29 MUERTOS EN ACCIDENTES LABORALES EN CANARIAS: EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.

   Durante 2025, 29 trabajadores murieron en accidentes laborales en Canarias. Fueron ocho más que el año anterior, un incremento del 38,1%, aunque el número total de accidentes descendió. Detrás de esas cifras existen familias destruidas, trabajadores incapacitados y vidas cuya pérdida difícilmente puede reducirse a una casilla estadística. Pero existe también una realidad económica que suele permanecer fuera del debate: bajo el capitalismo, la seguridad en el trabajo no se desarrolla en un terreno neutral, sino dentro de empresas sometidas permanentemente a la necesidad de reducir costes, aumentar la productividad y obtener beneficios.

  El Parlamento de Canarias aprobó este 14 de octubre por unanimidad una proposición no de ley destinada a reforzar la prevención y reclamar al Gobierno central más medios para la Inspección de Trabajo. La iniciativa incluye formación preventiva, mayores controles, atención a los sectores con mayor siniestralidad, estabilidad contractual y publicación periódica de indicadores. Son medidas necesarias, pero la propia necesidad de reclamarlas obliga a plantear una cuestión más profunda: ¿por qué, después de décadas de legislación sobre prevención de riesgos laborales, continúa siendo necesario imponer controles para evitar que trabajar pueda costar la salud o la vida? Markdown pegado

MENOS ACCIDENTES, PERO MÁS MUERTES

   Las cifras de 2025 muestran una contradicción especialmente significativa. Canarias registró 27.262 accidentes laborales, un 2,4% menos que el año anterior, pero los siniestros graves y muy graves aumentaron de 154 a 184 y los mortales pasaron de 21 a 29. Por tanto, la reducción del número total de accidentes no impidió un fuerte incremento de sus consecuencias más extremas. Markdown pegado

   La distribución sectorial tampoco es casual. La construcción registró una incidencia de 5.577 accidentes por cada 100.000 trabajadores; la agricultura, 5.276, y la industria, 4.187. Los servicios acumularon 18.157 siniestros debido, entre otros factores, al enorme volumen de empleo que concentran en la economía canaria. Estas diferencias demuestran que el riesgo está relacionado con las características materiales de cada actividad, pero también con cómo se organiza el proceso productivo, cuáles son los ritmos de trabajo, qué inversión preventiva existe y qué capacidad posee el trabajador para negarse a realizar una tarea peligrosa. Markdown pegado

  Los datos provisionales de 2026 reflejan una evolución más favorable. Entre enero y agosto se contabilizaron 17.529 accidentes, un 3,1% menos que durante el mismo periodo de 2025, mientras los graves y muy graves descendieron de 135 a 86. Hasta julio se habían registrado 18 accidentes mortales. No cabe convertir estas cifras parciales en un balance anual, pero tampoco ignorar una mejoría que demuestra precisamente que la siniestralidad no constituye ninguna fatalidad inevitable.

LA SEGURIDAD NO ES AJENA AL CONFLICTO ENTRE CAPITAL Y TRABAJO

   Un accidente puede deberse a numerosas causas y sería absurdo afirmar que todos son consecuencia directa de incumplimientos empresariales. Para determinar responsabilidades existen investigaciones técnicas, administrativas y judiciales. Pero limitar el problema al comportamiento individual del trabajador o del empresario impide comprender una cuestión decisiva: la organización capitalista de la producción contiene una presión estructural para reducir el tiempo y el dinero necesarios para producir cada mercancía o servicio.

   Para una empresa, la prevención implica costes: mantenimiento de maquinaria, sustitución de equipos, contratación suficiente de personal, formación, descansos, equipos de protección, adaptación de instalaciones o reducción de determinados ritmos productivos. Desde el punto de vista social, esos gastos son indispensables para preservar la salud. Desde el punto de vista de cada capital individual, sin embargo, aparecen en su contabilidad como costes que reducen el margen empresarial y que sus competidores pueden tratar de disminuir.

  Ahí se encuentra una contradicción fundamental. El empresario necesita trabajadores capaces de producir, pero compite con otros empresarios por obtener rentabilidad. La fuerza de trabajo posee para el capital una peculiaridad que Marx convirtió en una de las claves de su crítica de la economía política: al ser utilizada en el proceso productivo crea un valor superior al necesario para reproducirla. Por eso existe una presión permanente para extraer de ella la mayor cantidad posible de trabajo, ya sea mediante jornadas más largas, intensificación de los ritmos, incremento de productividad o reorganización de plantillas.

CUANDO AHORRAR EN PREVENCIÓN TRASLADA EL COSTE A OTROS

    Esta perspectiva permite comprender algo que suele desaparecer detrás del lenguaje administrativo. Si una empresa ahorra dinero reduciendo plantilla, mantenimiento o protección y esa decisión incrementa el riesgo, el supuesto ahorro empresarial no elimina realmente el coste. Puede trasladarlo al trabajador lesionado, a su familia, al sistema sanitario, a la Seguridad Social o al conjunto de la sociedad.

   En términos económicos, se privatiza el beneficio mientras determinadas consecuencias de la actividad productiva pueden socializarse. Naturalmente, esto no significa que todo accidente responda a semejante mecanismo, pero sí explica por qué la protección no puede quedar sometida exclusivamente a la voluntad empresarial. El trabajador vende su fuerza de trabajo; no debería entregar con ella su integridad física, su salud ni su esperanza de vida.

   Precisamente por eso Marx concedió tanta importancia a la legislación fabril. Al estudiar las primeras normas sanitarias y de seguridad, señalaba la resistencia de sectores empresariales incluso ante desembolsos relativamente pequeños destinados a proteger a los trabajadores de maquinaria peligrosa. También describía la legislación fabril como una reacción consciente de la sociedad frente a los efectos destructivos que podía generar el proceso productivo abandonado a su propia dinámica. 

PRECARIEDAD: QUIEN TIENE MIEDO A PERDER EL EMPLEO NEGOCIA PEOR SU SEGURIDAD

   La estabilidad contractual no es, por ello, una cuestión separada de la prevención. Un trabajador con una posición laboral frágil posee menos capacidad material para enfrentarse a un encargado, detener una tarea, denunciar un incumplimiento o negarse a utilizar una máquina que considera peligrosa. Formalmente puede disponer de esos derechos; realmente, ejercerlos puede significar enfrentarse al temor de no ser renovado, perder horas de trabajo o quedar señalado dentro de la empresa.

  La desigualdad entre capital y trabajo no desaparece porque ambos firmen libremente un contrato. Uno posee los medios de producción y contrata fuerza de trabajo; el otro necesita vender esa capacidad para obtener sus medios de vida. Marx resumió esta cuestión al señalar que el trabajador individual, presentado jurídicamente como vendedor libre de su fuerza de trabajo, se encontraba en una relación profundamente desigual una vez consolidado el modo de producción capitalista. Por eso las limitaciones de la jornada laboral fueron el resultado de una prolongada confrontación entre trabajadores y propietarios del capital, y no de una armonía espontánea de intereses. Marx, Karl - El Capital - Tomo …

  La proposición aprobada por el Parlamento canario reconoce indirectamente esta conexión al relacionar prevención y estabilidad laboral. La cuestión decisiva será comprobar hasta dónde llega ese reconocimiento cuando entra en conflicto con políticas económicas que favorecen flexibilidad, subcontratación, reducción de plantillas o intensificación de ritmos.

INFARTOS, ESTRÉS Y UNA VISIÓN MÁS AMPLIA DE LA SALUD LABORAL

  La siniestralidad tampoco puede limitarse a caídas, maquinaria o accidentes de tráfico. En 2025 se contabilizaron en Canarias once fallecimientos laborales por infarto, según explicó en el Parlamento la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. Determinar qué relación existe entre una patología concreta y el trabajo exige análisis médicos y laborales rigurosos, y sería improcedente atribuir automáticamente cada infarto al estrés profesional. Markdown pegado

  Pero tampoco cabe ignorar las condiciones organizativas que pueden deteriorar la salud: sobrecarga, turnos, descanso insuficiente, presión por objetivos, inseguridad contractual o ritmos sostenidos durante años. La fuerza de trabajo no es una máquina que pueda separarse del ser humano que la porta. Cuando una empresa compra determinadas horas de trabajo, quien entra en el centro productivo es una persona completa, con un organismo que se desgasta y necesita recuperarse.

MÁS INSPECTORES, PERO TAMBIÉN MÁS PODER PARA LOS TRABAJADORES

  Reforzar la Inspección de Trabajo es necesario. Sin capacidad inspectora suficiente, una parte de la legislación corre el riesgo de convertirse en una declaración formal cuyo cumplimiento depende de que se produzca una denuncia o, peor aún, un accidente. Pero una proposición no de ley no incorpora automáticamente inspectores ni asigna presupuesto: habrá que comprobar cuántos efectivos llegan realmente a Canarias, qué volumen de actuaciones realizan y cuáles son sus resultados. Markdown pegado

  Sin embargo, incluso una inspección reforzada constituye solamente una parte del problema. La prevención será mucho más eficaz cuanto mayor sea la capacidad colectiva de los trabajadores para intervenir en la organización de su propio trabajo mediante delegados de prevención, comités, sindicatos y mecanismos que permitan detener actividades peligrosas sin temor a represalias.

  Canarias ha superado el millón de personas ocupadas y los gobiernos celebran regularmente las cifras de empleo. Pero una economía no puede medirse exclusivamente por cuántas personas trabajan, sino también por las condiciones bajo las que tienen que hacerlo. Salario, jornada, estabilidad y seguridad forman parte de la misma relación social.

   Los 29 trabajadores muertos en 2025 obligan, por tanto, a mirar más allá de la estadística. La pregunta no es únicamente cuánto dinero cuesta prevenir un accidente, sino quién decide qué costes son asumibles y quién paga las consecuencias cuando la prevención falla. Mientras la producción esté organizada prioritariamente alrededor de la rentabilidad del capital, la defensa de la salud de quienes trabajan continuará necesitando leyes, inspección y, sobre todo, una relación de fuerzas capaz de imponer que ninguna ganancia empresarial valga más que la vida de un trabajador.

La legislación laboral suele presentarse como producto natural del progreso social, pero históricamente muchas de sus conquistas nacieron de conflictos entre trabajadores y empresarios. La limitación de la jornada, las medidas sanitarias, la protección frente a maquinaria peligrosa o la inspección fabril encontraron resistencia porque imponían límites a la utilización de la fuerza de trabajo y obligaban a asumir costes. La prevención moderna continúa atravesada por esa contradicción. Una plantilla organizada y con estabilidad posee mayor capacidad para exigir condiciones seguras que trabajadores aislados, subcontratados o temerosos de perder su empleo. La seguridad depende también, por tanto, del poder colectivo existente dentro del centro de trabajo.