JUICIO EN LAS PALMAS POR MULTA IMPUESTA A UN MILITANTE COMUNISTA BAJO EL AMPARO DE LA LEY MORDAZA (VÍDEO)
El PCPC denuncia criminalización del activismo y una campaña de persecución política
El juicio celebrado el pasado jueves en Las Palmas por el recurso presentado por el militante del PCPC Javier Delgado contra una multa de 900 euros, impuesta tras una protesta en solidaridad con Palestina, ha vuelto a situar en el debate la aplicación de la llamada Ley Mordaza (...).
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado jueves, 5 de marzo, se celebró en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el juicio en el que el militante del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) Javier Delgado reclama la retirada de una multa de 900 euros que le fue impuesta tras una concentración en solidaridad con Palestina celebrada frente al consulado de Estados Unidos.
La sanción está relacionada con una protesta realizada el 16 de diciembre de 2023, convocada para denunciar el apoyo de Estados Unidos a Israel y expresar solidaridad con el pueblo palestino. Los policías presentes en la concentración, acusaron a Delgado de "instigar a los manifestantes contra los agentes y desobedecer sus instrucciones" durante el desarrollo del acto.
Sin embargo, el militante, su organización rechazan estas acusaciones y sostienen que los hechos ocurrieron de manera muy diferente. Según explican participantes en la concentración, los incidentes que derivaron en las sanciones se produjeron cuando el acto se desarrollaba con normalidad frente al consulado estadounidense.
De acuerdo con el relato de los manifestantes, desde un edificio cercano comenzaron a lanzarse huevos contra las personas que participaban en la protesta. Ante esta situación, algunos asistentes recriminaron a los agentes de policía presentes que su obligación era garantizar la seguridad de los concentrados.
"La situación - explican - derivó en un intercambio de reproches entre algunos manifestantes y los agentes, lo que terminó provocando un altercado en el lugar".
Los manifestantes apuntan que la policía comenzó a empujar a varias personas, generando una situación de tensión que posteriormente habría sido utilizada para justificar las denuncias. En ese contexto, los agentes identificaron a Javier Delgado y Carmelo Suárez, a quienes acusaron de incitar a los manifestantes contra la policía.
Un juicio sin presencia de los policías denunciantes
Durante la vista celebrada el pasado jueves, los agentes que interpusieron la denuncia no se presentaron en el juzgado. A pesar de su ausencia, el magistrado decidió continuar con el procedimiento y celebrar la vista con normalidad. Finalmente, el juicio quedó visto para sentencia, por lo que será el tribunal quien determine en las próximas semanas si la sanción se mantiene o queda anulada.
Hace algunos meses se celebraba también un juicio contra otro militante del PCPC, Carmelo Suárez, igualmente sancionado por la protesta ante el consulado estadounidense. En aquella ocasión, los agentes denunciantes tampoco comparecieron en el juzgado, lo que llevó al magistrado a aplazar el procedimiento hasta el próximo mes de mayo.
Denuncias de criminalización del activismo
Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario aseguran que las sanciones forman parte de lo que consideran una campaña de criminalización contra el activismo político y la solidaridad con Palestina.
Según explica esta organización comunista, las multas impuestas a Delgado y Suárez se suman a otras sanciones administrativas que, en conjunto, superarían los 9.000 euros y que habrían sido impuestas a diferentes personas y colectivos vinculados a movilizaciones políticas y sociales.
El PCPC señala directamente a la Delegación del Gobierno, la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional como responsables de impulsar lo que califican como una "estrategia de persecución contra militantes comunistas y activistas sociales".
En este sentido, la organización ha iniciado una campaña política contra las sanciones y contra la denominada Ley Mordaza, la normativa que regula las sanciones administrativas vinculadas a protestas y manifestaciones públicas.
El partido recuerda que esta legislación facilita la imposición de multas administrativas basadas en versiones policiales que, posteriormente, resultan difíciles de recurrir.
Llamamiento a la movilización y a no pagar las sanciones
En el marco de esta campaña, el PCPC ha hecho un llamamiento a organizaciones sociales, colectivos y activistas a mantener la movilización en las calles y a denunciar lo que consideran prácticas represivas contra la protesta social.
Además, desde la organización afirman que no pagarán las multas impuestas a sus militantes y que continuarán recurriendo las sanciones por vía judicial, mientras mantienen activa la resistencia política.
Según los portavoces de esta organización, el objetivo de su campaña es visibilizar lo que consideran un uso represivo de las sanciones administrativas para disuadir la participación en protestas políticas.
Recomendación a los activistas: documentar las actuaciones policiales
Durante las concentraciones de apoyo celebradas en torno a estos procesos judiciales, los organizadores también han insistido en la importancia de documentar cualquier actuación policial durante manifestaciones o actos públicos.
Según explican, grabar en vídeo las intervenciones de los agentes es una "herramienta fundamental de defensa jurídica en caso de sanciones o denuncias posteriores".
En este sentido, recuerdan que los ciudadanos tienen derecho a grabar actuaciones policiales en espacios públicos, siempre que no interfieran en la intervención de los agentes ni comprometan la seguridad.
Para los organizadores de la campaña, disponer de material audiovisual puede ser clave para contrastar versiones y aportar pruebas en procedimientos judiciales, especialmente cuando las sanciones administrativas se basan en informes policiales.
La Ley Mordaza, en el centro del conflicto
Las sanciones impuestas a los militantes del PCPC se tramitan al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, una normativa aprobada durante el gobierno del Partido Popular que introdujo un amplio sistema de sanciones administrativas por conductas vinculadas a manifestaciones y protestas públicas.
Desde su aprobación, numerosas organizaciones sociales, juristas y colectivos de defensa de los derechos civiles han denunciado que esta legislación facilita la imposición de multas elevadas basadas en informes policiales, lo que —según sus críticos— limita en la práctica el ejercicio del derecho de protesta.
La derogación de esta ley fue una de las promesas reiteradas del PSOE, Podemos y Sumar. Sin embargo, pese a los anuncios realizados por los llamados Gobiernos "progresistas" en distintas ocasiones, la normativa continúa vigente. De hecho, diversas organizaciones han denunciado que las reformas planteadas hasta ahora apenas modifican algunos aspectos del texto original sin eliminar los artículos que permiten sancionar administrativamente protestas o actuaciones relacionadas con movilizaciones sociales.
En este contexto, el PCPC sostiene que las multas impuestas a sus militantes forman parte de la aplicación habitual de esta legislación, que consideran un instrumento de represión administrativa contra la protesta política y social.
VÍDEO RELACIONADO: El diputado y Secretario General del PCE, Enrique Santiago, anunciando la derogación de la Ley Mordaza en noviembre del año 2021.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado jueves, 5 de marzo, se celebró en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el juicio en el que el militante del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) Javier Delgado reclama la retirada de una multa de 900 euros que le fue impuesta tras una concentración en solidaridad con Palestina celebrada frente al consulado de Estados Unidos.
La sanción está relacionada con una protesta realizada el 16 de diciembre de 2023, convocada para denunciar el apoyo de Estados Unidos a Israel y expresar solidaridad con el pueblo palestino. Los policías presentes en la concentración, acusaron a Delgado de "instigar a los manifestantes contra los agentes y desobedecer sus instrucciones" durante el desarrollo del acto.
Sin embargo, el militante, su organización rechazan estas acusaciones y sostienen que los hechos ocurrieron de manera muy diferente. Según explican participantes en la concentración, los incidentes que derivaron en las sanciones se produjeron cuando el acto se desarrollaba con normalidad frente al consulado estadounidense.
De acuerdo con el relato de los manifestantes, desde un edificio cercano comenzaron a lanzarse huevos contra las personas que participaban en la protesta. Ante esta situación, algunos asistentes recriminaron a los agentes de policía presentes que su obligación era garantizar la seguridad de los concentrados.
"La situación - explican - derivó en un intercambio de reproches entre algunos manifestantes y los agentes, lo que terminó provocando un altercado en el lugar".
Los manifestantes apuntan que la policía comenzó a empujar a varias personas, generando una situación de tensión que posteriormente habría sido utilizada para justificar las denuncias. En ese contexto, los agentes identificaron a Javier Delgado y Carmelo Suárez, a quienes acusaron de incitar a los manifestantes contra la policía.
Un juicio sin presencia de los policías denunciantes
Durante la vista celebrada el pasado jueves, los agentes que interpusieron la denuncia no se presentaron en el juzgado. A pesar de su ausencia, el magistrado decidió continuar con el procedimiento y celebrar la vista con normalidad. Finalmente, el juicio quedó visto para sentencia, por lo que será el tribunal quien determine en las próximas semanas si la sanción se mantiene o queda anulada.
Hace algunos meses se celebraba también un juicio contra otro militante del PCPC, Carmelo Suárez, igualmente sancionado por la protesta ante el consulado estadounidense. En aquella ocasión, los agentes denunciantes tampoco comparecieron en el juzgado, lo que llevó al magistrado a aplazar el procedimiento hasta el próximo mes de mayo.
Denuncias de criminalización del activismo
Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario aseguran que las sanciones forman parte de lo que consideran una campaña de criminalización contra el activismo político y la solidaridad con Palestina.
Según explica esta organización comunista, las multas impuestas a Delgado y Suárez se suman a otras sanciones administrativas que, en conjunto, superarían los 9.000 euros y que habrían sido impuestas a diferentes personas y colectivos vinculados a movilizaciones políticas y sociales.
El PCPC señala directamente a la Delegación del Gobierno, la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional como responsables de impulsar lo que califican como una "estrategia de persecución contra militantes comunistas y activistas sociales".
En este sentido, la organización ha iniciado una campaña política contra las sanciones y contra la denominada Ley Mordaza, la normativa que regula las sanciones administrativas vinculadas a protestas y manifestaciones públicas.
El partido recuerda que esta legislación facilita la imposición de multas administrativas basadas en versiones policiales que, posteriormente, resultan difíciles de recurrir.
Llamamiento a la movilización y a no pagar las sanciones
En el marco de esta campaña, el PCPC ha hecho un llamamiento a organizaciones sociales, colectivos y activistas a mantener la movilización en las calles y a denunciar lo que consideran prácticas represivas contra la protesta social.
Además, desde la organización afirman que no pagarán las multas impuestas a sus militantes y que continuarán recurriendo las sanciones por vía judicial, mientras mantienen activa la resistencia política.
Según los portavoces de esta organización, el objetivo de su campaña es visibilizar lo que consideran un uso represivo de las sanciones administrativas para disuadir la participación en protestas políticas.
Recomendación a los activistas: documentar las actuaciones policiales
Durante las concentraciones de apoyo celebradas en torno a estos procesos judiciales, los organizadores también han insistido en la importancia de documentar cualquier actuación policial durante manifestaciones o actos públicos.
Según explican, grabar en vídeo las intervenciones de los agentes es una "herramienta fundamental de defensa jurídica en caso de sanciones o denuncias posteriores".
En este sentido, recuerdan que los ciudadanos tienen derecho a grabar actuaciones policiales en espacios públicos, siempre que no interfieran en la intervención de los agentes ni comprometan la seguridad.
Para los organizadores de la campaña, disponer de material audiovisual puede ser clave para contrastar versiones y aportar pruebas en procedimientos judiciales, especialmente cuando las sanciones administrativas se basan en informes policiales.
La Ley Mordaza, en el centro del conflicto
Las sanciones impuestas a los militantes del PCPC se tramitan al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, una normativa aprobada durante el gobierno del Partido Popular que introdujo un amplio sistema de sanciones administrativas por conductas vinculadas a manifestaciones y protestas públicas.
Desde su aprobación, numerosas organizaciones sociales, juristas y colectivos de defensa de los derechos civiles han denunciado que esta legislación facilita la imposición de multas elevadas basadas en informes policiales, lo que —según sus críticos— limita en la práctica el ejercicio del derecho de protesta.
La derogación de esta ley fue una de las promesas reiteradas del PSOE, Podemos y Sumar. Sin embargo, pese a los anuncios realizados por los llamados Gobiernos "progresistas" en distintas ocasiones, la normativa continúa vigente. De hecho, diversas organizaciones han denunciado que las reformas planteadas hasta ahora apenas modifican algunos aspectos del texto original sin eliminar los artículos que permiten sancionar administrativamente protestas o actuaciones relacionadas con movilizaciones sociales.
En este contexto, el PCPC sostiene que las multas impuestas a sus militantes forman parte de la aplicación habitual de esta legislación, que consideran un instrumento de represión administrativa contra la protesta política y social.
VÍDEO RELACIONADO: El diputado y Secretario General del PCE, Enrique Santiago, anunciando la derogación de la Ley Mordaza en noviembre del año 2021.
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