INTERSINDICAL CANARIA CUESTIONA LA HUELGA MÉDICA Y RECLAMA UNA LUCHA DE TODA LA SANIDAD
Reconoce las demandas laborales de los médicos, pero rechaza que se defiendan mediante un marco separado del resto de profesionales.
Intersindical Canaria cuestiona la exigencia de un estatuto exclusivo para los médicos y advierte de que puede dividir la lucha sindical. En un comunicado remitido a Canarias-semanal, reclama mejoras laborales para todos los trabajadores de la sanidad pública.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El conflicto por las condiciones laborales en la sanidad pública tiene un punto central de disputa: si los médicos deben disponer de un estatuto propio o compartir un marco común con los demás trabajadores. El Estatuto Marco, regulado por una ley de 2003, establece las bases de las relaciones laborales del personal estatutario de los servicios públicos de salud. Su reforma ha enfrentado al Ministerio de Sanidad con las organizaciones médicas que reclaman una regulación específica y han anunciado una huelga indefinida desde el 28 de octubre.
Ante esta convocatoria, la Federación de Salud de Intersindical Canaria, mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, fechado el 2 de octubre, cuestiona la estrategia de los sindicatos médicos. Reconoce la legitimidad de numerosas demandas laborales, pero considera que reclamar un estatuto separado puede fracturar la respuesta colectiva frente al deterioro de la sanidad pública.
UN MARCO COMÚN PARA UN TRABAJO COLECTIVO
El Ministerio alcanzó en enero un acuerdo sobre la reforma con SATSE, CCOO, UGT y CSIF, organizaciones presentes en el ámbito estatal de negociación. Las organizaciones médicas mantienen su oposición porque consideran insuficiente el reconocimiento de sus particularidades profesionales.
Intersindical Canaria aclara que tampoco suscribe ese acuerdo, aunque rechaza que la alternativa sea separar a los facultativos del resto de las categorías. Según sostiene, la asistencia sanitaria depende de equipos multidisciplinares y necesita un marco laboral que incluya a todos sus integrantes, reconociendo las diferencias de formación, responsabilidad y funciones.
Para el sindicato, esa diversidad debe traducirse en clasificaciones y retribuciones adecuadas dentro de una regulación compartida. Advierte de que romperla fomentaría el gremialismo y dividiría la fuerza organizada de los trabajadores.
El comunicado también recoge sospechas, atribuidas a sectores que no identifica, sobre un posible trasfondo político orientado a precipitar la caída del Gobierno. Sin embargo, no aporta pruebas que permitan presentar esa hipótesis como un hecho demostrado.
REIVINDICACIONES QUE IMPLICAN A AMBAS ADMINISTRACIONES
La organización considera razonables las peticiones de reducir la duración y frecuencia de las guardias, mejorar su remuneración y garantizar descansos suficientes. Añade la carrera profesional, la estabilidad del empleo y la reducción de las cargas asistenciales entre los problemas que requieren respuesta.
Su discrepancia reside en el alcance de la movilización: afirma que muchas de esas dificultades afectan también a otros grupos profesionales y que una parte de las decisiones corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, reclama dirigir las exigencias tanto al Ejecutivo estatal como al Gobierno canario y al Servicio Canario de la Salud.
Según denuncia Intersindical, el SCS continúa promoviendo privatizaciones, reduciendo plantillas y endureciendo las condiciones laborales. El sindicato sitúa estas políticas entre los obstáculos para dignificar el trabajo y mejorar la atención.
En materia de jubilación, reclama computar el tiempo efectivo de las guardias y permitir el retiro voluntario a los 60 años sin penalización, extendiéndolo al conjunto de profesionales con carreras largas de cotización. El comunicado vincula esta demanda a cambios en la legislación de Seguridad Social y defiende una lucha transversal.
LISTAS DE ESPERA Y DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
Intersindical alerta, asismismo, de las consecuencias asistenciales. Según las cifras que recoge su comunicado, Canarias acumula cerca de 200.000 personas en listas de espera, mientras las diferentes huelgas habrían ocasionado, en un año, la suspensión o aplazamiento de más de 61.000 procesos asistenciales.
Sin cuestionar el derecho de huelga, sostiene que estos aplazamientos agravan las carencias existentes y favorecen el crecimiento de la sanidad privada y los seguros médicos.
Su propuesta final es reunir a todas las organizaciones sindicales y categorías profesionales para exigir financiación, plantillas y condiciones laborales adecuadas. La mejora de la sanidad, concluye el colectivo, debe incluir a quienes sostienen conjuntamente su funcionamiento.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El conflicto por las condiciones laborales en la sanidad pública tiene un punto central de disputa: si los médicos deben disponer de un estatuto propio o compartir un marco común con los demás trabajadores. El Estatuto Marco, regulado por una ley de 2003, establece las bases de las relaciones laborales del personal estatutario de los servicios públicos de salud. Su reforma ha enfrentado al Ministerio de Sanidad con las organizaciones médicas que reclaman una regulación específica y han anunciado una huelga indefinida desde el 28 de octubre.
Ante esta convocatoria, la Federación de Salud de Intersindical Canaria, mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, fechado el 2 de octubre, cuestiona la estrategia de los sindicatos médicos. Reconoce la legitimidad de numerosas demandas laborales, pero considera que reclamar un estatuto separado puede fracturar la respuesta colectiva frente al deterioro de la sanidad pública.
UN MARCO COMÚN PARA UN TRABAJO COLECTIVO
El Ministerio alcanzó en enero un acuerdo sobre la reforma con SATSE, CCOO, UGT y CSIF, organizaciones presentes en el ámbito estatal de negociación. Las organizaciones médicas mantienen su oposición porque consideran insuficiente el reconocimiento de sus particularidades profesionales.
Intersindical Canaria aclara que tampoco suscribe ese acuerdo, aunque rechaza que la alternativa sea separar a los facultativos del resto de las categorías. Según sostiene, la asistencia sanitaria depende de equipos multidisciplinares y necesita un marco laboral que incluya a todos sus integrantes, reconociendo las diferencias de formación, responsabilidad y funciones.
Para el sindicato, esa diversidad debe traducirse en clasificaciones y retribuciones adecuadas dentro de una regulación compartida. Advierte de que romperla fomentaría el gremialismo y dividiría la fuerza organizada de los trabajadores.
El comunicado también recoge sospechas, atribuidas a sectores que no identifica, sobre un posible trasfondo político orientado a precipitar la caída del Gobierno. Sin embargo, no aporta pruebas que permitan presentar esa hipótesis como un hecho demostrado.
REIVINDICACIONES QUE IMPLICAN A AMBAS ADMINISTRACIONES
La organización considera razonables las peticiones de reducir la duración y frecuencia de las guardias, mejorar su remuneración y garantizar descansos suficientes. Añade la carrera profesional, la estabilidad del empleo y la reducción de las cargas asistenciales entre los problemas que requieren respuesta.
Su discrepancia reside en el alcance de la movilización: afirma que muchas de esas dificultades afectan también a otros grupos profesionales y que una parte de las decisiones corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, reclama dirigir las exigencias tanto al Ejecutivo estatal como al Gobierno canario y al Servicio Canario de la Salud.
Según denuncia Intersindical, el SCS continúa promoviendo privatizaciones, reduciendo plantillas y endureciendo las condiciones laborales. El sindicato sitúa estas políticas entre los obstáculos para dignificar el trabajo y mejorar la atención.
En materia de jubilación, reclama computar el tiempo efectivo de las guardias y permitir el retiro voluntario a los 60 años sin penalización, extendiéndolo al conjunto de profesionales con carreras largas de cotización. El comunicado vincula esta demanda a cambios en la legislación de Seguridad Social y defiende una lucha transversal.
LISTAS DE ESPERA Y DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
Intersindical alerta, asismismo, de las consecuencias asistenciales. Según las cifras que recoge su comunicado, Canarias acumula cerca de 200.000 personas en listas de espera, mientras las diferentes huelgas habrían ocasionado, en un año, la suspensión o aplazamiento de más de 61.000 procesos asistenciales.
Sin cuestionar el derecho de huelga, sostiene que estos aplazamientos agravan las carencias existentes y favorecen el crecimiento de la sanidad privada y los seguros médicos.
Su propuesta final es reunir a todas las organizaciones sindicales y categorías profesionales para exigir financiación, plantillas y condiciones laborales adecuadas. La mejora de la sanidad, concluye el colectivo, debe incluir a quienes sostienen conjuntamente su funcionamiento.
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