CUNA DEL ALMA: CUANDO EL LUJO SE IMPONE Y LA PROTESTA SE LLEVA A LOS TRIBUNALES
Capital extranjero, territorio frágil y una querella que eleva la tensión social en Tenerife
El proyecto turístico Cuna del Alma ha convertido el Puertito de Adeje en el centro de una de las mayores controversias sociales de Canarias en los últimos años. Lo que comenzó como una movilización ambiental terminó en una querella que intenta presentar la protesta como amenaza violenta. En juego no está solo un tramo de costa, sino el modelo de desarrollo y el derecho a la disidencia en las islas.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Puertito de Adeje, uno de los pocos tramos de costa relativamente intactos del sur de Tenerife, se ha convertido en el escenario de uno de los conflictos sociales más intensos de la última década en Canarias. Allí se levanta el proyecto turístico Cuna del Alma, un complejo de alto standing que contempla centenares de viviendas de lujo, hotel y servicios exclusivos dirigidos a un mercado internacional de gran poder adquisitivo.
Detrás de la iniciativa se encuentra capital belga encabezado por el empresario Filip Andreas Hoste, promotor inmobiliario afincado en Tenerife y vinculado a la sociedad Andreas & Partners SL, constituida con un capital inicial superior a los diez millones de euros. El proyecto fue impulsado además por familias inversoras belgas como los Vandermarliere y los Van Biervliet, con trayectoria en sectores hoteleros y de inversión. Se trata, por tanto, de un desarrollo impulsado por capital extranjero con capacidad financiera suficiente para transformar de manera estructural una franja costera de alto valor ambiental y paisajístico.
Desde el inicio, la promotora defendió que se trataba de una actuación sostenible, integrada en el entorno y respetuosa con la identidad del lugar. Sin embargo, ese discurso chocó pronto con la denuncia de colectivos vecinales y ecologistas que alertaron de la posible afección a yacimientos arqueológicos guanches, hábitats protegidos y especies incluidas en el catálogo de protección autonómico, como la viborina triste.
La paralización cautelar y el giro político
En 2022, el Gobierno de Canarias, entonces bajo el denominado Pacto de las Flores, ordenó la paralización cautelar de las obras tras detectarse la destrucción de un yacimiento arqueológico y ante la ausencia de evaluación de impacto ambiental completa. Aquella decisión confirmó, al menos provisionalmente, que las advertencias del movimiento ciudadano no eran infundadas.
Con el cambio de gobierno autonómico y la llegada de Coalición Canaria y Partido Popular al Ejecutivo regional, varios de los expedientes abiertos fueron cerrados y el proyecto retomó su curso administrativo en medio de una fuerte controversia. Para los activistas, aquello evidenció la fragilidad de los controles cuando entran en juego inversiones de gran envergadura. Para la promotora, en cambio, se trató de la normalización de un proceso que consideran ajustado a derecho.
El conflicto dejó de ser exclusivamente ambiental para convertirse en una disputa política y judicial de largo recorrido.
De la protesta social a la “guerrilla urbana”
El momento de mayor tensión se produjo durante el verano de 2022, cuando activistas instalaron una acampada reivindicativa en las inmediaciones de las obras. La protesta, que incluía encadenamientos simbólicos y bloqueos puntuales, fue respondida por la promotora con una querella contra más de veinte personas.
El texto judicial presentado por los promotores sorprendió por su tono y su carga retórica. En él se describen las acciones de protesta como actuaciones “al estilo de la Kale borroka”, evocando el imaginario del terrorismo callejero vinculado a ETA. Los manifestantes son retratados como una “guerrilla urbana” que seguiría una “estrategia militar”, y se llega a insinuar que, de no actuarse con contundencia, podría haber trabajadores hospitalizados o consecuencias aún más graves.
La construcción narrativa del documento no se limita a la exposición de hechos concretos, sino que incorpora valoraciones de fuerte contenido ideológico. Se habla de “delincuentes”, “bárbaros” y “desalmados”, se cuestiona la autenticidad del ecologismo de los participantes y se deslizan comparaciones que remiten incluso al nazismo. El propio escrito admite que algunas de sus acusaciones podrían parecer exageradas, pero las justifica como respuesta al supuesto acoso sufrido.
Sin embargo, la realidad judicial hasta el momento no ha confirmado ese escenario de violencia estructurada. Hubo un detenido que fue absuelto poco después. En otro procedimiento relacionado con un supuesto incidente entre una manifestante y un vigilante de seguridad, ambos resultaron absueltos por la Audiencia Provincial. No consta la existencia de lesiones graves ni de organización armada alguna.
El derecho a la protesta frente al poder económico
Los colectivos implicados han defendido desde el primer momento que su actuación fue pacífica y amparada por el derecho constitucional de manifestación. Han denunciado, además, una campaña de desinformación orientada a deslegitimar la movilización ciudadana y a generar miedo en la opinión pública.
El intento de equiparar la protesta ambiental con formas de terrorismo urbano plantea interrogantes que van más allá del caso concreto. En una comunidad autónoma cuya economía depende de manera estructural del turismo y de la inversión inmobiliaria, el margen real para cuestionar grandes proyectos parece estrecharse cuando se activan mecanismos judiciales contra quienes se oponen.
La querella no solo busca sanciones penales; también solicitó órdenes de alejamiento de hasta 500 metros respecto al Puertito, e incluso trató de extender esa medida a cualquier persona opuesta al plan. Aunque la justicia rechazó inicialmente esa pretensión, dejó abierta la posibilidad de revisarla en el futuro. Ese detalle revela hasta qué punto el conflicto ha sido trasladado del plano político y social al terreno penal.
Un conflicto que interpela al modelo de desarrollo
Cuna del Alma se ha convertido así en un símbolo. Para la promotora, representa inversión, empleo y dinamización económica. Para buena parte de la ciudadanía movilizada, simboliza la continuidad de un modelo de crecimiento basado en la ocupación intensiva del territorio y la privatización de espacios que hasta ahora formaban parte del paisaje colectivo.
La disputa no es únicamente sobre un complejo de lujo en Adeje. Es una confrontación entre dos concepciones del territorio: una que lo entiende como mercancía susceptible de ser valorizada en el mercado global y otra que lo concibe como patrimonio común cuya transformación debe someterse a un debate público real.
La criminalización de la protesta añade un elemento preocupante. Cuando la defensa ambiental es presentada como amenaza cuasi militar, el mensaje que se envía es que la discrepancia puede convertirse en delito si afecta a intereses económicos poderosos. Ese desplazamiento del conflicto desde el ámbito político al penal tiene consecuencias profundas para la calidad democrática.
A casi cuatro años del inicio del procedimiento judicial, la fase de instrucción no ha concluido. El caso sigue abierto y el Puertito de Adeje continúa siendo un terreno de disputa donde no solo se decide el futuro de un tramo de costa, sino también el alcance efectivo del derecho a disentir en Canarias.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Puertito de Adeje, uno de los pocos tramos de costa relativamente intactos del sur de Tenerife, se ha convertido en el escenario de uno de los conflictos sociales más intensos de la última década en Canarias. Allí se levanta el proyecto turístico Cuna del Alma, un complejo de alto standing que contempla centenares de viviendas de lujo, hotel y servicios exclusivos dirigidos a un mercado internacional de gran poder adquisitivo.
Detrás de la iniciativa se encuentra capital belga encabezado por el empresario Filip Andreas Hoste, promotor inmobiliario afincado en Tenerife y vinculado a la sociedad Andreas & Partners SL, constituida con un capital inicial superior a los diez millones de euros. El proyecto fue impulsado además por familias inversoras belgas como los Vandermarliere y los Van Biervliet, con trayectoria en sectores hoteleros y de inversión. Se trata, por tanto, de un desarrollo impulsado por capital extranjero con capacidad financiera suficiente para transformar de manera estructural una franja costera de alto valor ambiental y paisajístico.
Desde el inicio, la promotora defendió que se trataba de una actuación sostenible, integrada en el entorno y respetuosa con la identidad del lugar. Sin embargo, ese discurso chocó pronto con la denuncia de colectivos vecinales y ecologistas que alertaron de la posible afección a yacimientos arqueológicos guanches, hábitats protegidos y especies incluidas en el catálogo de protección autonómico, como la viborina triste.
La paralización cautelar y el giro político
En 2022, el Gobierno de Canarias, entonces bajo el denominado Pacto de las Flores, ordenó la paralización cautelar de las obras tras detectarse la destrucción de un yacimiento arqueológico y ante la ausencia de evaluación de impacto ambiental completa. Aquella decisión confirmó, al menos provisionalmente, que las advertencias del movimiento ciudadano no eran infundadas.
Con el cambio de gobierno autonómico y la llegada de Coalición Canaria y Partido Popular al Ejecutivo regional, varios de los expedientes abiertos fueron cerrados y el proyecto retomó su curso administrativo en medio de una fuerte controversia. Para los activistas, aquello evidenció la fragilidad de los controles cuando entran en juego inversiones de gran envergadura. Para la promotora, en cambio, se trató de la normalización de un proceso que consideran ajustado a derecho.
El conflicto dejó de ser exclusivamente ambiental para convertirse en una disputa política y judicial de largo recorrido.
De la protesta social a la “guerrilla urbana”
El momento de mayor tensión se produjo durante el verano de 2022, cuando activistas instalaron una acampada reivindicativa en las inmediaciones de las obras. La protesta, que incluía encadenamientos simbólicos y bloqueos puntuales, fue respondida por la promotora con una querella contra más de veinte personas.
El texto judicial presentado por los promotores sorprendió por su tono y su carga retórica. En él se describen las acciones de protesta como actuaciones “al estilo de la Kale borroka”, evocando el imaginario del terrorismo callejero vinculado a ETA. Los manifestantes son retratados como una “guerrilla urbana” que seguiría una “estrategia militar”, y se llega a insinuar que, de no actuarse con contundencia, podría haber trabajadores hospitalizados o consecuencias aún más graves.
La construcción narrativa del documento no se limita a la exposición de hechos concretos, sino que incorpora valoraciones de fuerte contenido ideológico. Se habla de “delincuentes”, “bárbaros” y “desalmados”, se cuestiona la autenticidad del ecologismo de los participantes y se deslizan comparaciones que remiten incluso al nazismo. El propio escrito admite que algunas de sus acusaciones podrían parecer exageradas, pero las justifica como respuesta al supuesto acoso sufrido.
Sin embargo, la realidad judicial hasta el momento no ha confirmado ese escenario de violencia estructurada. Hubo un detenido que fue absuelto poco después. En otro procedimiento relacionado con un supuesto incidente entre una manifestante y un vigilante de seguridad, ambos resultaron absueltos por la Audiencia Provincial. No consta la existencia de lesiones graves ni de organización armada alguna.
El derecho a la protesta frente al poder económico
Los colectivos implicados han defendido desde el primer momento que su actuación fue pacífica y amparada por el derecho constitucional de manifestación. Han denunciado, además, una campaña de desinformación orientada a deslegitimar la movilización ciudadana y a generar miedo en la opinión pública.
El intento de equiparar la protesta ambiental con formas de terrorismo urbano plantea interrogantes que van más allá del caso concreto. En una comunidad autónoma cuya economía depende de manera estructural del turismo y de la inversión inmobiliaria, el margen real para cuestionar grandes proyectos parece estrecharse cuando se activan mecanismos judiciales contra quienes se oponen.
La querella no solo busca sanciones penales; también solicitó órdenes de alejamiento de hasta 500 metros respecto al Puertito, e incluso trató de extender esa medida a cualquier persona opuesta al plan. Aunque la justicia rechazó inicialmente esa pretensión, dejó abierta la posibilidad de revisarla en el futuro. Ese detalle revela hasta qué punto el conflicto ha sido trasladado del plano político y social al terreno penal.
Un conflicto que interpela al modelo de desarrollo
Cuna del Alma se ha convertido así en un símbolo. Para la promotora, representa inversión, empleo y dinamización económica. Para buena parte de la ciudadanía movilizada, simboliza la continuidad de un modelo de crecimiento basado en la ocupación intensiva del territorio y la privatización de espacios que hasta ahora formaban parte del paisaje colectivo.
La disputa no es únicamente sobre un complejo de lujo en Adeje. Es una confrontación entre dos concepciones del territorio: una que lo entiende como mercancía susceptible de ser valorizada en el mercado global y otra que lo concibe como patrimonio común cuya transformación debe someterse a un debate público real.
La criminalización de la protesta añade un elemento preocupante. Cuando la defensa ambiental es presentada como amenaza cuasi militar, el mensaje que se envía es que la discrepancia puede convertirse en delito si afecta a intereses económicos poderosos. Ese desplazamiento del conflicto desde el ámbito político al penal tiene consecuencias profundas para la calidad democrática.
A casi cuatro años del inicio del procedimiento judicial, la fase de instrucción no ha concluido. El caso sigue abierto y el Puertito de Adeje continúa siendo un terreno de disputa donde no solo se decide el futuro de un tramo de costa, sino también el alcance efectivo del derecho a disentir en Canarias.
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