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Jueves, 26 de Febrero de 2026 Tiempo de lectura:

CANARIAS SE SUMA A LA OFENSIVA ESTATAL PARA PROTEGER LAS PENSIONES PÚBLICAS

Un centenar de juristas respalda el manifiesto para reforzar la protección de las pensiones públicas

¿Están realmente protegidas las pensiones públicas ante futuras crisis económicas? ¿Basta la legislación ordinaria para garantizar su estabilidad? La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones redobla su campaña y convierte a Tenerife en uno de los escenarios clave de esta movilización estatal.

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) en Tenerife ha informado sobre la entrega de firmas ante el Diputado del Común realizada este 26 de febrero en el marco de la campaña estatal que impulsa para blindar las pensiones públicas en la Constitución.

 

   Según explica la MERP en Tenerife , durante el acto no solo se formalizó la entrega de las firmas recogidas en la isla, sino que presentó un nuevo manifiesto en defensa del blindaje constitucional de las pensiones. Este documento cuenta con el respaldo de 100 juristas, entre los que figuran  Manuela Carmena, Baltasar Garzón, Cristina Almeida y Carlos Jiménez Villarejo.

 

   La MERP subraya en su comunicado que esta acción supone “un paso más en la defensa del sistema público de pensiones”. La plataforma en Tenerife enmarca esta iniciativa dentro de una ofensiva estatal más amplia orientada a lograr compromisos concretos que permitan incorporar el blindaje de las pensiones en el texto constitucional.

 

    La MERP advierte de un contexto nacional e internacional que califica de “convulso y complejo”. Según la plataforma, existen presiones para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, ajustar la edad de jubilación o revisar su indexación al IPC. Para la MERP, estos debates y propuestas generan incertidumbre entre la ciudadanía y ponen de relieve la necesidad de dotar al sistema público de una protección jurídica reforzada.

 

   La MERP sostiene que la experiencia acumulada en escenarios de crisis o de reorientación del gasto público demuestra que “las pensiones suelen ser las primeras víctimas” de los ajustes. Por ello, la organización defiende que blindarlas en la Constitución no es únicamente una medida técnica, sino una decisión política que implica, en sus propias palabras, “defender el Estado del Bienestar”.

 

   El nuevo manifiesto presentado por el centenar de juristas, según detalla la MERP en su comunicado, refuerza la base jurídica de la reivindicación y pretende aportar argumentos técnicos y constitucionales que respalden una eventual reforma. Para la plataforma, el respaldo de estas figuras del ámbito jurídico otorga mayor solidez a la campaña y refuerza su dimensión institucional.

 

  La entrega de firmas en Tenerife forma parte, además, de una movilización coordinada a nivel estatal. Tal como destaca la MERP, durante la última semana de febrero se celebrarán 80 concentraciones en distintos puntos del país. Estas acciones están impulsadas por organizaciones integrantes de la plataforma, como la Unión Sindical Obrera, Por un Mundo Más Justo, FETICO y Recortes Cero, junto a otras entidades sociales, sindicales y ciudadanas.

 

   La MERP destaca especialmente el carácter plural y unitario de la plataforma, que agrupa a organizaciones de distintos ámbitos con un objetivo común: garantizar, mediante la ley suprema, la protección de las pensiones públicas presentes y futuras. Según el comunicado, la movilización en la calle constituye “la base de la fuerza y el motor de la ampliación de la campaña”, en un intento de combinar presión social e interlocución institucional.

 

   Con la entrega de firmas ante el Diputado del Común y la presentación del manifiesto jurídico respaldado por 100 juristas, la MERP en Tenerife pretende reforzar tanto la presión institucional como la social. El objetivo final, según expone en su comunicado remitido a esta redacción, es que el blindaje constitucional de las pensiones se convierta en un compromiso político efectivo en el Congreso y en una garantía duradera para la ciudadanía.

 

 
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