DENUNCIAN REPRESALIAS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD CONTRA REPRESENTANTES SINDICALES
IC señala directamente a la consejera Esther Monzón y su equipo
La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha denunciado represalias de la Consejería de Sanidad contra representantes de los trabajadores por fiscalizar su gestión. El sindicato señala la prohibición de actos en hospitales, la retirada de una campaña solidaria y un intento de anular la representación sindical en el Banco de Sangre, corregido posteriormente por los tribunales.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha denunciado públicamente una serie de actuaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que, según la organización sindical, constituyen "represalias contra representantes de los trabajadores por ejercer su labor de fiscalización y crítica".
Mediante un comunicado remitido a Canarias-semanal, el sindicato acusa a la Consejería de "practicar una gestión autoritaria y de obstaculizar derechos básicos como la libertad sindical y de expresión dentro del ámbito sanitario público".
Intersindical señala directamente a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y a responsables de su equipo, a quienes atribuye decisiones que consideran incompatibles con el carácter público del servicio sanitario.
"La gestión actual - afirman desde IC - no solo adolece de deficiencias en el plano asistencial, sino que además adopta medidas disciplinarias o restrictivas frente a quienes cuestionan su actuación".
Prohibición de una campaña solidaria
Uno de los episodios denunciados se refiere a la retirada de material y la paralización de una campaña impulsada en hospitales bajo el lema “Los trabajadores canarios con Palestina”. Según el sindicato, la Consejería habría ordenado requisar el material e impedir la difusión de la iniciativa, que expresaba solidaridad con el pueblo palestino y denunciaba el genocidio en Gaza.
Para Intersindical Canaria, esta actuación no solo constituye una decisión administrativa, sino una muestra de censura política dentro de espacios públicos. La organización considera que impedir una campaña promovida por trabajadores vulnera la libertad de expresión y refleja una utilización restrictiva de los recursos públicos, que deberían estar al servicio de la pluralidad y el debate democrático.
Restricciones al uso de espacios hospitalarios
El comunicado también denuncia que, en el último mes, la Consejería "ha prohibido en dos ocasiones el uso de salones de actos hospitalarios en Lanzarote y Gran Canaria". En ambos casos, Intersindical Canaria había solicitado esos espacios para realizar reuniones informativas destinadas a analizar la situación asistencial en los centros sanitarios.
Según el sindicato, lo más significativo es que el uso de las instalaciones había sido previamente autorizado por los respectivos gerentes hospitalarios, pero posteriormente la Consejería revocó esa autorización.
Para la Federación de Salud, esta decisión constituye una "interferencia directa en la actividad sindical y una forma de limitar el derecho de los representantes de los trabajadores a informar y organizarse".
El conflicto no se limita, sin embargo, a una cuestión de uso de instalaciones. Desde la perspectiva sindical, se trata de "un intento de dificultar la crítica interna a la gestión sanitaria y de controlar los espacios de debate dentro del sistema público de salud".
El conflicto en el Banco de Sangre
La Federación de Salud vincula estos hechos con otro episodio reciente: el intento de la Consejería de anular la representación de los Comités de Empresa del Banco de Sangre.
"Esta actuación - destaca IC - fue llevada ante los tribunales y ha recibido un correctivo judicial, que habría desestimado la pretensión de la administración".
Para el sindicato, este caso demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de "una línea de actuación coherente orientada a debilitar la representación colectiva de los trabajadores. La intervención judicial refuerza, según Intersindical, la idea de que se han vulnerado derechos laborales básicos".
Gestión asistencial y conflicto laboral
Intersindical denuncia na gestión sanitaria que califica de “profundamente errática en lo asistencial y autócrata y déspota en lo laboral y sindical”.
"El Gobierno canario - afirman - mantiene deficiencias estructurales en la sanidad pública que afectan al acceso ciudadano a la atención sanitaria".
En este contexto, el sindicato interpreta las restricciones a la actividad sindical como "una respuesta política ante las críticas a la gestión".
La Federación de Salud defiende que las instalaciones sanitarias son "bienes públicos que no pueden ser utilizadas como herramientas de control ideológico o disciplinario" y acusa al Ejecutivo autonómico de "apropiarse de estos espacios públicos para limitar derechos constitucionales como la libertad sindical y la representación de los trabajadores".
La Federación de Salud de Intersindical Canaria adviete que continuará denunciando lo que considera "vulneraciones de derechos fundamentales y defendiendo la libertad sindical en el ámbito sanitario".
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha denunciado públicamente una serie de actuaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que, según la organización sindical, constituyen "represalias contra representantes de los trabajadores por ejercer su labor de fiscalización y crítica".
Mediante un comunicado remitido a Canarias-semanal, el sindicato acusa a la Consejería de "practicar una gestión autoritaria y de obstaculizar derechos básicos como la libertad sindical y de expresión dentro del ámbito sanitario público".
Intersindical señala directamente a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y a responsables de su equipo, a quienes atribuye decisiones que consideran incompatibles con el carácter público del servicio sanitario.
"La gestión actual - afirman desde IC - no solo adolece de deficiencias en el plano asistencial, sino que además adopta medidas disciplinarias o restrictivas frente a quienes cuestionan su actuación".
Prohibición de una campaña solidaria
Uno de los episodios denunciados se refiere a la retirada de material y la paralización de una campaña impulsada en hospitales bajo el lema “Los trabajadores canarios con Palestina”. Según el sindicato, la Consejería habría ordenado requisar el material e impedir la difusión de la iniciativa, que expresaba solidaridad con el pueblo palestino y denunciaba el genocidio en Gaza.
Para Intersindical Canaria, esta actuación no solo constituye una decisión administrativa, sino una muestra de censura política dentro de espacios públicos. La organización considera que impedir una campaña promovida por trabajadores vulnera la libertad de expresión y refleja una utilización restrictiva de los recursos públicos, que deberían estar al servicio de la pluralidad y el debate democrático.
Restricciones al uso de espacios hospitalarios
El comunicado también denuncia que, en el último mes, la Consejería "ha prohibido en dos ocasiones el uso de salones de actos hospitalarios en Lanzarote y Gran Canaria". En ambos casos, Intersindical Canaria había solicitado esos espacios para realizar reuniones informativas destinadas a analizar la situación asistencial en los centros sanitarios.
Según el sindicato, lo más significativo es que el uso de las instalaciones había sido previamente autorizado por los respectivos gerentes hospitalarios, pero posteriormente la Consejería revocó esa autorización.
Para la Federación de Salud, esta decisión constituye una "interferencia directa en la actividad sindical y una forma de limitar el derecho de los representantes de los trabajadores a informar y organizarse".
El conflicto no se limita, sin embargo, a una cuestión de uso de instalaciones. Desde la perspectiva sindical, se trata de "un intento de dificultar la crítica interna a la gestión sanitaria y de controlar los espacios de debate dentro del sistema público de salud".
El conflicto en el Banco de Sangre
La Federación de Salud vincula estos hechos con otro episodio reciente: el intento de la Consejería de anular la representación de los Comités de Empresa del Banco de Sangre.
"Esta actuación - destaca IC - fue llevada ante los tribunales y ha recibido un correctivo judicial, que habría desestimado la pretensión de la administración".
Para el sindicato, este caso demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de "una línea de actuación coherente orientada a debilitar la representación colectiva de los trabajadores. La intervención judicial refuerza, según Intersindical, la idea de que se han vulnerado derechos laborales básicos".
Gestión asistencial y conflicto laboral
Intersindical denuncia na gestión sanitaria que califica de “profundamente errática en lo asistencial y autócrata y déspota en lo laboral y sindical”.
"El Gobierno canario - afirman - mantiene deficiencias estructurales en la sanidad pública que afectan al acceso ciudadano a la atención sanitaria".
En este contexto, el sindicato interpreta las restricciones a la actividad sindical como "una respuesta política ante las críticas a la gestión".
La Federación de Salud defiende que las instalaciones sanitarias son "bienes públicos que no pueden ser utilizadas como herramientas de control ideológico o disciplinario" y acusa al Ejecutivo autonómico de "apropiarse de estos espacios públicos para limitar derechos constitucionales como la libertad sindical y la representación de los trabajadores".
La Federación de Salud de Intersindical Canaria adviete que continuará denunciando lo que considera "vulneraciones de derechos fundamentales y defendiendo la libertad sindical en el ámbito sanitario".
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