¿ESTARÍA TENERIFE PREPARADA PARA UNA ERUPCIÓN DEL TEIDE?
Las advertencias de los afectados del volcán de La Palma a la población de Tenerife
Cuatro años después de la erupción del Tajogaite, las heridas en La Palma siguen abiertas. Las asociaciones de personas damnificadas alzan ahora la voz para advertir a Tenerife: un fenómeno natural no tiene por qué convertirse en una catástrofe social.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En septiembre de 2021, una erupción volcánica alteró profundamente la vida en la isla de La Palma. Durante 85 días, el volcán conocido como Tajogaite expulsó lava, ceniza y gases que sepultaron barrios enteros, destruyeron miles de viviendas y arrasaron cultivos que sostenían la economía local. Más de 7.000 personas fueron evacuadas y cientos de familias perdieron no solo su casa, sino su medio de vida.
Cuatro años después de aquella erupción, ocho asociaciones de personas damnificadas, colectivos vecinales y entidades animalistas de La Palma han lanzado un mensaje dirigido a la población y a las autoridades de Tenerife, donde la actividad volcánica anómala ha ido en aumento en la última década, según el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).
Su advertencia no busca generar alarma, nace de la experiencia directa del desastre y de la convicción de que la prevención puede evitar que un fenómeno natural se convierta en una catástrofe social.
Un fenómeno natural, una gestión social
Las erupciones volcánicas no pueden impedirse. Son procesos geológicos propios de territorios como Canarias, Islandia o Japón. Pero sus efectos sobre la población dependen en gran medida de cómo esté organizada la sociedad: del acceso a la información científica, de la planificación territorial, de la protección social, de la cobertura aseguradora y de la capacidad institucional para actuar con anticipación.
En La Palma -recuerdan las asociaciones firmantes- cuando el Tajogaite entró en erupción no existía una cultura sólida de prevención. Los barrios que primero quedaron sepultados no habían sido informados adecuadamente del nivel de riesgo. El semáforo volcánico permanecía en amarillo cuando comenzó la erupción. No hubo evacuaciones preventivas con la antelación suficiente. Y las deliberaciones técnicas no se hicieron plenamente públicas.
A la emergencia se sumó después otro problema: la reconstrucción lenta, la incertidumbre jurídica y económica, y la sensación de que muchas decisiones se tomaban sin participación efectiva de las personas afectadas.
Por eso, desde su experiencia, sostienen que en Tenerife “aún se está a tiempo de hacer las cosas bien”.
Las asociaciones proponen ocho grandes líneas de actuación que no solo son útiles para Tenerife, sino para cualquier territorio con riesgo volcánico en el mundo.
Transparencia total en la información científica.
Acceso público y en tiempo real a datos sobre sismicidad, emisiones de gases y deformación del terreno. La información no puede gestionarse como un recurso restringido.
Formación masiva en autoprotección y evacuación.
Simulacros periódicos y formación clara para toda la población. La prevención no se improvisa el día de la erupción.
Garantizar el aseguramiento de viviendas y bienes.
Cobertura tanto del continente como del contenido, facilitando indemnizaciones rápidas.
Actualización rigurosa de Catastro y Registro.
Bienes correctamente inscritos para evitar injusticias en ayudas y compensaciones.
Planes de emergencia actualizados y realistas.
Con datos sobre población vulnerable, animales, infraestructuras críticas y vías de evacuación.
Ordenación territorial coherente con el riesgo volcánico.
Incorporar la peligrosidad real en los planes urbanísticos para evitar futuras exposiciones innecesarias.
Protección efectiva de animales.
Registro obligatorio y previsión de espacios de acogida durante evacuaciones.
Desarrollo pleno de la Ley de Volcanes de Canarias.
Esta norma, impulsada tras la erupción por iniciativa popular, establece obligaciones en vigilancia, sensibilización, apoyo psicológico, ayudas económicas y reconstrucción sin dilaciones.
La prevención como derecho colectivo
El mensaje de fondo es claro: la confianza en las instituciones y la resistencia social no se construyen en medio de la lava, sino en tiempos de calma.
Un territorio volcánico no es solo un espacio geológico; es también un espacio social donde viven personas trabajadoras, pequeños agricultores, familias y comunidades enteras. Cuando la planificación se retrasa, cuando la información no es clara o cuando la reconstrucción se dilata, el desastre natural se amplifica en forma de desigualdad y desprotección.
La experiencia del Tajogaite no es solo una lección para Tenerife. Es una advertencia para cualquier región del mundo donde la naturaleza imponga riesgos inevitables. Prepararse no es alarmismo: es responsabilidad histórica.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En septiembre de 2021, una erupción volcánica alteró profundamente la vida en la isla de La Palma. Durante 85 días, el volcán conocido como Tajogaite expulsó lava, ceniza y gases que sepultaron barrios enteros, destruyeron miles de viviendas y arrasaron cultivos que sostenían la economía local. Más de 7.000 personas fueron evacuadas y cientos de familias perdieron no solo su casa, sino su medio de vida.
Cuatro años después de aquella erupción, ocho asociaciones de personas damnificadas, colectivos vecinales y entidades animalistas de La Palma han lanzado un mensaje dirigido a la población y a las autoridades de Tenerife, donde la actividad volcánica anómala ha ido en aumento en la última década, según el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).
Su advertencia no busca generar alarma, nace de la experiencia directa del desastre y de la convicción de que la prevención puede evitar que un fenómeno natural se convierta en una catástrofe social.
Un fenómeno natural, una gestión social
Las erupciones volcánicas no pueden impedirse. Son procesos geológicos propios de territorios como Canarias, Islandia o Japón. Pero sus efectos sobre la población dependen en gran medida de cómo esté organizada la sociedad: del acceso a la información científica, de la planificación territorial, de la protección social, de la cobertura aseguradora y de la capacidad institucional para actuar con anticipación.
En La Palma -recuerdan las asociaciones firmantes- cuando el Tajogaite entró en erupción no existía una cultura sólida de prevención. Los barrios que primero quedaron sepultados no habían sido informados adecuadamente del nivel de riesgo. El semáforo volcánico permanecía en amarillo cuando comenzó la erupción. No hubo evacuaciones preventivas con la antelación suficiente. Y las deliberaciones técnicas no se hicieron plenamente públicas.
A la emergencia se sumó después otro problema: la reconstrucción lenta, la incertidumbre jurídica y económica, y la sensación de que muchas decisiones se tomaban sin participación efectiva de las personas afectadas.
Por eso, desde su experiencia, sostienen que en Tenerife “aún se está a tiempo de hacer las cosas bien”.
Las asociaciones proponen ocho grandes líneas de actuación que no solo son útiles para Tenerife, sino para cualquier territorio con riesgo volcánico en el mundo.
Transparencia total en la información científica.
Acceso público y en tiempo real a datos sobre sismicidad, emisiones de gases y deformación del terreno. La información no puede gestionarse como un recurso restringido.
Formación masiva en autoprotección y evacuación.
Simulacros periódicos y formación clara para toda la población. La prevención no se improvisa el día de la erupción.
Garantizar el aseguramiento de viviendas y bienes.
Cobertura tanto del continente como del contenido, facilitando indemnizaciones rápidas.
Actualización rigurosa de Catastro y Registro.
Bienes correctamente inscritos para evitar injusticias en ayudas y compensaciones.
Planes de emergencia actualizados y realistas.
Con datos sobre población vulnerable, animales, infraestructuras críticas y vías de evacuación.
Ordenación territorial coherente con el riesgo volcánico.
Incorporar la peligrosidad real en los planes urbanísticos para evitar futuras exposiciones innecesarias.
Protección efectiva de animales.
Registro obligatorio y previsión de espacios de acogida durante evacuaciones.
Desarrollo pleno de la Ley de Volcanes de Canarias.
Esta norma, impulsada tras la erupción por iniciativa popular, establece obligaciones en vigilancia, sensibilización, apoyo psicológico, ayudas económicas y reconstrucción sin dilaciones.
La prevención como derecho colectivo
El mensaje de fondo es claro: la confianza en las instituciones y la resistencia social no se construyen en medio de la lava, sino en tiempos de calma.
Un territorio volcánico no es solo un espacio geológico; es también un espacio social donde viven personas trabajadoras, pequeños agricultores, familias y comunidades enteras. Cuando la planificación se retrasa, cuando la información no es clara o cuando la reconstrucción se dilata, el desastre natural se amplifica en forma de desigualdad y desprotección.
La experiencia del Tajogaite no es solo una lección para Tenerife. Es una advertencia para cualquier región del mundo donde la naturaleza imponga riesgos inevitables. Prepararse no es alarmismo: es responsabilidad histórica.



























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