LA "LEY DE FUGAS": CUANDO EL ESTADO ESPAÑOL CONVIRTIÓ EL ASESINATO DE DETENIDOS EN UN MÉTODO DE REPRESIÓN

 POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

 

   Durante décadas, una de las frases más temidas por determinadas familias españolas era que un detenido había intentado escapar mientras lo trasladaban a prisión o a un cuartelillo. En ocasiones, aquella explicación significaba que la persona había sido asesinada por sus propios guardianes.

 

   Era la llamada «ley de fugas», un procedimiento represivo que permitía eliminar a prisioneros sin juicio ni condena, alegando posteriormente que habían intentado huir. 

 

  Su funcionamiento era aparentemente sencillo. Los agentes conducían al detenido, frecuentemente durante la noche, por algún lugar apartado. En determinado momento le disparaban y después comunicaban oficialmente que había desobedecido una orden de detenerse o que había intentado escapar. La explicación convertía un asesinato en una supuesta actuación policial.

 

   Sin embargo, resulta imprescindible aclarar algo: la ley de fugas nunca fue una verdadera ley. Ningún Parlamento español aprobó semejante procedimiento. Se trataba de una práctica ilegal, tolerada o protegida en distintas circunstancias por determinadas autoridades.

 

    Su historia permite seguir una parte especialmente oscura de la evolución del poder estatal en España.

 

EL ORIGEN: LA PERSECUCIÓN DEL BANDOLERISMO EN EL SIGLO XIX

    Los antecedentes de esta práctica se remontan, al menos, a mediados del siglo XIX, cuando las autoridades perseguían a las partidas de bandoleros que actuaban en distintas regiones españolas. La Guardia Civil, creada en 1844, desempeñó un papel fundamental en aquella persecución. Algunos de sus agentes comenzaron a recurrir a ejecuciones sumarias, justificándolas mediante supuestos intentos de evasión.

 

   En 1853, la viajera británica Lady Louisa Tenison describió cómo determinados prisioneros morían a manos de sus guardianes antes de llegar a las poblaciones, mientras la versión oficial aseguraba que habían tratado de escapar. La práctica adquirió un carácter particularmente sistemático en 1870, cuando Julián de Zugasti fue nombrado gobernador civil de Córdoba para combatir el bandolerismo. Durante su mandato se produjeron numerosas muertes sospechosas de detenidos.

 

   Aquellos acontecimientos llegaron a provocar denuncias parlamentarias. Incluso un dirigente conservador como Antonio Cánovas del Castillo cuestionó en diciembre de 1870 que tantas personas murieran en circunstancias semejantes, siempre en lugares apartados y sin testigos independientes. El episodio revela que desde sus orígenes existía conciencia de la ilegalidad del procedimiento.

 

   El nombre de aquella práctica llegaría posteriormente de América. Durante el régimen mexicano del dictador Porfirio Díaz se había popularizado la expresión «ley de fuga» para describir ejecuciones similares. En España, aquella denominación alcanzaría gran difusión durante los conflictos sociales de la  Barcelona de 1921.

 

BARCELONA: LA LEY DE FUGAS CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO

    A comienzos del siglo XX, Barcelona se había convertido en uno de los principales centros industriales de España. Las condiciones laborales eran durísimas y las organizaciones sindicales adquirían una creciente capacidad de movilización. La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, se convirtió en una fuerza particularmente importante.

   

   La huelga de La Canadiense, en 1919, constituyó una demostración extraordinaria del poder adquirido por los trabajadores organizados. Su desarrollo contribuyó decisivamente a la aprobación de la jornada laboral de ocho horas. Pero aquellos avances provocaron una intensa reacción patronal.

 

    Determinados sectores empresariales financiaron grupos armados para combatir al anarcosindicalismo. A su vez, sectores de la CNT organizaron grupos de acción que participaron en atentados. Barcelona entró en la etapa conocida como el «pistolerismo», caracterizada por una violencia política prácticamente cotidiana. Sin embargo, el enfrentamiento tenía un trasfondo que iba mucho más allá de los atentados. Lo que estaba realmente en disputa era la capacidad de la clase trabajadora para organizarse y modificar las relaciones de poder dentro de las empresas y de la sociedad.

 

   En noviembre de 1920, el Gobierno de Eduardo Dato nombró gobernador civil de Barcelona al general Severiano Martínez Anido. Su llegada representó un endurecimiento decisivo de la represión. Martínez Anido, junto con el jefe policial Miguel Arlegui, emprendió una ofensiva contra la CNT mediante detenciones masivas, deportaciones, clausuras de sindicatos y actuaciones clandestinas.

 

     En enero de 1921, las ejecuciones de detenidos adquirieron dimensiones especialmente graves. El asesinato del inspector de policía Antonio Espejo, el 19 de enero, desencadenó una oleada de represalias. En los días siguientes, ocho detenidos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos durante supuestos intentos de fuga en Barcelona.

 

    Uno de los supervivientes, Diego Parra, pudo relatar posteriormente lo sucedido. Según los testimonios recogidos, había conseguido sobrevivir fingiendo estar muerto junto a sus compañeros. Las explicaciones oficiales comenzaron a resultar insostenibles.

 

    ¿Por qué tantos detenidos intentaban escapar precisamente durante traslados nocturnos? ¿Por qué morían casi siempre los prisioneros y no los agentes que los custodiaban? El asunto llegó al Congreso de los Diputados en febrero de 1921, cuando el socialista Julián Besteiro denunció que aquellas muertes constituían un sistema represivo. El Gobierno, sin embargo, mantuvo su apoyo a Martínez Anido.

 

EL TRASFONDO SOCIAL: EL MIEDO COMO INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN

     La utilización de la ley de fugas contra los sindicatos introdujo un elemento político decisivo en una práctica que anteriormente había estado vinculada principalmente a la persecución del bandolerismo. Ahora sus víctimas eran trabajadores organizados, dirigentes sindicales y personas sospechosas de participar en actividades revolucionarias.

 

    La represión perseguía objetivos que excedían la eliminación de individuos concretos. Se trataba también de debilitar las organizaciones obreras, destruir sus estructuras de dirección e intimidar a quienes participaban en movilizaciones laborales. 

 

    Desde una perspectiva histórica centrada en los conflictos de clase, la violencia institucional puede interpretarse como uno de los instrumentos empleados por determinados sectores del poder político para preservar las relaciones económicas existentes.

 

  La ley de fugas resultaba particularmente eficaz porque combinaba el asesinato con el miedo colectivo.  La amenaza no necesitaba formularse expresamente. Bastaba con que los trabajadores supieran que una detención podía terminar en una muerte presentada como accidental o inevitable.

 

    Pero para que semejante procedimiento pudiera mantenerse era indispensable otra circunstancia: la impunidad de sus ejecutores. La intervención de jurisdicciones militares, las dificultades para investigar los hechos y la protección proporcionada por determinadas autoridades permitieron que numerosas muertes quedaran sin castigo.

 

DURANTE EL FRANQUISMO: DE LOS SINDICALISTAS A LOS GUERRILLEROS ANTIFASCISTAS

     La ley de fugas no desapareció con Martínez Anido. Tampoco fue completamente erradicada durante la Segunda República. Pero bajo el franquismo volvió a adquirir una especial importancia represiva. Tras la Guerra Civil, numerosos combatientes republicanos continuaron resistiendo desde las montañas. Eran los guerrilleros antifranquistas, conocidos popularmente como los maquis.

 

   Durante los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, la dictadura desarrolló una intensa campaña militar y policial contra aquellas organizaciones. La represión alcanzó también a familiares, enlaces y habitantes de las zonas rurales sospechosos de colaborar con los guerrilleros.

 

    El historiador Arnau Fernández ha investigado exhaustivamente esta cuestión en su estudio «La ley de fugas durante la lucha antiguerrillera en España (1936-1952): el exterminio por encima de la imagen internacional», publicado en Historia Social. Su trabajo, sustentado en documentación de archivos españoles y británicos, confirma la utilización de esta modalidad de ejecución extrajudicial durante la lucha contra la guerrilla.

 

     La finalidad no era únicamente eliminar combatientes. La violencia contra determinados colaboradores reales o supuestos contribuía también a aislar a los grupos guerrilleros del entorno social del que dependían. En muchos pueblos, el miedo a la Guardia Civil, a las detenciones y a las represalias se convirtió en un elemento de la vida cotidiana. La memoria de estas experiencias sobrevivió durante décadas, especialmente en familias que habían sufrido directamente la represión.

 

LA TRANSICIÓN: ¿DESAPARECIERON LAS PRÁCTICAS REPRESIVAS?

     La muerte de Franco, en noviembre de 1975, abrió un proceso de cambios políticos orientados por integrantes del propio aparato del Estado franquista, que culminaría, en la Constitución de 1978. El nuevo marco constitucional reconoció formalmente los derechos fundamentales y garantías judiciales que resultaban incompatibles con las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, esa transición no supuso,ni mucho menos,  la desaparición inmediata de todas las prácticas violentas heredadas del régimen dictatorial  anterior.

 

    Durante aquellos años se produjeron actuaciones policiales ilegales, episodios de violencia parapolicial y atentados cometidos por organizaciones de extrema derecha. Al mismo tiempo, la organización ETA intensificó una campaña de lucha armada que provocó centenares de víctimas. 

 

    En este contexto surgió una pregunta especialmente importante: ¿hasta dónde podía llegar el Estado? La respuesta jurídica era clara: Pero determinados responsables políticos y policiales recurrieron a procedimientos criminales  que vulneraban precisamente ese principio.

 

   LOS GAL: CUANDO LA GUERRA SUCIA SE ORGANIZÓ DESDE ESTRUCTURAS ESTATALES

    Entre 1983 y 1987 actuaron los Grupos Antiterroristas de Liberación, conocidos como los GAL. Estas organizaciones parapoliciales clandestinas realizaron secuestros y asesinatos, principalmente en territorio francés, contra personas  supuestamente vinculadas a ETA. Sus atentados causaron 27 muertos, entre ellos personas que no pertenecían a esa organización.

 

     Las investigaciones judiciales demostraron que determinadas operaciones contaron con la participación de agentes policiales y responsables del Ministerio del Interior. Uno de los casos más significativos fue el secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983. Marey, que no pertenecía a ETA, fue secuestrado por error en Francia y retenido clandestinamente.

 

   En 1998, el Tribunal Supremo condenó por aquel secuestro al antiguo ministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, entre otros responsables. La operación había sido financiada mediante fondos reservados del Ministerio del Interior.

 

    El caso demostró judicialmente que no pocas  actuaciones de la guerra sucia no habían sido simples iniciativas aisladas emprendidas por funcionarios a título personal. Existieron operaciones ilegales organizadas desde los más altos niveles  de responsabilidad estatal.

 

LASA Y ZABALA: ASESINADOS DESPUÉS DE SER SECUESTRADOS

      Uno de los crímenes más representativos de aquella etapa fue el cometido contra José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Ambos, vinculados a ETA, fueron secuestrados en Francia en octubre de 1983 y trasladados clandestinamente a España.

 

    Permanecieron retenidos en una instalación utilizada por las autoridades en San Sebastián. Posteriormente, fueron asesinados y enterrados en una fosa en la provincia de Alicante. Sus cadáveres aparecieron en 1985, pero no fueron identificados hasta 1995.

 

     En abril de 2000, la Audiencia Nacional condenó por estos hechos al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al exgobernador civil de Guipúzcoa Julián Elgorriaga y a varios agentes.  Este caso plantea una comparación histórica importante. Como había ocurrido con los sindicalistas asesinados durante el pistolerismo, las víctimas fueron privadas de libertad y eliminadas sin intervención judicial. Pero existe una diferencia que no debe ocultarse: en el caso Lasa y Zabala no se simuló una fuga para justificar las muertes. Los cuerpos fueron ocultados. Por tanto, no se trató de una aplicación de la ley de fugas en sentido estricto, sino de una ejecución extrajudicial clandestina.

 

   La semejanza reside en la eliminación ilegal de personas que ya se encontraban bajo el control de sus captores, vinculados a instituciones estatales.

 

EL MIEDO QUE PERMANECE EN LA MEMORIA COLECTIVA

      ¿Hasta qué punto el temor provocado por aquellas prácticas continúa presente en la sociedad española? No existen datos sociológicos suficientes para medir específicamente cuántas personas conservan hoy miedo a una nueva aplicación de la ley de fugas.

 

    Tampoco sería riguroso presentar la España actual como si continuase funcionando bajo idénticos procedimientos represivos a los utilizados por la dictadura. Sin embargo, la memoria de la violencia estatal sigue ocupando un lugar importante en los debates sobre Derechos Humanos, justicia y reparación de las víctimas. Para determinadas familias, las experiencias de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones constituyen recuerdos transmitidos entre generaciones.

 

    Esa transmisión no siempre adopta la forma de un relato abierto. En ocasiones se manifiesta mediante silencios, desconfianza hacia determinadas instituciones o dificultades para abordar públicamente experiencias traumáticas.

 

LA LECCIÓN HISTÓRICA DE LA LEY DE FUGAS

    La historia de la ley de fugas muestra cómo determinados sectores del poder estatal recurrieron a la violencia ilegal cuando consideraron insuficientes los procedimientos ordinarios para combatir a sus adversarios.

 

  Primero fueron los bandoleros. Después, los sindicalistas. Durante el franquismo, los guerrilleros antifranquistas y la oposición comunista..

 

    Décadas más tarde, los secuestros y asesinatos vinculados a la guerra sucia contra ETA demostraron que también dentro de un sistema constitucional podían organizarse operaciones criminales desde posiciones de poder.

 

   Aunque no  todos estos hechos respondieron a idénticos objetivos, su estudio permite formular una conclusión histórica fundamental: la existencia formal de leyes e instituciones no basta por sí sola para impedir el abuso criminal del poder. Resultan imprescindibles controles efectivos, investigaciones independientes y responsabilidades penales cuando se cometen delitos.

 

   La ley de fugas fue, durante décadas, mucho más que un procedimiento de ejecución. Representó una forma de imponer autoridad mediante el miedo, convirtiendo a personas indefensas en víctimas de quienes tenían la obligación de custodiarlas. Su estudio ayuda a comprender por qué el derecho a un juicio, la prohibición de la tortura y la protección de cualquier persona detenida son garantías esenciales.

 

   Porque cuando el Estado se atribuye la facultad de decidir quién merece vivir y quién puede ser eliminado al margen de los tribunales, deja de actuar dentro de los límites que deben regir el ejercicio legítimo del poder.

 

   Y esa es, quizá, una de las advertencias históricas más importantes que dejó la llamada ley de fugas.

 

 

 

 (*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia, divulgador de temas relacionados con esa materia y coautor de varios libros, entre los que se encuentran "El Gran Reajuste" y "Los BRICS: Esperanza o ilusión", ambos de la Editorial Semilla, y el último de próxima aparición.