CANARIAS, ENTRE LAS CUATRO COMUNIDADES CON MAYOR PRIVATIZACIÓN SANITARIA
"La atención sanitaria depende cada vez más de los ingresos familiares"
Canarias figura entre las cuatro comunidades con mayor privatización sanitaria de España. Un nuevo informe de la FADSP alerta de que miles de millones de euros públicos terminan en empresas privadas mientras persisten las listas de espera. ¿Se está convirtiendo la atención sanitaria en un negocio a costa del derecho a la salud?
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un informe remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) alerta de que la privatización sanitaria continúa avanzando en el Estado espñaol y amenaza uno de los pilares fundamentales de la protección social. Su duodécimo informe, fechado en octubre de 2026, dibuja un panorama especialmente inquietante para Canarias: el Archipiélago ocupa el cuarto puesto del índice autonómico de privatización, solo por detrás de Madrid, Baleares y Cataluña.
El documento plantea una contradicción que afecta directamente a millones de personas: mientras aumentan los recursos que terminan en empresas sanitarias y aseguradoras privadas, las listas de espera siguen sin resolverse. La cuestión -advierte la federación- no es únicamente quién administra un hospital, sino si la atención médica continúa siendo un derecho accesible con independencia de los ingresos.
CANARIAS, ENTRE LAS COMUNIDADES MÁS PRIVATIZADAS
En la clasificación elaborada por la FADSP, Madrid alcanza 34 puntos; Baleares y Cataluña, 28; y Canarias, 26. La media autonómica se sitúa en 21,8 puntos. Conviene aclarar que estas cifras no representan porcentajes de centros o pacientes privatizados: son puntuaciones de un índice que reúne distintos indicadores de gasto, aseguramiento, recursos y utilización de servicios privados.
Las cifras canarias ayudan a comprender ese resultado. Según las tablas del informe, el gasto anual en seguros sanitarios privados alcanza 217 euros por habitante, mientras que el gasto sanitario pagado directamente por los hogares asciende a 553,35 euros por persona. Son dos conceptos diferentes: uno mide lo destinado a pólizas privadas y el otro los desembolsos directos, como determinados tratamientos o consultas.
El documento atribuye a Canarias un 34 % de camas hospitalarias en centros privados y un 23 % del equipamiento hospitalario de alta tecnología ubicado en ese sector. También recoge que un 24,7 % de las personas consultadas había acudido a especialistas privados —exclusivamente o combinando atención pública y privada—, frente al 23,6 % que había recurrido a medicina de cabecera privada en esos términos. Estos indicadores no deben confundirse con la proporción de población que abandona la sanidad pública.
Aunque el índice canario baja de 28 puntos en 2025 a 26 en 2026, su trayectoria a largo plazo resulta reveladora: en 2014 registraba 18 puntos. La comparación sugiere que la presencia del sector privado en el sistema sanitario canario no constituye un fenómeno reciente ni una simple anomalía de un ejercicio.
CUANDO LA SANIDAD PÚBLICA FINANCIA NEGOCIOS PRIVADOS
¿Qué entiende exactamente la federación por privatización? Su definición abarca varias vías. Una es la contratación de pruebas, intervenciones o servicios con empresas privadas mediante conciertos. Otra, la cesión de la gestión de instalaciones públicas a compañías privadas a través de concesiones administrativas. Incluye asimismo el dinero destinado a aseguradoras que atienden a mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, así como el crecimiento de las pólizas privadas y del gasto sanitario directo de las familias.
Esta distinción resulta fundamental porque la privatización no exige necesariamente vender hospitales. También se produce cuando una administración mantiene la titularidad del servicio, pero transfiere a compañías privadas una parte de la actividad o de su financiación. En ese escenario, el dinero procede de presupuestos públicos mientras la prestación se convierte en una oportunidad de negocio.
La FADSP estima en unos 11.000 millones de euros el volumen de externalización de servicios sanitarios públicos durante 2025. A la vez, calcula que el gasto sanitario privado total ronda los 34.000 millones y equivale aproximadamente al 27 % del gasto sanitario español. Se trata de estimaciones recogidas en el informe, no de cifras que esta redacción haya auditado independientemente.
MÁS CONCIERTOS, PERO LAS ESPERAS NO DESAPARECEN
El argumento más habitual para justificar el recurso a compañías privadas es que los servicios públicos carecen de capacidad suficiente. Según el análisis de la federación, esa explicación oculta parte del problema: la insuficiencia de personal, la falta de inversión, las deficiencias organizativas y el deterioro de la atención pública también pueden alimentar la dependencia respecto a proveedores privados.
La organización subraya que los llamados planes de choque basados en derivaciones y conciertos no han conseguido resolver de manera estructural las demoras. Recuerda que las esperas para determinadas consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas se mantienen elevadas y señala que la demora media en atención primaria supera los siete días. El resultado es conocido por muchos usuarios: quienes pueden costear una póliza o una consulta particular encuentran una alternativa; quienes no pueden deben esperar.
Así, lo que comienza como un problema de organización sanitaria puede transformarse en un problema de desigualdad social. El acceso efectivo al diagnóstico o al tratamiento depende cada vez más de la capacidad económica de cada familia. Según advierte la FADSP, los perjuicios se intensifican entre personas con menores ingresos, habitantes de zonas despobladas, mayores y colectivos con menos redes de apoyo, particularmente las mujeres.
¿ES MÁS BARATA Y MÁS EFICAZ LA GESTIÓN PRIVADA?
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) rechaza que la privatización genere ahorro, eficiencia o calidad. Para fundamentar su posición cita investigaciones científicas sobre financiación pública, externalización de la limpieza hospitalaria y mortalidad evitable en Inglaterra. Entre ellas figura un estudio observacional publicado en The Lancet Public Health sobre la externalización sanitaria inglesa entre 2013 y 2020, que encuentra una asociación entre mayor contratación privada y aumento de mortalidad tratable. Una asociación estadística, sin embargo, no equivale a demostrar que cada externalización concreta provoque muertes.
La federación sostiene que someter los servicios sanitarios a la lógica de la rentabilidad puede introducir incentivos distintos de los que exige la atención al paciente. La pregunta pertinente no consiste en decidir abstractamente si una empresa puede prestar una prueba médica, sino en comprobar si los fondos públicos mejoran de forma verificable el acceso, la continuidad asistencial y los resultados de salud.
El informe destaca que las comunidades con mayor puntuación no son necesariamente las que experimentan el crecimiento más rápido. Desde 2014, el índice ha aumentado un 95,8 % en Asturias, un 94,4 % en Extremadura y un 90 % en Castilla-La Mancha; Andalucía registra un avance del 70,8 %, aunque baja respecto al año anterior. Estas variaciones describen la evolución del indicador elaborado por la FADSP y deben leerse teniendo en cuenta que su metodología ha incorporado modificaciones durante la serie.
LA SANIDAD COMO DERECHO O COMO MERCANCÍA
En su conclusión, la FADSP sostiene que la privatización ha dejado de ser una simple discusión técnica sobre modelos de gestión para convertirse en una decisión social y política con consecuencias sobre la igualdad, el uso de los presupuestos y la protección de la salud. No es una conclusión neutral: expresa la valoración de una organización comprometida con la defensa de la sanidad pública, apoyada en los datos y estudios que selecciona en su informe.
Para Canarias, la advertencia tiene un significado concreto. Situarse entre las cuatro comunidades con mayor puntuación de privatización obliga a examinar cuánto dinero público se deriva a proveedores privados, con qué resultados y a costa de qué alternativas para reforzar el Servicio Canario de la Salud. La cuestión de fondo no es únicamente cuánto crece el negocio sanitario: es quién recibe atención a tiempo y quién termina pagando, de su bolsillo y con su salud, las insuficiencias del sistema.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un informe remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) alerta de que la privatización sanitaria continúa avanzando en el Estado espñaol y amenaza uno de los pilares fundamentales de la protección social. Su duodécimo informe, fechado en octubre de 2026, dibuja un panorama especialmente inquietante para Canarias: el Archipiélago ocupa el cuarto puesto del índice autonómico de privatización, solo por detrás de Madrid, Baleares y Cataluña.
El documento plantea una contradicción que afecta directamente a millones de personas: mientras aumentan los recursos que terminan en empresas sanitarias y aseguradoras privadas, las listas de espera siguen sin resolverse. La cuestión -advierte la federación- no es únicamente quién administra un hospital, sino si la atención médica continúa siendo un derecho accesible con independencia de los ingresos.
CANARIAS, ENTRE LAS COMUNIDADES MÁS PRIVATIZADAS
En la clasificación elaborada por la FADSP, Madrid alcanza 34 puntos; Baleares y Cataluña, 28; y Canarias, 26. La media autonómica se sitúa en 21,8 puntos. Conviene aclarar que estas cifras no representan porcentajes de centros o pacientes privatizados: son puntuaciones de un índice que reúne distintos indicadores de gasto, aseguramiento, recursos y utilización de servicios privados.
Las cifras canarias ayudan a comprender ese resultado. Según las tablas del informe, el gasto anual en seguros sanitarios privados alcanza 217 euros por habitante, mientras que el gasto sanitario pagado directamente por los hogares asciende a 553,35 euros por persona. Son dos conceptos diferentes: uno mide lo destinado a pólizas privadas y el otro los desembolsos directos, como determinados tratamientos o consultas.
El documento atribuye a Canarias un 34 % de camas hospitalarias en centros privados y un 23 % del equipamiento hospitalario de alta tecnología ubicado en ese sector. También recoge que un 24,7 % de las personas consultadas había acudido a especialistas privados —exclusivamente o combinando atención pública y privada—, frente al 23,6 % que había recurrido a medicina de cabecera privada en esos términos. Estos indicadores no deben confundirse con la proporción de población que abandona la sanidad pública.
Aunque el índice canario baja de 28 puntos en 2025 a 26 en 2026, su trayectoria a largo plazo resulta reveladora: en 2014 registraba 18 puntos. La comparación sugiere que la presencia del sector privado en el sistema sanitario canario no constituye un fenómeno reciente ni una simple anomalía de un ejercicio.
CUANDO LA SANIDAD PÚBLICA FINANCIA NEGOCIOS PRIVADOS
¿Qué entiende exactamente la federación por privatización? Su definición abarca varias vías. Una es la contratación de pruebas, intervenciones o servicios con empresas privadas mediante conciertos. Otra, la cesión de la gestión de instalaciones públicas a compañías privadas a través de concesiones administrativas. Incluye asimismo el dinero destinado a aseguradoras que atienden a mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, así como el crecimiento de las pólizas privadas y del gasto sanitario directo de las familias.
Esta distinción resulta fundamental porque la privatización no exige necesariamente vender hospitales. También se produce cuando una administración mantiene la titularidad del servicio, pero transfiere a compañías privadas una parte de la actividad o de su financiación. En ese escenario, el dinero procede de presupuestos públicos mientras la prestación se convierte en una oportunidad de negocio.
La FADSP estima en unos 11.000 millones de euros el volumen de externalización de servicios sanitarios públicos durante 2025. A la vez, calcula que el gasto sanitario privado total ronda los 34.000 millones y equivale aproximadamente al 27 % del gasto sanitario español. Se trata de estimaciones recogidas en el informe, no de cifras que esta redacción haya auditado independientemente.
MÁS CONCIERTOS, PERO LAS ESPERAS NO DESAPARECEN
El argumento más habitual para justificar el recurso a compañías privadas es que los servicios públicos carecen de capacidad suficiente. Según el análisis de la federación, esa explicación oculta parte del problema: la insuficiencia de personal, la falta de inversión, las deficiencias organizativas y el deterioro de la atención pública también pueden alimentar la dependencia respecto a proveedores privados.
La organización subraya que los llamados planes de choque basados en derivaciones y conciertos no han conseguido resolver de manera estructural las demoras. Recuerda que las esperas para determinadas consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas se mantienen elevadas y señala que la demora media en atención primaria supera los siete días. El resultado es conocido por muchos usuarios: quienes pueden costear una póliza o una consulta particular encuentran una alternativa; quienes no pueden deben esperar.
Así, lo que comienza como un problema de organización sanitaria puede transformarse en un problema de desigualdad social. El acceso efectivo al diagnóstico o al tratamiento depende cada vez más de la capacidad económica de cada familia. Según advierte la FADSP, los perjuicios se intensifican entre personas con menores ingresos, habitantes de zonas despobladas, mayores y colectivos con menos redes de apoyo, particularmente las mujeres.
¿ES MÁS BARATA Y MÁS EFICAZ LA GESTIÓN PRIVADA?
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) rechaza que la privatización genere ahorro, eficiencia o calidad. Para fundamentar su posición cita investigaciones científicas sobre financiación pública, externalización de la limpieza hospitalaria y mortalidad evitable en Inglaterra. Entre ellas figura un estudio observacional publicado en The Lancet Public Health sobre la externalización sanitaria inglesa entre 2013 y 2020, que encuentra una asociación entre mayor contratación privada y aumento de mortalidad tratable. Una asociación estadística, sin embargo, no equivale a demostrar que cada externalización concreta provoque muertes.
La federación sostiene que someter los servicios sanitarios a la lógica de la rentabilidad puede introducir incentivos distintos de los que exige la atención al paciente. La pregunta pertinente no consiste en decidir abstractamente si una empresa puede prestar una prueba médica, sino en comprobar si los fondos públicos mejoran de forma verificable el acceso, la continuidad asistencial y los resultados de salud.
El informe destaca que las comunidades con mayor puntuación no son necesariamente las que experimentan el crecimiento más rápido. Desde 2014, el índice ha aumentado un 95,8 % en Asturias, un 94,4 % en Extremadura y un 90 % en Castilla-La Mancha; Andalucía registra un avance del 70,8 %, aunque baja respecto al año anterior. Estas variaciones describen la evolución del indicador elaborado por la FADSP y deben leerse teniendo en cuenta que su metodología ha incorporado modificaciones durante la serie.
LA SANIDAD COMO DERECHO O COMO MERCANCÍA
En su conclusión, la FADSP sostiene que la privatización ha dejado de ser una simple discusión técnica sobre modelos de gestión para convertirse en una decisión social y política con consecuencias sobre la igualdad, el uso de los presupuestos y la protección de la salud. No es una conclusión neutral: expresa la valoración de una organización comprometida con la defensa de la sanidad pública, apoyada en los datos y estudios que selecciona en su informe.
Para Canarias, la advertencia tiene un significado concreto. Situarse entre las cuatro comunidades con mayor puntuación de privatización obliga a examinar cuánto dinero público se deriva a proveedores privados, con qué resultados y a costa de qué alternativas para reforzar el Servicio Canario de la Salud. La cuestión de fondo no es únicamente cuánto crece el negocio sanitario: es quién recibe atención a tiempo y quién termina pagando, de su bolsillo y con su salud, las insuficiencias del sistema.
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