VENEZUELA, UN GOBIERNO TÍTERE SIN PALIATIVOS
Venezuela reune todas las condiciones para ser ubicada el la categoria de un protectorado estadounidense
¿Quién gobierna realmente Venezuela cuando su principal riqueza, el petróleo, es administrada fuera de sus fronteras? El debate sobre la soberanía económica venezolana vuelve al centro de la polémica ¿Por qué su gestión termina en manos extranjeras? Un artículo que reabre la discusión sobre el control del petróleo, la soberanía nacional y el poder realmente existente que hay detrás de la economía venezolana.
POR CARLOS OJEDA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Hay países que parecen gobernarse a sí mismos, y otros que descubren, tarde o temprano, que su destino se escribe en oficinas lejanas.
Venezuela, rica en petróleo, pero hoy muy pobre en certezas, se enfrenta a una pregunta que provoca desasosiego: ¿quién manda realmente cuando el tesoro nacional termina en manos extranjeras?
Esta duda no nace de la imaginación, sino de declaraciones muy concretas. Tras la invasión del 3 de enero, el presidente de Estados Unidos anunció que el petróleo venezolano sería vendido al precio de mercado y que el dinero resultante sería controlado directamente por él para asegurar que se utilizara “en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos” .
La verdad es que estas palabras sonaban como una escena de película de piratas: alguien toma el botín y promete administrarlo mejor que sus dueños.
Pero el desconcierto no concluyó ahí. Se anunció también que los fondos que eventualmente correspondieran a Venezuela se destinarían exclusivamente a la compra de productos estadounidenses. Productos caros, deficientes y tecnológicamente atrasados, según denuncian algunos críticos, que el mercado mundial rara vez escoge por voluntad propia.
Así, la riqueza venezolana viajaría lejos para regresar convertida en mercancías que nadie había pedido. Pero el verdadero núcleo del problema apareció pocos días después, cuando se firmó una orden ejecutiva titulada “Protegiendo los ingresos del petróleo venezolano para el bien del pueblo estadounidense y venezolano”.
El título parecía una promesa de justicia. Sin embargo, bastaba leer la letra pequeña para descubrir un detalle inquietante. Los ingresos derivados del petróleo venezolano serían depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .
Es decir: el dinero generado por los recursos naturales de Venezuela terminaría en bancos estadounidenses. La orden aclaraba, con un tono casi tranquilizador, que esos fondos seguirían siendo propiedad del gobierno venezolano. Nadie pretendía quitárselos. Solo que quedarían bajo custodia.
El detalle es que esa “propiedad” no incluía el derecho a utilizarlos, administrarlos o disponer de ellos. Y si algo enseña el derecho desde tiempos antiguos es que la propiedad sin derecho al uso, al disfrute y sin decisión se parece demasiado a no poseer nada.
En teoría, Venezuela seguiría siendo dueña de su riqueza. Pero en la práctica, otros decidirán qué hacer con ella. La administración de esos fondos quedará en manos del secretario del Tesoro estadounidense, quien actuará siguiendo las instrucciones del Secretario de Estado y consultando con otras autoridades del gobierno norteamericano .
En otras palabras: las decisiones fundamentales sobre los ingresos petroleros de Venezuela se tomaban fuera de Venezuela.
La verdad es que la escena adquiere entonces un aire extraño, casi surrealista. Un país con ministerios, parlamento, instituciones financieras y organismos de control descubre que sus recursos pueden ser gestionados sin su participación. Como si todo el aparato del Estado se volviera un decorado, mientras las decisiones verdaderas se adoptan en otro lugar.
La soberanía, esa palabra solemne que suele aparecer en discursos y constituciones, se vuelve frágil cuando los ingresos de un país se administran en otra capital.
Pero esta historia aún guarda un giro más inesperado. Tras el abordaje de un petrolero cargado con crudo venezolano, el reparto del valor de su carga reveló una curiosa distribución. De los cinco millones de dólares obtenidos, tres se reconocieron para Venezuela y dos terminaron depositados en una cuenta en Qatar, lejos incluso del Tesoro estadounidense.
La escena plantea nuevas preguntas. Si el dinero pertenece a Venezuela, pero lo administra otro país, ¿quién decide realmente su destino?
Si el petróleo sale de suelo venezolano, pero el dinero viaja por bancos extranjeros, ¿dónde empieza y dónde termina la soberanía?
A veces los imperios no necesitan banderas ni ejércitos permanentes para ejercer su poder. Les basta con manejar las cuentas. Porque gobernar no siempre significa ocupar un palacio presidencial. A veces basta con administrar el dinero.
Y cuando un país pierde el control de sus recursos, quizá lo que se pierde no es solo riqueza. Tal vez se pierde algo más difícil de medir: la capacidad de decidir el propio destino.
Entonces la pregunta vuelve, insistente, como una sombra que no se disipa.
Si el petróleo es venezolano, pero el dinero lo administra otro. Si las decisiones económicas se toman fuera. Si el botín circula por cuentas extranjeras...
¿Quién gobierna realmente Venezuela?
POR CARLOS OJEDA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Hay países que parecen gobernarse a sí mismos, y otros que descubren, tarde o temprano, que su destino se escribe en oficinas lejanas.
Venezuela, rica en petróleo, pero hoy muy pobre en certezas, se enfrenta a una pregunta que provoca desasosiego: ¿quién manda realmente cuando el tesoro nacional termina en manos extranjeras?
Esta duda no nace de la imaginación, sino de declaraciones muy concretas. Tras la invasión del 3 de enero, el presidente de Estados Unidos anunció que el petróleo venezolano sería vendido al precio de mercado y que el dinero resultante sería controlado directamente por él para asegurar que se utilizara “en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos” .
La verdad es que estas palabras sonaban como una escena de película de piratas: alguien toma el botín y promete administrarlo mejor que sus dueños.
Pero el desconcierto no concluyó ahí. Se anunció también que los fondos que eventualmente correspondieran a Venezuela se destinarían exclusivamente a la compra de productos estadounidenses. Productos caros, deficientes y tecnológicamente atrasados, según denuncian algunos críticos, que el mercado mundial rara vez escoge por voluntad propia.
Así, la riqueza venezolana viajaría lejos para regresar convertida en mercancías que nadie había pedido. Pero el verdadero núcleo del problema apareció pocos días después, cuando se firmó una orden ejecutiva titulada “Protegiendo los ingresos del petróleo venezolano para el bien del pueblo estadounidense y venezolano”.
El título parecía una promesa de justicia. Sin embargo, bastaba leer la letra pequeña para descubrir un detalle inquietante. Los ingresos derivados del petróleo venezolano serían depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .
Es decir: el dinero generado por los recursos naturales de Venezuela terminaría en bancos estadounidenses. La orden aclaraba, con un tono casi tranquilizador, que esos fondos seguirían siendo propiedad del gobierno venezolano. Nadie pretendía quitárselos. Solo que quedarían bajo custodia.
El detalle es que esa “propiedad” no incluía el derecho a utilizarlos, administrarlos o disponer de ellos. Y si algo enseña el derecho desde tiempos antiguos es que la propiedad sin derecho al uso, al disfrute y sin decisión se parece demasiado a no poseer nada.
En teoría, Venezuela seguiría siendo dueña de su riqueza. Pero en la práctica, otros decidirán qué hacer con ella. La administración de esos fondos quedará en manos del secretario del Tesoro estadounidense, quien actuará siguiendo las instrucciones del Secretario de Estado y consultando con otras autoridades del gobierno norteamericano .
En otras palabras: las decisiones fundamentales sobre los ingresos petroleros de Venezuela se tomaban fuera de Venezuela.
La verdad es que la escena adquiere entonces un aire extraño, casi surrealista. Un país con ministerios, parlamento, instituciones financieras y organismos de control descubre que sus recursos pueden ser gestionados sin su participación. Como si todo el aparato del Estado se volviera un decorado, mientras las decisiones verdaderas se adoptan en otro lugar.
La soberanía, esa palabra solemne que suele aparecer en discursos y constituciones, se vuelve frágil cuando los ingresos de un país se administran en otra capital.
Pero esta historia aún guarda un giro más inesperado. Tras el abordaje de un petrolero cargado con crudo venezolano, el reparto del valor de su carga reveló una curiosa distribución. De los cinco millones de dólares obtenidos, tres se reconocieron para Venezuela y dos terminaron depositados en una cuenta en Qatar, lejos incluso del Tesoro estadounidense.
La escena plantea nuevas preguntas. Si el dinero pertenece a Venezuela, pero lo administra otro país, ¿quién decide realmente su destino?
Si el petróleo sale de suelo venezolano, pero el dinero viaja por bancos extranjeros, ¿dónde empieza y dónde termina la soberanía?
A veces los imperios no necesitan banderas ni ejércitos permanentes para ejercer su poder. Les basta con manejar las cuentas. Porque gobernar no siempre significa ocupar un palacio presidencial. A veces basta con administrar el dinero.
Y cuando un país pierde el control de sus recursos, quizá lo que se pierde no es solo riqueza. Tal vez se pierde algo más difícil de medir: la capacidad de decidir el propio destino.
Entonces la pregunta vuelve, insistente, como una sombra que no se disipa.
Si el petróleo es venezolano, pero el dinero lo administra otro. Si las decisiones económicas se toman fuera. Si el botín circula por cuentas extranjeras...
¿Quién gobierna realmente Venezuela?



























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