ESPAÑA ACORRALA A LOS SAHARAUIS: LA EXCLUSIÓN QUE PUEDE ESTALLAR EN LOS TRIBUNALES

REDACCIÓN CS

   La decisión de excluir a solicitantes saharauis de apatridia del proceso extraordinario de regularización en España no es solo un asunto técnico o administrativo.

   Es, sobre todo, una cuestión política, jurídica y humana que vuelve a colocar sobre la mesa una herida histórica nunca cerrada: la relación entre España y el Sáhara Occidental.

      Durante años, miles de saharauis han vivido en una especie de limbo legal. No son reconocidos plenamente como ciudadanos marroquíes, tampoco cuentan con un Estado propio que los proteja, y en muchos casos arrastran una situación documental extremadamente frágil.

   La apatridia no es una etiqueta burocrática: significa vivir sin el respaldo de una nacionalidad efectiva, sin acceso pleno a derechos básicos y con enormes obstáculos para trabajar, estudiar o simplemente construir una vida estable.

    Por eso, la exclusión de estas personas del proceso de regularización ha generado una fuerte reacción entre abogados, colectivos solidarios y asociaciones saharauis. Según el texto aportado, se está preparando una estrategia judicial consistente en presentar solicitudes que previsiblemente serán rechazadas para recurrir después ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, trasladar el conflicto desde la arena política  a los tribunales, donde lo que se discute ya no es la conveniencia del decreto, sino su legalidad

    La importancia de este movimiento no debe subestimarse. Muchas veces, las grandes decisiones sobre derechos sociales no nacen en los parlamentos, sino en sentencias judiciales impulsadas por personas afectadas que se niegan a aceptar una injusticia. Ha ocurrido con leyes laborales, con derechos civiles y con políticas migratorias. También puede ocurrir aquí.

     El primer argumento de fondo gira en torno al principio de igualdad. Si el objetivo de una regularización extraordinaria es integrar a personas que ya viven y trabajan en España, cuesta explicar por qué razón se excluye precisamente a uno de los colectivos más vulnerables. No se trata de personas recién llegadas, sin vínculo alguno con el país, sino de una comunidad con lazos históricos, culturales y políticos evidentes con España.

     Conviene recordar algo que con frecuencia se olvida: el Sáhara Occidental fue provincia española hasta 1975. No hablamos de una relación lejana o anecdótica. Durante décadas, España administró ese territorio y asumió responsabilidades jurídicas y políticas sobre su población. El abandono posterior, en medio de la descolonización inconclusa y la ocupación marroquí, dejó una cadena de consecuencias que aún siguen vivas. Entre ellas, la inseguridad documental de muchos saharauis.

   Por eso, este caso también tiene una dimensión moral. Cuando una antigua potencia administradora se desentiende de quienes quedaron atrapados entre fronteras, campamentos de refugiados y conflictos sin resolver, el problema no desaparece: simplemente cambia de forma. Hoy se expresa en oficinas de extranjería, expedientes denegados y personas obligadas a demostrar una identidad que la historia les arrebató.

   El segundo gran argumento tiene que ver con la tutela judicial efectiva. Si los recursos avanzan, podrían llegar incluso al Tribunal Supremo y eventualmente al Tribunal Constitucional, especialmente si se considera que la exclusión vulnera derechos fundamentales.  Eso abriría un debate mucho mayor: hasta qué punto puede una norma administrativa establecer diferencias desproporcionadas entre colectivos en situación semejante.

     Mientras tanto, en la vida real, la espera pesa más que cualquier doctrina jurídica. Cada retraso significa contratos imposibles, alquileres negados, estudios bloqueados o familias separadas. Para quien vive en situación irregular o incierta, el calendario institucional se convierte en una carga diaria.

    También hay una dimensión política más amplia. Europa endurece fronteras mientras necesita mano de obra. Habla de derechos humanos mientras externaliza controles migratorios. Invoca legalidad mientras miles de personas quedan atrapadas en vacíos legales. El caso saharaui resume esa contradicción de forma especialmente clara.

    España aún está a tiempo de corregir el rumbo sin esperar a que lo imponga un juez. Bastaría reconocer que no todas las exclusiones son neutrales. Algunas golpean justo a quienes arrastran décadas de abandono histórico.

   Lo que ahora está en juego no es solo un mero procedimiento administrativo. Es una pregunta sencilla pero profunda: ¿puede una democracia mirar hacia otro lado cuando quienes más razones tienen para ser protegidos quedan fuera?

    La respuesta no la darán únicamente los tribunales. También la dará - debe darla-  la sociedad española y su capacidad para mirar de frente una responsabilidad que viene de lejos.