PROFESORES ANTE EL SUICIDIO: ¿DEBEN SER LOS DOCENTES RESPONSABLES DE EVITARLOS?

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el STEC-IC ha denunciado la actual configuración del protocolo de actuación ante el riesgo suicida en los centros educativos públicos de Canarias y ha anunciado la presentación de una queja formal ante la Diputación del Común.

     El STEC-IC expresa su preocupación por el contenido del documento aprobado por la Consejería de Educación, al considerar que traslada al profesorado responsabilidades que, a su juicio, corresponden exclusivamente a profesionales del ámbito sanitario. El sindicato subraya que esta situación genera una carga inadecuada sobre los docentes, situándolos en escenarios para los que no cuentan ni con la formación ni con los recursos necesarios.

   El STEC-IC reconoce la creciente preocupación social por la salud mental del alumnado y la importancia de establecer mecanismos eficaces de prevención. En este sentido, el sindicato señala que los centros educativos pueden desempeñar un papel relevante en la detección temprana de posibles situaciones de malestar o riesgo, una posición que ya fue defendida en el marco de la última mesa técnica celebrada con la Administración.

   No obstante, el STEC-IC advierte de manera contundente que esta función de detección no debe confundirse con la intervención sanitaria ni con la gestión directa de situaciones que impliquen un riesgo vital. Según el sindicato, estas competencias corresponden exclusivamente a personal sanitario especializado, que dispone de la formación adecuada para abordar este tipo de situaciones con garantías.

  En el comunicado, el STEC-IC insiste en que el protocolo actual coloca al profesorado en una posición de responsabilidad ante circunstancias extremadamente delicadas, relacionadas directamente con la salud y la vida del alumnado. Para el sindicato, este planteamiento resulta inadecuado y potencialmente peligroso, ya que obliga a los docentes a asumir funciones que exceden claramente su ámbito profesional.

  El STEC-IC considera especialmente preocupante que la Administración pretenda trasladar estas responsabilidades al ámbito educativo. En su opinión, aunque la escuela debe ser un espacio de acompañamiento, orientación y detección de posibles problemas, no puede ni debe sustituir al sistema público de salud ni asumir funciones propias de este.

  Por ello, el STEC-IC ha solicitado formalmente la intervención del Diputado del Común con el objetivo de que se revise el protocolo vigente. El sindicato plantea la necesidad de delimitar de forma clara las competencias de cada administración implicada, garantizando que la atención a situaciones de riesgo suicida sea asumida por profesionales sanitarios y con los recursos adecuados.

  Asimismo, el STEC-IC recalca en su comunicado que la prevención del suicidio juvenil requiere una respuesta coordinada entre los sistemas educativo, sanitario y de servicios sociales. Para el sindicato, solo mediante esta coordinación será posible ofrecer una respuesta eficaz que garantice la protección de la salud y la vida del alumnado.

  Finalmente, el STEC-IC concluye que abordar este problema no puede basarse en la transferencia de responsabilidades al profesorado, sino en el refuerzo de los equipos especializados, la dotación de recursos suficientes y el establecimiento de protocolos claros que definan con precisión las funciones de cada profesional implicado.

El suicidio juvenil, un fenómeno en aumento que exige una respuesta especializada

   Este debate se produce en un contexto marcado por el incremento de los problemas de salud mental entre la población joven. El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes, con un aumento sostenido tanto en los casos consumados como en las tentativas y conductas autolesivas.

   Diversos estudios señalan que, en la mayoría de los casos, existen señales previas que pueden ser detectadas en entornos cercanos como la familia o el ámbito educativo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la detección temprana no debe confundirse con la intervención en situaciones de riesgo vital, que requiere formación clínica y recursos específicos.

  Factores como la ansiedad, la depresión, el acoso escolar, el aislamiento social o la presión académica aparecen de forma recurrente en el origen de estas situaciones. A ello se suma la falta de recursos suficientes en el sistema público de salud mental, lo que refuerza la necesidad de articular respuestas coordinadas y basadas en la intervención de profesionales especializados.