LA CONFESIÓN MÁS INDISCRETA DE UN OBISPO SOBRE LA RESPUESTA DE LA IGLESIA ANTE LA PEDERASTIA (AUDIO)

Por EUGENIO FERNÁNDEZ  CANARIAS-SEMANAL.ORG.- 

   El diario El País publicaba este jueves, 26 de marzo, una grabación que vuelve a situar en el centro del debate los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia en Tenerife. En esta grabación, realizada por la víctima de un sacerdote pederasta en Tenerife, el ya fallecido obispo Bernardo Álvarez no solo reconoce que durante años se ocultaron estos casos, sino que describe con naturalidad el mecanismo utilizado: trasladar a los sacerdotes acusados de una parroquia a otra.

  Durante la conversación, Álvarez se reafirma también en unas declaraciones que en su día generaron un efímero escándalo en todo el Estado español, sin ningún tipo de consecuencia. El obispo insiste en su convencimiento de que muchos adolescentes de 13 o 14 años son los que “están deseando tener relaciones” y “te provocan”, asegurando que él mismo había vivido esta tipo de experiencia.   Y lo hace en conversación directa con una víctima, Ciro Molina, que sufrió abusos siendo un niño y al que llega incluso a reprochar que, años atrás, expusiera su caso en un pleno del Ayuntamiento de La Laguna.

  Pero, más allá de lo que la conversación grabada dice acerca del que fuera obispo de la diócesis de Tenerife, lo cierto es que lo que en ella afirma acerca del tratamiento dado por la Iglesia a los sacerdotes pederastas no supone ningún tipo de descubrimiento.  

UNA NORMA DE COMPLICIDAD QUE ENTREGA NUEVAS VÍCTIMAS A LOS DEPREDADORES SEXUALES

  Lo ocurrido en Tenerife no es un caso aislado, ni una desviación puntual de la norma. Es la confirmación de un patrón documentado durante décadas a lo largo de todo el mundo.

 El “protocolo” oficioso en la Iglesia -ampliamente documentado- no respondía a decisiones improvisadas ni a errores aislados, sino a una forma sistemática de actuación. Cuando surgía una denuncia o incluso una simple sospecha, el caso no salía del ámbito eclesiástico, sino que quedaba encerrado en una gestión interna controlada por la propia jerarquía. Esa decisión implicaba, en la práctica, que no se informaba a la justicia civil ni se activaban mecanismos externos de protección. El sacerdote señalado no era apartado definitivamente del ministerio ni puesto a disposición de los tribunales, sino trasladado a otro destino, a otra parroquia, a otra comunidad que desconocía su historial. Así, lejos de resolverse el problema, este se desplazaba, repitiéndose en nuevos contextos y con nuevas víctimas.

  Este patrón, por supuesto, no nació en Tenerife ni pertenece a un ámbito local. Se ha reproducido a lo largo de todo el mundo, salió a luz a escala global hace ya  décadas y, desde entonces, ha sido confirmado una y otra vez en distintos países, continentes y contextos culturales.

  El caso de Boston, investigado por el equipo Spotlight del Boston Globe, fue el punto de inflexión para dar a conocer estas prácticas. Allí se demostró que la diócesis no solo conocía los abusos cometidos por numerosos sacerdotes, sino que respondía trasladándolos de parroquia en parroquia, sin advertir a las comunidades y permitiendo que siguieran en contacto con menores. Aquella investigación no reveló una cadena de errores individuales, sino la existencia de archivos internos, de conocimiento jerárquico y, sobre todo, de una lógica institucional de encubrimiento.

   En Irlanda se confirmó aún con mayor crudeza esa misma realidad. Los informes oficiales del Estado —especialmente el conocido Informe Murphy— dejaron claro que durante décadas la prioridad de la Iglesia no fue proteger a los menores, sino evitar el escándalo público. La gestión interna de los casos, el silencio y el traslado de sacerdotes permitieron que los abusos continuaran en distintos destinos, mientras la institución preservaba su reputación.

   Ese mismo esquema aparece también en otros contextos. En otras regiones de Estados Unidos, investigaciones judiciales recientes —como las llevadas a cabo en estados como Pensilvania o Rhode Island— han documentado centenares de casos en los que sacerdotes acusados de abusos fueron reubicados en nuevas parroquias o incluso enviados a otras jurisdicciones sin perder el contacto con menores. En algunos casos, esos traslados cruzaron fronteras y continentes, con sacerdotes enviados a América Latina o a otros países donde continuaron ejerciendo.

   Los testimonios directos refuerzan aún más este cuadro. Casos como el del sacerdote Oliver O’Grady, en California, muestran con una claridad brutal cómo la jerarquía eclesiástica era consciente de los abusos y, pese a ello, optaba por trasladar al agresor una y otra vez, permitiéndole seguir actuando.

  En Irlanda, figuras como Brendan Smyth fueron desplazadas durante décadas entre parroquias, diócesis e incluso países, en un recorrido que no detuvo los abusos, sino que los extendió.

  América Latina, por su puesto, tampoco quedó al margen de esta política sistemática de complicidad y encubrimiento. En países como Chile, México, Argentina o Venezuela se han documentado casos en los que sacerdotes denunciados continuaron ejerciendo o fueron protegidos institucionalmente, reproduciendo el mismo patrón de gestión interna y ausencia de denuncia inmediata a la justicia civil. En algunos casos, los traslados no quedaron formalmente registrados como tales, pero el resultado fue idéntico: continuidad en el ministerio y exposición de nuevas víctimas.

  España reproduce igualmente este esquema. El informe del Defensor del Pueblo de 2023 no solo cuantifica miles de víctimas, sino que recoge un elemento recurrente en numerosos testimonios: tras las denuncias internas, el sacerdote desaparecía del entorno inmediato para reaparecer en otro destino, sin que las nuevas comunidades tuvieran conocimiento de los hechos. Investigaciones periodísticas han documentado casos en los que estos desplazamientos se prolongaron durante años antes de que se produjera alguna consecuencia real.

EL SIGNIFICADO REAL DE LOS TRASLADOS DE LOS PEDERASTAS

   La abrumadora evidencia sobre la sistematicidad de esta práctica de protección y ocultamiento de los pederastas derrumba una de las justificaciones más esgrimidas por la Iglesia católica: que los abusos “ocurren en todas partes”.

  Es cierto que ninguna institución, ningún ámbito social, está libre de delitos y que en cualquiera de ellos puede operar un pederasta, pero no en todas las instituciones se responde protegiendo al agresor y facilitando que continúe “depredando” a nuevas víctimas en comunidades a las que se les oculta su historial criminal.

  El traslado sistemático de sacerdotes pederastas no fue una mera negligencia, sino una forma directa de complicidad que implicó a la institución eclesiástica y, en particular, a la jerarquía responsable de imponer estas decisiones. 

UNA LÓGICA ANTIGUA, RESPALDADA Y NORMALIZADA

   Esta práctica de trasladar a sacerdotes acusados de abusos se inscribe en una cultura mucho más profunda: la del ocultamiento y la autoprotección de la institución por encima de cualquier otra consideración moral. Una lógica consustancial a una estructura de poder que, durante siglos, ha tendido a cerrarse sobre sí misma para garantizar su propio sostenimiento.

  Esa cultura no ha existido solamente de forma implícita. También fue codificada. En 1962, bajo el pontificado de Juan XXIII, el Vaticano emitió Crimen sollicitationis, un texto que regulaba la gestión de determinados delitos sexuales cometidos por clérigos.

   Su contenido dejaba claro que estos casos debían tratarse dentro de la propia Iglesia, bajo secreto estricto y bajo control de la jerarquía, sin obligación de trasladarlos a la justicia civil.  Ese modelo no desapareció con el paso del tiempo. Se mantuvo durante décadas, atravesando los pontificados de Pablo VI y Juan Pablo II, y cuando formalmente empezó a modificarse, a comienzos del siglo XXI, lo hizo sin romper con su lógica de fondo. La normativa posterior —centralizada en el Vaticano a partir de 2001— introdujo cambios en los procedimientos, pero siguió manteniendo durante años el secreto y la gestión interna como ejes fundamentales del sistema.

  Con una directriz de esta naturaleza las consecuencias no deberían extrañarnos. Cuando una institución concentra el control de las denuncias, impone el secreto y evita que sus miembros tengan que reponder, como cualquier ciudadano, ante el tribunal de los hombres, está fomentando el enquistamiento del problema y la impunidad de quienes comenten los peores abusos contra la infancia.  Eso es exactamente lo que describe la grabación realizada por la víctima de Tenerife al difunto obispo Bernardo Álvarez y por eso resulta engañoso que pueda reducirse a una anomalía local.

 En los últimos años, especialmente bajo el pontificado del Papa Francisco, se han introducido cambios formales, como la eliminación del secreto pontificio en determinados casos y nuevas normas internas. Sin embargo, ni la evidencia ni el comportamiento real de la Iglesia católica permiten afirmar que la “cultura de la impunidad y el ocultamiento” hayan dejado de operar en su seno.   Informes recientes y distintos episodios internacionales siguen apuntando a resistencias, retrasos en acudir a la justicia y falta de transparencia.

   El propio caso de Chile en 2018 —cuando el Papa Francisco defendió al obispo Juan Barros frente a acusaciones de encubrimiento que acabaron obligándolo a dimitir— evidenció hasta qué punto el reflejo corporativo continúa activo en esta institución milenaria donde algunos de sus más altos dignatarios se atreven a decir, públicamente, en pleno siglo XXI, que “muchas veces son los menores los que están deseando” (el abuso) y “hasta te provocan”.