CANARIAS: MÁS DE 700.000 PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA, ENTRE SALARIOS BAJOS Y ALQUILERES INASUMIBLES
1.230.000 tienen dificultades para llegar a final de mes
Más de 1,2 millones de personas tienen dificultades para llegar a final de mes en Canarias y cerca de 704.000 se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. El último informe de EAPN confirma la persistencia de un problema estructural en el que los bajos salarios, la desigualdad y el encarecimiento de la vivienda desempeñan un papel determinante.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Más de 1.230.000 canarios tienen dificultades para llegar a final de mes, cerca de 704.000 se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y alrededor de 1.135.000 carecen de recursos para afrontar un gasto imprevisto. Las cifras, recogidas en el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), describen una inseguridad económica que alcanza a amplios sectores de la población. También cuestionan los discursos que presentan el crecimiento económico como una mejora automática del bienestar colectivo.
El documento, presentado el 15 de octubre en el Parlamento de Canarias, señala además un factor decisivo: la vivienda se ha convertido en una fuente de empobrecimiento. Casi la mitad de quienes alquilan a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión. Comprender esta realidad exige relacionar los ingresos familiares con los salarios, las rentas inmobiliarias y el reparto de la riqueza generada en las islas.
UNA POBREZA QUE SE MANTIENE PESE A LAS MEJORAS PARCIALES
La tasa AROPE se sitúa en el 31,2 %, el mismo porcentaje que el año anterior. Este indicador recoge a quienes padecen al menos una de estas situaciones: ingresos inferiores al umbral de pobreza, carencias materiales y sociales severas o residencia en hogares con muy baja intensidad de empleo. No significa, por tanto, que todas las personas afectadas sufran simultáneamente las tres circunstancias.
Canarias continúa como la cuarta comunidad con mayor tasa AROPE, por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Supera en 5,5 puntos la media estatal, situada en el 25,7%. La pobreza monetaria desciende del 24,6% al 22,9%, pero todavía afecta a más de medio millón de personas. La pobreza severa alcanza al 8 %, unas 182.000 personas, mientras el 9,3 % sufre privaciones materiales y sociales graves.
Hay avances parciales, pero resultan insuficientes para reducir el conjunto de población en riesgo. El estancamiento muestra que la pobreza sigue formando parte de la estructura económica del archipiélago. La pregunta es por qué persiste incluso cuando aumenta la actividad y se genera más riqueza.
LA INSEGURIDAD ECONÓMICA DESBORDA LA POBREZA ESTADÍSTICA
Uno de los datos más reveladores es la distancia entre la pobreza monetaria y las dificultades cotidianas. Mientras la primera afecta al 22,9 %, el 54,2 % manifiesta problemas para terminar el mes. Tener ingresos superiores al umbral estadístico no garantiza disponer de dinero suficiente para cubrir las necesidades habituales y mantener un mínimo margen de seguridad.
El 49,9 % no puede afrontar un gasto imprevisto. Una avería del coche, la sustitución de un electrodoméstico o una necesidad sanitaria extraordinaria pueden desestabilizar el presupuesto familiar. Sin ahorros, muchos hogares se ven obligados a aplazar gastos, endeudarse o renunciar a otras necesidades.
Las limitaciones también condicionan la vida social: el 39,3 % no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa y el 35,9 % carece de recursos para reemplazar muebles deteriorados. Esta precariedad suele quedar oculta tras una apariencia de normalidad. El equilibrio de numerosas familias depende de que no se interrumpan sus ingresos ni aparezca una factura inesperada.
TRABAJAR NO GARANTIZA UNA VIDA DIGNA
La insuficiencia de empleo continúa siendo determinante. La población de hasta 64 años que vive en hogares con baja intensidad laboral aumenta del 10,4 % al 11,6 %, unas 214.000 personas. Se trata de hogares cuyos miembros en edad de trabajar han utilizado menos del 20 % de su capacidad potencial de empleo durante el periodo analizado. Entre las personas desempleadas, el riesgo de pobreza alcanza el 63%.
Sin embargo, conseguir trabajo tampoco asegura superar la vulnerabilidad. Según los datos salariales del INE recogidos en el texto de partida, la remuneración bruta media anual de Canarias fue de 25.120 euros en 2024, frente a los 29.540 del conjunto estatal. La diferencia supera los 4.400 euros anuales y coloca al archipiélago entre los territorios con menores retribuciones.
La estructura productiva contribuye a explicarlo. La hostelería, fundamental para la economía insular, figura entre las actividades peor pagadas: su salario medio estatal fue de 17.653 euros anuales. Cuando abundan los empleos con bajas remuneraciones y aumentan los gastos imprescindibles, la creación de puestos de trabajo puede coexistir con la pobreza. Importa cuánto empleo se genera, pero también cuánto se cobra y en qué condiciones se trabaja.
LA VIVIENDA ABSORBE LOS INGRESOS DEL TRABAJO
El riesgo de pobreza o exclusión afecta al 45,4 % de quienes alquilan a precio de mercado, frente al 27,2 % de quienes residen en una vivienda de su propiedad. La diferencia no puede atribuirse exclusivamente al régimen de tenencia, pero muestra una exposición mucho mayor de los inquilinos a la inseguridad económica. El alquiler consume una parte obligatoria de sus ingresos antes de atender cualquier otra necesidad.
Las dificultades de pago completan el panorama. Unas 293.000 personas han sufrido retrasos en gastos de alquiler o hipoteca, alrededor de 252.000 en suministros esenciales y cerca de 430.000 no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Disponer de un techo no equivale, por tanto, a tener garantizadas unas condiciones habitacionales dignas.
Entre 2015 y 2025, el precio de compraventa aumentó un 74,5 %, mientras la vivienda nueva se encareció un 101,7 %. El gasto mensual medio de alquiler pasó de 339 euros en 2014 a 588 en 2025. Este último dato incluye contratos antiguos y vigentes: no representa necesariamente el precio que encuentra hoy quien busca una vivienda.
El encarecimiento produce efectos opuestos según la posición económica de cada persona. Para quien posee inmuebles destinados al alquiler supone una oportunidad de aumentar sus rentas; para quien depende del salario representa una pérdida de capacidad adquisitiva. Lo que unos cobran como ingreso, otros deben pagarlo para poder vivir.
EL DESTINO DE LAS VIVIENDAS TAMBIÉN IMPORTA
La expansión del uso turístico añade presión en determinadas zonas. Según los datos del ISTAC citados, en diciembre de 2025 había 47.117 viviendas vacacionales disponibles en las plataformas analizadas, con más de 193.000 plazas. Aunque la oferta había descendido respecto al año anterior, seguía representando un volumen considerable de inmuebles orientados al alojamiento temporal.
No todas esas viviendas pasarían automáticamente al alquiler residencial. Sin embargo, la expectativa de obtener mayores ingresos mediante estancias cortas incentiva ese uso y puede reducir las alternativas para los residentes. La insuficiencia del parque público agrava el problema al dejar a muchas familias dependientes de los precios privados.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a construir. También debe abordar quién posee las viviendas, para qué se utilizan y qué capacidad tienen las administraciones para garantizar su función residencial. Aumentar la oferta sin intervenir sobre su destino puede ampliar el negocio inmobiliario sin resolver las necesidades de alojamiento.
EL TURISMO GENERA RIQUEZA: LA CUESTIÓN ES SU REPARTO
El estudio Impactur citado estima que el turismo aportó 23.375 millones de euros en 2025, el 37,7 % del PIB canario, y sostuvo directa e indirectamente el 42,3 % del empleo. Estas magnitudes permiten entender su importancia. También obligan a preguntarse por qué una actividad de semejante dimensión convive con salarios bajos y dificultades materiales tan extendidas.
La riqueza producida no se distribuye automáticamente entre quienes la generan. Un hotel necesita personal de limpieza, cocina, mantenimiento o recepción, pero sus trabajadores reciben salarios fijados mediante contratos y convenios. Los propietarios controlan la empresa y reciben los beneficios restantes una vez cubiertos los costes. El crecimiento del negocio no asegura, por sí solo, un incremento equivalente de las remuneraciones.
El reparto depende de la negociación colectiva, la organización de los trabajadores, la estructura empresarial y las decisiones políticas. Presentar las cifras turísticas como prueba suficiente de prosperidad oculta esa disputa. Para valorar el bienestar importa conocer qué parte de la riqueza llega a quienes trabajan y cuánto necesitan gastar para sostener su vida.
COMBATIR LAS CAUSAS, ADEMÁS DE ALIVIAR LAS CONSECUENCIAS
El 10 % de la población canaria con mayores ingresos dispone de una renta 8,6 veces superior a la del 10 % con menores ingresos. Esta comparación no mide toda la riqueza patrimonial, pero revela una distancia considerable. La propiedad añade otra desigualdad: permite obtener alquileres o dividendos, mientras quienes dependen exclusivamente del salario deben pagar con él bienes y servicios que generan ingresos para otros.
Las prestaciones públicas amortiguan esas diferencias. Según EAPN, sin transferencias sociales la pobreza alcanzaría a más de la mitad de la población. Pensiones y ayudas resultan indispensables, pero su importancia también evidencia que la distribución de los ingresos antes de esas transferencias deja desprotegida a una parte enorme de la sociedad.
La intervención debe alcanzar los salarios, la estabilidad laboral, el parque público de vivienda y los servicios esenciales. Una ayuda al alquiler puede evitar una urgencia, pero, si los precios siguen subiendo, también puede acabar alimentando las rentas del propietario. Atender la necesidad inmediata y modificar sus causas son tareas inseparables.
Más de 700.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión no constituyen un problema marginal. Son la expresión de una economía cuyo crecimiento no garantiza seguridad material para todos. Combatir esa realidad exige actuar sobre cómo se produce, se posee y se reparte la riqueza, además de reparar los daños que deja su distribución actual.
FUENTES Y ENLACES CONSULTADOS
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INE — Encuesta de Condiciones de Vida 2025. Tasas de pobreza, AROPE y carencias materiales.
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ISTAC — Condiciones de vida en Canarias 2025. Dificultades económicas y riesgo de exclusión.
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INE — Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024. Comparación salarial entre comunidades autónomas.
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ISTAC — Vivienda vacacional en Canarias, diciembre de 2025. Oferta de viviendas turísticas.
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Gobierno de Canarias — Estudio Impactur 2025. Peso del turismo en el PIB y el empleo.
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Cadena SER — El estado de la pobreza en Canarias 2026. Presentación del informe y papel de las transferencias sociales.
Nota de precisión estadística: El artículo utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, base de las cifras de EAPN. La encuesta propia del ISTAC publicada el 30 de septiembre de 2026 sitúa la tasa AROPE canaria de 2025 en el 28,7%. Ambas operaciones tienen características metodológicas diferentes y sus resultados no deben mezclarse como si correspondieran a una misma serie.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Más de 1.230.000 canarios tienen dificultades para llegar a final de mes, cerca de 704.000 se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y alrededor de 1.135.000 carecen de recursos para afrontar un gasto imprevisto. Las cifras, recogidas en el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), describen una inseguridad económica que alcanza a amplios sectores de la población. También cuestionan los discursos que presentan el crecimiento económico como una mejora automática del bienestar colectivo.
El documento, presentado el 15 de octubre en el Parlamento de Canarias, señala además un factor decisivo: la vivienda se ha convertido en una fuente de empobrecimiento. Casi la mitad de quienes alquilan a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión. Comprender esta realidad exige relacionar los ingresos familiares con los salarios, las rentas inmobiliarias y el reparto de la riqueza generada en las islas.
UNA POBREZA QUE SE MANTIENE PESE A LAS MEJORAS PARCIALES
La tasa AROPE se sitúa en el 31,2 %, el mismo porcentaje que el año anterior. Este indicador recoge a quienes padecen al menos una de estas situaciones: ingresos inferiores al umbral de pobreza, carencias materiales y sociales severas o residencia en hogares con muy baja intensidad de empleo. No significa, por tanto, que todas las personas afectadas sufran simultáneamente las tres circunstancias.
Canarias continúa como la cuarta comunidad con mayor tasa AROPE, por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Supera en 5,5 puntos la media estatal, situada en el 25,7%. La pobreza monetaria desciende del 24,6% al 22,9%, pero todavía afecta a más de medio millón de personas. La pobreza severa alcanza al 8 %, unas 182.000 personas, mientras el 9,3 % sufre privaciones materiales y sociales graves.
Hay avances parciales, pero resultan insuficientes para reducir el conjunto de población en riesgo. El estancamiento muestra que la pobreza sigue formando parte de la estructura económica del archipiélago. La pregunta es por qué persiste incluso cuando aumenta la actividad y se genera más riqueza.
LA INSEGURIDAD ECONÓMICA DESBORDA LA POBREZA ESTADÍSTICA
Uno de los datos más reveladores es la distancia entre la pobreza monetaria y las dificultades cotidianas. Mientras la primera afecta al 22,9 %, el 54,2 % manifiesta problemas para terminar el mes. Tener ingresos superiores al umbral estadístico no garantiza disponer de dinero suficiente para cubrir las necesidades habituales y mantener un mínimo margen de seguridad.
El 49,9 % no puede afrontar un gasto imprevisto. Una avería del coche, la sustitución de un electrodoméstico o una necesidad sanitaria extraordinaria pueden desestabilizar el presupuesto familiar. Sin ahorros, muchos hogares se ven obligados a aplazar gastos, endeudarse o renunciar a otras necesidades.
Las limitaciones también condicionan la vida social: el 39,3 % no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa y el 35,9 % carece de recursos para reemplazar muebles deteriorados. Esta precariedad suele quedar oculta tras una apariencia de normalidad. El equilibrio de numerosas familias depende de que no se interrumpan sus ingresos ni aparezca una factura inesperada.
TRABAJAR NO GARANTIZA UNA VIDA DIGNA
La insuficiencia de empleo continúa siendo determinante. La población de hasta 64 años que vive en hogares con baja intensidad laboral aumenta del 10,4 % al 11,6 %, unas 214.000 personas. Se trata de hogares cuyos miembros en edad de trabajar han utilizado menos del 20 % de su capacidad potencial de empleo durante el periodo analizado. Entre las personas desempleadas, el riesgo de pobreza alcanza el 63%.
Sin embargo, conseguir trabajo tampoco asegura superar la vulnerabilidad. Según los datos salariales del INE recogidos en el texto de partida, la remuneración bruta media anual de Canarias fue de 25.120 euros en 2024, frente a los 29.540 del conjunto estatal. La diferencia supera los 4.400 euros anuales y coloca al archipiélago entre los territorios con menores retribuciones.
La estructura productiva contribuye a explicarlo. La hostelería, fundamental para la economía insular, figura entre las actividades peor pagadas: su salario medio estatal fue de 17.653 euros anuales. Cuando abundan los empleos con bajas remuneraciones y aumentan los gastos imprescindibles, la creación de puestos de trabajo puede coexistir con la pobreza. Importa cuánto empleo se genera, pero también cuánto se cobra y en qué condiciones se trabaja.
LA VIVIENDA ABSORBE LOS INGRESOS DEL TRABAJO
El riesgo de pobreza o exclusión afecta al 45,4 % de quienes alquilan a precio de mercado, frente al 27,2 % de quienes residen en una vivienda de su propiedad. La diferencia no puede atribuirse exclusivamente al régimen de tenencia, pero muestra una exposición mucho mayor de los inquilinos a la inseguridad económica. El alquiler consume una parte obligatoria de sus ingresos antes de atender cualquier otra necesidad.
Las dificultades de pago completan el panorama. Unas 293.000 personas han sufrido retrasos en gastos de alquiler o hipoteca, alrededor de 252.000 en suministros esenciales y cerca de 430.000 no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Disponer de un techo no equivale, por tanto, a tener garantizadas unas condiciones habitacionales dignas.
Entre 2015 y 2025, el precio de compraventa aumentó un 74,5 %, mientras la vivienda nueva se encareció un 101,7 %. El gasto mensual medio de alquiler pasó de 339 euros en 2014 a 588 en 2025. Este último dato incluye contratos antiguos y vigentes: no representa necesariamente el precio que encuentra hoy quien busca una vivienda.
El encarecimiento produce efectos opuestos según la posición económica de cada persona. Para quien posee inmuebles destinados al alquiler supone una oportunidad de aumentar sus rentas; para quien depende del salario representa una pérdida de capacidad adquisitiva. Lo que unos cobran como ingreso, otros deben pagarlo para poder vivir.
EL DESTINO DE LAS VIVIENDAS TAMBIÉN IMPORTA
La expansión del uso turístico añade presión en determinadas zonas. Según los datos del ISTAC citados, en diciembre de 2025 había 47.117 viviendas vacacionales disponibles en las plataformas analizadas, con más de 193.000 plazas. Aunque la oferta había descendido respecto al año anterior, seguía representando un volumen considerable de inmuebles orientados al alojamiento temporal.
No todas esas viviendas pasarían automáticamente al alquiler residencial. Sin embargo, la expectativa de obtener mayores ingresos mediante estancias cortas incentiva ese uso y puede reducir las alternativas para los residentes. La insuficiencia del parque público agrava el problema al dejar a muchas familias dependientes de los precios privados.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a construir. También debe abordar quién posee las viviendas, para qué se utilizan y qué capacidad tienen las administraciones para garantizar su función residencial. Aumentar la oferta sin intervenir sobre su destino puede ampliar el negocio inmobiliario sin resolver las necesidades de alojamiento.
EL TURISMO GENERA RIQUEZA: LA CUESTIÓN ES SU REPARTO
El estudio Impactur citado estima que el turismo aportó 23.375 millones de euros en 2025, el 37,7 % del PIB canario, y sostuvo directa e indirectamente el 42,3 % del empleo. Estas magnitudes permiten entender su importancia. También obligan a preguntarse por qué una actividad de semejante dimensión convive con salarios bajos y dificultades materiales tan extendidas.
La riqueza producida no se distribuye automáticamente entre quienes la generan. Un hotel necesita personal de limpieza, cocina, mantenimiento o recepción, pero sus trabajadores reciben salarios fijados mediante contratos y convenios. Los propietarios controlan la empresa y reciben los beneficios restantes una vez cubiertos los costes. El crecimiento del negocio no asegura, por sí solo, un incremento equivalente de las remuneraciones.
El reparto depende de la negociación colectiva, la organización de los trabajadores, la estructura empresarial y las decisiones políticas. Presentar las cifras turísticas como prueba suficiente de prosperidad oculta esa disputa. Para valorar el bienestar importa conocer qué parte de la riqueza llega a quienes trabajan y cuánto necesitan gastar para sostener su vida.
COMBATIR LAS CAUSAS, ADEMÁS DE ALIVIAR LAS CONSECUENCIAS
El 10 % de la población canaria con mayores ingresos dispone de una renta 8,6 veces superior a la del 10 % con menores ingresos. Esta comparación no mide toda la riqueza patrimonial, pero revela una distancia considerable. La propiedad añade otra desigualdad: permite obtener alquileres o dividendos, mientras quienes dependen exclusivamente del salario deben pagar con él bienes y servicios que generan ingresos para otros.
Las prestaciones públicas amortiguan esas diferencias. Según EAPN, sin transferencias sociales la pobreza alcanzaría a más de la mitad de la población. Pensiones y ayudas resultan indispensables, pero su importancia también evidencia que la distribución de los ingresos antes de esas transferencias deja desprotegida a una parte enorme de la sociedad.
La intervención debe alcanzar los salarios, la estabilidad laboral, el parque público de vivienda y los servicios esenciales. Una ayuda al alquiler puede evitar una urgencia, pero, si los precios siguen subiendo, también puede acabar alimentando las rentas del propietario. Atender la necesidad inmediata y modificar sus causas son tareas inseparables.
Más de 700.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión no constituyen un problema marginal. Son la expresión de una economía cuyo crecimiento no garantiza seguridad material para todos. Combatir esa realidad exige actuar sobre cómo se produce, se posee y se reparte la riqueza, además de reparar los daños que deja su distribución actual.
FUENTES Y ENLACES CONSULTADOS
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INE — Encuesta de Condiciones de Vida 2025. Tasas de pobreza, AROPE y carencias materiales.
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ISTAC — Condiciones de vida en Canarias 2025. Dificultades económicas y riesgo de exclusión.
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INE — Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024. Comparación salarial entre comunidades autónomas.
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ISTAC — Vivienda vacacional en Canarias, diciembre de 2025. Oferta de viviendas turísticas.
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Gobierno de Canarias — Estudio Impactur 2025. Peso del turismo en el PIB y el empleo.
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Cadena SER — El estado de la pobreza en Canarias 2026. Presentación del informe y papel de las transferencias sociales.
Nota de precisión estadística: El artículo utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, base de las cifras de EAPN. La encuesta propia del ISTAC publicada el 30 de septiembre de 2026 sitúa la tasa AROPE canaria de 2025 en el 28,7%. Ambas operaciones tienen características metodológicas diferentes y sus resultados no deben mezclarse como si correspondieran a una misma serie.
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