SIN MORATORIA Y CON ALQUILERES AL ALZA: CANARIAS ANTE UN NUEVO CICLO DE DESAHUCIOS

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Casi un centenar de personas se concentraron el pasado miércoles en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, convocadas por la plataforma Derecho al Techo bajo el lema “Contra la derecha que nos echa de casa”. La movilización respondió al rechazo en el Congreso de los Diputados de la prórroga del llamado “escudo social”, tras el voto en contra de PP, Vox y Junts, que dejó sin efecto la moratoria de desahucios para familias vulnerables y otras medidas de protección. Para los convocantes, no se trata de un episodio parlamentario más, sino de una decisión política que deja “a miles de personas a la intemperie jurídica”.

  Entre las personas asistentes había representantes públicos, colectivos sociales como Mi barco, mi casa, Guanarteme se mueve, la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas o la Asociación de Jubilados de Gran Canaria, y también rostros ya conocidos en la lucha por la vivienda.

   Margarita Sánchez, septuagenaria desahuciada recientemente de su embarcación en el Muelle Deportivo, acudió a la concentración acompañada de activistas que denunciaron la violencia de aquel desalojo. También participaron jóvenes universitarios y trabajadores precarios que ven cómo el acceso a una vivienda estable se convierte en un horizonte cada vez más lejano.

   “Estamos hoy aquí porque nos están echando de nuestras casas y porque quienes tienen el poder de evitarlo han decidido no hacerlo”, expresó Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo.

   La crítica va mucho más allá de la votación efectuada en el Congreso. Apunta a un modelo económico y territorial que convierte la vivienda en mercancía antes que en derecho.

LOS DESAHUCIOS POR ALQUILER COMO SÍNTOMA DE UN MODELO

   En Gran Canaria, más del 80% de los desahucios se producen por impago del alquiler. No se trata, por tanto, de ejecuciones hipotecarias vinculadas a la crisis financiera de 2008, sino de inquilinos que, pese a tener empleo en muchos casos, no pueden sostener el incremento constante de las rentas. Canarias figura de forma recurrente entre las comunidades con mayor tasa de lanzamientos por cada 100.000 habitantes.

   El problema no es únicamente la pérdida efectiva del hogar. Antes del desahucio judicial se despliega un proceso silencioso que los colectivos llaman “desahucios invisibles”: finalización de contratos, subidas bruscas del alquiler, exigencias de nuevas condiciones inasumibles. Jóvenes que habían iniciado un proyecto de independencia regresan a casa de sus padres. Trabajadores que encadenan contratos temporales destinan más del 40% o 50% de su salario al alquiler. La inseguridad residencial se convierte en norma.

  Sofía Olivares, estudiante de Derecho y colaboradora de Derecho al Techo, lo explicaba así durante la concentración: “Nos sentimos traicionados porque no podemos quedarnos cerca de nuestras familias ni construir un proyecto de vida en la tierra que nos vio nacer”. Su testimonio refleja un malestar generacional que desborda la coyuntura parlamentaria.

TURISTIFICACIÓN Y VIVIENDA VACACIONAL: LA COMPETENCIA POR EL TERRITORIO

   El encarecimiento del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria se produce en paralelo al crecimiento de la vivienda vacacional. Decenas de miles de inmuebles en Canarias están destinados al alquiler turístico, concentrados especialmente en Tenerife y Gran Canaria. Cada vivienda que se orienta al mercado turístico deja de formar parte del parque residencial estable.

   La competencia es directa: el propietario obtiene mayor rentabilidad en estancias cortas que en contratos de larga duración. El resultado es la reducción de oferta para residentes y la presión al alza sobre los precios. A ello se suma la transformación de locales comerciales, garajes o azoteas en habitaciones improvisadas que se alquilan en condiciones precarias. Derecho al Techo advierte de un aumento de infraviviendas como recurso desesperado para evitar la calle.

   El caso de Raquel y Moisés, una familia grancanaria con seis hijos que logró acceder a una vivienda pública tras años de inestabilidad, muestra el impacto humano de la precariedad habitacional.

   “Por fin pudimos dormir tranquilos sabiendo que nuestros hijos no se quedarían en la calle”, declaró Moisés tras el realojo. Su frase sintetiza lo que está en juego: no es solo un contrato, es la seguridad cotidiana de una familia.

   La caída de la moratoria de desahucios elimina un dique de contención que, aunque insuficiente, permitía ganar tiempo a hogares vulnerables. Los colectivos temen un aumento inmediato de procedimientos y una mayor presión sobre servicios sociales ya saturados.

EL CONTEXTO ESTATAL: CUANDO EL ALQUILER SE CONVIERTE EN PROBLEMA ESTRUCTURAL

   A escala estatal, tres de cada cuatro lanzamientos también están vinculados al alquiler. El mercado arrendatario concentra hoy la conflictividad residencial. La negativa parlamentaria a prorrogar el “escudo social” implica que miles de hogares pierden la protección extraordinaria frente al desalojo sin alternativa habitacional.

   El debate político gira en torno a la intervención o no del mercado. Para los partidos que votaron en contra, la moratoria distorsiona la seguridad jurídica de los propietarios. Para los colectivos sociales, la prioridad debe ser la garantía efectiva del derecho a la vivienda, reconocido constitucionalmente pero subordinado en la práctica al derecho de propiedad.

   La crisis habitacional no es un fenómeno aislado de Canarias. Grandes ciudades como Madrid o Barcelona registran incrementos sostenidos de precios y una expansión del alquiler temporal y turístico. La diferencia en el archipiélago radica en la dependencia estructural del turismo como motor económico, que intensifica la competencia por el suelo y la vivienda.

    Ante la retirada del escudo institucional, los colectivos asumen un papel aún más central.

  “Nos vamos a tener que dedicar a apagar fuegos”, reconoce Marrero. La labor pasa por asesorar, acompañar en negociaciones, presionar a administraciones y, llegado el caso, resistir desalojos. El activismo se convierte en red de seguridad informal frente a un mercado desregulado.

   La votación en el Congreso ha actuado como detonante. Sin embargo, el conflicto es más profundo: un modelo económico que prioriza la extracción de rentas sobre la estabilidad de quienes habitan el territorio.