¿UNA DESCLASIFICACIÓN TONGO? : EL 23-F Y LOS SECRETOS QUE SIGUEN PROHIBIDOS

POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     Durante años, el 23 de febrero de 1981 fue presentado como una herida cerrada. Un episodio dramático, sí. Un susto monumental. Un momento de tensión que, según la versión oficial, terminó reforzando la joven democracia española.

    La imagen quedó grabada: un teniente coronel irrumpiendo en el Congreso, disparos al techo, diputados cuerpo a tierra. Y luego, la intervención del rey como salvador del orden constitucional. Fin del relato.

    Ahora, 45 años después, el Gobierno de Coalición ha anunciado la desclasificación de los documentos del 23-F supuestamente “para saldar una deuda con la ciudadanía”.

   Las palabras suenan solemnes. Se habla de memoria, de transparencia, de democracia madura. Pero cuando uno observa con detenimiento lo que ya se está adelantando sobre el alcance real de esa desclasificación, la sensación es inquietante: todo indica que estamos ante una desclasificación parcial, controlada, limitada. Una desclasificación con puertas cerradas.

    Y la pregunta, naturalmente,  se impone: ¿cómo es posible que casi medio siglo después todavía no podamos conocer todo lo que ocurrió en uno de los episodios más graves de nuestra historia reciente? ¿Cuál es el gato  encerrado? ¿ Y quién es el gato que se pretende esconder?

    LA LEY DE SECRETOS OFICIALES: UNA HERENCIA QUE NO SE HA TOCADO

    Para entender lo que está ocurriendo, hay que empezar por la base legal. En España sigue vigente la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada levemente en 1978, pero nacida en pleno franquismo. Esa ley permite clasificar documentos sin un plazo claro de caducidad. No establece un límite automático para levantar el secreto. Todo depende de decisiones políticas.

    En otros países europeos, los archivos se abren pasadas determinadas décadas. Aquí no. Aquí el secreto puede durar indefinidamente si determinados personajes  consideran que afecta a cuestiones tan ambiguamente elásticas como puede ser la “seguridad del Estado” o a los “intereses nacionales”.

    Eso significa que el derecho a saber no es automático. Es discrecional.

    Y cuando el Estado decide qué parte de su pasado puede conocerse y cuál no, el problema ya no es solo jurídico: es político.

   LA DESCLASIFICACIÓN ANUNCIADA: ¿QUÉ SE VA A ABRIR REALMENTE?

    Según las informaciones ya publicadas, el Gobierno aprobará la desclasificación de los documentos relacionados con el 23-F, pero bajo supervisión y con filtros. No se trata de abrir sin más todos los archivos militares, judiciales y de inteligencia. Se trata de revisar, seleccionar y decidir qué puede salir a la luz.

   Y ahí está el núcleo del problema.

   Porque el 23-F no fue solo la irrupción de Tejero en el Congreso. Consistió en una trama compleja donde participaron mandos militares, donde hubo contactos previos, donde se barajaron gobiernos de concentración, donde se movieron hilos en distintos niveles del Estado.

     Lo que durante décadas se ha mantenido bajo llave no son solo papeles burocráticos. Son comunicaciones internas, informes del CESID, actas reservadas, análisis estratégicos, posibles conexiones que podrían alterar la versión simplificada que nos han estado repitiendo durante 45 años.

   Si se desclasifican solo documentos secundarios, si se excluyen los informes de inteligencia o las comunicaciones de la Casa del Rey, si se mantiene fuera todo aquello que afecte a “altas instituciones”, la ciudadanía volverá a quedarse con una fotografía recortada.

   LO QUE YA SE SABE… Y LO QUE NO SE HA CONTADO

     Con el paso del tiempo, historiadores e investigadores han logrado reconstruir parte de lo ocurrido. Se sabe que el golpe no fue una improvisación. Que existía  malestar  en sectores del Ejército. Que se hablaba de una “solución de autoridad” ante la crisis política y territorial. Que el contexto internacional —Guerra Fría, OTAN, tensiones internas— pesaba.

    Pero hay numerosas zonas oscuras que continúan sin aclararse.

    Por ejemplo: ¿qué grado de conocimiento previo tuvieron determinadas instituciones? Por ejemplo, la Corona.  ¿Qué conversaciones se produjeron antes del asalto? ¿Qué papel jugaron los servicios de inteligencia? ¿Hubo apoyos tácitos que luego se retiraron cuando el golpe fracasó?

    Sin acceso completo a los archivos, estas preguntas quedan suspendidas en el aire.

   UNA "DEMOCRACIA" QUE TEME A SU PASADO

    Aquí es donde la cuestión se vuelve más profunda.  Una democracia supuestamente sólida no debería temer a la verdad histórica. Al contrario: debería fortalecerse con ella. Sin embargo, en España la relación con el pasado reciente siempre ha estado marcada por el pacto del silencio. Durante la llamada  Transición se optó por no remover demasiado el pasado para garantizar la estabilidad.

   Ese pacto tuvo consecuencias. Dejó sin resolver muchas cuestiones.

    El 23-F fue interpretado como la prueba definitiva de que la democracia había superado el franquismo. Pero si aún hoy existen documentos clasificados sobre aquel episodio, eso significa que el proceso no fue tan transparente como se nos estuvo contando.

  LA GUERRA CIVIL: OCHENTA AÑOS Y ARCHIVOS CERRADOS

     Pero el problema no termina en el 23-F. En España todavía existen documentos clasificados sobre la Guerra Civil, ocurrida hace más de 80 años. Archivos militares, informes, documentos diplomáticos que siguen sin ser plenamente accesibles.

    ¿Cómo se justifica eso?  La respuesta oficial suele apelar a la seguridad nacional o a la protección de determinadas fuentes. Pero cuando hablamos de hechos ocurridos hace ocho décadas, la explicación resulta difícil de sostener.

    La persistencia del secreto sobre la Guerra Civil muestra que el problema no es puntual. Existe una cultura institucional de opacidad. Y eso no puede producirse sin que detrás de ello existan poderosas razones que provocan en secretismo y el ocultamiento

LA MEMORIA COMO TERRENO DE DISPUTA

    La memoria histórica no es solo un asunto académico. Es un terreno de disputa política. Controlar el relato del pasado significa controlar el marco en el que se interpreta el presente.

    Si el 23-F se mantiene como un relato cerrado —un susto superado gracias a la intervención providencial de determinadas figuras— entonces no hay nada más que discutir. Pero si los documentos revelaran tensiones internas más profundas, contradicciones o responsabilidades compartidas, la imagen oficial podría resquebrajarse. Y ahí está el temor de algunos.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA DESCLASIFICACIÓN COMPLETA?

    Desclasificar de verdad no es anunciarlo con titulares. Es permitir el acceso íntegro a los archivos, incluidos los documentos incómodos. Es aceptar que la historia puede cuestionar mitos consolidados. Es confiar en la madurez de la sociedad.

    Si dentro de unos pocos meses descubrimos que los documentos más sensibles siguen protegidos, que los informes clave permanecen tachados, que las piezas fundamentales del puzzle continúan fuera del alcance público, quedará claro que la operación fue más simbólica que real.

    Una desclasificación parcial es, en el fondo, una forma sofisticada de mantener el control.

 EL DERECHO A SABER

      Cuarenta y cinco años después del 23-F, la pregunta no es solo qué ocurrió aquel día. La pregunta es por qué seguimos sin poder conocerlo todo.

    Y si ampliamos la mirada, la cuestión es aún más inquietante: ¿qué tipo de democracia mantiene bajo secreto documentos fundamentales durante décadas? ¿Qué se protege exactamente? ¿La seguridad del Estado… o determinadas responsabilidades?

     La memoria no puede ser administrada como un privilegio. Es un derecho colectivo. Porque sin acceso completo al pasado, la ciudadanía solo recibe fragmentos. Y con fragmentos no se construye una comprensión profunda de la historia.  Quizá el verdadero debate no sea solo el 23-F.   Quizá el debate sea hasta qué punto estamos dispuestos a abrir de verdad las puertas de nuestra memoria colectiva.