CANARIAS, SALUD MENTAL Y CLASE SOCIAL: LA SOLUCIÓN NO ESTÁ EN LA CONSULTA DEL PSICÓLOGO
El archipiélago registra uno de los porcentajes más altos de problemas de salud mental del Estado
Canarias registra un 33,9% de población adulta con problemas de salud mental anotados en Atención Primaria, muy por encima de la media estatal. El aumento de profesionales no resuelve una pregunta esencial: qué condiciones laborales, residenciales y sociales están alimentando ese malestar.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En Canarias, ya no es posible hablar de de salud mental refugiándose en generalidad. Los datos oficiales sitúan el problema en una dimensión difícil de minimizar: en 2024, el 33,9% de la población mayor de 15 años tenía registrado algún problema de salud mental en Atención Primaria, frente al 20,8% del conjunto del Estado.
El Archipiélago ocupa así el segundo lugar en la incidencia registrada de este tipo de patología entre las comunidades autónomas. Durante 2025 se realizaron 345.755 consultas especializadas y fueron atendidas 82.319 personas. Al mismo tiempo, el Servicio Canario de la Salud asegura haber reforzado la red hasta alcanzar 756 profesionales asistenciales, un 5,8% más que el año anterior. Sin embargo, las asociaciones que trabajan sobre el terreno describen otra cara de esa misma realidad: la demanda crece, la atención se satura y, sencillamente, «no dan abasto».
LOS DATOS MIDEN EL DAÑO, PERO NO EXPLICAN SU ORIGEN
Sería un error, en cualquier caso, convertir esta situación en una simple discusión contable sobre cuántos psicólogos, psiquiatras o consultas necesita Canarias. Hacen falta recursos, plantillas suficientes, continuidad terapéutica y una distribución territorial que no castigue a las islas no capitalinas. Pero limitar el debate a la capacidad del sistema sanitario equivale a observar únicamente el último eslabón de la cadena. La cuestión decisiva es analizar por qué una proporción tan elevada de la población necesita ayuda y qué condiciones sociales están produciendo o agravando ese malestar.
No existe una causa única de la ansiedad, la depresión o cualquier otro trastorno, y no se pueden reducir todos a los problemas o dificultades económicas. Intervienen factores biológicos, personales y familiares. Pero reconocer esa complejidad no permite ignorar la incidencia de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La propia Organización Mundial de la Salud insiste en señalar que vivienda, empleo, educación, ingresos y protección social forman parte de los principales determinantes de la salud mental. La enfermedad se manifiesta en individuos concretos, pero los riesgos no se reparten al azar entre las clases sociales.
LA SALUD MENTAL TAMBIÉN SE PIERDE EN EL TRABAJO
Quien depende de un salario no vende únicamente unas horas de su tiempo. Para poder volver a trabajar al día siguiente necesita alimentarse, descansar, disponer de vivienda, mantener vínculos afectivos, recibir cuidados y contar con algún margen de seguridad. Todo eso forma parte de la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. Cuando el salario no cubre adecuadamente el coste de vivir, existe la incertidumbre constante de poder ser despedido o conciliar trabajo y vida personal se convierte en una carrera de obstáculos, ese coste no desaparece: se traslada al cuerpo, al descanso y a las relaciones familiares.
Aquí aparece una contradicción central. El sistema necesita trabajadores disponibles y productivos, pero la búsqueda del máximo beneficio tiende a intensificar el trabajo, contener salarios y reducir tiempos considerados «improductivos». El desgaste termina presentándose después como un problema exclusivamente privado. El trabajador recibe el mensaje de que debe "gestionar mejor el estrés" o desarrollar "resiliencia", aunque la fuente de la tensión continúe intacta.
LA VIVIENDA: NECESIDAD PARA UNOS, NEGOCIO PARA OTROS
La vivienda permite comprender esta contradicción con especial claridad. Para quien necesita un hogar, proporciona estabilidad, descanso e intimidad. Para quien la posee como activo de inversión, puede ser ante todo una fuente de renta y revalorización. Cuando el valor de cambio se impone sobre el valor de uso, el derecho efectivo a habitar queda subordinado a la rentabilidad.
En Canarias, donde la vivienda se ha convertido en un conflicto social de primera magnitud, esa tensión desborda el mercado inmobiliario. Quien destina una parte excesiva de sus ingresos al alquiler vive bajo una amenaza permanente: una subida de precio, la pérdida del empleo o un gasto imprevisto pueden desestabilizar todo el hogar y, obviamente, la tensión generada por todas estas condiciones afecta directamente a la salud de los trabajadores.
En 2025, el 31,2% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7% estatal, y la mitad declaraba no poder afrontar un gasto imprevisto. Ese contexto no explica por sí solo cada diagnóstico, pero configura un terreno en el que la inseguridad deja de ser excepcional y se convierte en condición de vida.
LA DESIGUALDAD TAMBIÉN ENTRA EN LA CONSULTA
La posición de clase condiciona también la manera de afrontar el problema una vez aparece. Quienes disponen de ingresos pueden acudir a psicoterapia privada, reorganizar horarios o trasladarse para recibir atención especializada. Quienes viven de un salario ajustado y dependen exclusivamente del sistema público tienen mucho menos margen. Una lista de espera no significa lo mismo para quien puede pagar una alternativa que para quien no puede hacerlo.
Por eso la saturación de la sanidad pública no es socialmente neutral. Cuando una necesidad básica se desplaza hacia el mercado, la desigualdad económica se convierte en desigualdad sanitaria. El sistema público constituye una conquista imprescindible de la población trabajadora, aunque termine actuando muchas veces al final del proceso, reparando daños que otras áreas de la organización social siguen produciendo. Si aumentan las consultas pero permanecen la precariedad, los alquileres prohibitivos, la pobreza laboral y la inseguridad cotidiana, la red sanitaria corre el riesgo de convertirse en un enorme taller de reparación sin que se cierre el grifo que alimenta la avería.
LOS JÓVENES Y LA IMPOSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN FUTURO
La situación juvenil muestra los límites de una respuesta centrada exclusivamente en la conducta individual. Las campañas contra la adicción a dispositivos, el uso problemático de redes o el aislamiento pueden ser útiles, y la Fundación Adsis ha desarrollado programas que han alcanzado a miles de estudiantes. Pero un adolescente no vive únicamente dentro de una pantalla. Vive en un hogar concreto, observa las dificultades económicas de su familia y empieza a construir una expectativa sobre el futuro que le espera.
Hablar de bienestar emocional mientras independizarse parece inalcanzable, el empleo se asocia a salarios bajos e inestabilidad y la vivienda se aleja de las posibilidades de amplias capas juveniles supone abordar solo una parte del problema. La "educación emocional" puede enseñar a gestionar frustraciones; pero no puede convertir un salario insuficiente en suficiente ni un alquiler inaccesible en accesible. Cuando la política social es sustituida por un discurso de adaptación psicológica, las contradicciones de la sociedad se presentan también como supuestas insuficiencias personales y se evita plantear la necesidad de la organizaión colectiva que podría modificar las causas estructurales de la enfermedad.
NO BASTA CON REPARAR: HAY QUE ACTUAR SOBRE LAS CAUSAS
Canarias, por supuesto, necesita más profesionales de salud mental, menos listas de espera, tratamientos continuados y recursos suficientes en todas las islas. Pero una política seria no puede conformarse con aumentar la capacidad de atender el daño una vez producido. También debe preguntarse qué modelo laboral, residencial y social contribuye a producirlo y quién se beneficia de ese modelo.
La gran cuestión que dejan abierta los datos oficiales no es solo por qué Canarias tiene más problemas registrados que la media estatal, sino cómo se distribuyen según renta, ocupación, edad, sexo y territorio. Investigar esa relación permitiría comprobar hasta qué punto el sufrimiento sigue un mapa de clase. Porque la salud mental, que en ningún caso se puede separar de la salud general, no se mejora principalmente en la consulta. Se juega también en la nómina, en el horario de trabajo, en el precio del alquiler, en la posibilidad de descansar y en la seguridad de poder imaginar un futuro.
FUENTES
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Cadena SER — Asociaciones y expertos denuncian la saturación de los servicios de salud mental
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OMS — Nuevas orientaciones para transformar las políticas de salud mental
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En Canarias, ya no es posible hablar de de salud mental refugiándose en generalidad. Los datos oficiales sitúan el problema en una dimensión difícil de minimizar: en 2024, el 33,9% de la población mayor de 15 años tenía registrado algún problema de salud mental en Atención Primaria, frente al 20,8% del conjunto del Estado.
El Archipiélago ocupa así el segundo lugar en la incidencia registrada de este tipo de patología entre las comunidades autónomas. Durante 2025 se realizaron 345.755 consultas especializadas y fueron atendidas 82.319 personas. Al mismo tiempo, el Servicio Canario de la Salud asegura haber reforzado la red hasta alcanzar 756 profesionales asistenciales, un 5,8% más que el año anterior. Sin embargo, las asociaciones que trabajan sobre el terreno describen otra cara de esa misma realidad: la demanda crece, la atención se satura y, sencillamente, «no dan abasto».
LOS DATOS MIDEN EL DAÑO, PERO NO EXPLICAN SU ORIGEN
Sería un error, en cualquier caso, convertir esta situación en una simple discusión contable sobre cuántos psicólogos, psiquiatras o consultas necesita Canarias. Hacen falta recursos, plantillas suficientes, continuidad terapéutica y una distribución territorial que no castigue a las islas no capitalinas. Pero limitar el debate a la capacidad del sistema sanitario equivale a observar únicamente el último eslabón de la cadena. La cuestión decisiva es analizar por qué una proporción tan elevada de la población necesita ayuda y qué condiciones sociales están produciendo o agravando ese malestar.
No existe una causa única de la ansiedad, la depresión o cualquier otro trastorno, y no se pueden reducir todos a los problemas o dificultades económicas. Intervienen factores biológicos, personales y familiares. Pero reconocer esa complejidad no permite ignorar la incidencia de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La propia Organización Mundial de la Salud insiste en señalar que vivienda, empleo, educación, ingresos y protección social forman parte de los principales determinantes de la salud mental. La enfermedad se manifiesta en individuos concretos, pero los riesgos no se reparten al azar entre las clases sociales.
LA SALUD MENTAL TAMBIÉN SE PIERDE EN EL TRABAJO
Quien depende de un salario no vende únicamente unas horas de su tiempo. Para poder volver a trabajar al día siguiente necesita alimentarse, descansar, disponer de vivienda, mantener vínculos afectivos, recibir cuidados y contar con algún margen de seguridad. Todo eso forma parte de la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. Cuando el salario no cubre adecuadamente el coste de vivir, existe la incertidumbre constante de poder ser despedido o conciliar trabajo y vida personal se convierte en una carrera de obstáculos, ese coste no desaparece: se traslada al cuerpo, al descanso y a las relaciones familiares.
Aquí aparece una contradicción central. El sistema necesita trabajadores disponibles y productivos, pero la búsqueda del máximo beneficio tiende a intensificar el trabajo, contener salarios y reducir tiempos considerados «improductivos». El desgaste termina presentándose después como un problema exclusivamente privado. El trabajador recibe el mensaje de que debe "gestionar mejor el estrés" o desarrollar "resiliencia", aunque la fuente de la tensión continúe intacta.
LA VIVIENDA: NECESIDAD PARA UNOS, NEGOCIO PARA OTROS
La vivienda permite comprender esta contradicción con especial claridad. Para quien necesita un hogar, proporciona estabilidad, descanso e intimidad. Para quien la posee como activo de inversión, puede ser ante todo una fuente de renta y revalorización. Cuando el valor de cambio se impone sobre el valor de uso, el derecho efectivo a habitar queda subordinado a la rentabilidad.
En Canarias, donde la vivienda se ha convertido en un conflicto social de primera magnitud, esa tensión desborda el mercado inmobiliario. Quien destina una parte excesiva de sus ingresos al alquiler vive bajo una amenaza permanente: una subida de precio, la pérdida del empleo o un gasto imprevisto pueden desestabilizar todo el hogar y, obviamente, la tensión generada por todas estas condiciones afecta directamente a la salud de los trabajadores.
En 2025, el 31,2% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7% estatal, y la mitad declaraba no poder afrontar un gasto imprevisto. Ese contexto no explica por sí solo cada diagnóstico, pero configura un terreno en el que la inseguridad deja de ser excepcional y se convierte en condición de vida.
LA DESIGUALDAD TAMBIÉN ENTRA EN LA CONSULTA
La posición de clase condiciona también la manera de afrontar el problema una vez aparece. Quienes disponen de ingresos pueden acudir a psicoterapia privada, reorganizar horarios o trasladarse para recibir atención especializada. Quienes viven de un salario ajustado y dependen exclusivamente del sistema público tienen mucho menos margen. Una lista de espera no significa lo mismo para quien puede pagar una alternativa que para quien no puede hacerlo.
Por eso la saturación de la sanidad pública no es socialmente neutral. Cuando una necesidad básica se desplaza hacia el mercado, la desigualdad económica se convierte en desigualdad sanitaria. El sistema público constituye una conquista imprescindible de la población trabajadora, aunque termine actuando muchas veces al final del proceso, reparando daños que otras áreas de la organización social siguen produciendo. Si aumentan las consultas pero permanecen la precariedad, los alquileres prohibitivos, la pobreza laboral y la inseguridad cotidiana, la red sanitaria corre el riesgo de convertirse en un enorme taller de reparación sin que se cierre el grifo que alimenta la avería.
LOS JÓVENES Y LA IMPOSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN FUTURO
La situación juvenil muestra los límites de una respuesta centrada exclusivamente en la conducta individual. Las campañas contra la adicción a dispositivos, el uso problemático de redes o el aislamiento pueden ser útiles, y la Fundación Adsis ha desarrollado programas que han alcanzado a miles de estudiantes. Pero un adolescente no vive únicamente dentro de una pantalla. Vive en un hogar concreto, observa las dificultades económicas de su familia y empieza a construir una expectativa sobre el futuro que le espera.
Hablar de bienestar emocional mientras independizarse parece inalcanzable, el empleo se asocia a salarios bajos e inestabilidad y la vivienda se aleja de las posibilidades de amplias capas juveniles supone abordar solo una parte del problema. La "educación emocional" puede enseñar a gestionar frustraciones; pero no puede convertir un salario insuficiente en suficiente ni un alquiler inaccesible en accesible. Cuando la política social es sustituida por un discurso de adaptación psicológica, las contradicciones de la sociedad se presentan también como supuestas insuficiencias personales y se evita plantear la necesidad de la organizaión colectiva que podría modificar las causas estructurales de la enfermedad.
NO BASTA CON REPARAR: HAY QUE ACTUAR SOBRE LAS CAUSAS
Canarias, por supuesto, necesita más profesionales de salud mental, menos listas de espera, tratamientos continuados y recursos suficientes en todas las islas. Pero una política seria no puede conformarse con aumentar la capacidad de atender el daño una vez producido. También debe preguntarse qué modelo laboral, residencial y social contribuye a producirlo y quién se beneficia de ese modelo.
La gran cuestión que dejan abierta los datos oficiales no es solo por qué Canarias tiene más problemas registrados que la media estatal, sino cómo se distribuyen según renta, ocupación, edad, sexo y territorio. Investigar esa relación permitiría comprobar hasta qué punto el sufrimiento sigue un mapa de clase. Porque la salud mental, que en ningún caso se puede separar de la salud general, no se mejora principalmente en la consulta. Se juega también en la nómina, en el horario de trabajo, en el precio del alquiler, en la posibilidad de descansar y en la seguridad de poder imaginar un futuro.
FUENTES
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Cadena SER — Asociaciones y expertos denuncian la saturación de los servicios de salud mental
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OMS — Nuevas orientaciones para transformar las políticas de salud mental
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