“CUATRO AÑOS DESPUÉS DEL VOLCÁN, EL CABILDO DE LA PALMA MANTIENE BARRIOS ENTEROS BAJO RESTRICCIÓN”

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita ha denunciado lo que considera un “escandaloso” mantenimiento de la zona de exclusión establecida por el Cabildo de La Palma en el Valle de Aridane, afectado por la erupción volcánica de 2021. En su escrito, el colectivo informa de la presentación de un nuevo recurso potestativo de reposición contra el Decreto 2026/208 de la corporación insular, al entender que prolonga “sin justificación” restricciones que abarcan más de 12,5 kilómetros cuadrados.

  Según expone la Asociación Tierra Bonita, la delimitación "afecta tanto a terrenos cubiertos por lava como a áreas que no resultaron directamente dañadas por las coladas, entre ellas Puerto Naos y La Bombilla".

  El colectivo subraya que estas limitaciones persisten más de cuatro años después de la catástrofe volcánica y sostiene que se mantienen “con arbitrariedad, sin base científica e incumpliendo la jerarquía normativa”.

   Tierra Bonita cuestiona, especialmente, que el decreto mantenga zonas de exclusión en núcleos como Puerto Naos y La Bombilla, donde existen viviendas habitadas de forma permanente. A juicio del colectivo, esta circunstancia convierte la medida en “jurídicamente insostenible”, ya que se restringen derechos en espacios donde, de facto, hay población residiendo de manera continuada.

   Otro de los aspectos que la Asociación Tierra Bonita considera problemáticos es la “insuficiencia de la justificación técnica” del umbral de 700 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO₂), establecido como criterio clave para determinar la habitabilidad. En su comunicado, la entidad sostiene que no se han aportado informes completos que avalen científicamente dicho parámetro como base para limitar el uso de viviendas y terrenos.

 ¿OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA?

   Tierra Bonita denuncia además una presunta falta de colaboración del Cabildo en el procedimiento contencioso-administrativo planteado contra un decreto anterior de zona de exclusión. Según afirma el colectivo, la institución insular habría "ocultado información y obstaculizado la entrega del expediente administrativo”, pese a los reiterados requerimientos formulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

   Para la Asociación Tierra Bonita, esta supuesta opacidad genera “una indefensión inaceptable” y pone en cuestión la legalidad de los actos administrativos derivados de una actuación que, en palabras del colectivo, carece de la debida transparencia y diligencia.

    Tierra Bonita advierte, asimismo, de una “posible desviación de poder y/o exceso en la potestad administrativa” al delimitar la zona de exclusión volcánica sin una habilitación expresa en una norma de rango suficiente. El colectivo argumenta que el decreto podría estar vulnerando el principio de jerarquía jurídica al ignorar leyes autonómicas aprobadas tras la erupción, entre ellas la Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias, la Ley 2/2024 de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social tras la erupción de Cumbre Vieja y la Ley 3/2024 de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

  Como ejemplo de la “arbitrariedad” que denuncia, la Asociación Tierra Bonita señala que se ha dejado fuera de la zona de exclusión la superficie de las coladas situadas por debajo de la carretera LP-213, entre La Laguna y Las Norias, coincidiendo —según expone el colectivo en su comunicado— con la zona donde se localizaban plantaciones de plataneras. Esta circunstancia, añade la asociación, “acrecienta las sospechas de decisiones tomadas sin criterios objetivos y con posibles motivaciones ocultas”.

   Asimismo, el comunicado indica que también se ha excluido de la delimitación una amplia superficie que se extiende desde el camino del Atajo —incluyendo lo que el colectivo califica como actividad ilegal de machaqueo—, Callejón de Morera y Cabrejas, hasta el cruce de La Laguna.

   En relación con el nivel de alerta, Tierra Bonita denuncia que, al igual que ocurría con el decreto anterior —también recurrido en vía administrativa, aunque su apelación fue rechazada por el Cabildo—, se mantiene el semáforo volcánico en amarillo. El colectivo sostiene que esta clasificación resulta “injustificada”, dado que el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) concibe ese nivel como una situación transitoria preeruptiva.

    La Asociación afirma que las decisiones adoptadas por el Cabildo se han tomado “con falta de motivación, ausencia de informes completos y sin participación de las personas afectadas por el volcán”, lo que, a su juicio, deja a la ciudadanía en una situación de profunda indefensión.

  El colectivo va más allá y apunta a la “gravedad de las irregularidades civiles, y posiblemente penales”, que, según su versión, se verían agravadas por la negativa del Cabildo y del Gobierno de Canarias a convocar el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 y aprobado por el Cabildo en abril de 2023.

   En su comunicado, Tierra Bonita interpreta que “no existe voluntad de cumplir las leyes aprobadas para la recuperación del Valle de Aridane” y advierte de voces que apuntan a una posible modificación de la Ley 3/2024 con el objetivo, según denuncia el colectivo, de continuar con una “reconstrucción a la carta”.

   Finalmente, la Asociación Tierra Bonita presenta el recurso potestativo de reposición como “un grito de auxilio de la ciudadanía palmera” y hace un llamamiento a todas las personas afectadas para que reivindiquen sus derechos, mantengan una actitud crítica y exijan transparencia a las instituciones. El objetivo, concluye el comunicado remitido a Canarias-semanal, es lograr que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma convoquen el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma y actúen conforme a la legalidad vigente.