AULAS MASIFICADAS Y SALARIOS DETERIORADOS: EL STEC EXIGE RESPUESTAS A EDUCACIÓN
Anuncian movilizaciones por el deterioro de la Educación pública canaria
El STEC advierte de movilizaciones ante la pérdida salarial, la masificación y las carencias de los centros. Sus denuncias coinciden con un nuevo retroceso de Canarias en PISA y plantean una cuestión fundamental: cómo mejorar la enseñanza sin garantizar los recursos y las condiciones de quienes la sostienen.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El comienzo del curso 2026-2027 ha vuelto a enfrentar a la comunidad educativa canaria con problemas que se repiten sin encontrar una solución suficiente. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) denuncia aulas masificadas, instalaciones deficientes y retrasos en los nombramientos del profesorado. La organización advierte de movilizaciones si la Consejería de Educación no abre una negociación y propone una respuesta conjunta de las fuerzas sindicales.
El conflicto llega, además, en un momento especialmente delicado para la enseñanza del Archipiélago. Los resultados educativos vuelven a mostrar carencias importantes y estructurales, mientras las reivindicaciones docentes señalan las condiciones materiales en las que se desarrolla el aprendizaje. Ambas cuestiones deben examinarse conjuntamente: exigir mejores resultados sin atender a las plantillas, las instalaciones y los apoyos disponibles significa descargar sobre los centros una responsabilidad que también corresponde a las decisiones políticas y presupuestarias.
PISA: UN RETROCESO QUE EXIGE RESPUESTAS
El informe autonómico de PISA 2025, publicado por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, sitúa a Canarias por debajo de España y de la media de la OCDE en las tres competencias principales. El alumnado obtuvo 445 puntos en lectura, 442 en matemáticas y 469 en ciencias. Respecto a 2022, las caídas fueron de 18, cinco y cuatro puntos, respectivamente. La comprensión lectora alcanza su valor más bajo en la serie disponible.
Otro indicador resulta especialmente preocupante: el 21,1% del alumnado queda por debajo del nivel básico de competencia en las tres áreas simultáneamente. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes evaluados presenta dificultades concurrentes para comprender textos, aplicar conocimientos matemáticos e interpretar cuestiones científicas. PISA examina competencias de estudiantes de 15 años; sus resultados no equivalen a las calificaciones escolares ni permiten explicar por sí solos todas las causas del rendimiento.
Canarias reduce parte de su distancia respecto a España porque el retroceso estatal es mayor. Esa mejora relativa debe interpretarse con cautela: acercarse a una media que también desciende no supone haber mejorado el aprendizaje. Los datos reclaman intervenciones sostenidas, cuya eficacia pueda evaluarse, y una atención particular a quienes acumulan mayores dificultades.
LAS DESIGUALDADES TAMBIÉN ENTRAN EN EL AULA
El informe canario identifica una asociación importante entre el rendimiento y el nivel socioeconómico, cultural y educativo de las familias. La escuela recibe, por tanto, a estudiantes que llegan con oportunidades desiguales. Reconocerlo permite evitar explicaciones que atribuyen los problemas exclusivamente al esfuerzo individual del alumnado o a la dedicación del profesorado.
Una familia con ingresos suficientes puede contratar apoyo escolar, disponer de materiales y ofrecer un espacio adecuado para estudiar. Un hogar sometido a empleos precarios, horarios prolongados o dificultades económicas tiene menos posibilidades de compensar las carencias educativas. La enseñanza pública debería reducir esas diferencias mediante recursos que no dependan de la capacidad de pago.
Por eso la masificación denunciada por el STEC tiene consecuencias que trascienden el malestar profesional. Cuantos más estudiantes debe atender un docente, más difícil resulta detectar dificultades, adaptar explicaciones y acompañar a quienes necesitan refuerzo. Las carencias del servicio público perjudican especialmente a las familias que carecen de alternativas privadas.
RECUPERAR SALARIOS Y TIEMPO PARA ENSEÑAR
El sindicato cifra en torno al 30% la pérdida de poder adquisitivo del profesorado desde 2008. Se trata de una estimación sindical que debe identificarse como tal. Su campaña de recuperación salarial reclama actualizar los complementos, vincular su revisión al IPC y abonar pagas extraordinarias completas. También exige una negociación autonómica y sostiene que los acuerdos estatales no compensan el deterioro acumulado.
La pérdida de poder adquisitivo expresa algo concreto: aunque una nómina aumente, permite comprar menos cuando los precios crecen más deprisa. La reclamación afecta, por tanto, a las condiciones de vida de quienes realizan un trabajo necesario para el conjunto de la sociedad.
El STEC relaciona ese deterioro con una actividad cada vez más compleja, marcada por sobrecarga administrativa y mayor conflictividad. Reclama asimismo equiparación retributiva con empleados públicos del mismo grupo profesional y recuperar determinados derechos del profesorado sustituto. El tiempo dedicado a enseñar, preparar clases y atender al alumnado necesita protección efectiva; la vocación no puede convertirse en una justificación para normalizar cargas crecientes.
EL CALOR REQUIERE OBRAS Y PREVENCIÓN
A las dificultades habituales se añade la exposición a altas temperaturas. El STEC considera insuficiente el protocolo vigente y denuncia episodios de malestar entre alumnado y trabajadores. La respuesta debe examinar las condiciones de cada edificio y concretar actuaciones de ventilación, aislamiento, sombra y acondicionamiento.
Un protocolo solo resulta útil si sus instrucciones pueden aplicarse y existen medios para proteger la salud. Trasladar la gestión del riesgo a los centros sin resolver sus deficiencias materiales deja a sus responsables ante dificultades que no pueden corregir por iniciativa propia.
LA RESPONSABILIDAD DE EDUCACIÓN
El consejero Poli Suárez ha señalado la LOMLOE y el uso de pantallas entre los factores que, a su juicio, influyen en los malos resultados. También anunció la incorporación de 80 psicólogos y la ampliación de la gratuidad de los libros de texto. Estas actuaciones deberán valorarse por su alcance y sus resultados.
Pero el debate pedagógico no sustituye la obligación de garantizar plantillas suficientes, instalaciones seguras y apoyos continuados. El STEC reclama, además, alcanzar una inversión educativa equivalente al 5% del PIB. La negociación pendiente debe traducir las prioridades en compromisos verificables. Cuando faltan recursos, el coste acaba recayendo sobre docentes sobrecargados, estudiantes con menor atención y hogares que intentan suplir lo que la escuela no puede ofrecer. Defender la enseñanza pública exige actuar sobre esas condiciones.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El comienzo del curso 2026-2027 ha vuelto a enfrentar a la comunidad educativa canaria con problemas que se repiten sin encontrar una solución suficiente. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) denuncia aulas masificadas, instalaciones deficientes y retrasos en los nombramientos del profesorado. La organización advierte de movilizaciones si la Consejería de Educación no abre una negociación y propone una respuesta conjunta de las fuerzas sindicales.
El conflicto llega, además, en un momento especialmente delicado para la enseñanza del Archipiélago. Los resultados educativos vuelven a mostrar carencias importantes y estructurales, mientras las reivindicaciones docentes señalan las condiciones materiales en las que se desarrolla el aprendizaje. Ambas cuestiones deben examinarse conjuntamente: exigir mejores resultados sin atender a las plantillas, las instalaciones y los apoyos disponibles significa descargar sobre los centros una responsabilidad que también corresponde a las decisiones políticas y presupuestarias.
PISA: UN RETROCESO QUE EXIGE RESPUESTAS
El informe autonómico de PISA 2025, publicado por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, sitúa a Canarias por debajo de España y de la media de la OCDE en las tres competencias principales. El alumnado obtuvo 445 puntos en lectura, 442 en matemáticas y 469 en ciencias. Respecto a 2022, las caídas fueron de 18, cinco y cuatro puntos, respectivamente. La comprensión lectora alcanza su valor más bajo en la serie disponible.
Otro indicador resulta especialmente preocupante: el 21,1% del alumnado queda por debajo del nivel básico de competencia en las tres áreas simultáneamente. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes evaluados presenta dificultades concurrentes para comprender textos, aplicar conocimientos matemáticos e interpretar cuestiones científicas. PISA examina competencias de estudiantes de 15 años; sus resultados no equivalen a las calificaciones escolares ni permiten explicar por sí solos todas las causas del rendimiento.
Canarias reduce parte de su distancia respecto a España porque el retroceso estatal es mayor. Esa mejora relativa debe interpretarse con cautela: acercarse a una media que también desciende no supone haber mejorado el aprendizaje. Los datos reclaman intervenciones sostenidas, cuya eficacia pueda evaluarse, y una atención particular a quienes acumulan mayores dificultades.
LAS DESIGUALDADES TAMBIÉN ENTRAN EN EL AULA
El informe canario identifica una asociación importante entre el rendimiento y el nivel socioeconómico, cultural y educativo de las familias. La escuela recibe, por tanto, a estudiantes que llegan con oportunidades desiguales. Reconocerlo permite evitar explicaciones que atribuyen los problemas exclusivamente al esfuerzo individual del alumnado o a la dedicación del profesorado.
Una familia con ingresos suficientes puede contratar apoyo escolar, disponer de materiales y ofrecer un espacio adecuado para estudiar. Un hogar sometido a empleos precarios, horarios prolongados o dificultades económicas tiene menos posibilidades de compensar las carencias educativas. La enseñanza pública debería reducir esas diferencias mediante recursos que no dependan de la capacidad de pago.
Por eso la masificación denunciada por el STEC tiene consecuencias que trascienden el malestar profesional. Cuantos más estudiantes debe atender un docente, más difícil resulta detectar dificultades, adaptar explicaciones y acompañar a quienes necesitan refuerzo. Las carencias del servicio público perjudican especialmente a las familias que carecen de alternativas privadas.
RECUPERAR SALARIOS Y TIEMPO PARA ENSEÑAR
El sindicato cifra en torno al 30% la pérdida de poder adquisitivo del profesorado desde 2008. Se trata de una estimación sindical que debe identificarse como tal. Su campaña de recuperación salarial reclama actualizar los complementos, vincular su revisión al IPC y abonar pagas extraordinarias completas. También exige una negociación autonómica y sostiene que los acuerdos estatales no compensan el deterioro acumulado.
La pérdida de poder adquisitivo expresa algo concreto: aunque una nómina aumente, permite comprar menos cuando los precios crecen más deprisa. La reclamación afecta, por tanto, a las condiciones de vida de quienes realizan un trabajo necesario para el conjunto de la sociedad.
El STEC relaciona ese deterioro con una actividad cada vez más compleja, marcada por sobrecarga administrativa y mayor conflictividad. Reclama asimismo equiparación retributiva con empleados públicos del mismo grupo profesional y recuperar determinados derechos del profesorado sustituto. El tiempo dedicado a enseñar, preparar clases y atender al alumnado necesita protección efectiva; la vocación no puede convertirse en una justificación para normalizar cargas crecientes.
EL CALOR REQUIERE OBRAS Y PREVENCIÓN
A las dificultades habituales se añade la exposición a altas temperaturas. El STEC considera insuficiente el protocolo vigente y denuncia episodios de malestar entre alumnado y trabajadores. La respuesta debe examinar las condiciones de cada edificio y concretar actuaciones de ventilación, aislamiento, sombra y acondicionamiento.
Un protocolo solo resulta útil si sus instrucciones pueden aplicarse y existen medios para proteger la salud. Trasladar la gestión del riesgo a los centros sin resolver sus deficiencias materiales deja a sus responsables ante dificultades que no pueden corregir por iniciativa propia.
LA RESPONSABILIDAD DE EDUCACIÓN
El consejero Poli Suárez ha señalado la LOMLOE y el uso de pantallas entre los factores que, a su juicio, influyen en los malos resultados. También anunció la incorporación de 80 psicólogos y la ampliación de la gratuidad de los libros de texto. Estas actuaciones deberán valorarse por su alcance y sus resultados.
Pero el debate pedagógico no sustituye la obligación de garantizar plantillas suficientes, instalaciones seguras y apoyos continuados. El STEC reclama, además, alcanzar una inversión educativa equivalente al 5% del PIB. La negociación pendiente debe traducir las prioridades en compromisos verificables. Cuando faltan recursos, el coste acaba recayendo sobre docentes sobrecargados, estudiantes con menor atención y hogares que intentan suplir lo que la escuela no puede ofrecer. Defender la enseñanza pública exige actuar sobre esas condiciones.
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