«YO ACUSO»: CUANDO LA VULNERABILIDAD MATA Y NADIE RESPONDE

Por JOSE MANUEL RIVERO (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

Al modo de Émile Zola, ante la opinión pública,

ante la conciencia de los pueblos y naciones

del ESTADO español y ante la historia.

 

     Yo acuso al Gobierno de España de haber legislado tarde, mal y de forma insuficiente. Llegó al problema de la vivienda cuando ya era el primero de los problemas del país, después de años de inacción, y lo hizo con parches que no construyen una sola vivienda, que no movilizan un solo metro cuadrado de suelo público, que no tocan un solo euro del régimen fiscal de las SOCIMI.

 

    Los decretos que presentó eran estructuralmente insuficientes: socializaban las pérdidas de los arrendadores con fondos públicos, blindaban los privilegios fiscales de los grandes tenedores y dejaban intacto el corazón del rentismo.

 

     Ahora bien, debo reconocer que los Reales Decretos-leyes aprobados en el último año, si hubieran sido convalidados por el Congreso, habrían impedido el desahucio y la muerte de Maricarmen. La suspensión de los lanzamientos para hogares vulnerables, prorrogada en el RDL 16/2025, y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler del RDL 8/2026, de haber estado en vigor, habrían protegido a esa anciana de 87 años.

 

    El Gobierno legisló tarde y mal, pero los decretos que presentó, de haber sido convalidados, habrían salvado su vida. Y no solo la suya: habrían protegido a las miles de personas que, cada año, ven cómo el desahucio les destroza la salud y, en demasiados casos, les arrebata la vida.

 

    Yo acuso a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, en coalición con Vox, e, incluso, en la Comunidad canaria, que gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, de haberse negado sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda. Las competencias en materia de vivienda están en sus manos, y las han utilizado para bloquear los límites a los alquileres, para no declarar zonas tensionadas, para no movilizar suelo público, para no construir ni una sola vivienda protegida allí donde su propia gestión lo permitía. Han convertido la autonomía en un escudo para proteger a los grandes tenedores y en un arma para dejar a los vulnerables a merced del mercado.

 

    Mientras Maricarmen era desahuciada en Madrid, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso presumía de no aplicar la ley. Esa omisión tiene nombre y apellidos. Y tiene consecuencias: cada desahucio evitable es una vida rota, una salud quebrada, un riesgo de suicidio que se multiplica. Muchas personas se habrían quitado la vida por el terrorismo financiero, según la PAH.

 

 

   Yo acuso al Partido Popular, a Vox, a Junts y a UPN de haber votado, el 27 de enero de 2026, contra el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 178 votos contra 171. Con esos votos, señores diputados, ustedes firmaron la sentencia de Maricarmen antes de que nadie la dictara. Y firmaron también la sentencia de Olga Matute, de 54 años y dos hijas, que se suicidó el 7 de septiembre de 2026, cinco meses después de ser desahuciada de su piso en L'Hospitalet de Llobregat. El procedimiento contra ella se reactivó precisamente después de que el Congreso tumbara la moratoria de desahucios con los votos del PP, Vox y Junts. Olga lo dijo proféticamente en el Parlament de Catalunya: «La vulnerabilidad, señores, mata». Tenía razón. La vulnerabilidad mata.

 

  Yo acuso a esos mismos grupos parlamentarios de haber derogado, el 28 de abril de 2026, el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que prorrogaría hasta dos años los contratos de alquiler y limitaría la subida de la renta al 2% para los grandes tenedores. 177 votos contra 166. Ustedes sabían lo que hacían. Sabían a quién protegían. Y sabían a quién condenaban. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, les advirtió en el hemiciclo:

   votar en contra «es empujar a que cientos de personas se suiciden» por ser desahuciadas. Les hizo «corresponsables de su muerte, dolor y sufrimiento».

 

Y tenían razón.

 

    Yo acuso a Junts per Catalunya de actuar como representación política de la burguesía catalana y como aliado objetivo del bloque reaccionario, anteponiendo los intereses de los grandes tenedores al derecho a la vida y la salud de los vulnerables. No es un debate técnico, señora Nogueras. Es una elección moral. Y ustedes la hicieron. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la vida. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la salud mental de miles de personas.

 

   Yo acuso a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de haber convertido el desahucio de Maricarmen en un espectáculo de cinismo y desprecio.

  Mientras una anciana de 87 años, con un 50% de discapacidad, era sacada en camilla de la casa en la que vivió setenta años, ella respondía a los periodistas que había tenido.

   «un día completo, lleno de contrastes, de emociones».

   «La verdad es que sí. Soy muy afortunada», dijo. Muy afortunada.

      Esa fue su reacción al drama de una mujer arrancada de su hogar. Al día siguiente, en un foro del Círculo de Empresarios, redujo el desalojo a una estadística:

   «Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España».

     Un desahucio más. Una cifra más. Y para justificarse, culpó al Gobierno:

    «No es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar».

 

    No tuvo una sola palabra de aliento para Maricarmen. Ni una. Y cuando se le preguntó por las protestas, las calificó de «algaradas» que generan un «clima de tensión» que «no favorece a la inversión». La inversión. Eso era lo que le preocupaba. No la vida de una mujer de 87 años. La inversión.

   Y remató su intervención con una burla que hiela la sangre: ante las propuestas de limitar los desahucios de personas mayores, ironizó:

   «Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo».

   

    Se burló. Se burló de Maricarmen. Se burló de los miles de desahuciados. Se burló de las víctimas. Y cuando fue consciente de la repugnancia que habían causado sus palabras, en lugar de rectificar, las justificó: dijo que se refería a

   «las ocurrencias políticas de la semana» y que contextualizarlas con el desahucio era «una burda manipulación».

 

   No hay manipulación, señora Ayuso. Hay una anciana muerta. Hay una mujer que fue sacada en camilla de su casa mientras usted se declaraba «muy afortunada». Hay miles de personas desahuciadas cada año en España. Y usted, que tiene las competencias de vivienda y protección social en la Comunidad de Madrid, no ha movido un solo dedo para evitarlo.

 

   Es más: su Gobierno presume de no aplicar la Ley de Vivienda. Presume de no proteger a los vulnerables. Presume de dejar a los grandes tenedores campar a sus anchas. Y mientras tanto, Maricarmen moría en el hospital Gregorio Marañón.

Catorce días después del desahucio.

Catorce días después de que usted dijera que era «muy afortunada».

Catorce días después de que su Comunidad decidiera mirar hacia otro lado. Esa es su política de vivienda. Esa es su humanidad. Y esa es la razón por la que hoy la acuso, sin matices, sin paliativos, sin un ápice de compasión hacia quien no la tuvo con una anciana que se moría.

 

 

  Yo acuso al Partido Popular de no haber movido un solo dedo para evitar el desahucio de Maricarmen, teniendo las competencias de vivienda y protección social en la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Mientras Maricarmen era trasladada en camilla de su casa, la presidenta regional, repito, decía:

«La verdad es que sí. Soy muy afortunada».

   Y cuando a Alberto Núñez Feijóo le preguntaron por el desalojo, respondió: «Vengo a otra cosa». A otra cosa. Esa es su respuesta a una mujer de 87 años arrancada de su hogar. Esa es su política de vivienda. Una política que, según el estudio de científicos de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, condena al 91% de las personas afectadas por desahucios a la depresión, al 88% a la ansiedad y al 32% a un riesgo de suicidio que multiplica por más de cuatro el de la población general.

 

   Yo acuso al aparato judicial que autorizó el desahucio de Maricarmen. A la  judicatura que autorizó  el lanzamiento sin garantizar un análisis de proporcionalidad, sin verificar que existiera una alternativa habitacional real, sin detenerse en que la víctima tenía 87 años, un 50% de discapacidad y llevaba setenta años viviendo en esa casa.

   La toga no puede ser un escudo para la inhumanidad. Quien autoriza un desalojo sabiendo que la persona quedará en la calle no administra justicia: administra violencia. Al juez de Olga Matute, que le dijo:

«En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión de un lanzamiento».

     La ansiedad no suspende un desahucio, pero el desahucio provoca ansiedad. Y depresión. Y suicidio. Cuatro meses después de ese pronunciamiento, Olga se quitó la vida.

 

 

    Yo acuso a los medios de comunicación y a los periodistas de la derecha mediática de haber dedicado más tiempo a escarbar en la vida de una anciana que a denunciar el drama de los desahucios. "El Español" publicó un reportaje entero con supuestos testimonios de vecinos que la llamaban «mala vecina», «jeta», «protestona», «insoportable».

   Alberto Artero escribió en un artículo titulado «Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo)». Federico Jiménez Losantos dijo que Maricarmen tiene «más cara que un saco de euros». Bertrand Ndongo la llamó «jeta de jetón» y sugirió que tenía vicios. Ana Rosa Quintana, en su programa, no dedicó un solo minuto a pronunciarse contra el desahucio.

 

   Yo acuso a esos mismos medios y a esos mismos periodistas de haber difundido bulos infames mientras Maricarmen agonizaba en el hospital Gregorio Marañón. Publicaron que tenía 250.000 euros en el banco y acciones de BBVA, Santander y Telefónica. Su abogada, Beatriz Duro, lo desmintió: era «mentira». Difundieron un vídeo de octubre de 2025 presentándolo como una supuesta recuperación milagrosa para cuestionar su estado de salud. En realidad, mostraba a Maricarmen durante el primer intento de desahucio, once meses antes. Sembraron la teoría de un «plan orquestado» del Sindicato de Inquilinas. Todo falso. Todo verificado como falso. Todo difundido, aun así, con una saña que no tiene otro nombre que el de linchamiento mediático. Un linchamiento que se cebó con una mujer de 87 años que se estaba muriendo. Una mujer que, seguramente, desde la cama del hospital, leyó o escuchó cómo la llamaban jeta, sinvergüenza, insoportable. Y ese odio, esa difamación, esa crueldad, también mata. El 91% de las personas afectadas por desahucios padece depresión. El 88%, ansiedad. El 32% tiene riesgo de suicidio. Y el linchamiento mediático es una forma más de violencia que agrava ese sufrimiento.

 

      Yo acuso al concejal de Vivienda de Benalmádena, del Partido Popular, José Luis Bergillos, de haber llamado «puta sinvergüenza con miles de euros en el banco» a una mujer de 87 años hospitalizada. Lo dijo en un Consejo Sectorial de Vivienda. Lo dijo desde el cargo que le habilita para gestionar precisamente las políticas de vivienda. Y aunque pidió disculpas después, el daño estaba hecho: la difamación ya había sido vertida sobre una mujer que se estaba muriendo.

 

    Yo acuso a quienes ordenaron las cargas policiales contra manifestantes pacíficos. El 23 de septiembre en el Paseo de la Castellana. El 3 de octubre en Madrid. En Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La porra no es diálogo. La porra es la confesión de quien no tiene argumentos. Maricarmen, de 87 años, con un 50% de discapacidad, fue sacada en camilla de la casa en la que vivió setenta años mientras veía cómo los antidisturbios agredían a quienes intentaban impedir el lanzamiento. Esa violencia de entrada, esas agresiones, ese desalojo ejecutado con precisión mecánica por los aparatos policial y judicial, son responsabilidad de quien tiene la potestad de impedirlos y no lo hace. El Gobierno del Estado tendría que impedir la represión, también.

 

     Yo acuso a quienes ignoraron el pronunciamiento del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, que advirtió, antes de que se consumara el desalojo, que la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad caso por caso, que la residencia ofrecida a Maricarmen no era razonable y que ejecutar el lanzamiento vulneraría los estándares internacionales. La advertencia existía. La posibilidad de evitarlo, también. Solo faltó voluntad.

 

   Yo acuso a los grandes tenedores, a los fondos buitre, a las SOCIMI y a la banca de haberse enriquecido a costa del sueño de millones de familias, convirtiendo la vivienda en un activo financiero mientras las calles se llenan de ancianos sin hogar y de jóvenes sin futuro. No construyen ciudades. Construyen trincheras de clase. Construyen enfermedades mentales. Construyen muertes y suicidios. La PAH lo denuncia con un lema que no admite matices: «No son suicidios, son asesinatos». Un desahucio, un suicidio. A eso le llamaremos asesinato.

 

   Yo acuso a la CEOE y a su presidente, Antonio Garamendi, de calificar de «político y electoral» el paro del 11 de noviembre. ¿Qué hay más político, señor Garamendi, que exigir que los salarios alcancen para pagar un techo? ¿Qué hay más electoral que defender la vida de quienes ya no pueden votar porque han muerto en el intento? ¿Qué hay más político que exigir que no haya ni una Maricarmen más, ni una Olga más, ni un suicidio más por no poder pagar el alquiler?

 

    Yo acuso al capitalismo español de haber convertido el alquiler en una condena y el desahucio en una ejecución. No hay crisis de vivienda. Hay un modelo económico que necesita que la vivienda sea escasa, cara y precaria para seguir alimentando la rentabilidad de unos pocos. Un modelo que mata. Que mata con la ansiedad, con la depresión, con el riesgo de suicidio que multiplica por más de cuatro el de la población general. Un modelo que, según las estimaciones, está detrás de casi el 50% de los suicidios o sus intentos.

 

   Yo acuso al parlamentarismo, dominado por el bloque reaccionario, de haberse subordinado al capital, de haber convertido mayoritariamente el Congreso en una oficina de intereses privados, y de haber traicionado a la mayoría social que dice representar. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la vida. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la salud mental de miles de personas. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto que empujó a alguien, en algún lugar de España, a pensar que ya no merecía la pena seguir viviendo.

 

    Y por todo ello, yo acuso a este sistema de ser un sistema asesino. No un sistema imperfecto. No un sistema mejorable. Un sistema que mata. Que mata despacio, en los juzgados, en los despachos, en las oficinas de los fondos de inversión, y que mata deprisa, en la calle, con la porra y con la pelota de goma. Y que mata también con la pluma, con la palabra, con el bulo, con el insulto, con el silencio cómplice de quien decide mirar hacia otro lado. Un sistema que convierte la vulnerabilidad en enfermedad y la enfermedad en muerte.

 

No pido caridad. No pido compasión. Pido justicia.

 

    Pido la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos de especuladores. Pido la paralización inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional. Pido la intervención pública del mercado del alquiler. Pido que los responsables políticos de estas muertes comparezcan ante la ciudadanía y respondan por sus actos. Pido que los medios que difamaron a Maricarmen rectifiquen públicamente y reconozcan su responsabilidad en el linchamiento. Pido que se investigue hasta qué punto la difusión de bulos sobre una mujer hospitalizada contribuyó a su muerte. Pido que se investigue la «cadena de omisiones» que precedió al suicidio de Olga Matute, como exigen las entidades vecinales de L'Hospitalet. Pido que se reconozca oficialmente el vínculo entre desahucio y suicidio, que se cuantifiquen las víctimas y que se establezcan protocolos de prevención en todos los juzgados y servicios sociales del Estado. Pedir algo al Consejo General del Poder Judicial, sería clamar en el desierto. Pero, exijo investigar las actuaciones judiciales de desahucios que han terminado en muertes como la de Maricarmen o graves enfermedades.

 

   Y pido, sobre todo, que el 11 de noviembre este país se pare. Que se paren las fábricas, el transporte, los comercios, las oficinas, las aulas. Que se pare todo. Porque mientras el país productivo se detiene, la vida de los vulnerables no puede seguir siendo arrollada por la maquinaria del beneficio.

 

   A la reacción fascista y a la especulación inmobiliaria no se les derrota en los despachos. Se les derrota en la calle. Con organización. Con dignidad. Con la fuerza constituyente de la clase obrera.

 

   Maricarmen no está muerta. Maricarmen es una herida abierta en la conciencia de este país. Maricarmen fue difamada mientras se moría. Maricarmen fue insultada mientras agonizaba. Maricarmen fue convertida en diana de bulos, de odio, de saña. Y mientras esa herida no cicatrice con justicia, ninguna de nosotras y nosotros podrá dormir tranquila.

 

   Olga no está muerta. Olga es otra herida abierta. Olga avisó. Olga dijo «la vulnerabilidad mata». Y nadie la escuchó. Y se quitó la vida cinco meses después de ser desahuciada. Y sus hijas, una de ellas menor de edad, tendrán que vivir sabiendo que su madre murió porque este sistema no tuvo piedad.

 

   Y todas las Maricarmen. Y todas las Olga. Y los miles de hombres y mujeres que cada año se quitan la vida o enferman gravemente por no poder pagar un techo. Todas ellas son heridas abiertas. Todas ellas nos interpelan. Todas ellas exigen justicia.

 

                                   A la Huelga General 

 

(*) José Manuel Rivero, abogado y analista político.