DOS BANDERAS, DOS PROYECTOS DE PODER: LA HISTORIA NO RESUELTA DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
¿Es la disputa entre banderas una cuestión identitaria o un conflicto histórico aún abierto? ¿Fue la tricolor solo un símbolo republicano o el intento de transformar la estructura social española?
Las banderas no son simples trapos de colores ni símbolos neutrales. En la historia de España, la rojigualda y la tricolor han condensado proyectos políticos, modelos de Estado y correlaciones de poder profundamente distintas. Desde su origen dinástico en el siglo XVIII hasta la ruptura republicana de 1931 y la posterior continuidad institucional de la Transición, ambas enseñas expresan un proceso histórico atravesado por modernizaciones incompletas, pactos entre élites y conflictos sociales aun sin resolver.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Las banderas no son telas inocentes agitadas por el viento. Son la expresión visible de un orden social que necesita legitimarse. Son la forma simbólica que adopta el poder cuando quiere parecer natural, permanente e incuestionable.
En la historia contemporánea española, la bandera rojigualda y la tricolor no representan únicamente colores distintos: condensan proyectos históricos enfrentados y modelos de Estado que nacieron de correlaciones de fuerza diferentes.
EL ORIGEN DINÁSTICO DE LA ROJIGUALDA
La rojigualda no surgió de un proceso constituyente popular. Su origen se remonta a 1785, cuando Carlos III decidió modificar la bandera naval española para evitar confusiones en alta mar con otras Monarquías borbónicas europeas. El rojo y el amarillo fueron elegidos por su visibilidad, no por su contenido político. Era una decisión técnica dentro de un imperio aún sustentado en la explotación colonial y en una estructura social profundamente desigual.
En ese momento España no era una nación moderna, sino una Monarquía imperial sustentada en la gran propiedad agraria, el poder de la Iglesia y una aristocracia que conservaba privilegios históricos. Mientras Inglaterra avanzaba hacia la industrialización y Francia se encaminaba hacia una revolución que transformaría radicalmente su estructura social, España mantenía intactos los pilares del Antiguo Régimen feudal.
LIBERALISMO SIN REVOLUCIÓN SOCIAL
La Constitución de 1812 - la "Constitución de Cádiz" -proclamó la soberanía nacional y limitó el poder del rey. Fue un avance político indudable, pero no supuso una transformación económica profunda. La tierra siguió concentrada en manos de la aristocracia y de la Iglesia. El campesinado continuó sometido a relaciones de dependencia tradicionales. El liberalismo español nació sin destruir la base material del viejo orden.
Esa contradicción marcaría todo el siglo XIX. El Estado liberal que fue consolidándose tras las guerras carlistas, introdujo reformas administrativas y creó un mercado nacional más coherente, pero no llevó a cabo una revolución burguesa comparable a la francesa. La transición al capitalismo fue lenta, desigual y pactada. Las desamortizaciones trasladaron tierras al mercado, pero reforzaron con frecuencia la concentración de la propiedad en manos de nuevos propietarios acomodados.
La bandera rojigualda se convirtió en símbolo nacional en ese contexto. Presidió la Restauración borbónica y el sistema del turnismo gubernamental, donde dos partidos se alternaban en el poder mediante mecanismos fraudulentos de control electoral. La modernización política convivía con profundas desigualdades sociales y con una estructura económica dependiente.
No era la bandera de una ciudadanía soberana plenamente organizada, sino la del aparato estatal que garantizaba la estabilidad de una alianza entre viejas élites agrarias y burguesía emergente.
LA TRICOLOR COMO RUPTURA SIMBÓLICA
En el siglo XIX el republicanismo buscó diferenciarse de esa continuidad monárquica. Incorporó el morado al rojo y amarillo tradicionales como símbolo de ruptura con la legitimidad dinástica. Cuando en 1931 se proclamó la Segunda República, la tricolor fue adoptada como bandera oficial. No era un gesto decorativo. Era la afirmación de un nuevo principio de soberanía.
La República intentó abordar problemas estructurales heredados: reforma agraria, laicidad del Estado, ampliación de derechos laborales, subordinación del ejército al poder civil. Por primera vez amplios sectores obreros y campesinos percibieron la posibilidad de que el Estado dejara de ser una maquinaria distante y se convirtiera en instrumento de transformación.
La bandera tricolor simbolizó esa aspiración de democratizar no solo las instituciones políticas, sino la estructura social. Representaba la idea de que la legitimidad no debía descansar en la herencia dinástica, sino en la voluntad popular.
Pero el bloque social que sostenía el viejo orden no había desaparecido. La gran propiedad agraria seguía intacta en amplias regiones. La Iglesia conservaba influencia cultural y económica. El Ejército mantenía autonomía política. Parte de la burguesía temía que la democratización desembocara en una transformación más profunda de las relaciones de propiedad. La tensión acumulada durante décadas estalló en la Guerra Civil.
LA RESIGNIFICACIÓN FRANQUISTA
Tras la victoria del bando sublevado en 1939, la rojigualda fue recuperada y transformada con el águila de San Juan y la simbología nacional-católica. No era una creación nueva, pero adquirió un significado distinto. Durante casi cuarenta años presidió un régimen autoritario que persiguió la pluralidad política, reprimió movimientos obreros y anuló la experiencia republicana.
La bandera pasó a encarnar no solo la continuidad estatal, sino también la restauración violenta de un orden social jerárquico. Bajo ella se consolidó un capitalismo autoritario que combinaba represión política con modernización económica parcial.
La memoria de esa etapa dejó una huella profunda. Para amplios sectores sociales, la rojigualda quedó asociada a la dictadura y a la negación de la soberanía popular.
TRANSICIÓN Y CONTINUIDAD ESTRUCTURAL
La Transición posterior a 1975 reformó el sistema político, pero no implicó una ruptura radical con la arquitectura institucional anterior. La Monarquía fue restaurada bajo un marco constitucional que reconocía derechos y libertades, pero que preservaba la continuidad de aquel Estado.
La rojigualda se mantuvo como bandera oficial, eliminando los símbolos franquistas, pero conservando el hilo histórico que conectaba monarquía liberal, dictadura y monarquía parlamentaria. La transformación fue significativa en el plano democrático, pero no supuso una refundación desde cero.
La estructura económica —capitalismo financiero, concentración empresarial, desigualdad persistente— no fue alterada en sus fundamentos. La transición fue una reconfiguración del bloque dominante más que una ruptura completa.
La tricolor quedó fuera del marco institucional y pasó a representar la memoria de una experiencia democrática interrumpida violentamente. Se convirtió en símbolo de quienes consideran que la democratización iniciada en 1931 no ha sido plenamente retomada.
DOS PROYECTOS HISTÓRICOS
Desde una perspectiva ideologica, la disputa entre ambas banderas expresa dos proyectos históricos distintos. La rojigualda simboliza la continuidad del Estado español en sus distintas fases, adaptándose a transformaciones económicas sin alterar radicalmente la correlación de poder. La tricolor representa el intento de ruptura republicana que buscó redefinir la legitimidad del Estado y abrir espacio a reformas sociales de mayor alcance.
España no vivió una revolución burguesa que liquidara completamente el poder agrario tradicional ni una revolución social que sustituyera integralmente a las élites. Vivió una transición prolongada, repleta de pactos, restauraciones y conflictos. Esa trayectoria explica que los símbolos sigan siendo motivo de disputa.
Las banderas no son neutrales porque la historia tampoco lo es. Son la forma visible de luchas sociales acumuladas. Cuando se enarbola la rojigualda, se invoca la continuidad institucional del Estado tal como ha evolucionado históricamente. Cuando se alza la tricolor, se evoca la soberanía popular como principio constituyente y la memoria de un intento de transformación frustrado.
MEMORIA Y PROYECTO DE FUTURO
El debate no pertenece únicamente al pasado. Se proyecta sobre el presente y el futuro. Hablar de banderas es hablar de legitimidad política, de distribución del poder y de modelo de Estado. Es preguntarse si la continuidad institucional es suficiente o si es necesaria una redefinición más profunda de las bases sociales que sostienen el orden vigente.
Los colores no flotan en el vacío. Se sostienen sobre estructuras económicas y alianzas de clase concretas. Por eso siguen despertando pasiones, adhesiones y rechazos.
La rojigualda y la tricolor no son simplemente dos opciones estéticas. Son la expresión de una historia conflictiva que no ha sido resuelta. Y mientras las estructuras que les dieron origen sigan siendo objeto de debate, las banderas seguirán siendo algo más que tela: seguirán siendo proyecto.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia
FUENTES HISTÓRICAS CONSULTADAS
- Tuñón de Lara, Manuel – La España del siglo XIX
- Josep Fontana – La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820)
- Pierre Vilar – Historia de España
- Julián Casanova – España partida en dos
- Charles Esdaile – La Guerra de la Independencia Española
- Josep Fontana – Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Las banderas no son telas inocentes agitadas por el viento. Son la expresión visible de un orden social que necesita legitimarse. Son la forma simbólica que adopta el poder cuando quiere parecer natural, permanente e incuestionable.
En la historia contemporánea española, la bandera rojigualda y la tricolor no representan únicamente colores distintos: condensan proyectos históricos enfrentados y modelos de Estado que nacieron de correlaciones de fuerza diferentes.
EL ORIGEN DINÁSTICO DE LA ROJIGUALDA
La rojigualda no surgió de un proceso constituyente popular. Su origen se remonta a 1785, cuando Carlos III decidió modificar la bandera naval española para evitar confusiones en alta mar con otras Monarquías borbónicas europeas. El rojo y el amarillo fueron elegidos por su visibilidad, no por su contenido político. Era una decisión técnica dentro de un imperio aún sustentado en la explotación colonial y en una estructura social profundamente desigual.
En ese momento España no era una nación moderna, sino una Monarquía imperial sustentada en la gran propiedad agraria, el poder de la Iglesia y una aristocracia que conservaba privilegios históricos. Mientras Inglaterra avanzaba hacia la industrialización y Francia se encaminaba hacia una revolución que transformaría radicalmente su estructura social, España mantenía intactos los pilares del Antiguo Régimen feudal.
LIBERALISMO SIN REVOLUCIÓN SOCIAL
La Constitución de 1812 - la "Constitución de Cádiz" -proclamó la soberanía nacional y limitó el poder del rey. Fue un avance político indudable, pero no supuso una transformación económica profunda. La tierra siguió concentrada en manos de la aristocracia y de la Iglesia. El campesinado continuó sometido a relaciones de dependencia tradicionales. El liberalismo español nació sin destruir la base material del viejo orden.
Esa contradicción marcaría todo el siglo XIX. El Estado liberal que fue consolidándose tras las guerras carlistas, introdujo reformas administrativas y creó un mercado nacional más coherente, pero no llevó a cabo una revolución burguesa comparable a la francesa. La transición al capitalismo fue lenta, desigual y pactada. Las desamortizaciones trasladaron tierras al mercado, pero reforzaron con frecuencia la concentración de la propiedad en manos de nuevos propietarios acomodados.
La bandera rojigualda se convirtió en símbolo nacional en ese contexto. Presidió la Restauración borbónica y el sistema del turnismo gubernamental, donde dos partidos se alternaban en el poder mediante mecanismos fraudulentos de control electoral. La modernización política convivía con profundas desigualdades sociales y con una estructura económica dependiente.
No era la bandera de una ciudadanía soberana plenamente organizada, sino la del aparato estatal que garantizaba la estabilidad de una alianza entre viejas élites agrarias y burguesía emergente.
LA TRICOLOR COMO RUPTURA SIMBÓLICA
En el siglo XIX el republicanismo buscó diferenciarse de esa continuidad monárquica. Incorporó el morado al rojo y amarillo tradicionales como símbolo de ruptura con la legitimidad dinástica. Cuando en 1931 se proclamó la Segunda República, la tricolor fue adoptada como bandera oficial. No era un gesto decorativo. Era la afirmación de un nuevo principio de soberanía.
La República intentó abordar problemas estructurales heredados: reforma agraria, laicidad del Estado, ampliación de derechos laborales, subordinación del ejército al poder civil. Por primera vez amplios sectores obreros y campesinos percibieron la posibilidad de que el Estado dejara de ser una maquinaria distante y se convirtiera en instrumento de transformación.
La bandera tricolor simbolizó esa aspiración de democratizar no solo las instituciones políticas, sino la estructura social. Representaba la idea de que la legitimidad no debía descansar en la herencia dinástica, sino en la voluntad popular.
Pero el bloque social que sostenía el viejo orden no había desaparecido. La gran propiedad agraria seguía intacta en amplias regiones. La Iglesia conservaba influencia cultural y económica. El Ejército mantenía autonomía política. Parte de la burguesía temía que la democratización desembocara en una transformación más profunda de las relaciones de propiedad. La tensión acumulada durante décadas estalló en la Guerra Civil.
LA RESIGNIFICACIÓN FRANQUISTA
Tras la victoria del bando sublevado en 1939, la rojigualda fue recuperada y transformada con el águila de San Juan y la simbología nacional-católica. No era una creación nueva, pero adquirió un significado distinto. Durante casi cuarenta años presidió un régimen autoritario que persiguió la pluralidad política, reprimió movimientos obreros y anuló la experiencia republicana.
La bandera pasó a encarnar no solo la continuidad estatal, sino también la restauración violenta de un orden social jerárquico. Bajo ella se consolidó un capitalismo autoritario que combinaba represión política con modernización económica parcial.
La memoria de esa etapa dejó una huella profunda. Para amplios sectores sociales, la rojigualda quedó asociada a la dictadura y a la negación de la soberanía popular.
TRANSICIÓN Y CONTINUIDAD ESTRUCTURAL
La Transición posterior a 1975 reformó el sistema político, pero no implicó una ruptura radical con la arquitectura institucional anterior. La Monarquía fue restaurada bajo un marco constitucional que reconocía derechos y libertades, pero que preservaba la continuidad de aquel Estado.
La rojigualda se mantuvo como bandera oficial, eliminando los símbolos franquistas, pero conservando el hilo histórico que conectaba monarquía liberal, dictadura y monarquía parlamentaria. La transformación fue significativa en el plano democrático, pero no supuso una refundación desde cero.
La estructura económica —capitalismo financiero, concentración empresarial, desigualdad persistente— no fue alterada en sus fundamentos. La transición fue una reconfiguración del bloque dominante más que una ruptura completa.
La tricolor quedó fuera del marco institucional y pasó a representar la memoria de una experiencia democrática interrumpida violentamente. Se convirtió en símbolo de quienes consideran que la democratización iniciada en 1931 no ha sido plenamente retomada.
DOS PROYECTOS HISTÓRICOS
Desde una perspectiva ideologica, la disputa entre ambas banderas expresa dos proyectos históricos distintos. La rojigualda simboliza la continuidad del Estado español en sus distintas fases, adaptándose a transformaciones económicas sin alterar radicalmente la correlación de poder. La tricolor representa el intento de ruptura republicana que buscó redefinir la legitimidad del Estado y abrir espacio a reformas sociales de mayor alcance.
España no vivió una revolución burguesa que liquidara completamente el poder agrario tradicional ni una revolución social que sustituyera integralmente a las élites. Vivió una transición prolongada, repleta de pactos, restauraciones y conflictos. Esa trayectoria explica que los símbolos sigan siendo motivo de disputa.
Las banderas no son neutrales porque la historia tampoco lo es. Son la forma visible de luchas sociales acumuladas. Cuando se enarbola la rojigualda, se invoca la continuidad institucional del Estado tal como ha evolucionado históricamente. Cuando se alza la tricolor, se evoca la soberanía popular como principio constituyente y la memoria de un intento de transformación frustrado.
MEMORIA Y PROYECTO DE FUTURO
El debate no pertenece únicamente al pasado. Se proyecta sobre el presente y el futuro. Hablar de banderas es hablar de legitimidad política, de distribución del poder y de modelo de Estado. Es preguntarse si la continuidad institucional es suficiente o si es necesaria una redefinición más profunda de las bases sociales que sostienen el orden vigente.
Los colores no flotan en el vacío. Se sostienen sobre estructuras económicas y alianzas de clase concretas. Por eso siguen despertando pasiones, adhesiones y rechazos.
La rojigualda y la tricolor no son simplemente dos opciones estéticas. Son la expresión de una historia conflictiva que no ha sido resuelta. Y mientras las estructuras que les dieron origen sigan siendo objeto de debate, las banderas seguirán siendo algo más que tela: seguirán siendo proyecto.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia
FUENTES HISTÓRICAS CONSULTADAS
- Tuñón de Lara, Manuel – La España del siglo XIX
- Josep Fontana – La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820)
- Pierre Vilar – Historia de España
- Julián Casanova – España partida en dos
- Charles Esdaile – La Guerra de la Independencia Española
- Josep Fontana – Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX
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