AZNAR AMENAZA CON DENUNCIAR A QUIEN LO VINCULE CON EPSTEIN… PERO ¿ Y SI EL VÍNCULO LO ESCRIBE EL PROPIO EPSTEIN?

POR "ALFIL",  PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    José María Aznar advirtió este mismo  jueves, que acudirá a los tribunales si algún miembro del Gobierno se atreviera a vincularlo con las actividades del multipederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

   La advertencia llegó tras la mención pública  realizada por el ministro español de Asuntos  Exteriores, José Manuel Albares, a la aparición del expresidente Aznar en dos apuntes de los archivos del financiero estadounidense.

   El matiz relevante de este asunto es que la vinculación no procede de una investigación parlamentaria, ni de una acusación formal del Ejecutivo, sino de dos anotaciones incluidas en los papeles incautados a Epstein. Es decir, la relación documental la estableció el propio Epstein en vida.

    Aquí surge el nudo irónico: si la amenaza judicial se dirige contra quien mencione esa anotación, ¿qué podemos hacer con la anotación misma? ¿Se demanda al Ministro por recordar un archivo o se emprende acción legal contra el autor del apunte? La dificultad procesal es evidente: el multimillonario Epstein falleció en 2019, misteriosamente suicidado en una prisión mientras esperaba juicio en Estados Unidos.

    La escena adquiere así un tinte casi notarial. Un político amenaza con tribunales a quien cite un documento cuya autoría corresponde a un tercero muerto. El problema no sería la existencia del papel, sino su evocación. No la tinta, sino la memoria.

    Desde FAES, -la Fundación think tank del expresidente-, se sostiene que cualquier insinuación es calumniosa si pretende sugerir actividades ilícitas. Pero nadie ha presentado, al menos hasta ahora, una acusación contra Aznar de tamaño calibre. La controversia gira en torno a la mención de un nombre en una lista. Una mención que no  la redactó el Gobierno español, ni la oposición, ni Vox,  ni un medio de comunicación, sino el mismísimo  financiero pederasta.

    La paradoja es jurídica y política. Jurídica, porque no parece sencillo querellarse contra un archivo histórico. Política, porque en la era de los señalamientos permanentes, el simple hecho de aparecer en un papel se convierte en campo de batalla.

     Mientras tanto, casi simultáneamente, el Congreso aprobaba la ley de multirreincidencia con una mayoría heterogénea que unió a PSOE, PP, Vox y Junts. Un acuerdo improbable en estos tiempos de enconadas  trincheras partidarias. La izquierda supuestamente a la izquierda del PSOE, votó en contra, denunciando un "giro punitivo". La derecha celebró el endurecimiento penal. Y el debate sobre la unidad progresista seguía su curso entre llamamientos a “dar un paso al frente” y advertencias sobre no fragmentar el voto.

   Pero el foco mediático regresó una y otra vez a la misma pregunta: ¿quién vincula a quién? Si el vínculo documental proviene del multipederasta Epstein, la amenaza judicial parece dirigida no tanto al origen del apunte como a quien se atreva a pronunciarlo en voz alta.

     Se podría pensar que quizá el verdadero litigio no sea contra una persona concreta, sino contra la persistencia de los archivos. A veces, en política no molesta lo que ocurrió, sino que queda escrito. Y en este caso, el dilema es claro: si la anotación la hizo el multipederasta Epstein, la querella tendría que cruzar una frontera que ni el Derecho ni la biología suelen permitir.