sus causas y protagonistas no fueron idénticos, aquellos acontecimientos muestran que la resistencia colectiva formaba parte de la vida social del archipiélago mucho antes de 1777.
LOS CAMPESINOS NECESITABAN TIERRAS QUE NO PODÍAN CULTIVAR
Durante el siglo XVIII, el crecimiento demográfico aumentó la presión sobre los terrenos agrícolas. En las comarcas montañosas del suroeste de Gran Canaria, numerosas familias dependían de una economía rural limitada por las dificultades del relieve, la disponibilidad de agua y el acceso desigual a la propiedad.
En La Aldea de San Nicolás existía una circunstancia especialmente conflictiva. Buena parte de las tierras cultivadas del valle pertenecía al mayorazgo del marqués de Villanueva del Prado, vinculado a la Casa de Nava. Muchos vecinos trabajaban aquellas propiedades como colonos, obligados a entregar rentas al propietario.
La situación había provocado enfrentamientos desde mucho antes del motín. Ya en 1645, los vecinos emprendieron acciones judiciales para discutir los derechos del mayorazgo. Reclamaban que sus titulares demostraran documentalmente que la Corona les había concedido legítimamente aquellas tierras.
Mientras tanto, en Tejeda, Artenara, Tirajana y La Aldea, numerosos agricultores habían comenzado a desmontar y sembrar terrenos realengos. Tierras que pertenecían jurídicamente a la Corona pero que tradicionalmente habían proporcionado pastos, leña y otros recursos utilizados por los vecinos. Su transformación en parcelas agrícolas enfrentaba intereses diferentes. Los campesinos que necesitaban ampliar sus cultivos encontraban obstáculos en una organización territorial que reservaba grandes superficies para el aprovechamiento ganadero.
Los propietarios de ganado denunciaron las roturaciones porque reducían sus pastos. Las autoridades respondieron aplicando una disposición de 1748 que reforzaba la protección de montes y terrenos baldíos. Para los agricultores acusados de ocuparlos, las consecuencias podían ser graves: multas, gastos judiciales y órdenes para abandonar las superficies cultivadas. El conflicto estaba servido. Solo faltaba el acontecimiento que desencadenara la protesta.
UN ALCALDE ENCARCELADO Y UN PUEBLO QUE DECIDIÓ REBELARSE
En 1777, el corregidor Ignacio Joaquín de Montalvo intensificó las actuaciones contra las roturaciones de tierras consideradas ilegales. En Tejeda encontró la resistencia del alcalde José de la Encarnación Sarmiento, quien se negó a facilitar la comparecencia de los vecinos perseguidos. Montalvo ordenó finalmente su encarcelamiento. La noticia llegó rápidamente a la población. Manuel Araujo y Lomba, sacristán de La Aldea de San Nicolás, comunicó lo ocurrido a los vecinos de Tejeda.
El domingo 28 de septiembre, después de la misa, numerosos habitantes discutieron la situación y acordaron intervenir. Algunos vecinos acomodados intentaron contener los ánimos, pero los partidarios de liberar al alcalde terminaron imponiéndose. Dos días después, los hombres de Tejeda marcharon hacia La Aldea. Los convocaron, entre otros, cabos de las milicias provinciales mediante el toque de caracoles, utilizados tradicionalmente para reunir a la población. La expedición llegó durante la noche del 30 de septiembre. Ante la presión de los manifestantes, Montalvo accedió a liberar a Sarmiento. Pero la protesta no terminó allí.
Antonio Ramírez, yerno del sacristán Araujo, convenció a los vecinos de Tejeda para unir sus fuerzas a las de La Aldea y exigir nuevas concesiones. El corregidor buscó refugio en la casa del mayorazgo, acompañado por autoridades locales y algunos milicianos. Los sublevados rodearon el edificio y vigilaron sus accesos. Las estimaciones sobre la participación difieren. El párroco aldeano habló de más de dos mil personas, mientras que la Real Audiencia y distintos testigos calcularon alrededor de mil. El historiador Macías Hernández considera exagerada la cifra mayor.
Aunque se profirieron amenazas de incendiar el edificio y cortar el suministro de agua, la investigación no documenta agresiones físicas consumadas durante el cerco. La presión colectiva fue suficiente para obligar al representante de la Corona a negociar.
LOS AMOTINADOS IMPUSIERON SUS EXIGENCIAS
La protesta tenía una dirección organizada. Manuel Araujo, sus familiares y el alcalde Sarmiento participaron en la elaboración de un programa de reivindicaciones que posteriormente fue aprobado por los amotinados reunidos en asamblea. Las exigencias incluían la entrega de expedientes judiciales relacionados con las roturaciones y anteriores conflictos, la devolución de treinta pesos cobrados por el escribano del corregidor y, fundamentalmente, el compromiso de no perseguir a los vecinos por cultivar las tierras realengas.
Montalvo terminó aceptando las peticiones bajo la presión de los sublevados. El 2 de octubre, una vez apaciguados los ánimos, abandonó La Aldea por mar. Pretendía dirigirse hacia otros puertos de Gran Canaria, pero las condiciones marítimas lo llevaron hasta Tenerife.
El enfrentamiento tuvo incluso consecuencias sobre las autoridades locales. En Tejeda, los participantes en la protesta sustituyeron a varios cargos municipales y restituyeron a Sarmiento en la alcaldía. La victoria inmediata fue celebrada con repartos de gofio, tabaco y vino. Los dirigentes de aquella movilización no eran necesariamente los campesinos más pobres. Macías Hernández identifica entre ellos a una minoría rural acomodada que controlaba cargos locales y participaba en el cobro de rentas. Sarmiento, por ejemplo, administraba un estanco y actuaba como arrendatario del diezmo. El propio Araujo también pertenecía a los sectores económicamente influyentes de la comunidad. La rebelión reunió, por tanto, a campesinos de distintas posiciones económicas cuyos intereses coincidían parcialmente frente a la actuación del corregidor.
LA JUSTICIA TARDÓ CATORCE AÑOS EN CERRAR EL CASO
Las autoridades no consideraron terminado el asunto con la salida de Montalvo. La Real Audiencia abrió investigaciones, identificó participantes y examinó las responsabilidades de los implicados. En 1779 propuso castigos y, al año siguiente, remitió el expediente al Consejo de Castilla. Sin embargo, la aplicación de las penas quedó paralizada. La complejidad del proceso y el temor a provocar nuevos enfrentamientos aconsejaron prudencia a las autoridades.
Finalmente, el 7 de febrero de 1791, catorce años después de la rebelión, el Consejo ordenó sobreseer y archivar la causa. Había transcurrido demasiado tiempo, algunos acusados habían fallecido y reabrir el conflicto podía alterar nuevamente la tranquilidad de las islas. La decisión, por supuesto, no resolvió la cuestión agraria. En La Aldea, los pleitos sobre las tierras del mayorazgo continuaron durante generaciones. En 1808 los vecinos protagonizaron una apropiación colectiva de aquellos terrenos y la controversia se prolongó hasta el siglo XX.
La rebelión de 1777 permite, en cualquier caso, contemplar una dimensión de la historia canaria que rara vez ocupa el centro de los relatos tradicionales. Detrás de los grandes apellidos, los títulos nobiliarios y las instituciones de la monarquía existía una población que trabajaba la tierra y discutía quién tenía derecho a poseerla. Los campesinos de Tejeda y La Aldea comprobaron que podían organizarse, desafiar a las autoridades y obligarlas a retroceder. Su protesta no eliminó las desigualdades agrarias, pero dejó constancia de un conflicto que atravesó durante siglos la sociedad insular y que, con otras formas, se mantiene hasta la actualidad: la distancia entre entre quienes controlaban la propiedad y quienes dependen de ella para sobrevivir.
Fuentes y bibliografía
- Macías Hernández, Antonio M. (1977). «El motín de 1777. Su significación socioeconómica en la comarca del suroeste de Gran Canaria». Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 23, pp. 263-348. Fuente principal para reconstruir los acontecimientos, sus causas y consecuencias. Consultar PDF.
- Macías Hernández, Antonio M. (2009). «La colonización europea y el derecho de aguas. El ejemplo de Canarias, 1480-1525». Hispania. Revista Española de Historia, vol. 69, n.º 233, pp. 715-738. Consultar PDF.
- Gutiérrez de Armas, Judit, y Núñez Pestano, Juan Ramón (2016). «El comercio atlántico y la formación de la gran propiedad vinculada en el siglo XVII en Canarias. El caso de los Salazar de Frías». Vegueta, n.º 16, pp. 417-436. Consultar PDF.
- Núñez Pestano, Juan Ramón. «Derechos comunales y conflicto social durante la Edad Moderna: las revueltas contra las usurpaciones en las dehesas del Valle de La Orotava». Investigación sobre las movilizaciones campesinas de 1648 y 1718. Consultar estudio.
- Suárez Grimón, Vicente. Tres motines en Gran Canaria en el siglo XVIII. Investigación sobre la conflictividad agraria y los enfrentamientos populares en la isla. Repositorio de la ULPGC.




































Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.75