TRUMP LEVANTA LAS SANCIONES A DELCY RODRÍGUEZ: "ESTÁ HACIENDO UN GRAN TRABAJO", DICE

Por JORDI RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El gobierno de Donald Trump ha decidido levantar las sanciones que pesaban sobre la presidenta "encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un movimiento que confirma el carácter de las nuevas relaciones impuestas por Washington a Caracas tras la intervención militar del pasado 3 de enero. 

    La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), supone la retirada de Rodríguez de la lista de Nacionales Especialmente Designados, permitiéndole acceder a activos bloqueados y operar con empresas estadounidenses. Más allá de su dimensión técnica, la decisión tiene un claro alcance político: formaliza el respaldo de Estados Unidos al ejecutivo venezolano. 

    En su reacción pública, Rodríguez agradeció directamente la decisión de Donald Trump y la definió como un paso hacia la “normalización” y el “fortalecimiento” de las relaciones entre ambos países, vinculando  ese gesto a una futura ampliación de la "cooperación bilateral".

De la intervención al "protectorado"

  El levantamiento de sanciones se produce apenas tres meses después de la operación militar estadounidense que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su traslado a Nueva York. Desde entonces, la Administración Trump ha desplegado una secuencia coherente de medidas destinadas a reordenar su relación con Venezuela.

  Primero fue el reconocimiento formal de Rodríguez como autoridad legítima. Después, el inicio de contactos para reabrir la embajada en Caracas. Ahora, la eliminación de sanciones personales a la propia presidenta interina completa ese proceso de normalización.  Y es que, en palabras del propio Trump, Rodríguez está “haciendo un gran trabajo” y “colabora muy bien con los representantes estadounidenses”.

Las "reformas" que explican el giro de Estados Unidos.

    El cambio de posición de Washington, por supuesto, no se produce en el vacío. Casi de manera inmediata a la intervención militar del 3 de enero, el Ejecutivo venezolano comenzó a adoptar, a velocidad de vértigo, toda una serie de decisiones políticas y económicas que responden, plenamente, a las exigencias de la Administración Trump. 

     Entre ellas, destacan la modificación acelerada de la ley de hidrocarburos, orientada a facilitar la entrada de capital extranjero en el principal sector estratégico del país; la reforma de la legislación minera en la misma dirección, abriendo nuevos espacios a la inversión internacional o la aprobación de una ley de amnistía que había sido exigida desde el exterior como condición para la estabilización del nuevo escenario.

   En paralelo a estas decisiones, el Ejecutivo de Delcy Rodríguez ha desplegado una intensa agenda de contactos directos con los principales centros de poder de Washington, recibiendo en Caracas al director de la CIA, John Ratcliffe; a la máxima representante diplomática estadounidense en el país, Laura F. Dogu, designada en el marco de la estrategia de "transición para Venezuela" impulsada por Marco Rubio; a responsables del aparato militar vinculados al Comando Sur y al Pentágono, entre ellos el general Francis L. Donovan; así como a altos cargos del área energética y de recursos estratégicos, como el secretario de Energía Chris Wright y el secretario del Interior Doug Burgum. Todo ello en el contexto de una agenda centrada en la reconfiguración del sector petrolero y minero venezolano en consonancia con los intereses de las grandes compañías estadounidenses. 

   La decisión de Washington de levantar las sanciones a Delcy Rodríguez, por tanto, se puede considerar la culminación "natural"  de una secuencia política iniciada tras el secuestro del presidente país y la intervención de enero. Desde entonces, el Ejecutivo venezolano ha adoptado toda una serie de medidas clave —reformas en el sector energético, apertura a la inversión extranjera, aprobación de una ley de amnistía y una intensa agenda de contactos con responsables políticos, militares y de inteligencia estadounidenses— que parecen configurar a Venezuela como un nuevo "protectorado" de los Estados Unidos.  

   En consecuencia, con la nueva situación, Washington ha ido desmontando progresivamente el régimen de sanciones, reconociendo al nuevo gobierno y promoviendo su integración en un esquema de subordinación, denominado eufemísticamente como "cooperación económica y estratégica".