“LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL ESTÁ UTILIZANDO TODO EL APARATO DEL GOBIERNO PARA ATACAR A UNA FAMILIA HUMILDE”

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los colectivos La Gaveta 20A, ARCAN y los padres de una menor tutelada han expresado su rechazo a las declaraciones realizadas por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en distintos medios de comunicación, sobre el caso de las tres menores que desaparecieron de un centro de protección en Tenerife.

    El comunicado responde a las manifestaciones públicas de la consejera tras la denuncia presentada en la Fiscalía y en el Parlamento de Canarias por este caso. Los firmantes consideran que las declaraciones de Delgado constituyen un "intento de desacreditar a la familia afectada y a los medios que han informado sobre los hechos".

    Los denunciantes califican de “vergonzosa, lamentable e indignante” la actitud de la responsable autonómica, a la que acusan de utilizar su posición institucional para atacar públicamente a una familia humilde que —según señalan— ya atraviesa una situación especialmente difícil.

   También critican que la consejera haya dirigido reproches hacia los medios de comunicación que han informado sobre el caso. A su juicio, este comportamiento refleja "malestar por la difusión pública de la denuncia y evidencia una actitud poco respetuosa con el trabajo periodístico".

Acusaciones de faltar a la verdad

   Los firmantes del comunicado cuestionan, asimismo, algunas afirmaciones realizadas por la consejera. En particular, rechazan las declaraciones en las que Delgado afirmó que resultaba incomprensible que los padres continuaran “sobreexponiendo” públicamente a sus hijas, pese a que la patria potestad les hubiera sido retirada.

   Según los denunciantes, estas afirmaciones no se corresponden con la realidad, ya que aseguran que "ni los padres ni los periodistas han revelado información que permita identificar a las menores, como su domicilio, su centro escolar u otros datos personales".

   Además, recuerdan que en este caso la patria potestad no ha sido retirada definitivamente, sino suspendida, por lo que los progenitores continúan siendo legalmente padre y madre de la menor.

   En ese sentido, sostienen que la actuación de la familia se ha limitado a preocuparse por su hija y tratar de localizarla, y que las gestiones realizadas por los padres contribuyeron a que finalmente las menores fueran encontradas.

Derecho a denunciar posibles irregularidades

   Los firmantes  del comunicado subrayan que el hecho de que una menor esté bajo tutela de la Administración no impide a sus padres denunciar irregularidades o situaciones de riesgo que puedan afectar a sus hijos.

   Según explican, la madre dispone de mensajes, comunicaciones y correos electrónicos enviados a responsables del sistema de protección de menores en los que advertía sobre la gravedad de la situación y solicitaba actuaciones que, según la información disponible, no se realizaron en tiempo y forma.

  Los denunciantes sostienen que la denuncia pública se ha realizado con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse dentro del sistema de protección.

Hechos que piden investigar

   Entre los aspectos que consideran necesario aclarar, los firmantes mencionan la supuesta autorización para que seis menores de 14 y 15 años acudieran a actos nocturnos del Carnaval de Tenerife acompañadas por un solo cuidador, permaneciendo fuera del centro hasta altas horas de la madrugada.

   También señalan como un hecho especialmente grave que, tras regresar al centro después de haber estado dos días fugadas, las menores fueran enviadas a ducharse, lo que —según denuncian— podría haber supuesto la eliminación de posibles pruebas relacionadas con un eventual delito.

    Por todo ello, los colectivos LA Gaveta 20A, ARCAN y los padres de la menor tutelada piden a la consejera de Bienestar Social y a los responsables del Cabildo implicados en la gestión del sistema de protección de menores que "dejen de atacar a la familia y a los medios y se centren en esclarecer lo sucedido".

  Los firmantes consideran que las instituciones deberían investigar los hechos y depurar responsabilidades si se confirmaran irregularidades. Asimismo, señalan que cualquier decisión debería adoptarse teniendo como prioridad el interés superior de las menores.